SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 20/2016.

Sucre, 4 de febrero de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.215/2015.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 112 a 114, interpuesto por Roberto Pablo Guzmán Guzmán, contra el Auto de Vista Nº 95 de 24 de marzo de 2015 de fs. 105 a 109, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso de pago de beneficios sociales, que sigue Sandra Jain Morales contra el recurrente, la respuesta de fs. 118 a 119, el auto de fs. 120 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Quinto de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 581 de 16 de septiembre de 2013 cursante de fs. 59 a 62, declarando probada con costas, la demanda de fs. 17 a 19, por haberse probado la relación laboral entre Sandra Jain Morales con Roberto Pablo Guzmán Guzmán, propietario del Bazar Huanuni, en el cargo de vendedora, desde fecha 08 de julio de 2005 hasta fecha 26 de enero de 2012, lo cual constituye un tiempo de servicios prestados de 6 años, 6 meses, y 18 días, percibiendo un salario promedio de Bs.1.500.-, contratada bajo la modalidad de contrato verbal de trabajo por tiempo indefinido, con motivo de extinción de la relación laboral por retiro voluntario. Consiguientemente le corresponde el pago de Bs.92.652,73.- (noventa y dos mil seiscientos cincuenta y dos 73/100 bolivianos) por concepto de indemnización, vacaciones, horas extras, domingos, feriados, bono de antigüedad, aguinaldo doble, subsidio prenatal y devolución de gastos médicos, así como la multa del 30% dispuesta por el art. 9 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, debiendo descontarse las deducciones recibidas a cuenta en la suma de Bs.4.020.-, y que en conformidad del art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE) se ordena al demandado pague a tercero día de ejecutoriada la sentencia a favor de la actora en el monto equivalente a sus derechos y beneficios sociales.

En grado de apelación, interpuesto por el demandado, por Auto de Vista Nº 95 de 24 de marzo de 2015 de fs. 105 a 109, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental del Distrito Judicial de Santa Cruz, revocó en parte la sentencia apelada, con la modificación del pago de vacaciones solo en la suma de Bs.1.500.-, quedando los demás beneficios otorgados en sentencia subsistentes, que deberán cancelarse una vez ejecutoriado los fallos, a tercero día, con la multa y reajuste de acuerdo a ley.

Que el referido auto de vista, motivó el recurso de casación de fs. 112 a 114, interpuesto por Roberto Pablo Guzmán Guzmán, bajo los siguientes argumentos:

Acusó que la sentencia ni el auto de vista no consideraron el retiro voluntario de la actora, toda vez que ésta presentó su carta de renuncia de fs. 1 sin dar el pre aviso de 30 días establecido, por lo que el tribunal ad quem incurrió en violación e interpretación errónea del art. 12 de la Ley General del Trabajo (LGT).

Asimismo respecto al pago de vacaciones el mismo no corresponde en aplicación del art. 120 de la LGT y 33 del Decreto Reglamentario, ya que las mismas no podrán ser acumuladas, salvo acuerdo por escrito, por lo que al disponer el pago de Bs.1.500.- se han violado las disposiciones mencionadas.

Que con relación a las horas extras, este ítem no indica en qué supuestos días se hubieran dado reiterándose en el pago de domingos, feriados que no corresponden por aplicación del art. 120 de la LGT.

Que respecto a los domingos trabajados y feriados, estos no fueron detallados de manera específica por el tribunal ad quem, que no consideró que las organizaciones gremiales cierren los domingos y feriados por que tienen que participar en los desfiles cívicos durante el año, aplicándose indebidamente el art. 55 de la LGT.

Que, no corresponde el bono de antigüedad al prescribir las acciones y derechos a los dos años conforme señala el art. 120 de la LGT, a mas de que la aplicación de la Constitución Política del Estado es para lo venidero.

De igual manera, la sentencia y auto de vista no indica de manera clara y terminante los conceptos, hora de ingreso y salida al trabajo, tiempo hechos y lugares de la prestación de servicios para establecer de manera precisa estos conceptos.

Concluyó solicitando que se case el auto de vista impugnado y deliberando en el fondo, sin lugar al pago de beneficios sociales al imperio del art. 16.d) de la LGT.

