SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 93/2016.

Sucre, 7 de abril de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.286/2015.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 334 a 339, interpuesto por Carlos Rivera Rodríguez en representación legal de la empresa Artesanías Tiquipaya (ASARTI), contra el Auto de Vista Nº 185/2014 de 22 de agosto, cursante a fs. 327 a 329, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso coactivo social seguido por el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE) contra la empresa recurrente, la respuesta de fs. 341 a 342 vta., el auto a fs. 344 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso coactivo social, la Juez Primero de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, pronunció el Auto Definitivo de 23 de enero de 2012 de fs. 287 a 288 vta., declarando improbada la acción coactiva de fs. 58 a 59 (siendo lo correcto fs. 61 a 62), en consecuencia nula la Nota de Cargo a fs. 3 y probada la excepción de impersonería interpuesta por la empresa coactivada, anulando el Auto de Solvendo de 3 de diciembre de 2001 a fs. 60.

En grado de apelación formulada por el representante de la institución demandante de fs. 290 a 291 vta., la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció el Auto de Vista Nº 100/2013 de 19 de abril de 2013 de fs. 307 vta., anulando obrados hasta el estado de darse cumplimiento a lo previsto en el art. 80 del CPT.

Dicho fallo motivó el recurso de casación de fs. 310 a 312, interpuesto por la empresa ASARTI, resuelto por la Sala Social y Administrativa Segunda, del Tribunal Supremo de Justicia, que emitió el Auto Supremo Nº 162/2014 de 23 de julio, anulando obrados hasta el sorteo de la causa y emita nueva resolución con la pertinencia de los arts. 192 y 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

Que, en cumplimiento a dicho auto supremo, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronuncio el Auto de Vista Nº 185/2014 de 22 de agosto, que revoca el auto apelado, y deliberando en el fondo declara probada la demanda de fs. 61 a 62, además de la modificación y ampliación de la demanda de fs. 156 a 157, declarando improbadas las excepciones de falta personería en el demandante, falta de fuerza coactiva y prescripción, manteniendo firme y subsistente el auto de solvendo de fs. 6 y auto de fs. 62.

Contra dicho resolución, la empresa coactivada ASARTI interpuso el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 334 a 339, bajo los siguientes argumentos:

En la forma

Acusa que el auto de vista impugnado otorgo mas de lo pedido por las partes, toda vez que la entidad demandante no utilizo como agravio o argumento que el cierre del Ex Fondo Complementario de Seguridad Social y Fabril no eximiría la obligación del empleador de garantizar y cumplir con las retenciones a sus trabajadores hasta la totalidad de la deuda asumida como garante solidario, es decir que el tribunal ad quem realiza una interpretación ultra petita.

Asimismo señala que no se valoró ni mencionó en el auto de vista la situación reclamada en la interposición de las excepciones, al no considerar que la empresa nunca fue notificada con las ampliaciones posteriores a la Nota de Cargo Nº CONTAFAB-FA-18/2001, para realizar las correspondientes observaciones y/o solicitud de aclaraciones al respecto; además que el SENAPE procedió de manera discrecional a una liquidación de supuestos importes retenidos que nunca fueron de conocimiento de la empresa para que pudiera siquiera realizar alguna observación o actos de defensa, otorgando el tribunal ad quem legitimidad a la nota de cargo y a una actualización que arrojan sumas irracionales y poco profesionales debiendo procederse a la nulidad del trámite hasta el estado que se proceda a la notificación de la ilegal nota de cargo y su actualización para asumir defensa oportuna y adecuada sobre ellos.

Asimismo acusa que el tribunal ad quem hace mención a los contratos de préstamos de dinero de fs. 23 a 60, donde se encuentran establecidas las relaciones jurídicas del Ex Fondo Complementario de Seguridad Social Fabril como acreedores y a los trabajadores de la empresa como deudores, sin embargo dicho proceso se ha tramitado sin la participación de los trabajadores quienes deberían haber sido demandados también, para defenderse y hacer valer sus derechos, por lo que dicha falta de inclusión en la acción implica la nulidad de tramitación, al ser esta defectuosa y pretender tramitarla, resultando un grave atentado al debido proceso, conforme señala el art. 115 de la CPE y SC Nº 1351/2003-R de 16 de septiembre.    

En el fondo

Acusó errónea interpretación del art. 609 del Reglamento al Código de Seguridad Social (RCSS), ya que la nota de cargo expresa cargos y liquidaciones erradas sobre retenciones presuntas sin justificativo jurídico alguno, resultado de un proceso apresurado y arbitrario no notificado.

Asimismo acusa que el tribunal ad quem incurrió en errónea interpretación de la figura de prescripción, al no tomar en cuenta la jurisprudencia contenida en el Auto Supremo Nº 117 de 27 de junio de 1997, la misma que establece que la obligación contraída corresponde al ámbito civil, por lo que debió considerar los arts. 1492 al 1495 y del 1503 al 1507 del Código Civil (CC), para determinar la interrupción de la prescripción, la que se da en el plazo de cinco años salvo que la ley disponga otra cosa, y en consecuencia al haber sido la demanda notificada recién el año 2011, está ya se encontraría prescrita.

