SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 31/2016.

Sucre, 4 de febrero de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-LP.226/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 227 a 229, interpuesto por Mary Cruz Janet Ordoñez Lima, en representación legal de la Caja Nacional de Salud, contra el Auto de Vista Nº 38/15 de 2 de abril de 2015 cursante de fs. 222 a 223, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso social, seguido por Teddy Salgueiro Valda, contra la Caja Nacional de Salud, la respuesta de fs. 232, el auto de fs. 234 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso social, la Juez Cuarto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 124/2014 de 30 de mayo, de fs. 196 a 201, declarando probada en parte la demanda con relación a la devolución del descuento y probada la excepción perentoria de prescripción con relación a la multa del 30%, disponiendo que la Caja Nacional de Salud, proceda a la devolución a favor del actor, el monto de Bs.2.307,97.-, indebidamente descontado, el cual deberá ser actualizado en UFV´s, ha momento de su pago.

En grado de apelación formulada por ambos sujetos procesales (fs. 203 y 207 a 208 respectivamente, la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 38/15, de 2 de abril de 2015, cursante de fs. 222 a 223, revocó en parte la Sentencia Nº 124/2014 de 30 de mayo y declaró probada la demanda e improbada la excepción perentoria de prescripción, disponiendo que la Caja Nacional de Salud, cancele a favor del actor el monto de Bs.71.177,35.-, por concepto de multa del 30% y por el descuento indebido (diferencia no cancelada).

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 227 a 229, interpuesto por Mary Cruz Janet Ordoñez Lima, en representación legal de la Caja Nacional de Salud, manifestando en síntesis:

Que en el auto de vista recurrido, se olvidó analizar la causal de retiro voluntariado del actor, aduciendo que el demandante tuvo una relación laboral con la institución demandada, desde el 15 de febrero de 1966, hasta el 3 de julio de 2007, siendo el motivo de la desvinculación de manera voluntaria, como consta por la nota de 14 de junio de 2007, ante esta situación, se procedió a elaborar la planilla de pago de beneficios sociales de 13 de julio de 2007, de la cual tuvo conocimiento el demandante, antes de que pasara los 15 días previstos en el Decreto Supremo (DS) Nº 28699.

Ante esta circunstancia, el actor presentó nota aclarando que en ningún momento solicitó su retiro voluntario y el 25 de julio de 2007, se le pagó el desahucio que no correspondía por haberse retirado voluntariamente, anulando los cheques y finiquitos los que se encuentran dentro del plazo establecido por ley.

Agrega que, el actor interrumpió el plazo para el pago de beneficios sociales, con la nota de aclaración aludida, al solicitar además de los beneficios sociales, el pago del desahucio, teniendo a partir de esa fecha la institución demandada, 15 días para cumplir con dicho pago y, del comprobante de contabilidad Nº 2048 firmado por el actor, se puede establecer que se le canceló el 7 de agosto de 2007, es decir, en 13 días, por lo que no corresponde el pago de la multa y devolución del descuento indebido.

Con relación a la devolución del descuento indebido en la cancelación de los derechos laborales del actor, evidentemente, en antecedentes, no se establece el descargo o las razones por las que se habría efectuado el descuento de Bs.2.037,97.-, en el finiquito de fs. 4 como incentivo gestión 1990, ya que el actor, al realizar su liquidación, señaló que la CNS le debe dicho monto por concepto de descuento indebido, pero en ningún momento señala a que concepto corresponde dicho descuento, hecho que se hizo conocer por memorial de fs. 42 a 44, ya que dicho descuento se realizó por incentivo gestión 1990, ilegalmente entregado al trabajador, por no contar con la autorización correspondiente.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justica, case el Auto de Vista Nº 38/15 de 2 de abril de 2015.

