SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 65/2016.

Sucre, 14 de marzo de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.259/2015.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 84 a 87, interpuesto por el Servicio Nacional de Sistema de Reparto (SENASIR) representado por Wilmer Sanjinez Lineo, contra el Auto de Vista Nº 217/2014 de 01 de octubre de 2014 de fs. 80 a 81, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso de reclamación, que sigue Henry Teddy Arancibia Dávila contra la institución recurrente, el auto de fs. 91 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso administrativo, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 2783 de 10 de abril de 2013 de fs. 35, determino otorgar a favor de Henry Teddy Arancibia Dávila, el formulario de cálculo de Compensación de Cotizaciones número 21,498, en el cual se considera un monto de compensación de cotizaciones de Bs.11.424.- (once mil cuatrocientos veinticuatro 00/100 bolivianos), que previa aceptación es válido para la emisión del Certificado de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual.

Interpuesto el recurso de reclamación de fs. 48 por Henry Teddy Arancibia Dávila, la Comisión de Reclamación del SENASIR, pronunció la Resolución Nº 00438/13 de 25 de junio de 2013 de fs. 61 a 64, confirmando la Resolución Nº 2783 de 10 de abril de 2013 de fs. 35, dictada por la Comisión de Calificación de Rentas por encontrarse resuelta conforme las disposiciones que rigen la materia.

Posteriormente, Henry Teddy Arancibia Dávila interpuso recurso de apelación mediante nota de fs. 70, resuelto mediante Auto de Vista Nº 217/2014 de 01 de octubre de 2014 de fs. 80 a 81 por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental del Distrito Judicial de Cochabamba, que revocó la Resolución Nº 00438/13 de 25 de junio de 2013 de fs. 61 a 64, disponiendo que el SENASIR incluya en el cálculo de Compensación de Cotizaciones del asegurado, los periodos de 01 de enero de 1982 al 31 de diciembre de 1984 y del 15 de abril de 1993 al 05 de julio de 1993, conforme los fundamentos expuestos y la documentación referida.

El fallo mencionado, motivó el recurso de casación de fs. 84 a 87, interpuesto por el SENASIR representado por Wilmer Sanjinez Lineo, bajo los siguientes argumentos:

Acusó que el auto de vista sustenta su fundamento vulnerando lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 498 de fecha 07 de septiembre de 2005, y Resoluciones Administrativas Nos. 0774 de 20 de octubre de 1999 y 618 de 06 de noviembre de 2001, no procediendo la aplicación de los arts. 13 a 18 del Decreto Supremo (DS)  Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, para los periodos que comprenden dichos estudios actuariales; además que en los referidos estudios matemáticos actuariales del Banco Ganadero e Industrial del Beni S.A., no se contempla a la regional Cochabamba.

Que, el auto de vista sobrentiende que se realizaron las cotizaciones respectivas, al existir relación laboral entre el asegurado y el Banco Potosí S.A., conjetura que no se adecúa a la correcta valoración de la documentación, más aun si se advierte que para la banca privada se tiene un procedimiento específico que es el Estudio Matemático Actuarial (EMA) y si dicho estudio no le reconoce los periodos recurridos, se podrá evidenciar claramente que mucho menos se realizó la transferencia de los fondos de la Banca Privada al Fondo de Pensiones, por ende el Estado no puede asumir deudas, que en su momento no se hayan cancelado, aclarando además que el SENASIR no es el ente que realiza el estudio matemático actuarial.

Que, las certificaciones de aportes a largo plazo se realizan en base a los Estudios Matemáticos Actuariales a nivel nacional de conformidad a la Resolución Administrativa Nº 213/11 de 26 de octubre de 2011, que si bien, la Resolución Administrativa Nº 774 de 20 de octubre de 1999, dispone que la calificación de prestaciones jubilatorias del sector de la banca privada debe hacerse en base a dicho estudio, no obstante de ello en forma posterior a estos dos últimas resoluciones se promulgó el DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, por lo que no es aplicable el art. 14 de dicho decreto.

