SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 69/2016.

Sucre, 7 de abril de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-PTS.322/2015.

Distrito: Potosí.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: Los recursos de casación en la forma y en el fondo de fs. 492 a 496, interpuesto por Rene Lugo Cruz en representación de la empresa Golondrina; y en el fondo de fs. 500 a 502, deducido por Hugo Pérez Rosso, contra el Auto de Vista Nº 62/2015 de 12 de agosto de 2015, emitido por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí (fs. 482-488), dentro del proceso social por pago de beneficios sociales, seguido por Hugo Pérez Rosso contra la empresa recurrente, el Auto de fs. 503 vta., que concedió el recurso, el memorial de apersonamiento y ratificación del recurso de casación del demandante de fs. 509 a 510, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Potosí, emitió la Sentencia Nº 371/2014 el 27 de agosto de 2014 (fs. 403 a 406), declarando probada en parte la demanda, disponiendo que el demandado, cancele los beneficios sociales en favor del actor en la suma de Bs.3.900.-, por concepto de indemnización, duodécimas de aguinaldo y multa del 30%.

En grado de apelación, interpuesto por ambas partes, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, pronunció Auto de Vista Nº 119/2014 de 18 de noviembre de 2014 (fs. 430 a 433), que confirmó la Sentencia apelada Nº 371/2014 de 27 de agosto de 2014. Con costas.

Que, contra el referido auto de vista, el demandante interpuso Recurso de Casación en el fondo (fs. 441 a 444), el que fue resuelto mediante Auto Supremo Nº 253 de 24 de abril de 2015 emitido por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo, que anuló el Auto de Vista Nº 119/2014 de 18 de noviembre, con el fundamento que el tribunal ad quem a tiempo de pronunciar la misma, no realizó una exhaustiva revisión y análisis del Recurso de Apelación, al no pronunciarse sobre los agravios concretos y fundamentados de la parte demandante, incurriendo en la nulidad establecida en el art. 254.4) del Código de Procedimiento Civil, disponiendo que se pronuncie nueva resolución de vista.

Que, en virtud de lo anterior, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emitió el Auto de Vista Nº 62/2015 de 12 de agosto de 2015, que revocó parcialmente la sentencia de primera instancia, e incluyó el pago del desahucio, de domingos trabajados, más el pago del 30% de multa establecido en el Decreto Supremo (DS) Nº 28699, disponiendo que la parte demandada cancele al actor, dentro del tercero día de ejecutoriado el auto de vista, la suma de Bs.14.416.-, por concepto de beneficios sociales, suma a actualizarse con relación a las UFVs al momento del pago.

Que, contra el referido auto de vista, Rene Lugo Cruz y Hugo Pérez Rosso, interpusieron los recursos de casación en la forma y en el fondo de fs. 492 a 496 y de casación en el fondo de fs. 500 a 502, respectivamente, en los que se señalan los siguientes argumentos:

I.- En el primer recurso, interpuesto por la empresa Golondrina, representada por René Lugo Cruz, en la forma señala:

1. Acusa que el tribunal de apelación perdió competencia al pronunciar el auto de vista, en mérito a que el Auto Supremo Nº 253/2015 de 24 de abril, pronunciado por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia anuló obrados hasta el Auto de Vista Nº 119/2014 de 18 de noviembre, disponiendo se emita nuevo auto de vista previo sorteo y sin espera de turno. Devuelto el mismo se radicó nuevamente en la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, habiéndose decretado autos para resolución, el mismo que no era necesario porque solamente se anuló hasta el auto de vista, existiendo dos decretos de la misma naturaleza una que cursa a fs. 427 y otra que cursa a fs. 480. Añade que el sorteo del proceso se realizó en fecha 3 de agosto de 2015, cuando debió realizarse a continuación del decreto de cúmplase de 27 de mayo de 2015. Más adelante refiere que el acto de notificación recién se lo hizo el 19 de agosto de 2015, después de haber transcurrido 3 días hábiles de la fecha de su pronunciamiento, cuando la oficial de diligencia debía de cumplir con la notificación el mismo día 19 de agosto o máximo el día jueves 20 de agosto, conforme lo señala el art. 82.I del Código Procesal Civil.

