SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 12/2016.

Sucre, 4 de febrero de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-TJA.207/2015.

Distrito: Tarija.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 280 a 282 interpuesto por Dante Daniel Toledo Camacho, contra el Auto de Vista Nº 62/2015 de 27 de abril de 2015, cursante a fs. 270 a 274 emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Tarija, dentro del proceso laboral seguido por Daniel Orlando Tapia contra María Nineth Sosa Laguna, Yonny Ruth Sosa Laguna, Sonia Teresa Sosa Laguna, Hugo Guillermo Sosa Gallardo herederos de Hugo Sosa Burgos y Dante Daniel Toledo Camacho, el auto de fs. 284 que concedió el recurso, los antecedentes procesales, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Yacuiba, pronunció Sentencia en fecha 14 de octubre de 2011, de fs. 228 a 232, declarando sin lugar la excepción perentoria de cosa juzgada, interpuesta por Dante Daniel Toledo Camacho; con lugar a la tacha relativa a Enrique Montenegro Ortiz; declara probada en parte la demanda laboral en contra de Dante Daniel Toledo Camacho con costas a favor del actor; disponiéndose que pague a su ex trabajador Daniel Orlando Tapia, los derechos y beneficios sociales en la suma de Bs.70.815.- (setenta mil ochocientos quince 00/100 bolivianos) por concepto de indemnización, incremento salarial, subsidio de frontera, bono de antigüedad, y vacaciones, más costas procesales, pago que deberá realizarse en tercero día de ejecutoriada la sentencia, sin perjuicio de reajuste o actualización prevista en el DS Nº 28699.

Asimismo declara probada parcialmente la demanda en contra de los herederos de Hugo Sosa Burgos, siendo María Nineth Sosa Laguna, Ruth Sosa Laguna, Teresa Sosa Laguna y Hugo Sosa Gallardo, disponiéndose que en aplicación del art. 5.II del DS Nº 521 de 26 de mayo de 2006 paguen a Daniel Orlando Tapia, los derechos y beneficios sociales en la suma de Bs.7.490.- (siete mil cuatrocientos noventa 00/100 bolivianos), por concepto de indemnización, incremento salarial, subsidio de frontera, bono de antigüedad, y vacaciones, que deberán ser pagados dentro de tercer día de ejecutoriada la sentencia, bajo conminatoria en caso de incumplimiento, sin perjuicio de aplicarse el reajuste o actualización prevista por el DS Nº 28699.

En grado de apelación de fs. 240 a 242 deducida por Dante Daniel Toledo Camacho, y de fs. 245 a 246 interpuesta por María Nineth Sosa Laguna, Ruth Sosa Laguna y Teresa Sosa Laguna, por Auto de Vista Nº 62/2015 de 27 de abril de 2015, cursante a fs. 270 a 274, el Tribunal Departamental de Tarija, confirmó totalmente la sentencia de fs. 228 a 232, expedida el 14 de octubre de 2011, conforme los fundamentos expuestos en el auto de vista. Con costas a regularse en ejecución de autos.

Dicho fallo motivó el recurso de casación de fs. 280 a 282, interpuesto por Dante Daniel Toledo Camacho, expresando en síntesis lo siguiente:

Acusó que en tribunal ad quem incurrió en error al manifestar que existiría relación obrero patronal entre su persona y el actor, situación que jamás ha sido admitida, toda vez que nunca fue patrón del actor, y conforme documental de fs. 91 a 141, se demostró mediante la oposición de excepción de impersonería que existió otro proceso laboral que inicio el demandante que nunca existió relación obrero patronal, siendo la verdad que ambos tenían el cargo de tramitadores de la Agencia Despachante de Aduanas Hugo Sosa S.R.L. por lo que, al no darle valor a la documental presentada demuestra la impersoneria, y solo basarse en las declaraciones testificales, se ha conculcado el art. 1 de la Ley General del Trabajo (LGT).

Violación de los arts. 514, 515 y 517 del Código de Procedimiento Civil (CPC), por parte del tribunal ad quem por estar ejecutoriado el auto de fs. 135, y que en el caso presente no se hizo uso de ningún recurso en contra de dicho auto, sin embargo no se le dio el valor de la cosa juzgada ejecutoriada.

Reitera que nunca fue patrón del actor, pues los dos eran tramitadores de la Agencia Despachadora Hugo Sosa, que los recibos de fs. 49 a 54 no llevan firma del demandante, sino de Hugo Sosa por lo que el tribunal de alzada hizo una incorrecta valoración de esa prueba al no tener sustento jurídico de ninguna clase.

Que al no haber sido patrón del demandante señala que no tiene ninguna obligación de cancelar beneficios sociales y pretender aplicar indebidamente una normativa social que no le corresponde, en consecuencia son ilegales desde todo punto de vista jurídico.

Concluyó solicitando case el auto de vista revocando la sentencia de primer grado, sin lugar al pago de beneficios sociales.

CONSIDERANDO II: Que, en mérito a los antecedentes del memorial del recurso de casación, corresponde realizar las siguientes consideraciones:

Respecto a que el tribunal ad quem incurrió en violación del art. 1 de la LGT, al determinar una relación obrero patronal inexistente entre su persona y el actor, toda vez que, conforme la prueba aportada de fs. 91 a fs. 141, se demostró que el recurrente jamás fue patrón del actor y por el contrario ambos tenían el cargo de tramitadores de la Agencia Despachante de Aduanas Hugo Sosa S.R.L.; cabe señalar que para determinar si existió o no la relación de trabajo entre el recurrente y el actor, se debe establecer en primer lugar, si han mediado las características establecidas en el art. 1 del DS N° 23570 de 26 de julio de 1993, que son: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador; b) La prestación del trabajo por cuenta ajena; y c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación. Así también el art. 2 de la misma norma, de manera concordante, establece que en las relaciones laborales en las que concurran aquellas características esenciales precedentemente citadas, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo.

