SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo N° 89/2016.

Sucre, 7 de abril de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-LP.281/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.


VISTOS: Los recursos de casación en el fondo de fs. 133 a 135 vta. Interpuesto por Luis Hurtado Álvarez, en representación de la Asociación del Médicos Odontólogos Bioquímicas y Farmacéuticos Jubilados, y el recurso de nulidad o casación de fs. 142 a 143, interpuesto por Raúl Cerezo Ordóñez contra el Auto de Vista N° 032/2015 S.S.A.II de 17 de marzo de cursante de fs. 129 a 130 vta., emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso laboral, seguido por Raúl Cerezo Ordóñez contra la Asociación del Médicos Odontólogos Bioquímicas y Farmacéuticos Jubilados, la respuesta de fs. 145 a 146, el Auto a fs. 147 que concedió los recursos, los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Octavo de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió la Sentencia N° 91/2014 de 25 de septiembre de fs. 103 a 110, declarando probada en parte la demanda de fs. 15 a 17, subsanada a fs. 20 y vta. de obrados, debiendo la parte demandada Asociación de Médicos Odontólogos Bioquímicas y Farmacéuticos Jubilados cancelar al actor la suma de Bs.79.460,08 (setenta y nueve mil cuatrocientos sesenta 08/100 bolivianos), por concepto de indemnización, aguinaldo, vacaciones y multa del

En grado de apelación de fs. 114 a 117, interpuesto por la parte demandada, la, Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista N° 032/2015 S.S.A.II, confirmó en parte la Sentencia N° 91/2014 de fs. 103 a 110, con la modificación en la liquidación, del pago de la multa del 30% y aguinaldo, debiendo cancelar la entidad demandada la suma de Bs. 33.237,13 (treinta y tres mil doscientos treinta y siete 13/100 bolivianos), monto a actualizarse en ejecución de sentencia.

Que, el referido auto de vista, motivó los recursos de casación en el fondo de fs. 133 a 135 vta. interpuesto por Luis Hurtado Álvarez en representación de la Asociación del Médicos Odontólogos Bioquímicas y Farmacéuticos Jubilados y el recurso de nulidad o casación de fs. 142 a 143, interpuesto por Raúl Cerezo Ordóñez, bajo los siguientes argumentos:

Primer recurso de casación en el fondo de fs. 133 a 135 vta. Interpuesto por el representante de la Asociación demandada:

Acusó falta de valoración de los datos y prueba documental, toda vez que el auto de vista refiere la existencia de dos contratos laborales, omitiendo la realidad expresada en la prueba literal de fs. 4 a 6 y de fs. 72 y 73, que demuestra que no existió interrupción de la relación laboral y por ende no existieron dos contratos laborales como refirió el tribunal de alzada.

Asimismo, señala que en el auto de vista impugnado no consideró la prueba literal de fs. 8 de obrados, la misma que demuestra de manera incontrastable que la fecha de retiro fue el 30 de noviembre de 2011, y que este hecho fue admitido por el demandante, verdad material que desvirtúa la supuesta existencia de dos contratos laborales, y pone en manifiesto que existió un solo relación laboral con reducción de salario admitida plenamente por el actor.

Señala que el tribunal ad quem ratifica la equivocación del a quo, al determinar que el aguinaldo de la gestión 2011 no fue cancelado correctamente, cuando este derecho colateral fue calculado en base a los tres últimos salarios percibidos, arrojando un monto de Bs. 825,00 y que fue pagado al actor conforme sale del recibo a fs. 74, acreditándose además que la rebaja de salario fue aceptada por el trabajador.

De igual manera acusa que en el auto de vista recurrido no se consideró las pruebas de descargo, más aún si el demandante no acredito con ninguna prueba la supuesta existencia de dos contratos, por lo que la pretensión del trabajador es abusiva, al querer aprovecharse del conflicto interno de su Organización de Jubilados, y querer cobrar un pago en demasía de Bs. 10.863,00 afectando la paupérrima economía de su institución, por lo que resulta ilegal la pretendida imposición de la multa del 30% prevista en el Decreto Supremo N° 28699, del 1 de mayo de 2006.

Concluyó solicitando se case la resolución recurrida, sea con las formalidades de ley.

Segundo recurso de casación de fs. 142 a 143 vta., planteado por el demandante:

Acusó que en el auto de vista impugnado se vulneró el DS. N| 28699, al no tomar en cuenta que la institución demandada realizó el pago de los beneficios sociales fuera del plazo establecido en dicho decreto, conforme sale de fs. 11 y 12, siendo esta omisión, vulneradora al debido proceso determinado en el art. 115 de la Constitución Política del Estado, ya que de manera indebida y sin motivo alguno el tribunal ad quem quita la multa establecida correctamente en sentencia.

