SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 60/2016.

Sucre, 14 de marzo de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-PDO.254/2015.

Distrito: Pando.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación o nulidad de fs. 50, interpuesto por Julio Miguel Da Silva Becerra, contra el Auto de Vista Nº 88/15 de 15 de junio de 2015, cursante de fs. 46 a 47, pronunciado por la Sala Civil, Social de Familia, de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso social de pago de beneficios sociales seguido por Angélica Ayala Macabapi contra el recurrente, el responde de fs. 56 a 57, el Auto de fs. 58 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso social de beneficios sociales, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Cobija Pando, pronunció la Sentencia N° 65 015 de 29 de abril de 2015 (fs. 24 a 26), declarando probada en parte la demanda, cursante de fs. 2 a 4 de obrados, con costas, a cuyo efecto el demandado debe cancelar al actor la suma de Bs.16.925.-, por concepto de desahucio, indemnización, subsidio de frontera, incremento salarial, salario devengado y más la multa del 30%.

En grado de apelación, deducido por el demandado (fs. 33), la contestación al recurso de apelación (fs. 36), la ratificación al responde de apelación de fs. 41, la Sala Civil, Social de Familia de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, pronunció el Auto de Vista Nº 88/15 de 15 de junio de 2015 (fs. 46 a 47), confirmando en parte la Sentencia N° 65 015 de 29 de abril del 2015 de fs. 24 a 26, a cuyo efecto el demandado debe cancelar la suma modificada de Bs.11.082.-, por concepto de indemnización, subsidio de frontera, incremento salarial, salario devengado, más la multa del 30%.

La resolución de apelación motivó el recurso de casación o nulidad de fs. 50, interpuesto por Julio Miguel Da Silva Becerra, quien en lo fundamental sostiene:

Que, encontrándose en tiempo hábil, plantea recurso de casación con la siguiente fundamentación:

Refiere que, el auto de vista realizó incorrecta aplicación del art. 9.I y II del DS Nº 28699; al referir que, en caso de producirse el retiro voluntario de la trabajadora, el empleador debe cancelar la indemnización por tiempo de servicios y derechos laborales que corresponden al plazo de quince días calendario; y, en caso de incumplimiento se pagará la multa del 30% del monto total a cancelar en beneficio de la trabajadora o del trabajador, siendo que la norma de forma textual refiere que: “en caso de producirse el despido del trabajador, el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince días calendario (…)”; sin hacer referencia a que también existe un plazo impostergable en caso de renuncia voluntaria por parte del trabajador; es decir que, existe una omisión en la normativa cuando la ruptura de la relación laboral se produce por renuncia del trabajador; por tanto, cuando es el trabajador quien renuncia, no corresponde el pago de la multa del 30% sobre el monto total en favor de la trabajadora o trabajador.

Concluye solicitando que, se case el auto de vista impugnado y se revoque parcialmente el auto de vista recurrido, determinando que no corresponde el pago de la multa del 30% por no existir despido.

CONSIDERANDO II: Que, de la lectura del memorial del recurso de casación, se puede establecer que, la controversia central traída en el caso de análisis está sustentada sobre la procedencia de la cancelación del pago de la multa del 30%.

En cuanto al pago de la multa el recurrente manifiesta que no corresponde su aplicación porque no dio aviso al empleador cuando voluntariamente dejo su fuente laboral. En ese contexto, revisados los antecedentes procesales, se advierte que la controversia en el caso que se analiza, radica en determinar si corresponde o no el pago de la multa del 30%, cuando la actora se alejó de forma voluntaria, aspecto que fue concedido en Sentencia y ratificado por el tribunal ad quem.

Es así que, en virtud a los principios protectivos del trabajador que rigen en materia laboral, el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en uso de su facultades y atribuciones conferidas por ley, emitió la Resolución Ministerial Nº 447 de 8 de julio de 2009, estableciendo que la multa del 30%, también procede en los casos de retiro voluntario, disponiendo para ello en su art. 1.I: “Se considera retiro voluntario la manifestación escrita o verbal de la trabajadora y el trabajador de concluir la relación laboral sin importar el motivo de la misma. II. En caso de producirse el retiro voluntario de la trabajadora o trabajador, luego de haber cumplido más de 90 días de trabajo, el empleador deberá cancelar la indemnización por el tiempo de servicios y los derechos laborales que corresponda en el plazo de 15 días calendario a partir de la conclusión de la relación laboral. III. En caso que el empleador incumpla la obligación de pagar la indemnización en el plazo establecido en el parágrafo II del presente artículo, pagará el monto establecido, incluyendo los derechos laborales que correspondan, debidamente actualizado en base a la variación de la Unidad de fomento a la Vivienda-UFVs, más la multa del 30% del monto total a cancelar en beneficio de la trabajadora o del trabajador”.

Ante ello, el empleador en cumplimiento de lo que la ley le ordena, debió tomar los recaudos necesarios para efectivizar el pago de los beneficios sociales y derechos laborales adeudados, más allá de ser un retiro forzoso, indirecto o voluntario, en resguardo del derecho que asiste al trabajador de percibir de forma oportuna el pago por su trabajo, garantizando de esta manera su subsistencia y la de su familia; en efecto, si el empleador pretendía la evitar la multa, estaba obligada a efectuar dicho pago en calidad de depósito y/o fondos en custodia por ante el Ministerio de Trabajo, con la debida comunicación a dicha instancia de las observaciones que considere necesarias, salvaguardando con ello, posibles acciones dilatorias que tiendan a la obtención de un beneficio indebido, como la multa del 30% por parte del trabajador; resguardando de tal forma, el equilibrio necesario entre empleador y trabajador; toda vez que, al dar cumplimiento al amparo que la ley otorga al pago oportuno de lo adeudado al trabajador, a la vez también la ley precautela los derechos del empleador, siendo este quien debe hacer uso de ellos.

En mérito a ello se concluye que, para la procedencia del pago de la multa del 30%, no es relevante que la trabajadora o el trabajador haya sido despedido o se haya retirado de manera voluntaria, puesto que la previsión legal sanciona el incumplimiento del plazo de los 15 días establecidos en la ley para cancelar el pago de los beneficios sociales y, siendo así, independientemente a la causal de la desvinculación, el demandado deberá cancelar la multa de referencia por el no pago oportuno de los derechos laborales. Por lo que, se advierte que el tribunal de alzada en el punto cuestionado como vulnerado, aplicó correctamente la ley, respondiendo a la verdad de los hechos suscitados, sin que sea cierta la infracción acusada por el recurrente; toda vez que, en materia laboral los juzgadores no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba, teniendo la facultad de formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la misma y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, conforme dispone el art. 158 del Código Procesal del Trabajo, en relación con el art. 3.j) del mismo cuerpo legal.

Que, en ese marco legal, se concluye, el auto de vista impugnado, se ajusta a las normas legales en vigencia, por consiguiente, corresponde resolver en la forma prevista por los artículos 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 50.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.