SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 52/2016-I.

Sucre, 6 de abril de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.94/2016.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 132 a 133, interpuesto por Juan José Abraham Chávez y Jimena Rosario Rivera Lozada, contra Auto de Vista Nº 02/2015 de 12 de enero, cursante de fs. 129 a 130 de obrados, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral que siguen los recurrentes contra Romer Vargas Arroyo, el auto de fs. 140 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL CASO.

I.1 Sentencia.

Que, tramitado el proceso laboral conforme a procedimiento, el Juez Primero del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 785/2013 de 26 de noviembre, cursante de fs. 110 a 112 de obrados, declarando probada parcialmente los derechos demandados con costas, ordenando que el demandado Romer Vargas Arroyo, pague a tercer día de su notificación los beneficios sociales a: Juan José Abraham Chávez, la suma de Bs.7.490,72.- (siete mil cuatrocientos noventa 72/100 bolivianos) por desahucio, indemnización, aguinaldo, sueldo devengado, vacación y la multa del 30%, previsto por el parágrafo II del art. 9 del DS Nº 28699.

A Jimena Rosario Rivera Lozada, la suma de Bs.9.603,86.- (nueve mil seiscientos tres 86/100 bolivianos) por desahucio, indemnización, aguinaldo, vacación, sueldo devengado, más la multa de 30% previsto por el art. 9.II del DS Nº 28699.

I.2 Auto de Vista.

La mencionada Sentencia, originó que los demandantes formulen recurso de apelación, por memorial de fs. 115 a 116 y también el demandado por escrito de fs. 117 a 118 de obrados, previos los trámite de ley, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 002 de 12 de enero de 2015, confirmó en todas sus partes la Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Sin costas.

Notificados los demandantes con el referido auto de vista, en fecha 25 de febrero de 2015, plantearon el recurso de casación en el fondo que es objeto de análisis.

I.3 Recurso de Casación.

Los recurrentes señalan que no fueron pasantes del Estudio Jurídico del demandado, sino que tuvieron un contrato verbal, porque no son estudiantes de ninguna Universidad, mucho menos de la carrera de derecho, que el demandado presentó prueba testifical de sus empleados y por lo tanto condicionados a que declaren a su favor, de lo contrario serían despedidos. De igual manera, la supuesta prueba de denuncia ante la FELC, que no llegó ni siquiera a investigaciones preliminares, menos a una imputación sobre el supuesto delito de abuso de confianza, no tiene valor legal porque no fueron declarados culpables por sentencia. Pero que el juez valoró en contra vulnerando el principio de inocencia, porque les bajó el salario establecido al salario mínimo nacional, violando los principios de objetividad y de primacía de la realidad, tampoco tomó en cuenta que existió horario de trabajo, y además horas extras. Que no aplicó el principio in dubio pro operario, que establece, en caso de duda en la aplicación de una norma, se aplica la más favorable al trabajador.

Que conforme al principio de inversión de la prueba, el demandado no probó con documentos y pruebas idóneas que son estudiantes, que por el principio de razonabilidad se tome en cuenta que es imposible que un estudiante realice prácticas por un año, cinco meses y 21 días.

I.3.1 Petición.

Los recurrentes concluyeron señalando que al amparo del art. 210 del Código Procesal de Trabajo (CPT), presentan recurso de casación en el fondo contra la sentencia y el auto de vista, solicitando que se case la sentencia parcial y el auto de vista, ordenando que se pague sus beneficios según la liquidación que elaboró la inspectora del trabajo.

I.4 Respuesta al recurso de casación.

No hubo respuesta al recurso de casación.

CONSIDERANDO II:

REQUISITOS QUE HACEN A LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN.

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley, conforme la disposición contenida en el art. 270 y siguientes del Código Procesal Civil.

En ese marco, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de tal manera que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material sea efectivamente aplicada por igual; labor que se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.

En ese orden, el recurso de casación se equipara a una nueva demanda de puro derecho, que debe contener los requisitos enumerados en el art. 258 del Código de Procedimiento Civil y 274 del Código Procesal Civil, debiendo fundamentarse por separado de manera precisa, clara y concreta las causas que motivan la casación en la forma, en el fondo o en ambos, no siendo suficiente realizar la relación de hechos intrascendentes, sino que los agravios deben exteriorizarse de manera clara y precisa sobre cuáles son las disposiciones legales infringidas, demostrando en qué consiste la infracción que se acusa y es reclamada, describiendo cómo se incurrió en ella y cuál la probable solución en la que debió resolver el tribunal de alzada.

