SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 13/2016.

Sucre, 4 de febrero de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.208/2015.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 105 a 108, interpuesto por Elmer Ramiro Bolaños Espinoza, en representación de la OTB Urbanización COMTECO, contra el Auto de Vista Nº 197/2014 de 3 de septiembre, cursante de fs. 98 a 100, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso Social seguido por Eloy Eliceo Quiroz Antezana contra el recurrente, la respuesta de fs. 110 a 111, el auto de fs. 112 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido Tercero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, emitió Sentencia el 9 de noviembre de 2011 (fs. 65 a 68), declarando probada la demanda de fs. 4 a 5, disponiendo que la OTB urbanización COMTECO a través de su representante legal pague a favor del actor la suma de Bs.19.636,78.-, por concepto de indemnización, aguinaldo duodécimas de la gestión 2009, vacación 60 dos últimas gestiones, bono de antigüedad de la gestión 2007, 2008 y 2009; e improbada la excepción de prescripción de fs. 11 a 13 planteada por la parte demandada, sin costas.

En grado de apelación formulada por la parte demandada (fs. 75 a 77) y por el actor (fs. 85), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista Nº 197/2014 de 3 de septiembre, (fs. 98 a 100), confirmando en parte la sentencia de fs. 65 a 68, modificando los beneficios sociales a la suma de Bs.24.052,54.- por concepto de indemnización, aguinaldo duodécimas gestión 2009, vacaciones, bono de antigüedad, incremento salarial gestión 2007 a 2009, más actualización y multa prevista por el DS Nº 28699, sin costas.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 105 a 108, interpuesto por el demandado Elmer Ramiro Bolaños Espinoza, manifestando en síntesis lo siguiente:

1.- Acusó que el auto vista impugnado, refiere que en apelación no se habría cumplido con los presupuestos del art. 227 del Código de Procedimiento de Civil (CPC), extremo que considera falso por cuanto se habría determinado con precisión cuales fueron los puntos apelados y las normas que consideraron que fueron violadas.

Asimismo, el recurrente con relación a la valoración de la prueba refiere que, si bien el juez no debe someterse a la tarifa legal de las mismas, sin embargo debe primar la objetividad e igualdad de las partes en el proceso, por lo que el auto de vista impugnado solo demuestra la parcialidad con la que obró, pues no existiría valoración de las prueba documentales no obstante su reclamo, haciendo referencia a la SC Nº 0052/2003.

2.- Refiere que el actor nunca fue contratado como encargado de mantenimiento del agua potable, y que el tribunal ad quem al señalar que el demandado debía denunciar las irregularidades en su momento, no es justificativo para conceder las pretensiones del trabajador, no obstante que se adjuntó prueba que demuestra los gastos que se erogó para cubrir la negligencia en la que incurrió el actor; por otra parte, refiere que el demandante no tenía horario de trabajo ya que trabajaba unas horas al día; situación que no fue negado por el actor, empero los tribunales de instancia solo valoraron las pruebas de cargo lo que constituye la violación del art. 1286 del Código Civil (CC) y 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT), denunciando además de aquello, que no se valoraron ni consideraron las pruebas acompañadas en memorial de 18 de octubre de 2011.

3.- Manifiesta que el actor confeso que se ausento al exterior aproximadamente por dos años, por lo que no le correspondería beneficios concedidos por los tribunales de instancia, incurriendo en falsedad, violando el art. 404.II del CPC, concordante con el art. 1321 del CC, puesto que el actor en su demanda manifestó que hizo abandono de sus funciones desde el 30 de abril de 2009 sin justificación alguna, así también manifestó en la confesión provocada; que si bien la carga de la prueba corresponde al empleador empero la pretensión debe acreditarse sin desconocer los derechos del demandado, lo contrario implicaría violación del art. 3.3 del CPC.

4.- Que la sentencia fue redactada indebidamente sobre otra que no tiene relación con el presente caso, pues hace referencia a una supuesta empresa, no existiendo pronunciamiento del auto de vista en relación al caso, toda vez que la urbanización COMTECO no tiene ninguna finalidad de lucro ni mucho menos constituye una empresa, por lo que el demandado no puede acceder al bono de antigüedad por una supuesta relación laboral que fue interrumpida.

