SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 73/2016.

Sucre, 7 de abril de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.263/2015.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación de fs.158 a 162 vta., interpuesto por, la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), representada por Roberto Gutiérrez Montero y Magdalena Fernández Gutiérrez, contra el Auto de Vista Nº 093/2014,  de 23 de abril (fs. 147 a 152 vta.), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso social seguido por Cecilia Isabel Caero Pérez, contra la Universidad demandada, el auto de fs. 165 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Tercero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, emitió la Sentencia de 24 de febrero de 2012 (fs. 117 a 123), declarando probada la demanda de fs. 56 a 59 aclarada a fs. 62, sin costas, disponiendo que la Universidad Mayor de San Simón, a través de su personero legal, reincorpore a su fuente de trabajo a la actora, al mismo cargo que cumplía con anterioridad a su destitución, más el pago de salarios devengados, desde el día de la presentación de la demanda hasta de día de su reincorporación.

En grado de apelación, interpuesta por ambos sujetos procesales (fs. 127 a 129 y 137 a 138), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista Nº 093/2014, confirmó la sentencia apelada, con la modificación que el pago de los salarios devengados se efectúe desde el día de su destitución hasta el día de su reincorporación, previo juramento de ley en el juzgado de primera instancia, por parte del actor y bajo su responsabilidad para el caso de demostrarse lo contrario, de no haber percibido remuneración alguna por otro trabajo prestado desde el momento de su destitución. Sin costas.

Que, contra el referido auto de vista, la Universidad Mayor de San Simón, a través de sus representantes legales Roberto Gutiérrez Montero y Magdalena Fernández Gutiérrez, interponen recurso de casación, manifestando en síntesis:

Violación y mala interpretación al art. 92.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y Estatuto Orgánico de la UMSS, aduciendo que emergente de su autonomía constitucional, elaboró y aprobó su Estatuto Orgánico, señalando lo previsto en el art. 5 referido a los principios básicos de la Universidad Boliviana, arts. 3, 4 y 5 del Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Simón, 18 y 51 de los Órganos de Gobierno Universitario y 122 de los Consejos de Facultad y Escuela.

En este sentido, sostuvo que la actora ingresó a la universidad demandada el 4 de septiembre de 2007, como docente investigadora, habiéndosele ratificado por las gestiones 2008, 2009 y por el semestre I/2010, designaciones enmarcadas en la Autonomía Académica prevista en el art. 122 del Estatuto Orgánico de la UMSS, no habiendo suscrito contratos a plazo fijo, como aseguran los de instancia, sino su contratación especial y sujeto a tiempo determinado.

En el caso de autos, el Consejo Directivo de la Escuela Técnica Superior de Agronomía, el 10 de diciembre decidió regularizar el cargo de Asistente de Investigación, cursando invitación a la actora, ampliado hasta el 15 de diciembre del mismo año, ante la solicitud de la demandante, resultando falso que no le hubieran otorgado el tiempo suficiente para la presentación de su propuesta como lo demuestra la prueba de fs. 81 que no fue valorada por el tribunal ad quem, pues si no estaba de acuerdo con los términos de referencia podía impugnar la misma para que no se lleve adelante el proceso de selección y no someterse a la misma, perder y luego demandar la reincorporación.     

Por otra parte, al argumento del tribunal de segunda instancia, es contradictorio al sustentar su fallo en la existencia de varios contratos a plazo fijo, puesto que, cursa en el expediente a fs. 86, el cuadro comparativo a la finalización de la selección, evaluación y admisión de la actora, que evidencia que de forma voluntaria se sometió a dicho procedimiento obteniendo el segundo lugar, sin que exista alguna nota de objeción al procedimiento previo a la evaluación pese a su comunicación escrita que se le efectuó, no pudiendo alegar falta de conocimiento para fundamentar su pretensión, aspecto que no fue tomado en cuenta por los de instancia, limitándose a realizar juicios de valor en función a la protección laboral que ostenta la demandante, por lo que no puede demostrar extrañeza por habérsele excluido del sistema biométrico del control de asistencia a partir del 24 de enero de 2011, como manifiesta en su nota de fs. 90, puesto que ya no era funcionaria de la UMSS.

Denunció también, violación al Estatuto Orgánico de la UMSS, porque los de instancia no tomaron en cuenta que la designación de docentes universitarios de la UMSS, responde a la voluntad que emerge de la Autonomía Universitaria consagrada en el art. 92.1 de la CPE, que otorga facultades para la libre designación de docentes, lo cual no puede ser rebasado por la necesidad de trabajo de los profesionales que de manera extraordinaria son asimilados a la actividad académica universitaria por periodos académicos definidos como en el caso presente, quien tuvo la oportunidad de consolidar su condición de docente en un proceso de selección, no pudiendo alegar a la fecha protección laboral, después de haber sido vencida en un proceso de selección legal.

