SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 67/2016.

Sucre, 14 de marzo de 2016. 

Expediente: LP.99/2007.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 308 a 310, interpuesto por la empresa Sinchi Wayra S.A. antes Compañía Minera del Sur S.A. (COMSUR S.A.), representada por Jorge Szasz Pianta, contra el Auto de Vista Nº 265/06 de 29 de noviembre de 2006 cursante de fs. 285 a 286, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso contencioso tributario que sigue la empresa recurrente contra el Administrador Regional de Impuestos Internos, la respuesta de fs. 313 a 315, el dictamen de fs. 319 a 320, la Sentencia Constitucional Nº 2097/2010-R de 10 de noviembre de 2010, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso, la Juez Primero Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 23/2005 el 30 de julio de 2005 cursante de fs. 228 a 239, declarando probada en parte la demanda de fs. 120 a 123 interpuesta por Xavier Gonzáles Yutronic, en representación legal de la Compañía Minera del Sur S.A. COMSUR, contra el (Administrador Regional de Impuestos internos) Gerente de Grandes Contribuyentes de La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, impugnando la Resolución Determinativa Nº 003/99 de 24 de marzo de 1999 de fs. 9556 a 9560 (anexo Nº 11), por consiguiente dispone modificar la Resolución Administrativa a Bs.1.015.867.- más accesorios que serán liquidados al momento del pago. Asimismo se mantiene la sanción impuesta por el sujeto activo.

Que por memorial de explicación y complementación presentado por el personero legal de la empresa demandante, se dictó el Auto Complementario de 8 de septiembre de 2005 de fs. 245, no dando lugar a lo solicitado.

En grado de apelación, a instancia de ambas partes, por Auto de Vista Nº 265/06 de 29 de noviembre de 2006 cursante de fs. 285 a 286, la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, revocó la Sentencia Nº 23/2005 de 30 de julio de 2005, así como el Auto de Complementación de fs. 245 y, deliberando en el fondo declaró improbada la demanda disponiendo mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 003/99.

En virtud de lo anterior, la empresa demandante interpuso recurso de casación, el que fue resuelto por Auto Supremo Nº 825 de 29 de noviembre de 2007, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, como emergencia de la interposición de una acción de Amparo Constitucional por la empresa demandante, a través de la Sentencia Constitucional Nº 2097/2010-R de 10 de noviembre, pronunciada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, se concedió la tutela solicitada dejando sin efecto el Auto Supremo referido.

Por lo precedentemente relacionado, este Supremo Tribunal de Justicia para emitir nueva resolución, pasa a examinar los antecedentes del recurso de casación de fs. 308 a 310 deducido por la empresa demandante:

Acusó que el auto de vista impugnado no observó el principio de especialidad consagrado en el art. 1 de la Ley de Organización Judicial (LOJ) y art. 2 del Código Tributario, lo que derivó en infracción de disposiciones legales, así como la vulneración de las formas esenciales del proceso, porque la sentencia incurrió en confusión de conceptos o rubros de facturas observadas y reparadas incluyendo en la misma conceptos y montos que no constituyen materia de la litis, dejando de considerar otros conceptos que forman parte de la relación jurídico procesal, por lo que los montos consignados en el fallo no coinciden con el detalle de observaciones y reparos de los fiscalizadores haciendo constar que el mismo asciende a Bs.1.015.867.-, sin embargo el mismo no se sabe como ha sido determinado ni a que conceptos de reparos corresponde.

Que la Administración Tributaria impugnó la sentencia solo sobre algunos reparos y no así sobre otros, por lo que formuló una segunda apelación que complemento a la primera, lo que resulta ilegal al no cumplir el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), correspondiendo la nulidad y rechazo de los mismos, al haber sido concedido simple y llanamente la ilegal apelación.

Asimismo acusó que el auto de vista, es incompleto y simplista en sus consideraciones, sin responder a todos los extremos tributarios ligados en el proceso, sino solo considera tres rubros y no toma en cuenta el detalle de la mayor parte de los reparos determinados por la fiscalización, vulnerando e infringiendo los arts. 190 y 252 del CPC.