Que según informe técnico Henry Teddy Arancibia Dávila se le otorgo el monto de Bs.11.424,00.- que está calculado en base a los salarios con mantenimiento de valor, respecto al dólar, vigente a la fecha de aprobación del formulario de cálculo y que según, certificación de salarios y densidad de años de aporte de fs. 34, se evidencia claramente el aporte para el seguro de invalidez, vejez y muerte, que el Banco Potosí S.A. certifica según el EMA reconociéndole hasta diciembre de 1981, en aplicación de la RA Nº 213/11 de fecha 26 de octubre de 2011 numeral 21 inc. a), por lo que los periodos posteriores de enero de 1982 a diciembre de 1984 no se certifica ni se aplica normativa, es así que de la empresa minera recuperada, revisada nuevamente la documentación con la que cuenta el archivo básico y complementario se verifica que no existen planillas de los periodos mencionados, por lo que al ser el único documento que sirve para certificar aportes de estos periodos de la banca privada y al tener procedimiento específico y no poder evidenciarse aportes, no se llegan a certificar los mismos.

Que según el Informe Técnico Nº 382/13 de la Comisión de Reclamación de 31 de mayo de 2013, señala que no corresponde dar curso a lo planteado en el recurso de reclamación por el interesado en referencia a la no certificación de periodos de enero de 1982 a diciembre de 1984, debido a que no se encuentran reconocidos en el EMA, como tampoco se puede certificar con planillas existentes en el Área de Certificación, ni aplicar ninguna normativa vigente debido a que estos periodos solo se pueden certificar con el estudio matemático actuarial el que es de responsabilidad de cada entidad bancaria y no así del SENASIR.

Asimismo señala que el art. 14 del DS Nº 27543 solo se aplica a rentas en curso de adquisición y pago dentro del Sistema de Reparto, y debe tomarse en cuenta la fecha de publicación de dicho decreto, que el inicio del trámite es del 13 de febrero de 2012 por lo cual la documentación presentada no cumple con el presupuesto anteriormente señalado, que el art. 18 de dicha disposición establece las modalidades de certificación para fines de compensación de cotizaciones por procedimiento manual se utilizaran las establecidas en los arts. 13, 16 y 17 del decreto supremo, por lo que no es aplicable el art. 14.

Concluyó solicitando se case el auto de vista impugnado y se confirme la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 0438/13 de 25 de junio de 2013 y la Resolución de la Comisión de Calificación de Rentas Nº 2783 de fs. 35 emitidos por el SENASIR.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

En relación a los agravios acusados se puede establecer que el objeto de la litis versa en determinar si le corresponde o no al asegurado el cálculo de Compensación de Cotizaciones, de los periodos de 01 de enero de 1982 al 31 de diciembre de 1984 y del 15 de abril de 1993 al 05 de julio de 1993, toda vez que el Informe Técnico Nº 382/13 de la Comisión de Reclamación de 31 de mayo de 2013, no da curso a lo planteado en el recurso de reclamación por el interesado debido a que dichos periodos no se encuentran reconocidos en el Estudio Matemático Actuarial, como tampoco se puede certificar con planillas existentes en el Área de Certificación, ni aplicar ninguna normativa vigente debido a que estos periodos solo se pueden certificar con el EMA, el que es de responsabilidad de cada entidad bancaria, por lo que no es aplicable el art. 14 del DS Nº 27543 que solo se aplicaría a rentas en curso de adquisición y pago dentro del Sistema de Reparto, debiendo tomarse en cuenta la fecha de publicación de dicho decreto.

Al respecto cabe señalar que, de la revisión de obrados cursante en el expediente, documentación aportada oportunamente por el asegurado en el curso del trámite administrativo como el finiquito de beneficios sociales, que establece como fecha de ingreso 1 de diciembre de 1977 y fecha de retiro 31 de diciembre de 1984, correspondiente al trabajo prestado en el Banco Potosí S.A., el certificado de trabajo y aportes realizados al ex BPO y otros documentos, por lo que se colige que evidentemente hubo relación laboral entre el asegurado y las institución bancaria señalada y lógicamente se debe sobrentender que se hicieron las cotizaciones respectivas.