Que los nombramientos fueron valorados por el tribunal ad quem, como contratos a plazo fijo, sin tomar en cuenta que son nombramientos por gestiones académicas determinadas, ratificados en función a las necesidades de la gestión académica, es así que la actora es ratificada en el cargo de manera provisional, no pudiendo compararse estas designaciones con las contrataciones a plazo fijo que usualmente se efectúa al personal administrativo, no siendo correcto el análisis y la valoración de los hechos efectuados por el tribunal ad quem, pues si la actora consideró que la convocatoria vulneraba sus derechos a la estabilidad laboral no debió haberse presentado a la misma, más por el contrario, acude de manera arbitraria a la justicia ordinaria para que resuelva su permanencia en la UMSS de manera indefinida al amparo de la Ley General del Trabajo (LGT) como si se hubiera violado algún derecho.

También denunció, errónea aplicación del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, señalando que el análisis efectuado por el tribunal ad quem, corresponde a los trabajadores que ingresan a ocupar cargos administrativos a través de contratos a plazo fijo o indefinidos, lo que en el caso presente no ocurrió, al existir un proceso de selección y admisión de docentes sujetos a nombramiento con carácter temporal, al ordenarse la reincorporación laboral y el pago de sueldos devengados, se está convalidando derechos inexistentes, transgrediendo la legislación universitaria, así como la Constitución Política del Estado y aplicando erróneamente el Decreto Supremo aludido.                                              

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo declare improbada la demanda, con costas.

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso, corresponde su análisis, de donde se establece lo siguiente:

En el caso objeto de examen, la controversia traída a colación versa principalmente en determinar si corresponde o no la reincorporación de la actora con el consecuente pago de sus salarios devengados, dispuestos en sentencia y confirmada en parte por el tribunal de segunda instancia, con la modificación de que el pago de los sueldos devengados se efectué desde el día de su destitución hasta el día de su reincorporación, fallo con el que los representantes legales de la Universidad Mayor de San Simón no están de acuerdo, con el argumento de que entre la trabajadora y la institución demandante no se suscribieron contratos a plazo fijo, sino de manera provisional, es decir, por un tiempo determinado, denunciando como consecuencia de aquello, violación y mala interpretación del art. 92.I de la CPE, violación al Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Simón y errónea aplicación del DS Nº 28699.           

Sobre la base de este razonamiento, presuntamente, no correspondería la reincorporación, ni el pago de sueldos devengados a favor de la actora, concedidos por los juzgadores de instancia, pues por la existencia de las discontinuidades o interrupciones en la relación laboral, impediría que sea acreedora a dicho beneficio.

Empero la entidad recurrente no consideró lo preceptuado por la Resolución Ministerial Nº 193/72 de 15 de mayo de 1972, que dispone:

Artículo 1º.- “Los contratos de trabajo pactados sucesivamente por un lapso no menor al término de prueba o por plazos fijos que sean renovados periódicamente, adquirirán la calidad de contratos a plazo indefinido a partir de la segunda contratación y siempre que se trate de realización de labores propias del giro de la empresa”.

Artículo 3.- “Se exceptúa el caso de la recontratación pasados los tres meses de su cesantía”.

En autos se ha verificado, por una parte que, la demandante trabajó en la entidad demandada sujeta a contrato a plazo fijo por  cuatro veces consecutivas, como Docente Investigadora de la Escuela Técnica Superior de Agronomía, dependiente de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, por las gestiones 2007, 2008, 2009 y primer semestre de la gestión 2010, conforme consta en las literales de fs. 72 a 75 de obrados, habiendo continuado la relación laboral, hasta el 24 de enero de 2011, fecha en que se produjo la desvinculación laboral, extremo que es corroborado por la universidad demandada.     

Sobre el tema, debemos partir señalando que, el artículo 12 de la LGT, establece que el contrato de trabajo puede pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio.

Cuando se celebra un contrato por cierto tiempo; es decir, a plazo fijo, no implica necesariamente que una vez vencido el término pactado, el trabajador deba indefectiblemente cesar en sus funciones, por cuanto puede ocurrir alguna de las situaciones que las siguientes disposiciones prevén: a) El artículo 21 de la Ley General del Trabajo, señala que en los contratos a plazo fijo se produce reconducción cuando el trabajador continúa sirviendo vencido el término del convenio; b) El artículo 2 del Decreto Ley Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, establece que no está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo, como tampoco están permitidos contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la empresa, en caso de evidenciarse la infracción de estas disposiciones por parte del empleador, se dispondrá que el contrato se convierta en uno por tiempo indefinido, siempre que se traten de labores propias del giro de la empresa como señala la Resolución Ministerial Nº 193/72 de 15 de mayo de 1972, y c) Cuando sean suscritos contratos a plazo fijo para el cumplimiento de tareas propias y permanentes de la empresa.