CONSIDERANDO II: Que, así expuesto el memorial del recurso de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

Con relación a que el tribunal ad quem no fundamentó, ni específico en el auto de vista de manera clara y precisa, respecto a los conceptos de indemnización, vacaciones, horas extras, domingos, feriados, aguinaldos, y bono de antigüedad por servicios prestados, toda vez que estos hubiesen prescrito conforme el art. 120 de la LGT, por lo que no correspondería su pago a la demandante; al respecto es necesario aclarar que los beneficios y derechos laborales adquiridos por los trabajadores, en el tiempo de servicios prestados, como resarcimiento y reconocimiento al desgaste efectuado en ese tiempo, están reconocidos y protegidos por el art. 48 de la CPE, que establece de manera textual: “I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. IV. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles; es decir, que por mandato constitucional del ordenamiento jurídico boliviano, tal cual señala en parágrafo II en su art. 410, la misma goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa; empero, se aclara que la imprescriptibilidad será tomada a partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009; y toda vez que en el caso de autos la relación laboral de la actora concluyó en la gestión 2012, no corresponde la aplicación de prescripción estipulada en el art. 120 de la LGT, más aun si en obrados no cursa excepción alguna que amerite considerar la prescripción hoy reclamada, por lo que el agravio acusado deviene en infundado.

Ahora bien, respecto a que no le correspondería a la actora el pago de indemnización por retiro voluntario; sobre el particular cabe aclarar que este punto del recurso no fue objeto de análisis por el tribunal ad quem toda vez que el mismo no fue reclamado en el recurso de apelación, por lo que no corresponde hacer mayor abundamiento al respecto. Asimismo, con relación a que los demás beneficios y derechos otorgados a la actora no le corresponderían (vacaciones, horas extras, domingos, feriados, aguinaldos, y bono de antigüedad), el recurrente se limita a mencionarlos de manera general, cuando en el transcurso del proceso no ha cumplido con la carga de la prueba impuesta por el art. 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT), que estipula: “En esta materia corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente”. De donde se infiere a todas luces que, por ser el proceso social una instancia para precautelar los derechos del trabajador, éste puede acreditar las pruebas que creyere pertinente, siendo evidente que la carga de la prueba corresponde al empleador. En la especie, durante el proceso fue demostrada la relación de dependencia y subordinación de la trabajadora, en aplicación del inciso h) del art. 3 y de los arts. 66 y 150, todos ellos del CPT, sobre la base del principio de inversión de la carga de la prueba; es decir, que el empleador se encuentra obligado a desvirtuar las afirmaciones o pruebas presentadas por la demandante, bajo alternativa de presunción de certidumbre, como dispone la parte in fine del art. 160 del mismo cuerpo legal; como consecuencia de lo descrito, se concluye que la actora desarrolló tareas o labores por cuenta ajena, a favor del recurrente, a cambio de una remuneración, como consta en el cuaderno procesal, y que los conceptos demandados de ninguna forma fueron desvirtuadas por el empleador, quien tiene todos los medios de prueba de que pueden valerse las partes en las relaciones laborales, en la dilucidación de sus conflictos, para demostrar en justicia, la existencia de un hecho o de un derecho, es decir, que este puede hacer uso de todos los medios probatorios lícitos y permitidos por ley para probar, enervar, contradecir o acusar de falsa una pretensión planteada durante la instancia probatoria determinada y prevista por ley, lo que en el caso de autos no sucedió, no evidenciándose en consecuencia las vulneraciones acusadas.

De igual manera se debe tener presente que por mandato del art. 48 de la CPE y 4 de la LGT, los derechos y beneficios que la ley reconoce a favor de los trabajadores son irrenunciables siendo nulas las convenciones en contrario que tiendan a burlar sus efectos, es en el alcance de tales preceptos que la legislación laboral vigente, se caracteriza por su orientación proteccionista al trabajador, de donde resulta claro que el objeto del proceso laboral es el reconocimiento de los derechos consignados a favor de éste en la ley substancial, criterio rector con el que imperativamente, los Jueces, deben interpretar las disposiciones procesales laborales y aplicar los principios del derecho laboral, así se halla previsto en los arts. 3 y 59 del CPT. Además, debe tenerse presente que es deber primordial del Estado proteger los derechos de los trabajadores, en cumplimiento a los principios de primacía de la realidad, de proteccionismo, in dubio pro operario e inversión de la prueba, aplicables en materia laboral; y que los trabajadores gozan del derecho fundamental a la materia judicial efectiva, consagrados en el artículo citado en líneas precedentes.

Que, en el marco legal descrito, el tribunal de alzada al emitir el auto de vista recurrido, no incurrió en violación y errónea aplicación de las normas legales que rigen la materia, ni ha interpretado y aplicado indebidamente la ley, acusadas en el recurso de casación, correspondiendo, en consecuencia, aplicar el art. 271.2 y 273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 112 a 114. Con costas.

Se regula honorario profesional para el abogado en la suma de Bs.500,00.- que mandará a pagar el tribunal de alzada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.