Que, del mismo modo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia mediante el AS N° 431 de 10 de julio de 2006, ha expresado que: "... la doctrina y la jurisprudencia del Supremo Tribunal, en casos similares, ha establecido que en derecho laboral se distinguen: los trabajadores independientes y los dependientes. Los primeros, realizan una actividad sin sujeción a ningún patrón o empleador, mediante la celebración de actos, obras o contratos de derecho común; en cambio, los trabajadores dependientes son subordinados, realizan una actividad con sujeción a un patrono, sujeto a la prestación de un servicio personal, bajo una continua y permanente dependencia. Por consiguiente, para ser considerado contrato de trabajo, dada su naturaleza especial, hace imprescindible la conjunción de varios requisitos, entre ellos: los sujetos intervinientes, la capacidad, el consentimiento, la dependencia o subordinación, la prestación personal, la remuneración, la exclusividad y la profesionalidad entre otros. Luego, la relación de dependencia y subordinación, así como los efectos de la relación laboral, deben estar determinados por un salario, horario de trabajo y otras características que lleguen a establecer la dependencia con claridad, conforme previene el D.S. Nº 23570 de 26 de julio de 1993 que interpreta a cabalidad el artículo 1 de la Ley General del Trabajo"

En el caso en análisis, de los antecedentes del proceso se evidencia que el actor trabajó para el recurrente, conforme sale de la prueba cursante de fs. 1 a 30 y de fs. 48 a 61, que acredita que el actor presto servicios en calidad de tramitador de aduanas para la empresa Hugo Sosa Cia. S.R.L., trabajo que realizo bajo la dependencia del recurrente, quien efectuaba los pagos por dicho servicio, además de existir una relación de subordinación, dependencia y jornada de trabajo en el marco de una relación obrero patronal; en ese marco, se tiene la convicción que entre el actor y el recurrente si existió relación laboral, en el ámbito legal de la definición del art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993 en relación con el art. 1 de la LGT y con los efectos legales de los art. 6 de la citada Ley y de su Reglamento, arts. 2 y 5 del DS N° 28699 de 1 de mayo de 2006, por lo que no se evidencia la vulneración acusada.

Con relación a la violación de los arts. 514, 515 y 517 del CPC, por parte del tribunal ad quem por estar ejecutoriado el auto de fs. 135, y que en el caso presente no se le dio el valor de la cosa juzgada ejecutoriada; al respecto cabe señalar que, si bien el recurrente de fs. 142 a 144 presentó excepción perentoria de cosa juzgada, la misma fue resuelta en sentencia, que declaro improbada dicha excepción, bajo el argumento de que Hugo Sosa Burgos y Dante Daniel Toledo Camacho, eran socios y fue el recurrente quien tenía bajo su dependencia al actor, en consecuencia es responsable de todas las obligaciones laborales a favor del demandante; ahora bien, respecto a la documental presentada de fs. 91 a 141, referente a otro juicio incoado, se debe aclarar que el mismo si bien declaro probada la excepción de impersoneria, el efecto que causo fue tener como no presentada la demanda, sin embargo, esto no impide al actor de iniciar una nueva demanda en contra del actor donde se le dé la oportunidad de aclarar su situación laboral, en base a la irrenunciabilidad de sus derechos labores, el principio in dubio pro operario y de primacía de la realidad.

Asimismo, se debe aclarar al recurrente que la prueba señalada ya ha sido objeto de valoración por parte del juez a quo y tribunal ad quem, por lo que conforme establece la abundante y constante jurisprudencia, en observancia del art. 1286 del Código Civil, la apreciación y valoración de la prueba constituye una atribución privativa de los juzgadores de instancia, siendo incensurable en casación; y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establece el inciso 3) del art. 253 del CPC, que textualmente señala: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador."

Adicionalmente, debe tenerse presente que el juzgador en materia laboral no se encuentra sometido a la tarifa legal de la prueba, propia del proceso civil, sino que formará libremente su convencimiento, inspirándose en principios científicos que informan la crítica de la prueba, con arreglo del art. 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT). Asimismo, conforme determina el art. 3 inciso j) del CPT, uno de los principios en los que se basa todo procedimiento en materia laboral es la: “Libre Apreciación de la Prueba, por la que el Juez valora las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios enunciados”, debiéndose considerar que, cuando en el recurso de casación se exponen denuncias relacionadas con la apreciación de la prueba, es obligación del recurrente precisar si los tribunales de instancia incurrieron en errores de hecho o de derecho en el ejercicio de su atribución valorativa, sólo en esta circunstancia se abre la competencia de este Tribunal para realizar nueva compulsa de la misma, lo que no ocurre en el caso de autos, al limitarse el recurrente a señalar que tanto él como el actor eran tramitadores de la Agencia Despachadora Hugo Sosa, y que los recibos de fs. 49 a 54 no llevan firma del demandante, aspectos referenciales que no demuestran el error de hecho o de derecho en la apreciación de dicha prueba, por lo que, la acusación vertida deviene en infundada.

Por consiguiente y en mérito a lo expuesto precedentemente, se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso, el tribunal ad quem realizó una correcta aplicación de la ley, correspondiendo resolver de acuerdo a las previsiones contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, con la facultad remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 280 a 282. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.