2. Arguye que no existe diligencia de citación con la demanda reformulada de fs. 151 y admitida por Auto de 7 de octubre de 2013 (fs. 338), por lo que infringió los arts. 90 y 251 del Código de Procedimiento Civil, solicitando se anule el auto de vista de fs. 482 a 488 por perdida de competencia, disponiendo que el proceso sea remitido a la Sala Civil y Comercial, o en su caso anular obrados hasta fs. 355, ordenando se practique una nueva citación con la demanda.

En el fondo expresa:

1. Acusa la aplicación de disposiciones contradictorias en el auto de vista, en relación a la extinción de la relación laboral. Y que si bien la inasistencia injustificada al Trabajo fue derogada de la Ley General del Trabajo (LGT) por el art. 2 de la Ley de 23 de noviembre de 1944, sin embargo fue nuevamente introducida por el art. 7 del DS Nº 1592 de 19 de abril de 1949, adecuando la conducta del actor en lo dispuesto por ésta última norma ya que sin comunicación alguna al empleador, se abstuvo de prestar sus servicios desde el 4 de agosto de 2011 conforme cursa la declaración testifical de fs. 392 que merece fe probatoria conforme dispone el art. 178 del Código Procesal del Trabajo (CPT). Refiere que el retiro voluntario es la manifestación voluntaria del trabajador de concluir la relación laboral con la condición de otorgar el preaviso de ley; cosa que no sucedió en el presente caso, por lo que al no haber otorgado el preaviso al empleador corresponde que el ex trabajador abone un mes de sueldo, no correspondiendo de igual manera la multa del 30% reservada para el caso de despido forzoso.

2. Alega que existe contradicción sobre la fecha de ingreso del trabajador, ya que el auto de vista señala como fecha de ingreso el 1 de octubre de 2010, sin que exista prueba que demuestre ese hecho, manifestando que el demandante recién ingreso a trabajar el 28 de diciembre de 2010. De igual manera se omitió considerar la declaración testifical de cargo cursante a fs. 392, quien afirmó que el demandante, trabajo desde el 28 de diciembre de 2010.

3. Acusa error de derecho en la interpretación de la prueba testifical y la conducta procesal del actor, refiriéndose a la declaración testifical de fs. 392, de igual manera refiere que el actor falto a la verdad cuando en su declaración cursante a fs. 398 señalo que el 4 de agosto de 2011 realizó un viaje a la ciudad de La Paz para comprar repuestos, siendo que ese día viajaba con el camión cisterna desde la ciudad de Oruro a esta capital. Continúa manifestando que estos errores de derecho en el análisis, apreciación y valoración de estos medios de prueba, han generado una conclusión errónea en cuanto a la causal de extinción de la relación laboral.

4. Denuncia la interpretación errónea de la ley sobre el trabajo de días domingos, refiriendo que el actor debía trasladarse en días domingo para que le asignen carga en Oruro y Uyuni aplicando una escala triple, de acuerdo al art. 23 del DS Nº 3691 de 3 de abril de 1954, interpretándose erróneamente el art. 55 de la LGT que solamente dispone el pago doble.

5. Acusa la interpretación errónea de la ley en cuanto a la multa del 30% que dispone el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006 y la Resolución Ministerial Nº 447/09 de 8 de julio, ya que dicha multa se aplica a los trabajadores dependientes, subordinados, que realizan trabajo ajeno y perciben una remuneración, y su pago requiere que el despido no sea por alguna de las causales señaladas en el art. 16 de la LGT, constituyéndose en una sanción al despido injustificado, cosa que no ocurrió en el presente caso, porque la extinción de la relación laboral fue por decisión del trabajador.

Concluye solicitando se anule obrados hasta el auto de vista recurrido o hasta que se cite legal y válidamente, o alternativamente case parcialmente el auto de vista, manteniendo firme y subsistente la sentencia de fs. 403 a 406.