5.- Arguye, que los testigos fueron tachados de forma incorrecta, empero el tribunal ad quem refiere que el Juez inferior resto valor a esas declaraciones con sus facultades de sana lógica; dejando en claro que la tacha no corresponde puesto que al tratarse de una urbanización que no tiene propietario ni tiene fines de lucro, lo cual conlleva a que los testigos sean vecinos y no empleados, además de ello se debió tomar en cuenta que los responsables de la urbanización cuando el actor trabajaba eran otras personas; por otra parte, denuncia que existe falta de fundamentación en la resolución del auto de vista, lo que implica la violación del art. 1330 del CC.

Concluye el recurso señalando que el auto de vista incurrió en violación y errónea aplicación de las normas e indebida valoración de la prueba, por lo que solicita se dicte Auto Supremo casando el auto de vista y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda, con costas.

A su vez, el actor responde la casación en base a los argumentos que expone en su memorial de fs. 110 a 111, solicitando que se declare improcedente el recurso, con costas y regulación de honorarios profesionales.

CONSIDERANDO II: Que, a mérito de estos antecedentes, revisado minuciosamente el recurso de casación en el fondo, corresponde resolver el mismo de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1.- En lo que respecta a que el tribunal de alzada de forma errónea consideró que el recurso de apelación interpuesto no cumplía con los presupuestos del art. 227 del CPC, lo cual considera falso por cuanto se habría determinado con precisión los puntos apelados y las normas que fueron violadas; sobre este particular, no merece ninguna consideración por cuanto el recurrente sólo hace referencia al hecho de que había cumplido con la previsión contenida en el art. 227 del CPC, sin especificar cuáles son los puntos apelados que no fueron considerados ni resueltos por el tribunal ad quem, o en su caso las normas legales que fueron infringidas por los tribunales de instancia, mucho menos refiere cuál es el agravio que habría sufrido con dicha determinación.

Dentro de esta misma denuncia, respecto a la valoración de la prueba, el recurrente refirió que si bien el juez no debe someterse a la tarifa legal de las mismas, considera que debe primar la objetividad e igualdad de las partes en el proceso, por lo que el auto de vista impugnado demostraría la parcialidad con la que obró, pues no existía valoración de las documentales no obstante su reclamo, haciendo referencia a la SC Nº 0052/2003; al respecto, cabe señalar que el recurrente nuevamente incurre en falta de técnica recursiva inherente a un recurso extraordinario como el de casación, porque se limita a señalar apreciaciones personales que dificultan poder ingresar a resolver este reclamo, es así que el recurrente hace mención a toda la prueba y acusa a la misma de manera general sin detenerse y discriminar sobre el error en la valoración que contuviere, es decir debió individualizar que pruebas no fueron valoradas conforme a ley y, sobre todo, especificar el error manifiesto en su valoración y apreciación a objeto de que éste Tribunal de Casación examine la existencia del error acusado, ya que la simple disconformidad o disentimiento con lo resuelto por el Juez, sin fundamentar la oposición o sin dar ni señalar las bases jurídicas, no importa una crítica concreta y razonada a lo fundamentado por el juzgador.

Por consiguiente, son todos estos aspectos, omisiones, imprecisiones o impericias que no pueden ser suplidos de oficio por este Tribunal, lo cual imposibilita poder ingresar a considerar o analizar estos reclamos opuestos.