Que de igual manera respecto al aguinaldo, el tribunal ad quem no considera que la Ley de 18 de diciembre de 1944 establece una sanción de pago doble para los obligados cuando estas no son pagadas dentro de término, todo en relación a las duodécimas calculadas que también influyen en la vacación reclamada del año 2011, y que ilegalmente fue sustraído por el tribunal de alzada vulnerando el art. 48 de la CPE y art. 44 de la Ley General del Trabajo, debiendo estas omisiones ser objeto de subsanación mediante auto supremo, modificando la cuantía reclamada en la dimensión que ha sido impuesta por la juez inferior.

CONSIDERANDO II: Que, así expuesto los argumentos de los recursos de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

Con referencia al primer recurso de casación en el fondo de fs. 133 a 135 vta. de la parte demandada:

Con relación a que en el auto de vista recurrido existiría falta de valoración de la prueba documental, al referir la existencia de dos contratos laborales, cuando en los hechos no existió interrupción de la relación laboral conforme sale de la prueba literal de fs. 4 a 6 y fs. 72 y 73; al respecto cabe señalar que, de la revisión de los antecedentes del proceso, se evidencia que el tribunal de alzada valoró correctamente la prueba tanto de cargo como de descargo, al haber determinado que el actor trabajó en dos etapas, la primera como secretario de la institución, por tiempo completo, desde el 5 de febrero de 1991 hasta el 30 de julio de 2011, produciéndose una interrupción en la relación laboral de manera voluntaria; y la segunda etapa, que se reinició él trabajó por medio tiempo y un salario inferior, desde el 1 de agosto a noviembre de 2011; es decir que la relación laboral en cada etapa tuvo características diferentes como son el horario y el salario, por lo que la indemnización fue realizada de manera diferenciada, y tomando en cuenta en cada etapa el salario promedio de los tres últimos meses, en consecuencia por la documental de fs. 68 a 69, se toma como base de la liquidación para la primera etapa el monto de Bs. 2.576,00 y para la segunda el monto de Bs. 900,00; ahora bien, realizar un calculó de la indemnización en base al último salario de Bs. 900,00 implicaría afectar y desconocer los derechos del trabajador, a más de que la parte recurrente en el transcurso del proceso no ha desvirtuado con prueba fehaciente la demanda conforme era su deber al amparo de los arts. 3. h), 66 y 150 del Código Procesal de Trabajo (CPT), por lo que la vulneración acusada deviene en infundada.

Asimismo respecto a que el tribunal ad quem no consideró la prueba de fs. 8 y 40 de obrados, que demuestra que la fecha de retiro fue el 30 de noviembre de 2011, por lo que no existió dos contratos, sino una relación laboral continua; sobre el particular, como ya fue manifestado supra, del análisis de las condiciones y características del trabajo realizado por el actor, aplicando el principio de primacía de la realidad, se evidenció que el trabajo del demandante se dio en dos etapas, más aún si en los hechos la propia entidad demandada ha reconocido como salarios un monto mayor conforme sale de la documental de fs. 12 y 68, en consecuencia al pretender el demandado que los beneficios sociales del actor sean calculados en base al monto de Bs. 900,00 va en franca violación a lo impuesto por el art. 4 de la LGT, que de manera clara y precisa prescribe: "los derechos y beneficios reconocidos a favor de los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos", y art. 48.I.II y III de la Norma Suprema, que dispone: "Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral (...) Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.”, en ese contexto, no se evidencia la vulneración acusada.

Sobre la cancelación incorrecta del aguinaldo de la gestión 2011 al no considerarse como base del cálculo la suma de Bs. 900,00 correspondiente al salario del actor y que dicha rebaja de salario que fue aceptada plenamente por el mismo; al respecto, cabe aclarar a la entidad demandante que corresponde la liquidación del aguinaldo se realice de manera separada conforme ya fue señalado, desde enero a julio de 2011 con un salario de Bs. 2.576,00 y de agosto a noviembre con un salario de Bs. 900,00 por lo que el tribunal ad quem al determinar el pago del aguinaldo por duodécimas debidamente identificadas en las dos etapas no incurrió en vulneración alguna.

En cuanto a que el tribunal de alzada no considero el conflicto interno de la Organización de Jubilados, situación de la que se habría aprovechado el actor para querer cobrar un pago en demasía afectando su economía al imponerle una ilegal

multa del 30% prevista en el DS. N° 28699; sobre el particular es menester señalar que el art. 9o del DS. N° 28699 indica: “I. En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda - UFV's, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito. II. En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor.”, ahora bien de la revisión de obrados se evidencia que si bien existe un pago realizado por concepto de beneficios sociales, este únicamente alcanza a una parte, en consecuencia al no constar el pago total dentro de término, corresponde la imposición de la multa al demandado.

