SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 84/2016.

Sucre, 7 de abril de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.275/2015.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 158 a 159 vta., interpuesto por Carmen Paola Ivana Camacho Vega, en representación del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, contra el Auto de vista Nº 153/2014 de 25 de junio, cursante de fs. 148 a 150 vta., emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso social por cobro de beneficios sociales, seguido por Ingrid Rosío García Catorceno  contra la empresa recurrente, el auto de fs. 161, que concede el recurso los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitando el proceso laboral, el Juez Tercero de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, pronuncio la Sentencia de 16 de septiembre de 2011, cursante de fs. 94 a 97, declarando probada en parte la demanda de fs. 14 a 16, y probada parcialmente la excepción perentoria de pago opuesta por la parte demandada a fs. 35 a 37 vta., sin costas; consecuentemente, se ordena que la Empresa Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) mediante su representante legal Sr. Luis Fernando Pérez Armendia, cancele a la demandante los derecho sociales que la ley le reconoce conforme a la liquidación inserta en la suma de Bs.5.000 (cinco mil 00/100 bolivianos) por concepto de indemnización, desahucio, aguinaldos, vacación, menos lo cancelado a cuenta, pago  que deberá hacer efectivo dentro de tercer día de ejecutoriada dicha resolución bajo alternativa de ley, sin perjuicio de la multa y las actualizaciones previstas por el Decreto supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

Que, en grado de apelación por ambas partes de fs. 121 a 123 y fs. 126 a 128, respectivamente, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista Nº 153/2014 de 25 de junio de fs. 148 s 150 vta., confirmando la sentencia apelada, sin costas.

Dicho fallo motivo interponer recurso de casación en el fondo de fs. 158 a 159, por la empresa recurrente, con base en los fundamentos que se sintetizan a continuación:

1.- Denuncia que el juez de primera instancia manifestó que el pago del bono de antigüedad debe hacerse efectivo a quienes hubieran cumplido un mínimo de dos años ininterrumpido, como establecen los arts. 9 y 13 del DS Nº 21137; que en este caso está demostrado que si existió interrupción  entre la suscripción de un contrato y otro, ya que el primero tuvo un plazo del 2 de enero al 31 de diciembre del 2003 y segundo del 23 de enero al 31 de diciembre de 2006, el tercero del 2 de enero al 31 de diciembre del 2007, y el último con un plazo del 2 de enero al  31 de diciembre de 2008; por lo que , el bono de antigüedad no corresponde porque no hubo continuidad.

2.- también denuncia que, el DS Nº 20060 de 20 de febrero de 1984, regulado por el Decreto Supremo Nº 181 establece en su art. 2 que, los años de servicio prestados por los trabadores públicos deberán ser reconocidos para efectos del bono de antigüedad además que dicho reconocimiento surtirá los efectos legales a partir de la fecha; además en su art. 3 dispone que: “Para el derecho a la precepción de este beneficio, será requisito indispensable la presentación del certificado de calificación de años de servicios prestados, otorgado por la Contraloría General de la Republica, en el que se acredite el tiempo de servicios continuos o discontinuos del respectivo”.

Por ultimo señaló que el tribunal ad quem, no realizó una correcta interpretación de la norma y que incurrió en una errónea interpretación y aplicación de esta, por haber realizado un cálculo erróneo en los beneficios sociales de la demandante, por lo que ha beneficiado a la ex trabajadora con un bono de antigüedad que no está respaldado, ya que la demandante no cumplió con los requisitos establecidos en la normativa legal transcrita, al no acreditar sus años de servicio.

Concluye solicitando, se conceda el recurso de casación en el fondo, para que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de vista Nº 153/2014 de 25 de junio, y deliberando en el fondo declare la nulidad de la sentencia de  16 de  septiembre de  2011.

CONCIDERANDO II: Que, así planteado el recurso, analizando su contenido en base a los antecedentes del proceso, se tiene lo siguiente:

En el recurso de casación en el fondo, la empresa recurrente cuestiona el fallo del tribunal de apelación, por haber reconocido el bono de antigüedad como parte del sueldo indemnizable en favor de la demandante, toda vez, que es un derecho reconocido y consolidado por el DS Nº 21060.