Aclarando y regulando los alcances de la normativa citada, el artículo 2 de la Resolución Administrativa Nº 650/07 de 27 de abril de 2007, emitida por el Ministerio de Trabajo, previó que las “tareas propias y permanentes”, son aquellas vinculadas al giro habitual o principal actividad económica de la empresa, aquellas sin las cuales no tendría objeto la existencia de la unidad económica, en cambio las “tareas propias y no permanentes”, son aquellas que siendo vinculadas al giro habitual o actividad principal de la empresa, en este caso de la universidad demandada, se caracterizan por ser extraordinariamente temporales, como las tareas  de suplencia por licencia, bajas médicas, descansos pre y post natal, declaratorias en comisión, entre otras.

En virtud a este marco normativo se colige que las labores realizadas por la actora para las que fue contratada, las cuales se encuentran descritas en los contratos suscritos entre partes, coadyuvan al logro y la finalidad que tiene la institución demandada, constituyéndose por ello en tareas propias y permanentes, por lo que dicha entidad al contratar a la trabajadora a plazo fijo para la realización de tareas propias y permanentes de su giro y además por haber realizado más de dos contratos a plazo fijo, vulneró lo previsto en el artículo 2 del Decreto Ley Nº 16187, convirtiéndose ante esta vulneración la relación que existía, en una por tiempo indefinido, no habiendo desvirtuado con prueba idónea esta situación la parte demandada, como era su obligación de acuerdo a lo previsto en los arts. 3.h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo CPT), considerándose insuficiente las literales de descargo que adjuntó a fin de demostrar la discontinuidad que adujo en su defensa; puesto que al haberse evidenciado lo contrario, es decir, la continuidad de la trabajadora en el desempeño de sus funciones en la institución demandada, el hecho de haberla excluido del sistema biométrico del control de asistencia a partir del 24 de enero de 2011, como manifiesta la actora en su demanda, extremo corroborado mediante nota de fs. 90, se constituye en un retiro forzoso, motivo por el cual corresponde reconocer a su favor los derechos concedidos en la sentencia de primera instancia emitida por el juez a quo y confirmada por el tribunal ad quem, quienes para arribar a la conclusión asumida, valoraron de manera correcta la prueba adjuntada durante la tramitación del proceso, conforme le facultan los arts. 3.j), 158 y 200 del CPT, no siendo por tanto, argumento valedero para no disponer la reincorporación y el pago de sueldos devengados, el hecho de que la actora haya ocupado el segundo lugar en la invitación que le hicieron para que se presente al cargo de Asistente Investigador, puesto que posterior a la invitación siguió trabajando hasta el 24 de enero de 2011, fecha en que se la excluyó del sistema de control biométrico de asistencia, sin haberle comunicado que su cargo estaba a disposición y estaba retirada de la UMSS.               

A mayor abundamiento y, en relación al caso de análisis, tratándose de contratos a plazo fijo, también podemos hablar de estabilidad laboral, si la trabajadora fue contratada en más de dos oportunidades sucesivas habiéndose operado la tácita reconducción, siempre que se trate de la realización de labores propias al giro de la empresa, por lo que el cumplimiento del término pactado no constituye ipso facto la culminación de la relación laboral.

Así establecida la relación laboral de carácter indefinido por aplicación de la norma citada precedentemente, bajo la regla prohibitiva “de la suscripción de más de dos contratos sucesivos a plazo fijo”, corresponde analizar el derecho al trabajo y el derecho a la estabilidad laboral regulado en el marco normativo de nuestro país.

Al respecto, debemos partir señalando que por disposición del artículo 46. I de la CPE, toda persona tiene derecho: 1.- Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna; 2.- A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias; siendo deber del Estado proteger el ejercicio del trabajo en todas sus formas. Situación que guarda relación con convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos como: la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 23.1, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 14; habiéndose entendido - el derecho al trabajo - por la jurisprudencia constitucional como: “la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona para desarrollar cualquier actividad física o intelectual…” (Sentencia Constitucional 1132/2010-R de 1 de diciembre).

En este sentido, se tiene también, el principio de la estabilidad laboral, denominado también como principio de la continuidad de la relación laboral, que manifiesta el derecho que tiene el trabajador de conservar su empleo durante su vida laboral, salvo que existan causas legales que justifiquen el despido, las cuales se encuentran previstas en el artículo 16 de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario.

En ese contexto, nuestra legislación con el objeto de otorgar una efectiva protección jurídica al trabajador, ha incorporado los referidos principios en el artículo 48.II de la Ley Fundamental; de similar manera el DS Nº 28699, en su artículo 4 ratifica la vigencia plena en las relaciones laborales del principio protector con sus reglas del in dubio pro operario y de la condición más beneficiosa, así como los principios de continuidad o estabilidad de la relación laboral, de primacía de la realidad y de no discriminación; por su parte, el artículo 11.I del citado precepto establece: “Se reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias”.

Que en ese marco legal, se concluye, que el auto de vista recurrido, se ajusta a las normas legales en vigencia, no observándose violación de norma legal alguna, por consiguiente, corresponde resolver en la forma prevista por los artículos 271. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el artículo 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los artículos 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 158 a 162 vta. Sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.