2.- En lo que refiere a la acusación de que el tribunal ad quem concedió las pretensiones del trabajador, con el argumento de que el demandando no denunció las irregularidades cometidas en su momento por el trabajador, no obstante que existiría prueba que demuestra los gastos que se erogó para cubrir la negligencia en la que incurrió el actor; al respecto, cabe señalar que de obrados se advierte que los supuestos gastos que incurrió la Urbanización COMTECO (fs. 49 a 60) fueron destinados para la limpieza, protección de la armadura de la losa tapa e instalación de tapa metálica del tanque elevado, trabajos estos que no son de responsabilidad del actor, conforme se evidencia del contrato de trabajo de fs. 1, mas por el contrario constituyen ser trabajos de mantenimiento necesarios para un buen funcionamiento del tanque del agua; por otra parte, como bien arguye el tribunal ad quem, si el demandado advertía en el actor que tenía deficiencias en el desempeño de su trabajo, debió extender memorándum o conminatorias y en su caso, debió retirar al trabajador de su fuente laboral, sin embargo al no haber actuado de esa forma, se presume que tales hechos no existieron, teniendo en cuenta además que el demandado no aportó prueba que demuestre tal irresponsabilidad del trabajador.

Por otra parte, dentro de esta misma denuncia, el demandado refiere que el demandante no tenía horario de trabajo por cuanto trabajaba determinadas horas al día; situación que no habría sido negada por el actor, empero los tribunales de instancia solo valoraron las pruebas de cargo lo que constituye la violación del art. 1286 del CC y 158 del CPT; en lo que respecta a este reclamo, en materia laboral es aplicable el principio protector en sentido de darle mayor defensa al trabajador frente al poder del empleador (art. 3.g del CPT), esto debido a la manifiesta la desigualdad existente entre el trabajador y el empleador a tiempo de tener acceso a la prueba idónea para acreditar o desvirtuar determinados asuntos laborales, como por ejemplo a la prueba documental, donde el legislador con el ánimo de compensar esta situación, ha previsto que en los procesos laborales la carga de la prueba es obligatoria para la parte patronal y facultativa para el trabajador, conforme disponen los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT; es decir, que en materia laboral rige el principio de inversión de la prueba correspondiendo al empleador desvirtuar los hechos afirmados por el trabajador, siendo simplemente una facultad del actor trabajador la de ofrecer prueba, más no una obligación.

En el caso de autos, del análisis realizado al contrato de fs. 1 no se advierte que se haya estipulado clausula expresa respecto al horario de trabajo, en ese sentido, el demandado en cumplimiento del art. 150 del CPT, tenía la obligación procesal de demostrar que el demandado no cumplía un horario laboral determinado, inclusive a través de cualquier medio legal de prueba, podía demostrar que el actor se dedicaba a otra actividad ajena a la estipulada en el contrato de fs. 1, sin embargo, el demandado no aporto ninguna prueba que demuestre aquello; además, el hecho de que durante más de los 12 años que el actor prestó sus servicios, no se haya estipulado un horario laboral determinado, hace presumir que el actor cumplía sus funciones en horario laboral y que la parte demandada se encontraba conforme; por otra parte, como bien estableció el juez a quo, en el num. 5 de la sentencia apelada, el horario de trabajo no constituye elemento primordial para demostrar la existencia de la relación laboral, tal cual se logra desprender de la previsión contenida en el art. 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, por consiguiente este reclamo resulta inviable

Ahora bien, con respecto a que no existiría pronunciamiento en sentencia de las pruebas acompañadas en memorial de 18 de octubre de 2011, sobre el particular, cabe referir que por disposición del art. 3.j) del CPT, la valoración de la prueba se rige por el principio de la “libre apreciación de la prueba”, por el cual el juez valorará las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios enunciados, aspecto éste que tiene correlación con lo previsto por el art. 397.II del CPC -aplicable por mandato del art. 252 del CPT- al determinar que el “juez tendrá obligación de valorar en las sentencias las pruebas esenciales y decisivas”, en ese sentido, si bien es cierto que no se valoró la prueba adjuntada en el memorial extrañado, el juez a quo comprobó la existencia de la relación laboral del demandante con la parte demandada, en base a la prueba que cursa a fs. 1, 24, 37 a 38 que resultan decisivos para declarar probada la demanda, además del hecho de que la parte demandada no aportó ninguna prueba idónea que desvirtúe la relación laboral del actor con la parte demandada.

