SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 09/2016.

Sucre, 4 de febrero de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.204/2015.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 776 a 783, interpuesto por Edna Ruth Montecinos, contra el Auto de Vista Nº 59, de 2 de febrero de 2015 (fs. 767 a 774), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social seguido por la recurrente, contra la Empresa Telis SRL, la respuesta de fs. 787 a 796, el auto de fs. 797, que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Segundo de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 31 de 23 de julio de 2013 (fs. 608 a 615), declarando probada la demanda, con costas, disponiendo que la empresa demandada, a través de su representante legal, pague a favor de la actora la suma de Bs.953.430,86.-, por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo, vacaciones, sueldo de 26 días, bono de antigüedad, primas, comisiones, subsidios y multa del 30%, más la actualización en UFVs a calcularse en ejecución de sentencia.

En grado de apelación formulada por la parte demandada (fs. 617 a 626), en cumplimiento del Auto Supremo Anulatorio Nº 330/2014 de 10 de noviembre (fs. 759 a 761), la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 59 de 2 de febrero de 2015 (fs. 767 a 774), revocando parcialmente la sentencia de fs. 608 a 615 de 23 de julio de 2013, disponiendo que la empresa demandada cancele a favor de la actora, la suma de Bs.129.578,33.-, por concepto de indemnización, aguinaldo, vacación, primas, bono de antigüedad, subsidios, sueldo correspondiente a 26 días del mes de julio y multa del 30%, con mantenimiento y actualización dispuesta por el Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, sin costas.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 776 a 783, interpuesto por el Etna Ruth Montecinos, manifestando en síntesis:

Ausencia de motivación, razonabilidad, pertinencia del auto de vista recurrido, cuando resuelve la supuesta inexistencia de comisiones, en franca violación al debido proceso, derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, contenida en los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), 8 y 25 de la CADH, porque no compulsó adecuadamente los antecedentes del proceso, refiriéndose al “sueldo promedio”, sin mayor explicación concluyen que no existe prueba que respalde los pagos de las comisiones, a las que tiene derecho, puesto que existe abundante prueba corroborativa de su existencia, por lo que el tribunal ad quem, al desestimar las comisiones, tenía la obligación de desplegar mayor argumentación coherente con los hechos, al respecto citó las SSCC Nos. 0444/2014, 1521/2011-R; respecto a la inadecuada compulsa de antecedentes que realizó el aludido tribunal, citando también la SCP Nº 0017/2014, jurisprudencia incumplida por el tribunal de segunda instancia.

Por otra parte, el tribunal ad quem, ingresó a analizar el fondo sobre las comisiones, omitiendo motivar sobre los correos electrónicos de fs. 420 a 406, 433 a 436, 444 a 447, 448 a 451, 457 a 452, 463 a 464, en infracción del art. 151 del Código Procesal del Trabajo (CPT), ya que dicha documental, debió ser considerada y no limitarse a referir que no constituyen prueba, señalando lo previsto en el art. 197 del CPT, referido a los indicios como medio de prueba, que junto a las testificales y documentales de cargo, evidencian la existencia de las comisiones y su obligación de cancelarlas, omitiendo también realizar fundamentación sobre los principios de protección al trabajador y pro operario previstos en los arts. 4.I.a), del DS Nº 28699 y 48 de la CPE, infringidos por el tribunal ad quem.

Que no se tomó en cuenta las pruebas de fs. 331 a 341, 402 a 478, que acredita la existencia y pago de las comisiones, específicamente a fs. 429, donde se manifiesta que, el Gerente Comercial, gana prima de todas las ventas, pruebas que no fueron valoradas, violando el art. 158 del CPT.

Que, en el auto de vista recurrido, se incurrió en error de derecho en la nueva valoración de la prueba, porque no se tomó en cuenta los principios de unidad y comunidad de la prueba al que estaban obligados a considerar, las que acreditan la existencia de las comisiones, porque con la nueva CPE, los jueces tienen el deber dentro de los procesos, de buscar la verdad material, prevista en el art. 180.II del texto constitucional, puesto que a través de los cheques bancarios de fs. 12, 344, 361, informe de fs. 582, sobre los cheques de fs. 576 a 581, planillas de comisiones de fs. 343, 359, 360, 363 a 365, 379, 593 a 596, que acreditan no solo la existencia de ese derecho, sino su cancelación de forma mensual.