En el fondo, denuncia que el auto de vista ha vulnerado el principio de pertinencia, ya que la apelación presentada se ha circunscrito a considerar tres aspectos que son: servicio médico, medicamentos o lactancia, pulpería y activos fijos, que también figuran en la parte resolutiva del auto de vista, sin embargo se declaró improbada la demanda en todas sus partes, violando el art. 236 del CPC, por la contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, con infracción del art. 190 de la citada norma, toda vez que el tribunal de alzada tiene la obligación de apreciar y valorar las pruebas documentales aportadas por ambas partes, lo que no sucedió, contraviniendo el art. 397.I y II del CPC.

Concluyó solicitando se case o anule el auto de vista y, deliberando en el fondo declare probada la demanda, sea con las formalidades que correspondan.

CONSIDERANDO II: Que, así expuesto los fundamentos del recurso de casación, los antecedentes del proceso, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

Que, con carácter previo a resolver el recurso de casación planteado, corresponde tener presente que en ejercicio de la facultad conferida en el art. 17 de la LOJ, este Tribunal tiene la facultad de revisar de oficio los antecedentes del proceso, a objeto de verificar el cumplimiento de los plazos y leyes que regulan su correcta tramitación y conclusión, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, la nulidad de oficio, conforme establece el art. 252 del CPC.

Asimismo, se debe tener presente que, toda resolución judicial debe constituir una unidad jurídica lógica y las apreciaciones de la parte considerativa no deben ser contradictorias, por lo que enfáticamente se demuestra que la parte resolutiva emerge como resultado coherente de los enunciados previos, que entre otras cosas, debe cumplir con el principio de congruencia, es decir, que debe ceñirse a lo pedido por las partes en el proceso y que, salvo expresa autorización de la ley, no puede contener más de lo pedido (ultra petita), ni debe dejar sin analizar y sin resolver ninguna pretensión sostenida por las partes (citra petita).

En ese contexto, el art. 236 del CPC, señala que "...el auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación a la que se refiere el artículo 227, excepto lo dispuesto en la parte final del artículo 343.", por lo que el tribunal ad quem, se constituye en la instancia de segundo grado que tiene como finalidad conocer los recursos de apelación, por el que las partes exponen sus agravios en la búsqueda de que el superior en grado enmiende conforme a derecho la resolución dictada por el juez a quo, en cumplimiento a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la sentencia y la expresión de agravios del recurso, adecuando su decisión a las formas de resolución previstas en el art. 237 del mismo cuerpo legal.

Que la motivación de las resoluciones judiciales se constituyen en un deber jurídico que hace al debido proceso, esto implica que todo impartidor de justicia que al resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma.

En ese contexto, la resolución de la litis debe contener la debida y suficiente fundamentación de los fallos ya que supone exponer que no sólo es el razonamiento, sino respaldar el mismo con las normas jurídicas tanto sustantivas como adjetivas que sean aplicables al caso, esto implica la obligación para que el juzgador absuelva todos los reclamos sometidos a su consideración, de modo tal que le permita al apelante, impugnar la decisión en esos puntos, pues privarle de ellos significaría que se vulnera el derecho al debido proceso consagrado y protegido por los arts. 115 y 119.I de la Constitución Política del Estado (2009) y art. 16 de la Constitución Política del Estado (1967), así la Sentencia Constitucional Nº 2023/2010-R de 9 de noviembre, resume en forma precisa los razonamientos doctrinales asumidos sobre el particular, señalando: "La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.(...) cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas".