CONSIDERANDO II: Que, así interpuesto el recurso de casación, de la revisión de los antecedentes procesales, se establece lo siguiente:

Con respecto a la multa del 30% concedida a favor del actor en el auto de vista recurrido, la cual según la recurrente no corresponde su pago, ya que según afirma, la desvinculación del actor de la institución demandada se produjo de forma voluntaria y el pago de sus beneficios sociales se realizó dentro del plazo previsto por ley, extremo que es rechazado por el demandante quien afirma que nunca solicitó su retiro voluntario, sino que fue despedido de manera intempestiva mediante Memorándum Nº 802 en fecha 3 de julio de 2007, afirmación extraída de la demanda cursante de fs. 5 a 7 de obrados.

En este contexto, respecto a la multa del 30%, el DS Nº 28699 en su art. 9 referente a los despidos establece: I. “En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFV´s, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito. Mientras que el parágrafo II prevé: “En caso que el empleador incumpla su obligación su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento e valor”.

Del análisis efectuado a esta normativa, se puede concluir que el pago de la multa del 30%, es aplicable cuando se produce el despido del trabajador, ante el incumplimiento del plazo de los 15 días previstos para cancelar los beneficios sociales y derechos laborales extremo que sucedió en el caso de autos.

En este sentido, al haberse materializado la desvinculación laboral el 3 de julio de 2007, en plena vigencia del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, como consta a fs. 2 de obrados, la institución demandada tenía la ineludible obligación de cancelar el monto de los conceptos liquidados en el finiquito de fs. 4, en el plazo de los quince días previstos en el art. 9 del decreto supremo aludido, es decir, hasta el 18 de julio de 2007, constando que recién lo hizo el 14 de agosto de 2007, como se evidencia en el finiquito de fs. 4 de obrados; aún en el caso de que el pago de los beneficios sociales se haya hecho efectivo el 7 de agosto de 2007, como afirma el demandante en su recurso de casación (228 vta.), de todas formas lo hizo en forma extemporánea y fuera del plazo previsto por ley, situación que motivó al actor a iniciar la presente acción solicitando el pago de la multa del 30% por el retraso en el pago de sus beneficios sociales.

Por todo lo analizado ut supra, se establece que en el presente caso es procedente la aplicación de la multa del 30% demandada por el actor, como acertadamente, aunque con otro fundamento, determinó el tribunal de segunda instancia, en el auto de vista recurrido.

Referente a la devolución de Bs.2.307,97.-, a favor del actor, descontados indebidamente, los que según la entidad recurrente no corresponde le sean devueltos; ya que este monto habría sido cancelado sin la autorización correspondiente, corresponde manifestar que, este monto descontado en la liquidación de los beneficios sociales concedidos a favor del actor en el finiquito de fs. 4, no es correcto, pues esta no es la vía para hacerlo, puesto que, si la Caja Nacional de Salud, consideró que este pago de Bs.2.307,97.-, cancelado a favor del actor como incentivo gestión 1990, fue cancelado de manera indebida, debió acudir a la vía llamada por ley, razonamiento que encuentra su fundamento en el art. 67 del Código Procesal del Trabajo (CPT), que prescribe: “En los juicios sociales se resolverán las cuestiones propias de la relación de trabajo y no se admitirá la excepción de litis pendencia; en consecuencia, se aclara que las acciones penales, civiles u otras iniciadas contra un trabajador, no suspenden ni enervan la instancia laboral” (el resaltado es de nuestra autoría), en tanto que el art. 162.II de la Constitución Política del Estado de 1967, señala que los derechos y beneficios reconocidos a favor de los trabajadores son irrenunciables, concordante con el art. 4 de la Ley General del Trabajo, mantenido en el art. 48.III de la Constitución Política del Estado vigente.

Consiguientemente y en merito a lo expuesto, no siendo evidente las infracciones acusadas en el recurso, corresponde resolver de acuerdo a lo establecido en los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 227 a 229, interpuesto por Mary Cruz Janet Ordoñez Lima, en representación de la Caja Nacional de Salud.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.