3.- Con respecto a que se habría vulnerado lo dispuesto por el art. 404.II y 3.3 del CPC, toda vez que el actor habría confesado que se ausentó al exterior aproximadamente por dos años, y por ende no le correspondería los beneficios concedidos por los tribunales de instancia, más aun si en la demanda manifestó que hizo abandono de sus funciones desde el 30 de abril de 2009 sin justificación alguna; al respecto, cabe señalar que si bien es cierto que el demandante, en audiencia de confesión provocada (Acta de fs. 37-38) reconoce que se ausentó a la República de España, también refiere que durante ese periodo, sus funciones fueron realizadas por su esposa e hijos, aspecto que fue ratificado con la declaración testifical del Sr. Ricardo Augusto Angulo Reynaga, quien testificó que el demandante cuando se ausentaba era reemplazado por un pariente del demandante (fs. 40 vta.), en ese sentido, se colige que el demandado tenía autorización para ausentarse, caso contrario la parte demandada no habría permitido que otras personas estén en reemplazo del demandante o en su caso debieron sustituirlo por otra persona; por otra parte, no resulta evidente lo afirmado en sentido que el demandante haya abandonado sus funciones desde el día 30 de abril de 2009, toda vez que el propio demandado adjuntó prueba a fs. 47, por el cual se evidencia que el demandante presentó su carta de renuncia irrevocable en fecha 21 de abril de 2009, fecha desde la cual no tenía la obligación de continuar asistiendo a su fuente laboral, debiendo el empleador prever esta contingencia y designar otro en su lugar; por consiguiente, no existe ninguna vulneración de los arts. 404.II del CPC y 1321 del CC, más por el contrario el juez a quo realizó una correcta valoración de las pruebas producidas durante el proceso.

4.- Con referencia a la denuncia de que la sentencia fue redactada indebidamente sobre otra que no tiene relación con el presente caso, pues hace referencia a una supuesta empresa, sin considerar que la urbanización COMTECO no tiene ninguna finalidad de lucro ni mucho menos constituye una empresa, lo cual imposibilitaría a que el demandado acceda al bono de antigüedad por cuanto la relación laboral habría sido interrumpida; sobre este cuestionamiento del pago de bono de antigüedad, dispuesto por el juez a quo y confirmado por el tribunal ad quem, en sentido de que la parte demandada constituye ser una entidad sin fines de lucro, al respecto corresponde referir que, el bono de antigüedad consiste en una remuneración de carácter adicional al sueldo o salario que se encuentra supeditado al tiempo de servicios prestados por el trabajador al empleador, así el art. 60 del DS Nº 21060 de 29 de agosto de 1985, establece: “En sustitución de toda otra forma porcentual de aplicación del bono de antigüedad, se establece la siguiente escala única aplicable a todos los sectores laborales:…”, disposición legal que nos conlleva a la siguiente interrogante: ¿qué implica que la escala es aplicable a todos los sectores laborales?, realizando una interpretación armónica en base a los principios protectores en materia laboral como el principio “pro operario”, se colige que el pago del bono de antigüedad en los porcentajes establecidos por dicho decreto, deben ser cancelados sin discriminación alguna, ya sea para sectores privados y/o públicos, es decir, deben ser cancelados en función a los parámetros y porcentajes establecidos; sin embargo, la racionalización del bono de antigüedad, para los trabajadores de los sectores público y privado la escala del bono de antigüedad a que refiere el art. 60 del DS Nº 21060, se debe aplicar sobre el salario mínimo nacional mensual, no pudiendo el monto resultante, ser inferior al que, por ese concepto, se percibió por el mes de julio de 1985; en ese sentido, siendo que la parte recurrente es una institución sin fines de lucro, y no una institución productiva, la base del cálculo se la debe efectuar en base a un salario mínimo nacional, conforme acertada y correctamente efectuó el juez a quo y que fue ratificado por el tribunal ad quem, aunque de forma errónea consideró a la parte demandada como empresa, lo cual no es motivo suficiente para invalidar la sentencia; además de ello no resulta evidente que el tribunal de alzada no se haya pronunciado sobre esta cuestión, toda vez que a través del numeral 3 del Considerando del auto de vista impugnado, se evidencia un pronunciamiento expreso sobre este reclamo planteado, por consiguiente, no es evidente la acusación de la urbanización recurrente. 

