SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 87/2016.

Sucre, 07 de abril de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.278/2015.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 117 a 119, interpuesto por la Empresa “Constructora Pretty Land”, representada por Hugo Felipe Guzmán Málaga, contra el Auto de Vista Nº 62 de 27 de febrero de 2015 (fs. 112 a 114), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social seguido por Vidal Quenta Yarhui, contra la empresa recurrente, la respuesta de fs. 123 a 124, el auto de fs. 125 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Quinto de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 630 de 28 de octubre de 2013 (fs. 83 a 86), declarando probada en parte, con costas, la demanda de fs. 7 a 8 de obrados, disponiendo que el representante legal de la empresa demandada pague al actor la suma de Bs. 29.700.-, por concepto de desahucio, indemnización, sueldos devengados, aguinaldo, más la multa del 30 % actualización y reajustes dispuestos por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, que deberán ser calculados en ejecución de sentencia.

En grado de apelación formulada por la parte demandante (fs. 91 a 93 vta.), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 62, revocando parcialmente la Sentencia Nº 630 disponiendo que la empresa demandada pague al actor la suma de Bs. 29.182.40.-, sin costas por la revocatoria.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 117 a 119, interpuesto por la representante legal de la empresa demandada “Constructora Pretty Land”, manifestando en síntesis:

Que, el actor instauró demanda alegando retiro voluntario porque no se le canceló 3 meses y 15 días de sueldo, que ofrecida la prueba testifical, la juez señaló audiencia para el 4 de diciembre de 2012 a horas 9:00; por su parte el demandado presentó prueba testifical y pidió declaración de los mismos, solicitud rechazada por el a quo por estar fuera de termino previsto en el art. 149 del Código Procesal del Trabajo (CPT), solicitando nuevamente aceptación de pruebas de reciente obtención, de acuerdo al art. 157 del CPT, derecho que le fue restringido ya que no pudo asumir defensa en igualdad de condiciones, no obstante de dicha solicitud, se dictó sentencia declarando probada en parte la demanda por el monto de Bs. 29.700.-, agravando su situación económica.

También sostuvo que la parte demandante presentó documentación en fotocopias simples en contraposición a lo previsto en el art. 161 del CPT.

Estando ratificadas las pruebas por la parte actora, como la de sus testigos, pero a la parte recurrente no se le dio el mismo trato, porque hubiera pasado el plazo para presentarla, pero de acuerdo a los arts. 155 a 158 del CPT, el juez tiene la facultad de ordenar de oficio la práctica, repetición o perfeccionamiento de la prueba, facultad que puede utilizarla inclusive aun vencido el termino probatorio, para así llegar a la verdad histórica de los hechos, extremo omitido por el Juez a quo, arguyendo que los citados arts., estarían en vano, citando sobre el punto, los arts. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 30.11 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), referidos al principio de la verdad material.

Que en sentencia se reconoció al actor que el contrato que se suscribió era indefinido, pero no se tomó en cuenta que tal aseveración fue negada, toda vez que el demandante manifestó que su relación laboral fue de 3 meses y 3 días, hecho que el juez no valoró.

En cuanto a los sueldos devengados que el actor sostiene que se le debería tres sueldos, pero dicha afirmación no es evidente, ya que estos pagos se los fue realizando conforme a planillas y recibos firmados por el actor, prueba que de acuerdo al art. 158 del CPT, debió ser valorada por el juez a quo, ya que el juzgador impone el pago de desahucio, indemnización y aguinaldo todo por 6 meses, siendo que existió un contrato por 3 meses, como se reconoció en el Ministerio de Trabajo.

Posteriormente, el Juez Noveno de Partido en lo Civil en suplencia legal, a fs. 81, procedió al cierre del periodo probatorio, siendo el juez Quinto de Materia Laboral, el que debió solicitar nueva fecha de audiencia de testigos, la cual fue suspendida por falta de notificaciones, para así llegar al esclarecimiento de la verdad.