En el marco de lo expuesto, al haberse establecido en el caso del análisis, que la actora suscribió con la entidad demandada, cuatro contratos a plazo fijo en los que no se demostró por la parte empleadora la existencia de periodos de interrupción que superen los 90 días conforme los contratos que cursan de fs. 28 a 34, en aplicación del art. 3 de la Resolución Ministerial Nº 193/72 de 15 de mayo de 1972, habiéndose al contrario demostrado por la parte trabajadora, que el trabajo fue continuados sin periodos de interrupción, conforme refirió el Auto de Vista recurrido al señalar: “que el bono de antigüedad debe ser pagado desde la fecha que fue contratado la demandante de conformidad al Decreto Supremo Nº 7850 de 01 de noviembre de 1966” que prevé: “El trabajador conserva su antigüedad desde la fecha de su contratación”; lo que hace concluir a este Tribunal, que la relación de trabajo fue continuada, no siendo suficiente que se alegue que cada contrato tiene una fecha de inicio y conclusión de la relación laboral, aludiendo así a los contratos referidos, cuando al contrario, es manifiesta la infracción normativa al art. 2 del (DL) Nº 16187 de 16 de febrero de 1979 en la que incurrió la entidad demandada, que prohíbe expresamente la suscripción de más de dos contratos a plazo fijo, cuya sanción precisamente llevó a que el tercer contrato suscrito se convierta en uno por tiempo indefinido.

Así establecida la relación laboral de carácter indefinido por aplicación del art. 2 del Dl Nº 16187 de 16 de febrero de  1979, bajo la regla prohibitiva “de la suscripción de más de dos contratos sucesivos a plazo fijo”, corresponde analizar el derecho al trabajo y el derecho a la estabilidad laboral regulado en el marco normativo de nuestro Estado.

Al respecto, debemos partir señalando que por disposición del art. 46. I de la Constitución Política del Estado (CPE), toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una exigencia digna; 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias; siendo deber del Estado proteger  el ejercicio del trabajo en todas sus formas. Situación que guarda relación con los convenios y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos (DDHH) en su art. 23. 1. Y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su art. 14: habiéndose entendido en derecho al trabajo por la jurisprudencia constitucional como: “la Potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona para desarrollar cualquier actividad física o intelectual…” (SC 1132/2010-R de 1 de diciembre).

El derecho del trabajo tiene características particulares que hacen que se diferencie de otras ramas del derecho; contiene por ello normas de orden público y normas tutelares o protectivas a favor de las trabajadoras y trabajadores, que se estructuran fundamentalmente sobre el reconocimiento de ciertos principios de carácter normativo que surgen con los nuevos conceptos sociales cuya tendencia, es la de preservar las garantías de los derechos laborales reconocidos en la Constitución Política del Estado y de la disposiciones conexas.

Sobre la procedencia pago del bono de antigüedad, que no fue cancelado a la actora no obstante el tiempo de servicios acumulado de 06 años, 05 meses y 19 días, corresponde al pago y reconocimiento dentro del promedio indemnizable en el marco de la escala prevista en el art. 60 del DS Nº 21060 y sobre la base que refiere el art. único del DS Nº 23474 de 20 de abril de 1993.” Derecho reconocido por el Art. 60 del DS Nº 21060, de 28 de agosto de 1985, con lo cual se determina como salario promedio indemnizable la suma de Bs.4.943,17.- Conforme fue interpretado correctamente las instancias de grado, no evidenciándose en consecuencia la aplicación errónea de la normativa acusada por el recurrente.

A ello se añade que el objeto del proceso laboral es la protección de los derechos del trabajador por cuya irrenunciabilidad consagra el art. 48. I  y II de la CPE en ese entendido, el auto de vista recurrido se pronunció sobre los aspectos reclamados de manera acertada, porque el juez no está sometido a una tarifa legal de la prueba, sino que forma su propio convencimiento en función a los art. 3 j) y 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT), por una parte y, por otra, en base a la prueba idónea cursante en obrados, donde se acredito la relación de la demandante con la “Empresa Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Cochabamba”; en consecuencia el tribunal ad quem, emitió su resolución de apelación, conforme el art. 236 del CPC, resolviendo el fondo de la causa en estricta sujeción a las disposiciones laborales en vigencia.

En virtud a lo expresado se concluye que no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo, por lo que corresponde dar aplicación a la disposición contenida en el art. 271. 2) con relación al art. 273 del CPC, en cumplimiento de la norma remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con facultad conferida por los artículos 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I.1 de la Ley del Órgano Judicial. Declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 158 a 159. Sin costas, en aplicación del artículo 39 de la Ley 1178.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.