SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 18/2016.

Sucre, 4 de febrero de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.213/2015.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 94 a 95, interpuesto por David Añez Ali, en representación legal de BG BOLIVIA CORPORATION SUCURSAL BOLIVIA (BG BOLIVIA), contra el Auto de Vista Nº 446 de 25 de noviembre de 2011, cursante de fs. 88 a 89, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso laboral seguido por la empresa recurrente contra el Inspector del Trabajo Alberto Gonzales Veizaga, el Jefe Departamental del Trabajo Isaac Y. Rivas Pacheco y Karen Marlene Turner Hamel, el auto de fs. 100 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Primero de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Auto Interlocutorio Nº 05 de fecha 07 de enero de 2011 cursante a fs. 61, declarando probada la excepción previa de incompetencia interpuesta por los memoriales de fs. 96, 105 a 108, 116 a 118 y 139 sin costas por doble acción y se inhibe del conocimiento de la presente demanda, debiendo remitir en caso necesario los antecedentes ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

En grado de apelación formulada por el demandante de fs. 78 a 79, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 446 de 25 de noviembre de 2011, cursante de fs. 88 a 89, confirmó en todas sus partes el Auto Interlocutorio Nº 05 de fecha 07 de enero, cursantes a fs. 61 del cuaderno de apelación pronunciado por el Juez Primero del Trabajo y Seguridad Social de la Capital, con costas.

Que contra el auto de vista, la empresa recurrente, BG BOLIVIA CORPORATION SUCURSAL BOLIVIA (BG BOLIVIA) interpuso recurso de casación en el fondo de fs. 94 a 95, quien en síntesis acusó lo siguiente:

1.- Denunció Vulneración de los arts. 90 y 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC) con relación al art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).- En el auto apelado el juzgador de primer grado, como único fundamento de su resolución, citó el art, 4 del CPT afirmó que el ya citado por un juez no podrá ser citado por otro sobre el mismo asunto, razón por la cual declara probada la excepción de incompetencia, este aspecto fue objeto de apelación en el recurso de alzada de fs. 78 a 79 del cuaderno de apelación, aspecto apelado sobre el cual el tribunal de apelación no se pronunció según consta en el auto de vista.

2.- Continuo manifestando que el juez de primera instancia y tribunal ad quem, incurrieron en indebida aplicación del art. 7 del CPC, con relación al art. 252 del CPT.- Al equiparar la Acción de Amparo Constitucional a un proceso ordinario, por lo que dicha acción de amparo no define derechos y no es un proceso en que exista etapa probatoria y doble instancia como también recurso extraordinaria de casación, siendo solo un medio para proteger los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, además se tiene que no se demandó la nulidad de la ilegal sentencia dictada por el tribunal de amparo de fecha 28 de septiembre de 2010, si no la nulidad de la ilegal Resolución Administrativa Nº 070/2010 de 2 de agosto de 2010, dictada por el Jefe Departamental del Trabajo.

3.- Por ultimo denuncio violación del art. 47 del CPT.- manifestando que el tribunal ad quem, declaró que el mandato del art. 47 del CPT es un mero formalismo procesal, evidentemente como el tribunal de alzada indica es un mandato, es decir que debe ser cumplido por el juzgador, razón por la cual al declararse incompetente debía prevenir al demandante, ante quien deba hacer valer sus derechos, lo cual no fue cumplido por el señor juez en la resolución apelada.

Concluyo solicitando se conceda el recurso de casación, ante el Tribunal Supremo de Justicia, para que el mismo considerando las violaciones y aplicación indebida de la ley que se tiene acusadas, dicte resolución casando el auto de vista recurrido, y deliberando en el fondo declare la plena competencia del señor Juez de Partido Primero del Trabajo y Seguridad Social, para conocer y decidir sobre aspectos reclamados y contenidos en la demanda.