Concluyó solicitando, se case el auto de vista confirmando el auto definitivo de 23 de enero de 2012, o en su defecto anulen obrados hasta que se emita una nueva resolución, con costas en ambas instancias.

CONSIDERANDO II.-  Que, así expuesto los fundamentos del recurso de casación, los antecedentes del proceso para su resolución; será menester realizar las siguientes consideraciones:

Resolviendo el recurso de casación en la forma

Previamente se debe tener presente, que conforme el art. 254. 4 y 7 del CPC, permiten el recurso de casación en la forma por haberse violado formas esenciales del proceso, concordantes con el parágrafo I del art. 251 del Código Adjetivo Civil que dispone “…ningún trámite o acto judicial será declarado NULO si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la ley”, a fin de establecer si corresponde la nulidad acusada por la empresa recurrente; la jurisprudencia sentada por este Tribunal, ha establecido que la nulidad o reposición de obrados constituye una medida de última ratio y subordinada a la concurrencia de determinados principios procedimentales, por consiguiente para dar cabida a la nulidad, deberá verificarse fundamentalmente si: a) El vicio procedimental se encuentra expresamente sancionado con nulidad (principio de especificidad) contenido en el mencionado art. 251. I del CPC al establecer que toda nulidad debe estar expresamente determinada en la ley. Este principio sustenta que las nulidades, por su trascendencia, deben ser declaradas únicamente en los casos en que sean estrictamente indispensables y cuando así lo determine la ley, con el objeto de impedir las frecuentes pretensiones indebidas de los litigantes, propensos a encontrar motivos de nulidad sin sustento legal alguno; b) Si el error procedimental tuvo trascendencia “principio de trascendencia”, tanto sobre las garantías procesales como en el resultado del fallo, de modo que resulte un evidente perjuicio, es decir, se impone para enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación del proceso y que supongan la restricción de las garantías a las que tienen derecho los litigantes, respondiendo a "no hay nulidad sin perjuicio"; y c) El principio de protección, que establece que la nulidad sólo puede hacerse valer cuando, a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante. Sin ese ataque al derecho, la nulidad no tiene por qué reclamarse y su declaración carece de sentido.

Así establecidos estos principios en los que se sustenta la nulidad procesal, contrastando con los fundamentos expuestos en el recurso de casación en la forma, se llega a la conclusión que en el recurso planteado no han concurrido los principios procedimentales señalados supra, toda vez que el recurrente primeramente se limita a señalar que debió anularse el auto de vista impugnado por otorgar más de lo pedido por las partes y no considerar que la empresa nunca fue notificada con las ampliaciones posteriores a la Nota de Cargo Nº CONTAFAB-FA-18/2001, para realizar las correspondientes observaciones y/o solicitud de aclaraciones al respecto; al respecto, cabe señalar que, de la revisión de obrados cursa a fs. 175, del memorial presentado por la parte recurrente en la que solicito nulidad de obrados y a la vez opuso excepciones de impersonería en el demandante, falta de fuerza coactiva y prescripción, el mismo que fue resuelto mediante auto de 3 de mayo de 2011, donde se dispuso la nulidad de obrados hasta fs. 61, por lo que se regularizo el procedimiento y practicó la citación al demandado Carlos Rivera Rodríguez por orden instruida de fecha 12 de octubre de 2011, la misma que fue diligenciada el 27 del mismo mes y año; es decir, que la empresa recurrente en pleno conocimiento de los actuados del proceso y citada legalmente, conforme ratifico el auto de fecha 19 de noviembre de 2011 a fs. 245, asumió defensa, por lo que estando ya resueltas estas acusaciones no corresponde a este tribunal hacer mayor abundamiento al respecto al no encontrarse causal de nulidad alguna. 

Asimismo en cuanto a la liquidación realizada por el SENAPE en la Nota de Cargo, sobre montos que nunca fueron de conocimiento de la empresa, impidiendo que esta pudiera realizar alguna observación o actos de defensa y a mas de una actualización que no le fueron notificados; al respecto, es preciso señalar que conforme ya fue señalado, el demandado al haber sido citado legalmente, tuvo conocimiento de los actuados del proceso y asumió defensa en las diferentes etapas interponiendo los recursos que la ley le faculta, precisamente con el objeto de desvirtuar y dejar sin efecto la Nota de Cargo y su posterior actualización que son objeto del proceso coactivo social, por lo que dicha acusación no puede constituirse en una causal para anular obrados, como pretende el recurrente.

Sobre la acusación de que, en el proceso no intervienen los trabajadores, que son los deudores conforme sale de los contratos de préstamos de dinero de fs. 23 a 60; al respecto, se debe señalar que el recurrente tenía la oportunidad de observar este aspecto en la contestación a la demanda y oponer en su caso la excepción o incidente si correspondía, lo que no ocurrió y en consecuencia su derecho a precluido.