II.- En el segundo recurso interpuesto por Hugo Pérez Rosso, luego de realizar la contestación al recurso relacionado precedentemente, el recurrente señala que el memorial presentado por el demandado, no cumple con los requisitos insertos en el inciso 2) del art. 258 del Código de Procedimiento Civil, y más adelante sobre el recurso de casación en el fondo, manifiesta:

1. Que, el tribunal de apelación en relación al tiempo de servicios, vulneró el principio de inversión de la prueba al convalidar la contradicción establecida en la providencia de fs. 385 vta. y la providencia de fs. 387 vta., dejando sin efecto la conminatoria al demandado de presentar planillas de asistencia y sueldos o salarios; tomando como verdad material la afirmación del demandado sobre el tiempo de trabajo, siendo lo cierto y evidente que el tiempo de trabajo es de 1 de febrero de 2010 a 8 de agosto de 2011, es decir, un año, 7 meses y 8 días de trabajo, ya que el demandado jamás extendió una sola papeleta de pago, aplicando una presunción juris tantum a favor del demandado, determinando que su relación laboral habría empezado en el mes de octubre de 2010 y no diciembre de 2010, conculcándose su derecho al cobro de sus beneficios sociales de 8 meses y 5 días como relevo de chofer cisterna, tomándose en cuenta solamente el trabajo como chofer titular, violándose flagrantemente los arts. 167 y 169 del CPT, el DS Nº 28699, el art. 3.h), 66 y 150 del CPT, así como los principios protectivos descritos en el art. 46.II y 48.I, II y III de la Constitución Política del Estado (CPE).

Concluye solicitando se case el auto de vista recurrido, disponiendo que se dicte uno nuevo, en relación a la fecha de inicio de la relación laboral.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos de los recursos de casación de fs. 492 a 496; y de fs. 500 a 502, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, es importante aclarar que ambos recursos son innecesariamente extensos, repetitivos y confusos, y divagan en argumentaciones que se pierden respecto del punto específico de lo que hace a la causa, sin que en ninguno de los casos hubieran logrado precisar y concretar sus pretensiones; por otra parte y pese a su extensión, son superficiales, encontrándose argumentos de escasa relevancia jurídica en ellos. No obstante, se ingresa al fondo a objeto de resolver la causa y brindar una respuesta razonada a los recurrentes.

I.- Del Primer Recurso en la forma, sobre las supuestos vicios de nulidad planteados, amerita señalar que la nulidad por la nulidad misma no tiene más efecto que la innecesaria obstrucción en la pronta solución de las controversias, en ese objetivo el Código de Procedimiento Civil limita las nulidades, sólo para aquellos casos expresamente previstos y cuando afectan el orden público, sin embargo, siempre como una decisión de última ratio. En ese contexto, si bien es cierto que los arts. 252 y 254.6) del Código de Procedimiento Civil, establecen el recurso de casación por haberse violado las formas esenciales del proceso, esta permisión debe necesariamente ser concordada con el par. I del art. 251 del mismo cuerpo de leyes, que dispone: "Ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la ley", principio que se sustenta en el hecho que en materia de nulidad, debe haber un manejo cuidadoso y aplicado únicamente a los casos en que sea estrictamente indispensable y así lo haya determinado la ley.

En este entendido, la jurisprudencia del Supremo Tribunal de Justicia, ha establecido que en materia de nulidades procesales, se deben observar ciertos principios, como el principio de especificidad, trascendencia y convalidación, de tal modo que la nulidad resulte útil en el proceso y tenga la bondad de restablecer derechos procesales que pudieron haberse lesionado, tales como el derecho a la tutela judicial efectiva en el caso del demandante o el derecho a la defensa en el caso del demandado o, para evitar la intromisión de determinada causa de terceros ajenos a la litis y, en definitiva, garantice la justicia del fallo.

En la especie, el recurrente acusa la nulidad del auto de vista de fs. 482 a 488, por existir dos decretos de autos para Resolución, que no era necesario; se debe precisar que el recurrente no demostró el perjuicio irreparable que pudo ocasionarle el decreto de autos cursante a fs. 480, más aún cuando el mismo es para establecer el plazo legal que tiene el Tribunal de Apelación para emitir el auto de vista, en concordancia con lo que dispone el art. 208 del Código de Procedimiento Civil que señala: “El juez que no hubiere pronunciado la sentencia dentro del plazo legal o del que la corte le hubiere concedido conforme el artículo 206, perderá automáticamente su competencia (…)”. Del mismo modo el art. 209 que señala: “El vocal de corte superior que no hubiere presentado su relación en el plazo legal o en el complementario perderá automáticamente su competencia en el asunto (…)”.