Cumpliendo la obligación procesal de las normas citadas precedentemente y haciendo un análisis minucioso del proceso, se evidencia que el tribunal ad quem no se ha pronunciado con la debida motivación y fundamentación que amerita el auto de vista, donde debió observar el cumplimiento de normas de orden público y pronunciamiento expreso obviados por la sentencia, respecto a los puntos demandados y no simplemente limitarse a señalar de manera escueta que: “de la revisión de antecedentes así como el informe del Auditor de la Salas Sociales, se llega a establecer que el sujeto pasivo al interponer la demanda Contenciosa Tributaria referidos a los reparos por los que se ha establecido los adeudos al fisco y el aporte en la etapa de probanzas de documentación relativa al certificado de la CNS, Asociación Nacional de Mineros Medianos y otros que pretenden justificar sus adeudos, que para el caso que nos ocupa resultan ser irrelevantes en razón de existir normas legales claras y concretas, las mismas que ninguna autoridad puede desconocer bajo alternativa de alterar el orden de juricidad vigente…”, de lo manifestado se evidencia que el fundamento expuesto refiere de manera genérica y sin motivación alguna a la norma adjetiva aplicable; asimismo no se considera de manera fundamentada y coherente los argumentos del recurso de apelación parcial expuestos por el demandante, relativos a la presunta nulidad y falta de motivación de la sentencia, avocándose a resolver solo uno de los dos recursos de apelación presentados por las partes, olvidando el tribunal de apelación, su deber de exponer sus razones debidamente respaldadas, respecto a los reclamos efectuados por el demandante, por lo que se evidencia que el tribunal ad quem al no haberse pronunciado ni observado los reclamos efectuados, no se ha percatado de las falencias de la sentencia y por el contrario sin mayor valoración ni consideración de la prueba presentada determina mantener los cargos a la empresa.

Ahora bien, también se omite en el auto de vista impugnado, pronunciamiento expreso, motivado, claro y específico, respecto a las facturas observadas, así como a los gastos y atención médica, medicamentos, gasolina, diesel, cuotas, aportes, gastos y adquisiciones administrativas; de la misma forma, no se pronuncia respecto a la calificación del hecho como fue la defraudación, si esta es o no correcta, y si corresponde su aplicación en el caso de autos, ya que en resguardo de las garantías constitucionales como son la presunción de inocencia, derecho al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica, se debe considerar que al verificarse la existencia de indicios de la comisión de un ilícito tributario, se debe remitir antecedentes al Ministerio Público, que es el órgano encargado de dilucidar en proceso penal si evidentemente el delito existe o no, y no así la Administración Tributaria determinar de manera directa la sanción; aspecto que al haber sido prescindido evidentemente vulnera derechos del contribuyente. En ese entendido se concluye que la medida asumida por el tribunal ad quem, en sentido de revocar la sentencia y mantener firme y subsistente la Resolución Administrativa, el tribunal ad quem ha actuado de manera excesiva e inobservando la normativa legal que regula la materia, aplicable al caso de autos, incurriendo en vulneración de los arts. 190, 192 y 236 del CPC, normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio conforme instituye el art. 90 del CPC, cuya omisión importa la nulidad de oficio, impidiendo que la competencia de este Tribunal se abra, toda vez que no existe pronunciamiento sobre cada uno de los conceptos reclamados y demandados por la parte recurrente.

Por lo anotado y en el marco legal descrito, al haberse vulnerado el derecho de las partes a obtener de los jueces de instancia, una determinación clara y precisa sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas, sabida que fuere la verdad por las pruebas del proceso, en consecuencia, por lo verificado es justo y conforme a derecho dar respuesta a los agravios demandados y planteados, correspondiendo enmendar el error y dar aplicación a las previsiones de los arts. 271.3), 252 y 275 del CPC aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en los arts. 214 y 297.II de la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta fs. 284 vta. inclusive, disponiendo que el Tribunal de Alzada bajo responsabilidad administrativa, sin espera de turno para sorteo, ni dilación alguna, pronuncie nuevo auto de vista, resolviendo con pertinencia, motivación y exhaustividad todos los puntos controvertidos sometidos a su conocimiento, en sujeción a lo dispuesto por los arts. 190 y 192 del CPC.

Se impone multa de un día de haber a los vocales firmantes del auto de vista.

Remítase copia de la presente decisión al Consejo de la Magistratura en cumpliendo a lo previsto por el art. 17.IV de la LOJ.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.