Que, el tribunal de alzada dictó el auto por el que revoca parcialmente la sentencia de primera instancia, calcula que los servicios prestados por el actor fue desde el 22 de marzo de 2011, hasta el 28 de agosto del mismo año, y que no acredita en el expediente prueba documental ni testifical que demuestre los servicios laborales durante el mes de septiembre, finalizando que el juez a quo, realizó una incorrecta apreciación de la pruebas de cargo y descargo revocando la misma, quedando un monto de Bs. 29.182.40.-, sufriendo agravio en su interés personal y patrimonial.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, disponga anular el auto de vista recurrido o case el mismo y, deliberando en el fondo declare improbada la demanda y/o alternativamente anule obrados.

CONSIDERANDO II: Que, conforme ha establecido la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, el recurso de casación se asimila a una nueva demanda de puro derecho,  que debe contener los requisitos enumerados en el art. 258 Código de Procedimiento Civil (CPC), además de fundamentarse por separado de manera precisa y concreta cuáles son las causas que motivan la casación ya sea en la forma o en el fondo, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, sino demostrar en qué consiste la infracción que se acusa.

Que, de la revisión del recurso, se colige que la recurrente no ha cumplido los requisitos enumerados en el inc. 2) del art. 258 del CPC, pese a citar disposiciones legales, no precisó de qué manera fueron presuntamente infringidas o aplicadas falsa o erróneamente, simplemente realiza un relato intrascendente de escaso contenido jurídico, limitándose a solicitar se anule el auto de vista y a la vez se case el auto de vista y, además se anule obrados, sin concretar su reclamo como casación en el fondo o casación en la forma, resultando un petitorio contradictorio e incomprensible, que no se ajusta a los cánones previstos en el art. 271 del CPC, ya que no se puede pedir que se anule el auto de vista y al mismo tiempo case el auto de vista y/o alternativamente se anule obrados.

En este sentido, conforme establece la doctrina y jurisprudencia, el recurso de casación en el fondo debe fundarse en errores “in iudicando” que hubieran incurrido los tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, debiendo estar debidamente identificadas en las causales señaladas en el art. 253 del CPC, mientras  que para el recurso de casación en la forma, que se funda en errores “in procedendo”, referidas a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas  en la tramitación del proceso, están especificadas en el art. 254 de la misma norma legal, lo que no ocurrió en el caso objeto de análisis.

A mayor abundamiento, analizado el contenido textual del recurso de casación en el fondo, se advierte que el recurrente, desde el inicio de su planteamiento, simplemente menciona antecedentes de la demanda, la contestación y de las pruebas, para de forma posterior, reclamar aspectos o hechos relacionados a la sentencia de primera instancia emitida por el juez a quo, en este sentido, se debe recordar a la parte recurrente, que estos extremos corresponde ser analizados por el tribunal de segunda instancia y no en casación, toda vez que este tribunal debe circunscribirse a resolver las supuestas violaciones en que hubiera incurrido el tribunal de segunda instancia y no a aspectos que hubiese infringido el juez de primera instancia, obligación que incumbe al tribunal ad quem, como erradamente pretende la parte recurrente.

En ese sentido, corresponde aclarar que, el único hecho reclamado por la parte recurrente está referido al error que hubiera incurrido el tribunal de apelación, en el cálculo de la prestación de servicios, que fue desde el 22 de marzo de 2011 hasta el 28 de agosto del mismo año, donde al tribunal ad quem sostuvo que el juez a quo ha realizado una incorrecta apreciación de las pruebas de cargo y de descargo revocando la misma, quedando un monto de Bs. 29.182.40.-, evidenciándose por este hecho, que el agravio sufrido en su interés personal y patrimonial, no fue debidamente demostrada ni cumple con los requisitos descritos en la normativa citada precedentemente.     

Que, en ese marco legal, el recurso interpuesto es insuficiente e injustificable, haciendo inviable su consideración porque impide a este tribunal abrir su competencia para resolver en el fondo del litigio, correspondiendo en consecuencia resolver en la forma prevista por los arts. 271.1) y 272.2) del CPC, por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa,  Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los artículos 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo de fs. 117 a 119. Con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado en Bs. 500.-, que mandará pagar el tribunal de alzada.        

Regístrese, notifíquese y devuélvase.