Ahora bien, lo señalado condice con lo previsto en el art. 14 del DS N° 27543 de fecha 31 de mayo de 2004, que bajo el nomen juris de utilización de documentos que cursan en el expediente establece que: “En caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos elegibles para este propósito serán uno o más de los siguientes: a) Finiquitos,…,c) Boletas de pago o planillas de haberes,…,…”, esta normativa confiere la posibilidad que las certificaciones de las cotizaciones se realicen con documentos supletorios, como se dio en el caso de autos, que si bien no se puede certificar con planillas existentes en el Área de Certificación o Estudios Matemáticos Actuariales -pero si complementarios- que consignen los aportes del asegurado, esta deficiencia fue suplida por la documentación cursante en el expediente del asegurado, que no fue debidamente valorada en las instancias administrativas del SENASIR.

En ese contexto, respecto a que el tribunal de alzada, no consideró correctamente la Resolución Administrativa Nº 0774/99 de 20 de octubre de 1999, la Resolución Ministerial Nº 498 de 7 de septiembre de 2005 entre otros; cabe señalar, que si bien dichas Resoluciones, conforme señala el auto de vista impugnado previeron ciertos parámetros para la calificación de las prestaciones jubilatorias y certificaciones de aportes del sector de la Banca Privada en base a los EMA y sus complementarios, sin embargo, como ya fue manifestado supra el DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, otorgó la posibilidad de que estas certificaciones se las realicen en base a documentación supletoria; así consta que su art. 18 previó: “…Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo…”. A su vez, su art. 16, va más allá, al señalar: “…Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al Artículo 14 del presente Decreto Supremo".

De esta forma y por la normativa citada, de la revisión de obrados se advierte que conforme a la documentación presentada por el asegurado de manera oportuna, el tribunal ad quem dispuso correctamente se incluya en el cálculo de Compensación de Cotizaciones del asegurado, los periodos reclamados.

Asimismo, conforme la abundante jurisprudencia sentada por este Tribunal, y lo dispuesto en los arts. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), el principio de verdad material debe prevalecer en la jurisdicción ordinaria, lo que es extensible también a los trámites administrativos, con el objetivo de esclarecer de la manera más precisa lo ocurrido en la realidad, los hechos y circunstancias tal como ocurrieron, que permitan sentar la verdad como realmente es y no como se pretende hacerla ver. De tal forma en la especie, resulta innegable por la documentación aportada, que el asegurado aportó cotizaciones que deben ser consideradas por el SENASIR para un nuevo cálculo tomando en cuenta los periodos de 01 de enero de 1982 al 31 de diciembre de 1984 y del 15 de abril de 1993 al 05 de julio de 1993.

En ese contexto a lo manifestado debe agregarse, que conforme a lo dispuesto por el art. 45.I de la CPE, todos los bolivianos tienen derecho al acceso a la seguridad social; el parágrafo II del mismo artículo prescribe que los principios del sistema de seguridad social, entre otros, son el de universalidad, equidad, oportunidad y eficacia; por su parte le parágrafo III reconoce la cobertura de vejez (jubilación) como una de las atendidas por el régimen de seguridad social; finalmente el parágrafo IV establece que el Estado garantiza el derecho a la jubilación; consecuentemente, la jubilación al ser un derecho constitucional garantizado plenamente por el Estado, goza de protección tutelar por parte de los tribunales y jueces, el acceso a la jubilación y el descanso del trabajador por vejez es una situación que el estado tiene que promover y proteger a través de sus instituciones, en esta razón en la especie, ante la inadvertencia de estos preceptos por parte del SENASIR corresponde a las autoridades jurisdiccionales hacer cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes.

Por todo lo expuesto, se concluye que el auto de vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, por lo que corresponde resolver conforme prescribe el art. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 84 a 87.

Sin costas conforme al art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.