En ese entendido, conforme ya fue señalado en materia de nulidades procesales se deben observar los principios de convalidación, especificidad y de trascendencia, de modo que la nulidad resulte útil al proceso restableciendo derechos procesales que pudieron haberse lesionado como el derecho a la tutela judicial efectiva o el derecho a la defensa, y por lo manifestado esto no ocurrió en el caso de autos y por tanto no corresponde la nulidad de actuado. 

En el fondo

Con relación a los reclamos planteados se debe aclarar que respecto a las  notas cargo dicha acusación ya fue respondida en el recurso en la forma por lo que no amerita mayor abundamiento al ser esta reiterativa.

Ahora bien, con relación a la errónea interpretación del tribunal ad quem de la figura de prescripción, al no considerar que la prescripción únicamente se interrumpe con la notificación o citación de la demanda, conforme establecen  los arts. 1492 al 1495 y del 1503 al 1507 del CC, y que el plazo para la prescripción es de cinco años, por lo que la pretensión de cobro de la entidad demandante había prescrito.

Al respecto, es preciso referir que en el presente proceso la obligación proviene de un saldo deudor de crédito en mora, contraído entre los trabajadores de la empresa ASARTI y el Ex Fondo Complementario de Seguridad Social Fabril, conforme sale de los contratos suscritos de fs. 23 a 60 y la Nota de Cargo de fs. 6 y 155; y toda vez que no existe una norma especial aplicable al caso de autos referida a la prescripción y su computo, corresponde por la naturaleza de los contratos aplicar las normas del Código Civil para determinar si procede o no la prescripción; en tal sentido, previamente se debe tener presente que la palabra “prescripción” se limita a la acepción de prescripción extintiva o liberatoria, mediante la cual se pierde el derecho de ejercer una acción por el transcurso del tiempo. El tiempo lleva a la consolidación de cierto derecho o a la pérdida del mismo. La prescripción constituye un medio de defensa conferido al demandado en proceso, para modificar o destruir la acción.

Desde la antigüedad, se consideró necesario establecer plazos dentro los cuales debe ejercitarse la acción, porque la inactividad del titular determina la pérdida o caducidad de su pretensión por el transcurso del tiempo, es decir, si el titular efectivo del derecho no ejercita la acción de cobro en materia de obligaciones, este instituto tiende a garantizar a quien tiene un deber o una deuda, que no pesará indefinidamente contra él y sus herederos, la responsabilidad de cumplir la obligación ni la acción de la administración de justicia, puede estar expedita por tiempo indefinido.

En consecuencia, conforme los arts. 1492 y 1493 del citado CC, se establece que la prescripción del cobro, opera cuando se demuestre inactividad del acreedor durante el término de 5 años, es decir, cuando el sujeto activo haya dejado de ejercer su facultad de cobro por negligencia o desinterés; en consecuencia, el cómputo de la prescripción por inacción del acreedor procede desde el momento en que el sujeto activo habría dejado de ejercer la facultad de cobro.

Ahora bien, de la revisión de los actuados del proceso, cursa de fs. 61 a 62 la demanda de fecha 23 de octubre de 2001 interpuesta por SENAPE en contra de la empresa recurrente, por deudas en mora que no fueron depositadas desde el 16 de octubre de 1997; de igual manera posteriormente cursa a fs. 156 a 157, reiterada a fs. 160 modificación y actualización de la demanda, la misma que fue de conocimiento del demandado mediante la citación de fecha 27 de octubre de 2011, vale decir que, habiéndose producido el hecho generador a partir de octubre de 1997, fecha en la que entro en mora el deudor hasta la fecha de citación con la demanda en 2011, hubiese transcurrido 14 años aproximadamente, por lo que al tratarse de deuda que debió ser ejecutada conforme las reglas del CC, se evidencia que la misma ha prescrito, por el transcurso del tiempo, siendo errado el argumento del tribunal ad quem respecto a que el demandado en la excepción de prescripción únicamente mencionó normas del Código de Comercio y Código Tributario, cuando en los hechos este refirió claramente que sustentaba su excepción partiendo de las obligaciones que generan el cargo son operaciones de préstamo de dinero regidas en sus condiciones, plazos y validez al Código Civil, por lo que al haber determinado que la prescripción fue interrumpida con la presentación de la demanda en fecha 30 de noviembre de 2001, el tribunal de alzada ha incurrido en error.

Consiguientemente, se establece que, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, al revocar el Auto Definitivo de 23 de enero de 2012 de fs. 287 a 288 y declarar probada la demanda e improbadas las excepciones, ha obrado incorrectamente; por todo ello, al ser evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación, corresponde aplicar los arts. 271. 4 y 274 del CPC, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en los arts. 630 y 633 del Reglamento al Código de Seguridad Social.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA el Auto de Vista Nº 185/2014, de 22 de agosto de 2014, cursante de fs. 327 a 329 vta., y deliberando en el fondo, se declara improbada la demanda y probada la excepción de prescripción, en consecuencia se deja nula y sin efecto la Nota de Cargo de fs. 6 y 155, por lo tanto extinguida la obligación por prescripción y por falta de cobro oportuno del Servicio Nacional del Patrimonio del Estado SENAPE.

Sin multa por ser excusable.  


Regístrese, notifíquese y devuélvase.