Incorrecta valoración de las pruebas documentales y testificales de cargo, respecto al sueldo promedio indemnizable, infringiendo los arts. 158 a 159 del CPT, vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa previsto en los arts. 115 y 119 de la CPE, porque para su cálculo, solo se tomó en cuenta las boletas de pago de los tres últimos meses, sin considerar las demás pruebas, que acreditan a partir del salario básico de Bs.10.500.-, junto a las comisiones de venta, evidencian la existencia de un sueldo promedio indemnizable de Bs.32.770,65.

Que el tribunal ad quem, al emitir el auto de vista recurrido, no tomó en cuenta los principios de protección al trabajador, de primacía de la realidad, igualdad, inversión de la prueba, interpretación favorable y el principio in dubio pro operario, contenido en el art. 48 de la CPE, ha momento de considerar el despido, salario promedio indemnizable y pago de comisiones; al concluir que no existiría el derecho de percibir comisiones y desahucio por mobing laboral, al emitir conclusiones inverosímiles, pues, si el auto de vista recurrido hubiese resuelto el tema del desahucio, salario promedio indemnizable y comisiones, analizando y tomando en cuenta el contexto de la desigualdad del trabajador frente al empleador que pretende desconocer sus derechos, a través del ocultamiento de información, hubiese arribado a la convicción de que a la actora le corresponde percibir los montos demandados por concepto de desahucio, salario promedio indemnizable y las comisiones.

Violación de los arts. 169 a 178 del CPT, al no valorar las pruebas testificales de cargo de fs. 537 y 541, donde se afirma el pago de comisiones, lesionando el derecho al debido proceso y a la defensa respecto a la valoración de la prueba.

Respecto al acoso laboral como causa de despido indirecto que dio lugar a la renuncia, sostuvo que, el auto de vista no consideró en su verdadero contexto, interpretando erróneamente el art. 49.III de la CPE, omitiendo tomar en cuenta los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, verdad material, protección al trabajador, inversión de la prueba a favor del trabajador, igualdad de las partes, estipuladas en los arts. 8, 180, 48 y 49.III de la CPE, 4.I.a), del DS Nº 28699 y 182.c) y d) del CPT, porque cuando resuelven la problemática de la denuncia del mobbing o acoso laboral, el tribunal ad quem, aducen que no hubo despido por el simple hecho de la presentación de la carta de renuncia, sin considerar que dicha renuncia fue debido a constantes actos de malos tratos por parte del empleador.

En este contexto, el auto de vista recurrido, al denegar el pago del desahucio, también omitió aplicar las presunciones legales establecidas en el art. 182.c) del CPT, que debieron ser contrastadas con los antecedentes del proceso.

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el auto de vista recurrido, manteniendo incólume la sentencia de primera instancia.

CONSIDERANDO II: Que, así formulado el recurso, previo análisis del proceso, se establece lo siguiente:

Respecto al primer punto relacionado con la ausencia de motivación del tribunal de segunda instancia a tiempo de emitir el auto de vista recurrido, cabe manifestar en primer lugar que este aspecto debió ser reclamado en el recurso de casación en la forma y no en el fondo como erradamente pretende la parte recurrente; en segundo lugar, analizado el contenido textual del fallo de segunda instancia, se advierte que el mismo fue emitido con la motivación y pertinencia prevista en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC), es decir, resolviendo los agravios expuestos en el recurso de apelación planteado por la parte demandada cursante de fs. 617 a 625 de obrados, motivo por el que no se ingresa en mayores consideraciones sobre este punto.

En cuanto las comisiones pretendidas por la demandante, a las que supuestamente tendría derecho, las que deberían formar parte del sueldo promedio indemnizable, a efectos de proceder a la elaboración de la liquidación de los beneficios sociales a su favor, corresponde señalar lo siguiente:

De acuerdo al análisis de antecedentes procesales se evidencia que, la actora a tiempo e interponer su demanda, sostiene que como Gerente Comercial de la Empresa Telis S.R.L., percibía como salario básico el monto de Bs.10.500.-, que sumadas las comisiones de abril, mayo y junio de 2012, su sueldo promedio indemnizable de los tres últimos meses, alcanzaría a la suma de Bs.33.456,65.-, base sobre la que se debería proceder a calcular la liquidación de sus beneficios sociales que según la recurrente, ascienden a la suma de Bs.967.147,39.

En este contexto, el art. 19 de la Ley General del Trabajo (LGT), sobre el cálculo del sueldo promedio indemnizable sostiene: “El cálculo de la indemnización se hará tomando en cuenta el término medio de los sueldos o salarios de los tres últimos meses”. Por su parte el art. 11 del Decreto Reglamentario a la Ley General del Trabajo (DR-LGT), prescribe: “El cálculo de la indemnización se hará tomando en cuenta el promedio del salario, en los últimos tres meses, tratándose de salario mensual…”.