Por lo manifestado, las vulneraciones acusadas devienen en infundadas, conforme establece el art. 273 del Código de Procedimiento Civil (CPC), con la facultad remisiva del art. 252 del CPT.

En cuanto al segundo recurso de fs. 142 a 143 vta., interpuesto por el

actor:

En relación a que el tribunal de alzada incurrió en vulneración del DS N° 28699, al no tomar en cuenta que el pago realizado de los beneficios sociales se encontraba fuera del plazo; al respecto, de la revisión de obrados se puede establecer que conforme ya fue manifestado, el actor trabajó en dos etapas, la primera que duró desde el 5 de febrero de 1991 hasta el 30 de julio de 2011, y la segunda desde el 1 agosto a noviembre de 2011, en consecuencia correspondía que la indemnización y pago de beneficios sociales de la primera etapa sea cancelada hasta el 15 de agosto de 2011, y de la segunda etapa hasta el 15 de diciembre de 2011, sin embargo, de la documental cursante de fs. 9 a 10, 11 y 70 a 71, se evidencia que el pago realizado de Bs. 32.825 fue realizado en fecha 28 de noviembre de 2011 donde claramente menciona “Por concepto de Beneficios Sociales, por los años trabajados de febrero de 1991 al 30 de julio de 2011”, es decir que dicho monto correspondería a los beneficios sociales de la primera etapa, quedando claro que esta fue cancelada fuera del plazo establecido de los 15 días, y en consecuencia corresponde la imposición de la multa del 30% en la totalidad de los beneficios sociales tanto de la primera y segunda etapa al no constar otro pago, y no como erróneamente determinó el tribunal ad quem, más aún si el DS N° 28699 fue creado bajo el espíritu de propugnar el resguardo de las garantías y derechos que gozan las trabajadoras y los trabajadores, precautelando el pago pronto y oportuno de los derechos y beneficios sociales, una vez se haya producido la desvinculación laboral, sancionando el incumplimiento de pago de las obligaciones patronales fuera de los 15 días de haberse efectuado, con el 30% de multa del total de beneficios y derechos laborales impagos; correspondiendo a este tribunal enmendar dicho error.

En cuanto al pago de aguinaldo y vacaciones reclamadas por el demandante; se debe aclarar que el auto de vista dispone el pago de dichos conceptos basando su cálculo de manera diferente y en beneficio del actor, incluso determinando un monto mayor al establecido en sentencia, la misma que no fue objeto de apelación por parte del demandante si se consideraba afectado, en consecuencia, no amerita que este tribunal haga mayor abundamiento al respecto.

Por lo manifestado, al haberse evidenciado que el tribunal ad quem incurrió en errónea aplicación e interpretación de las normas aplicables al caso de autos, corresponde aplicar el art. 274. II del CPC, con la facultad remisiva prescrita por el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42.1.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO en cuanto al recurso de casación de fs. 133 a 135vta.; y en cuanto al recurso de fs. 142 a 143 vta., CASA en parte el Auto de Vista N° 032/2015 S.S.A.II. de 17 de marzo cursante de fs. 129 a 130, emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con la modificación en los montos establecidos, de acuerdo a la siguiente liquidación:

Primera etapa:

Tiempo de Servicios: 20 años; 5 meses y 26 días.

Sueldo Promedio Indemnizable                Bs. 2.576,00

Indemnización                                Bs.        52.779,37

Aguinaldo Duodécimas 2011                Bs.          1.502,66

Vacación Duodécimas 2011                             810,00

Total Parcial                                Bs.        55.092,03

Multa 30%                                        Bs.        16.527,60


Segunda etapa:

Tiempo de Servicios: 4 meses

Sueldo promedio indemnizable

Bs.

900,00


Indemnización


Bs.

300,00

Desahucio


Bs.

2.700,00

Aguinaldo Duodécimas


Bs.

300,00

Total Parcial


Bs.

3.300,00

Multa 30%


Bs.

990,00

Sumatoria total de ambas etapas


Bs.

75.909,64

Menos lo cancelado


Bs.

32.825,00

TOTAL A CANCELAR


Bs.

43.084,63


Son cuarenta y tres mil ochenta y cuatro 63/100, monto que será actualizado en ejecución de fallos de acuerdo a ley.

Sin responsabilidad por ser excusable.

En cumplimiento del art. 41 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, concordante con la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 2537/2012 de 14 de diciembre de 2012, no se convoca a tercer Magistrado.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.