CONSIDERANDO II: Que, así expuesto los argumentos del recurso de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

Que en el caso de análisis el objeto de la litis es determinar si el juez a quo es o no competente para conocer la demanda laboral presentada por el recurrente; en ese contexto, de la revisión del auto de vista impugnado, el mismo declara probada la excepción de incompetencia planteada por la institución demandada, por lo que tomando en cuenta que el objeto de la resolución es establecer si la juez a quo tiene o no competencia para tramitar la demanda interpuesta por la empresa demandada, es imperativo señalar que la competencia es la facultad legal que tiene un juez o tribunal para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto; es decir, que la potestad que tiene el Estado de administrar justicia se la ejerce a través de los órganos competentes, que son establecidos mediante una norma legal, en el presente caso este Tribunal es competente para resolver el recurso de casación interpuesto, con la facultad prevista en el art. 255.2) del CPC, porque se encuentra en controversia una cuestión de competencia, que es de orden público.

En ese contexto, conforme enseña la doctrina y la jurisprudencia establecida por este tribunal de casación, el planteamiento de excepciones previas o dilatorias, fundadas por su objeto, naturaleza y efecto, como medio de defensa en lo formal, tiende a corregir errores (defecto legal en la demanda), a evitar un proceso inútil (litispendencia), a impedir un juicio nulo (incompetencia, falta de capacidad o personería); de manera que su finalidad es prevenir y subsanar oportunamente vicios de procedimiento, pero nunca para retardar o diferir el juicio; de ahí que resultan de previo y especial pronunciamiento. Así lo expuso, el tratadista Eduardo Couture en su libro Fundamentos del Derecho Procesal Civil, que señala que las excepciones previas: "(…) son defensas previas alegadas in liminelitis y que, normalmente, versan sobre el proceso, no sobre el derecho material alegado por el actor…." P. 115, Ed. Depalma, Buenos Aires 1981.

A su turno el art. 73 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), con relación a los arts. 9 y 43.b) del CPT, prescriben que los Jueces de primera instancia dentro el derecho laboral tienen competencia para: "Conocer y decidir en primera instancia de las acciones individuales o colectivas por derechos y beneficios sociales, indemnizaciones y compensaciones y, en general, conflictos que se susciten como emergencia de la aplicación de las leyes sociales, mas no así para conocer demanda de nulidad de Resolución Administrativa, en consecuencia la empresa demandante debió interponer su demanda dentro del marco del derecho laboral, y no contra la conminatoria de cumplimiento de una resolución administrativa que disponía la reincorporación de la trabajadora.

Que, la competencia en razón de materia se mide en función de la naturaleza de la pretensión y las disposiciones legales que la regulan y, si esto es así, en el marco de la naturaleza de las pretensiones demandadas, que en el caso de autos la empresa demandante tenía la vía expedita para poder impugnar la conminatoria de reincorporación dentro del derecho laboral, cuestionando judicialmente la improcedencia de la reincorporación, ya que el juez del trabajo tiene competencia exclusiva para atender cuestiones propias de la relación laboral y otras de carácter social, conforme los arts. 9 y 43 ambos del CPT; sin embargo, en el presente caso el Juez ordinario en materia laboral no tiene competencia para conocer y decidir sobre la presente acción de nulidad de Resolución Administrativa Nº 070/2010 de 2 de agosto.

En consecuencia, la facultad que tiene la parte demandada en el campo del Derecho Laboral de cuestionar la competencia del Juez en su primer acto a través de la excepción previa de incompetencia prevista en el art. 127 del CPT, no es una limitante para que en el transcurso del proceso, o inclusive a tiempo de dictar sentencia el Juez de oficio y en forma motivada, puede declarar su incompetencia porque el instituto de la competencia judicial es de orden público y de cumplimiento obligatorio, tal cual lo previene el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), hecho que no sucedió en el presente caso ya que el objeto de la litis no es de competencia del juez en materia laboral.

En mérito a estos antecedentes, éste Tribunal Supremo advierte la decisión del Tribunal de Alzada al confirmar la sentencia de primera instancia que declaró probada la excepción de incompetencia interpuesta por la parte demandante, fue correcta, y dentro de los parámetros del art. 236 del CPC, aplicable en el caso de autos por expresa previsión del art. 252 del CPT, que ordena que el auto de vista debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior que hubieran sido objeto de apelación.

En virtud a lo expresado se concluye que no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo, por lo que corresponde dar aplicación a la disposición contenida en el art. 271.2) con relación al art. 273 del CPC, en cumplimiento de la norma remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional Boliviano, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 94 a 95. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.