SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 08/2016.

Sucre, 4 de febrero de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-CHUQ.203/2015.

Distrito: Chuquisaca.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 139 a 145, interpuesto por Teresa Tatiana Zarate Entrambasaguas en representación de la Empresa “Brujas y Tijeras”, contra el Auto de Vista Nº 211/2015 de 05 de mayo de 2015 cursante de fs. 129 a 131 y Auto de Vista Complementario Nº 226/2015 de 18 de mayo, cursante a fs. 135, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Chuquisaca, dentro del proceso de beneficios sociales, seguido por Laura Luisa Hidalgo de Huanca, contra la Empresa “Brujas y Tijeras”, el auto de fs. 148 vuelta que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Chuquisaca, emitió la Sentencia Nº 077/2014 de fecha 27 de noviembre de 2014 de fs. 102 a 105, declarando probada en parte la demanda de fs. 6 a 7, 10, 12 de obrados, sin costas, improbada la excepción de pago por indemnización, correspondiendo cancelar a la demandante la suma de Bs.16.405,88.- (dieciséis mil cuatrocientos cinco 88/100 bolivianos) suma que deberá cancelarse a tercero día de notificado el demandado con la sentencia bajo conminatoria de emitirse mandamiento de apremio, más los que corresponda los derechos de actualización y multa señalado en el art. 9 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, que se califica en ejecución de sentencia.

En grado de apelación de fs. 109 a 114, formulada por Teresa Tatiana Zarate Entrambasaguas, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Chuquisaca, por Auto de Vista Nº 211/2015 de 05 de mayo de 2015 de fs. 129 a 131, confirmó totalmente la Sentencia Nº 077/2014 de fecha 27 de noviembre de 2014, pronunciada por el Juez de Partido Primero de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la Capital. Con costas en ambas instancias. A solicitud de la demandada, por Auto Nº 226/2015 de 18 de mayo (fs. 135), se declaró no ha lugar a la enmienda y complementación.

El referido auto de vista y su complementario, motivó el recurso de casación de fs. 139 a 145, interpuesto por Teresa Tatiana Zarate Entrambasaguas en representación de la Empresa Brujas y Tijeras SPA, en base a los siguientes argumentos:

1.- Recurso de Casación en la Forma:

Acusó que el auto de vista, vulneró el art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC), relativo a la pertinencia y fundamentalmente el derecho al debido proceso y el principio de seguridad jurídica previstos en los arts. 115.II y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE), respectivamente, toda vez que uno de los argumentos centrales del recurso de apelación radicó en esbozar el irrefutable hecho que la sentencia no hizo un razonamiento claro, expreso y motivado para no tomar en cuenta la prueba aportada que demuestran que la trabajadora renuncio voluntariamente y no existió retiro indirecto.

Indica incumplimiento del art. 202 del Código Procesal del Trabajo (CPT), toda vez que la juez de primera instancia otorgo a la actora el desahucio y este hecho fue aceptado por el tribunal de alzada, bajo el argumento que la actora manifestó que se acogió al despido indirecto y que las pruebas de descargo que se presentó no resultarían idóneas; sin embargo no se toma en cuenta que en la audiencia llevada en la Jefatura del Trabajo de Chuquisaca, la demandante señala que renunciaba voluntariamente, asimismo que mediante documento privado de fs. 21 se demostró claramente que la demandante Laura Luisa Hidalgo de Huanca indica que su retiro fue voluntario, nota que fue reconocida por el apoderado mediante memorial de respuesta a la excepción de pago documentado y respuesta negativa a la demanda, por lo que al ignorar los puntos litigados contenidos en la demanda y en el auto de relación procesal, así como conceder un concepto que no fue discutido ni probado a lo largo del proceso, implica que se encuentren en presencia de un fallo ultra petita o citra petita.