5.- Por último, en lo que refiere a que los testigos de descargo fueron tachados de forma incorrecta, toda vez que al tratarse de una urbanización que no tiene propietario ni tiene fines de lucro, es de lógico que los testigos sean vecinos y no empleados, además de que los responsables de la urbanización cuando el actor trabajaba eran otras personas a los actuales; a su vez denuncia existir falta de fundamentación en la resolución del auto de vista, lo que implicaría violación del art. 1330 del CC; sobre esta denuncia, cabe referir que en materia laboral, la valoración de la prueba se encuentra regida por lo establecido por el art. 158 del CPT que señala “El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes……”; por su parte, el art. 476 del CPC, que aplicable por mandato de lo dispuesto por el art. 252 del CPT, dispone que: “(Apreciación).- En oportunidad de dictar Sentencia definitiva, el Juez, según las reglas de la sana crítica, apreciará las circunstancias y motivos que corroboraren o disminuyeren la fuerza de las declaraciones de los testigos, conforme a lo previsto en el libro V, título I, capítulo VI del Código Civil”.

Ahora bien, por lo esbozado precedentemente, se observa que el Juez de la causa dio estricto cumplimiento a lo establecido por el art. 446.2) del CPC, es decir, que entendió que el acto de las deposiciones testificales de descargo se encontraban comprendidas en la causal de tacha contenida en el mencionado artículo, toda vez que los testigos propuestos si bien constituyen ser vecinos o miembros de la comunidad, al ser parte del Directorio de la Urbanización COMTECO, se encuentra comprometida su parcialidad en la problemática suscitada, es así que al constituir vecino de la Urbanización, las resultas del proceso de cierta forma les afectaría a todos los vecinos incluidos a los del Directorio, es en ese sentido que el juez a quo a momento de resolver y pronunciar la sentencia, de manera acertada no consideró las declaraciones testificales de descargo, toda vez que los testigos propuestos, constituían ser miembros del Directorio de la Urbanización que resulta ser la parte demandada.

Por último en lo que refiere a la supuesta falta de fundamentación en el auto de vista impugnado, refiriendo que algunos puntos apelados no tienen la debida fundamentación, además de infringirse el principio de congruencia, por cuanto no existe pronunciamiento respecto a todo lo apelado y en particular del auto complementario; al respecto cabe manifestar que, al igual que lo resuelto en el primero punto del Considerando II de la presente resolución, el recurrente nuevamente incumple la previsión contenida en el art. 258.2) del CPC, toda vez que no establece de forma expresa qué disposiciones legales se han infringido o vulnerado, o cuáles se aplicaron indebidamente o interpretado de forma errónea en el auto de vista, limitándose a señalar que algunos puntos apelados no tienen la debida fundamentación jurídica ni doctrinal, sin siquiera precisar cuáles son esos puntos apelados que no fueron debidamente fundamentados o mejor aún precisar cómo debieron estar fundamentados, citando al efecto la jurisprudencia ordinaria y constitucional, omisión procesal que sin lugar a dudas constituye ser un óbice para poder ingresar a resolver el reclamo planteado, toda vez que la simple disconformidad con lo resuelto por el tribunal ad quem, sin fundamentar jurídicamente la supuesta infracción u omisión en la que habría incurrido el tribunal ad quem, no implica una crítica razonada a lo resuelto por el juzgador.

Dicho todo lo anterior esta Sala concluye que no son evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación, al carecer de sustento fáctico y jurídico; lo que conlleva a afirmar que el Tribunal de Alzada realizó una adecuada apreciación y valoración de los antecedentes del proceso en la emisión del Auto de Vista Nº 197/2014 de 3 de septiembre de 2014, no incurriendo en transgresión de norma alguna, correspondiendo en tal circunstancia resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el arts. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 105 a 108 interpuesto por la parte demandada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.