En ese sentido, los recurrentes deberán tener en cuenta, que el recurso de casación en el fondo, tiene por objetivo modificar el contenido de un Auto Definitivo, Sentencia o Auto de Vista, basado en que los jueces o tribunales de instancia a tiempo de emitir las referidas resoluciones hubiesen incurrido en errores in judicando, aspectos que de manera inexcusable deberán ser exteriorizados y fundamentados a través de todos o uno de los presupuestos contenidos en el art. 253 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el párrafo I del art. 271 del nuevo Código Procesal Civil en vigencia.

Además de lo expuesto, los recurrentes deben observar la exigencia de la cita clara, concreta y precisa de la ley o leyes violadas o aplicadas erróneamente, así como señalar si incurrieron en error de hecho o de derecho, para luego concluir con una petición clara y congruente con los intereses demandados o reclamados y las normativas acusadas como transgredidas, dando cumplimiento a la exigencia prevista por el legislador, de este modo se apertura la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, evitando y cuidando a la vez que los tribunales de instancia no incurran en arbitrariedad alguna en el trámite del proceso.

II. 1 FUNDAMENTO DEL CUMPLIMIENTO Y/O INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES.

De lo expuesto, se advierte con claridad que el recurso de casación en el fondo, condiciona su admisión a la interposición dentro del plazo previsto por la norma especial, art. 210 del CPT, además del cumplimiento de los requisitos de procedencia ahora de admisibilidad previstos en los arts. 253, con relación al art. 258.2) ambos del Código de Procedimiento Civil de 1975 (vigente a tiempo de la formulación del recurso), concordante con los arts. 271 y 274 del nuevo Código Procesal Civil (en vigencia plena desde el 6 de febrero de 2016), aplicables al caso por mandato del art. 252 del CPT y de la Disposición Transitoria Sexta del Código Procesal Civil (Ley Nº 439).

Ahora bien, del estudio y análisis del recurso de casación en el fondo, interpuesto por Juan José Abraham Chávez y Jimena Rosario Rivera Lozada, se establece que si bien fue presentado dentro del plazo previsto por ley, sin embargo, del contenido del mismo, se advierte que los recurrentes manifestaron que recurrían en el fondo, por lo que correspondía que lo hagan en todos o en alguno de los presupuestos del art. 253 con relación al art. 258 del Código de Procedimiento Civil, precisando de manera clara y concreta con relación al auto de vista, de cómo el tribunal de alzada incurrió en interpretación errónea, aplicación indebida o violación de alguna norma o en su caso si incurrieron en error de derecho o en error de hecho en la valoración de la prueba, especificando qué pruebas, que fojas y cuál sería la valoración correcta en su criterio y cómo afectó la falta de valoración de la prueba en la resolución final, única situación, en que se abre la competencia de éste Tribunal Supremo para realizar el control de legalidad sobre los medios de prueba, por ser esta una atribución exclusiva de los juzgadores públicos de instancia, por tanto incensurable en casación, que conoce el recurso de casación como acción extraordinaria de puro derecho.

Por los fundamentos de hecho y de derecho, se establece que los recurrentes no observaron en absoluto los aspectos formales previstos en las normas legales señaladas supra, a tiempo de interponer el recurso de casación en el fondo, limitándose a realizar una relación de hechos, que se asemeja más a un descontento con el fallo, como base para el recurso de casación en el fondo, ésta inobservancia e incumplimiento de los requisitos formales deviene en la inexistencia objetiva del recurso de casación en el fondo, como sucedió en el caso de autos, porque el mismo adolece totalmente de la técnica jurídica recursiva, lo cual nos lleva a resolver en aplicación del art. 271.I y 272 del Código de Procedimiento Civil y de los arts. 277.I y 220.I.4 del Código Procesal Civil, aplicables a la materia por permisión de la Disposición Transitoria Sexta, aplicados por permisión del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda, con la facultad conferida por el art. 184.1 de la CPE y del art. 42.I.1 de la LOJ, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo de fs. 132 a 133, interpuesto por Juan José Abraham Chávez y Jimena Rosario Rivera Lozada. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.