En base a la normativa descrita precedentemente, el cálculo de la indemnización de los beneficios sociales a favor de la demandante, se debe realizar sobre el monto de Bs.10.500.-, conforme se evidencia en las tres últimas papeletas de pago de los meses de abril, mayo y junio de 2012, cursantes de fs. 40 a 41, sueldo mensual que percibía a tiempo de presentar su renuncia; hecho que es reconocido por la actora en su demanda de fs. 17 a 22, por otra parte, a fs. 38 de obrados, cursa el contrato individual de trabajo indefinido, suscrito entre el Gerente General de la Empresa Telis S.R.L. y la actora Edna Ruth Montecinos, el cual en ninguna de sus cláusulas estipula el pago de comisiones; antecedentes que desvirtúan su cancelación por parte de la empresa demandada y, si bien la trabajadora presentó documentación con la que pretende justificar la cancelación por este concepto, revisada las mismas, se advierte que no cumplen con la exigencia establecida en el art. 161 del CPT, además no llevan sello ni firma de algún representante de la empresa demandada, además que las mismas han sido rechazadas por la parte demandada conforme se evidencia fs. 549 a 564 de obrados, precisamente por no cumplir con los requisitos previstos en el artículo antes citado, por lo tanto no tienen valor legal alguno por ser simples fotocopias, además que dichas literales no se constituyen en prueba suficiente y contundente que demuestren la cancelación o el pago de comisiones por parte de la empresa a sus trabajadores.

En base a lo expuesto precedentemente, se llega a la conclusión que no corresponde el pago de comisiones a favor de la actora, como acertadamente y con mejor criterio que la juez a quo, estableció el tribunal de segunda instancia, quienes para arribar a la determinación asumida, valoraron de manera acertada la prueba adjuntada al proceso, conforme facultan los arts. 3.j), 158 y 200 del CPT, no siendo evidente la infracción acusada.

En este entendido, al no corresponder el pago de las comisiones a favor de la demandante, tampoco corresponde que las mismas sean tomadas en cuenta en el sueldo promedio indemnizable, debiendo realizar dicho cálculo sobre la suma de Bs.10.500.-, monto que la trabajadora percibió los tres últimos meses antes de producirse la desvinculación laboral y en base al art. 19 de la LGT y 11 del DR-LGT, no siendo cierto que se hubiera vulnerado el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, consagrados en los arts. 115.II, 119.II y 180.I de la CPE, porque en ningún momento se le causó indefensión a la parte demandante, quien precisamente fue quien presentó la demanda la cual se tramitó en todas sus instancias, llegando incluso hasta el recurso de casación, no siendo argumento valedero para acusar violación de dichos principios, el hecho de que en segunda instancia no se haya reconocido el pago de las comisiones, concedidas por la juez a quo en la Sentencia Nº 31 de 23 de julio de 2013 cursante de fs. 608 a 615, lo que demuestra que los argumentos vertidos, solo resultan ser el reflejo de la disconformidad de la recurrente.

Referente a la forma de desvinculación laboral entre la actora y la empresa demandada, que según la recurrente habría sido por causa de acoso laboral, hecho que se traduciría en un despido indirecto, razón por la que correspondería el pago del desahució; sin embargo, a fs. 41 de obrados, cursa la carta de 26 de julio de 2012, donde la trabajadora Edna Ruth Montecinos, hace conocer al representante de la empresa demandada Sergio Suárez Bolzon, su renuncia a su fuente laboral inducida por el incumplimiento del pago de sus comisiones desde el año 2009 a la fecha y por hacerla sentir mal por las constantes intervenciones al desarrollo de sus funciones que son enteramente de su responsabilidad.

En este sentido y en base a tales antecedentes, se evidencia que la demandante renunció a su trabajo de manera voluntaria, por lo tanto no corresponde el pago del desahucio como erradamente pretende la actora, toda vez que la única razón para dicho pago es que la trabajadora hubiera sido despedida de manera intempestiva y sin causa justificada, conforme determina el art. 13 de la LGT, concordante con el art. 8 del DR-LGT, extremo que no sucedió en el caso de análisis, puesto que como se fundamentó precedentemente, la atora se retiró voluntariamente de su fuente laboral.

Que en ese marco legal, se concluye, que el auto de vista impugnado, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación de norma legal alguna, por consiguiente, corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 776 a 783, interpuesto por la recurrente. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.