En relación a la denuncia sobre la falta de citación con la demanda reformulada de fs. 151 y admitida por Auto de 7 de octubre de 2013, no es evidente, toda vez que el recurrente fue citado mediante cédula en el domicilio legal del demandado conforme consta la representación cursante a fs. 353, y la Cédula de citación cursante a fs. 355 que refiere que se citó con la demanda al señor Rene Lugo Cruz, en su domicilio ubicado en calle H. Players Nº 308; habiéndose apersonado el recurrente mediante memorial de fs. 356 a 357, en el que expresamente señala “He sido citado con la demanda señalada al exordio, mediante cédula de fecha 23 de enero de 2014 (…). Por lo que la acusación de no ser citado con la reformulación de la demanda carece de fundamento.

Resolviendo el recurso de casación en el fondo; en cuanto a la aplicación de disposiciones contradictorias, en relación a la extinción de la relación laboral refiriendo que el abandono de trabajo y retiro voluntario, son figuras distintas y excluyentes. Se debe precisar que, conforme a la abundante jurisprudencia desarrollada por la Corte Suprema de Justicia y pronunciada por este Tribunal Supremo, el Recurso de Casación constituye una nueva demanda de puro derecho, que debe enmarcarse dentro de las causales de procedencia establecidas en el art. 253 del Código de Procedimiento Civil, cumpliendo además los requisitos enumerados en el inciso 2) del art. 258 del mismo cuerpo legal, que en los hechos se traducen en requisitos de admisión del recurso, toda vez que debe cumplir con la carga procesal de citar en términos claros, concretos y precisos, la ley o leyes violadas, aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error, si existen disposiciones contradictorias en el fallo impugnado o si se hubiese incurrido en errores de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba.

En la especie, los aspectos señalados precedentemente, no han sido observados por el recurrente, en su memorial de casación en el fondo; no habiendo fundamentado que disposiciones legales fueron aplicadas contradictoriamente en el auto de vista, sino hace referencia a la valoración de la prueba sin precisar si existen errores de hecho o de derecho en la valoración de la misma, limitándose a señalar que: “existen dos posiciones contradictorias entre lo que señalan el demandante y el demandado en la forma que ha terminado la relación laboral” (sic.) Mas adelante refiere: “Otra contradicción, la encontramos en varias afirmaciones que hacen sus autoridades inclusive de la transcripción de las declaraciones de la testigo (…) sus autoridades, de manera contradictoria y sin justificativo, menos prueba legal idónea, concluyen afirmando que el empleador es la Empresa de Transporte Golondrina SRL, lo que motivara que la sentencia sea inejecutable, pues la demanda ha sido dirigida contra Rene Lugo Cruz como persona física o natural” (sic.); en cuanto a este argumento el recurrente no señala cómo y en que forma el auto de vista contiene disposiciones contradictorias, realizando alegaciones subjetivas carentes de sustento legal; olvidando que el presente recurso extraordinario, se equipara a una nueva demanda de puro derecho, por lo que no se puede pretender que sea una continuación del proceso o una instancia más dentro de él, toda vez que lo que se persigue a través de este, no es resolver la controversia surgida entre las partes, sino entre el Tribunal de Apelación y la aplicación de la ley.

Respecto a la contradicción existente sobre la fecha de ingreso del trabajador, ya que el auto de vista señala como fecha de ingreso el 1 de octubre de 2010, sin que exista prueba que demuestre ese hecho, manifestando que el demandante recién ingreso a trabajar el 28 de diciembre de 2010; debe tenerse presente que el juez laboral se encuentra en libertad de apreciar y valorar la prueba en los procesos sometidos a su conocimiento, siendo la misma incensurable en casación a no ser que se demostrara error de hecho o de derecho en que hubieran incurrido los jueces de grado, con los límites que impone la sana crítica, que al decir del tratadista Heberto Amilcar Baños, “Las reglas de la sana crítica no son otra cosa que las de la lógica, basadas en la ciencia, en la experiencia y en la observación, que conducen al juez a discernir lo verdadero de lo falso (…) se trata de criterios normativos (reglas no jurídicas) que sirven al hombre normal, en una actitud prudente y objetiva (sana) para emitir el juicio de valor acerca de una cierta realidad”.

Respecto a la acusación del error de derecho en la interpretación de la prueba testifical y la conducta procesal del actor, cabe aclarar al recurrente, que de acuerdo con lo expresado en su memorial en sentido que existió “error de derecho en la interpretación de las prueba testifical” (sic.), las pruebas no se interpretan, se valoran, y debe distinguirse entre error de hecho y de derecho; errores que en concepto de Pastor Ortiz Mattos en su obra, El Recurso de Casación en Bolivia, tienen la comprensión siguiente: “El error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material; tal error, en el que incurre el juez de fondo en el fallo recurrido, cuando considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con un documento auténtico.” Continúa el citado tratadista señalando en relación con el error de derecho, expresando que “…recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica. En el caso que nos interesa cuando el juez o tribunal de fondo, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le asigna un valor distinto”.

En ese contexto, es oportuno aclarar que el análisis y valoración de la prueba, no depende de la abundancia o extensión de las mismas, sino de contener los elementos necesarios que llevaron al juzgador a crear convicción respecto de los elementos sometidos a su conocimiento, no encontrándose sometido a la tarifa legal de la prueba o prueba tasada, con las excepciones previstas en la ley.

En relación a la errónea interpretación de la ley sobre el trabajo de días domingos; el DS Nº 3691 de 3 de abril de 1954 y elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956, establece en su art. 23 que: “Tendrán derecho al pago del salario por el día domingo no trabajado, los obreros, que en el curso de la semana, hubiesen cumplido con su horario semanal completo de trabajo, entendiéndose por tal el número semanal de horas, jornadas, días o mitas de trabajo previsto por la Ley o el contrato”; de similar manera, el art. 3.1 (Ámbito de aplicación) del DS Nº 29010 de 9 de enero de 2007, reglamentó la aplicación del “Salario Dominical” establecido en la Ley de 29 de octubre de 1956, al señalar: “El presente Decreto Supremo se aplicará en el sector privado y tendrán derecho los obreros del sector productivo, que en el transcurso de la semana hubieran cumplido con su horario semanal completo de trabajo, concordante con lo establecido en el Artículo 55 de la Ley General del Trabajo”.

Al respecto, el Auto Supremo Nº 119 de 13 de marzo de 2008 emitido por la Sala Social y Administrativa Primera, expresa que: “(…) es necesario realizar un análisis del Decreto Supremo No. 3691 de 3 de abril de 1954, elevado a rango de la Ley el 9 de octubre de 1956 y del artículo 55 de la Ley General del Trabajo. Que, en ese entendido corresponde precisar con absoluta claridad que para la cancelación de los domingos no trabajados se dan dos supuestos: el primero, cuando se contrata al trabajador por mes, significa que su pago se realiza por 30 días; es decir que el salario incluye los 4 domingos de cada mes; el segundo, cuando el empleador contrata los servicios por jornal, se paga por jornal y si el trabajador desempeña sus funciones 6 días a la semana, el empleador necesariamente debe cancelar el jornal por el domingo trabajado de esa semana”; en el caso de autos, se evidencia que el auto de vista recurrido no ha violado el art. 23 del DS Nº 3691, al ser los domingos días distintos a las jornadas laborales ordinarias establecidas por el art. 41 de la LGT, por lo que no se advierte la interpretación errónea como se acusa en el recurso.

Con relación a la interpretación errónea del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, respecto a la multa establecida del 30%; al respecto, el art. 9 del DS N° 28699, establece: “I. En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda-UFVs, desde la fecha del despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito. II. En caso de que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará la multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor”; siendo preciso resaltar que esta norma se aplica tratándose de despido intempestivo -sin causal justificada-, y retiro voluntario; toda vez que el citado art. 9 del DS N° 28699, tiene carácter general en su aplicación para el caso de retiro de las trabajadoras o trabajadores. Por lo señalado, y siendo que la norma es taxativa, no corresponde efectuar interpretaciones sesgadas de dicha normativa, toda vez que, el resguardo del pago oportuno de los derechos y beneficios sociales de los trabajadores, no sólo se sujeta al despido o retiro voluntario del trabajador, sino ampliando su entendimiento, se aplica al resguardo del derecho que asiste al trabajador de percibir de forma oportuna el pago por su trabajo, que garantice su subsistencia y la de su familia una vez producida la desvinculación laboral; por lo que se concluye que la multa del 30%, es aplicable ante el incumplimiento del plazo de los 15 días establecidos para cancelar los beneficios sociales y derechos laborales adquiridos que se reconozcan a favor de un trabajador o trabajadora a la conclusión de la relación laboral sea por retiro directo, indirecto o voluntario, conclusión de contrato u otra particularidad; por lo que resulta no ser evidente la violación acusada.

En ese marco, corresponde reconocer el pago de los derechos reclamados a favor del demandante, conforme acertadamente determinaron los de instancia en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba conforme determinan los arts. 3.j) y 158 del CPT, puesto que los derechos sociales están protegidos por la CPE, que en su art. 48.III establece que: “Los derechos y beneficios reconocidos en favor de los trabajadoras no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”, concordante con el art. 4 de la LGT.

Por lo relacionado, se concluye que el auto de vista recurrido se ajusta a las normas legales en vigencia y no se observa la infracción acusada en el recurso, al contrario, realiza una correcta valoración y apreciación de la prueba adjuntada al proceso, como la interpretación y aplicación de las normas legales, consiguientemente corresponde resolver conforme previene el art. 273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del art. 252 del CPT.

II.- Del segundo recurso de casación en el fondo, respecto al tiempo de trabajo del actor, que según el recurrente trabajo desde 1 de febrero de 2010 y no desde el mes de octubre; el auto de vista recurrido al respecto, señala: “(…) respecto a la fecha en que hubiera comenzado el contrato de trabajo verbal entre ellos, es que se solicita la presentación de prueba documental y la parte adversa se pronuncia a fs. 387 señalando que como ha declarado en la confesión judicial provocada esa documentación de planillas no existe y por ello no procede la conminatoria de su presentación (…) Por lo que las partes saben que nunca existió esta documentación mal se puede reclamar su presentación si objetivamente no se podrá hacer realidad la misma. En consecuencia al así disponerlo lo hizo con objetividad y primacía de la realidad”.

En este contexto, debe tenerse presente que en el caso de autos no existe prueba ni indicio alguno que lleve al convencimiento procesal de ser evidente la afirmación de que la relación laboral empezó el 1 de febrero de 2010, sino la simple aseveración del demandante, sin respaldo legal o material alguno, la que no puede ser suficiente para el reconocimiento de derechos a una de las partes en perjuicio de la otra, desvirtuando el principio de inversión de la prueba en la materia, que no es absoluta al grado que conlleve, por el juzgador, al reconocimiento de hechos, circunstancias y derechos sin más base que el petitorio del trabajador que, por principio está en el deber procesal de mostrar su legitimidad en base a pruebas o indicios cuando menos, que lleven al juzgador al reconocimiento de lo pretendido, en el marco de la ley; así lo establecen los arts. 66 y 150 del adjetivo laboral en su parte in fine al que señalan como salvedad que: “…sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente.” Es decir, que no puede interpretarse el principio referido como absoluto, pues en resguardo de su interés, el trabajador se encuentra en la obligación de contribuir al establecimiento de un criterio de verdad, que no lo expresó el recurrente, por lo que no es evidente la acusación señalada.

En mérito a lo expresado se concluye que, al no ser evidentes las infracciones acusadas en el recurso, el auto de vista se ajusta a las normas legales en vigencia, correspondiendo en consecuencia resolver de acuerdo a lo establecido por los arts. 271.2) y 273, del Código de Procedimiento Civil, aplicables al caso con la permisión contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADOS los recursos deducidos de fs. 492 a 496, y de fs. 500 a 502. Sin costas por ser ambas partes recurrentes.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.