En el auto objeto del presente recurso el tribunal de alzada señala que sus razonamientos son tomados en base a los principios de la verdad material, de razonabilidad y de seguridad jurídica, sin embargo los juzgadores de instancia se parcializan totalmente con la trabajadora, dejando a la empleadora en total indefensión, al no valorar la prueba con razonabilidad, vulnerando el art. 159 del CPT, y sin considerar las Sentencias Constitucionales (SSCC) Nº 43/05-R de 14 de enero, 1006/04-R de 30 de junio; 284/05-R de 04 de abril y 437/05 de 28 de abril, 2039/2010-R de 9 de noviembre de 2010 (expediente 2008-17831-36-RAC), 1365/2005-R de 31 de octubre, Nº 1369/2001-R y 0112/2010-R, 0577/2004-R, de 15 de abril, por lo que se colige que se ha vulnerado el principio de pertinencia de las resoluciones.

Por otra parte, el auto de vista ahora impugnado por los argumentos expuestos precedentemente también incumple con el principio procesal universal “tantum devolutum quantum apellatum”, respecto del principio precitado también conocido como principio de congruencia, establecido en la uniforme jurisprudencia sentada por la Corte Suprema (ahora Tribunal Supremo de Justicia) puntualizado en el Auto Supremo Nº 104 de 27 de abril de 2000, principio que se halla contenido en el art. 190 del CPC y que de manera específica impone que la sentencia debe contener decisiones precisas, concretas y positivas recayendo sobre las cosas litigas en la medida en que hubieren sido demandadas y probadas por las partes, que en caso de estar apartados de este marco jurídico, se encontrarían frente a sentencias ultra, extra o citra petita.

Que en la exposición de agravios hace una transcripción de jurisprudencia referida al principio de congruencia y pertinencia establecida en el Auto Supremo Nº 64 de 04 de mayo de 1998, Nº 104 de 27 de abril de 2000, Nº 448 de 9 de septiembre de 1995, así como jurisprudencia constitucional referida a la vulneración al debido proceso, en las SSCC Nº 1396/2001-R de 19 de diciembre de 2001, Nº 43/05-R de 30 de junio, 284/05-R de 4 abril y 437/05 de 28 de abril, y Nº 2039/2010-R de 9 de noviembre, entendimiento que también se planteó entre otra en la SSCC Nos. 1369/2001-R, 0752/2002-R y 01125/2010-R, respecto a la motivación de las Resoluciones que resuelven recursos la SC Nº 0577/2004-R de 15 de abril.

Añade que el Tribunal de Alzada al haber confirmado la sentencia violó totalmente el derecho garantía al debido proceso y de congruencia establecido en el art. 236 del CPC, aspecto que motiva la procedencia del presente recurso de casación en la forma de conformidad a lo establecido en el art. 254.4) del CPC.

2.- Recurso de Casación en el Fondo:

Acusó que el tribunal ad quem incurrió en interpretación errónea y aplicación indebida, al considerar las aportaciones como una rebaja de sueldo al trabajador, cuando estos pagos van en beneficio del mismo y son pagos mensuales obligatorios por lo que solo se cumplió la ley.

Que las aportaciones hacen referencia a los montos en dinero que hacen los trabajadores para formar un fondo que sea de utilidad cuando se retiren del mercado de trabajo, sirviendo de ingreso regular para manutención, estos son periódicamente, pero del propio sueldo del trabajador para posteriormente jubilarse, que en el caso de autos, el tribunal ad quem señala que se estaría disminuyendo el sueldo a la trabajadora y por ende esto sería causal de despido, y que dicho desconocimiento le causa perjuicio.

Que el auto de vista impugnado incurrió en violación de lo establecido en el art. 159 del CPT, que importa implícitamente vulneración al principio de verdad material consagrado en el art. 180.I de la CPE, toda vez que se debió valorar toda la prueba como son la prueba en fotocopia simple y el testigo de descargo presentados, tomándola en cuenta como una verdad material, que constituye un principio que rige a toda la jurisdicción ordinaria.

Que a fs. 28 cursa acta de audiencia de la Jefatura departamental del Trabajo de Chuquisaca y a fs. 29 certificación la misma que acredita que solo se le adeudaba a la actora la suma de Bs.2.123.- por horas extras, sin embargo el tribunal ad quem no considero dicha prueba, donde la trabajadora en ningún momento renunció a beneficio alguno sino solo reconoció lo que realmente se le debía, no existiendo un monto mayor al que se aceptó, resultando inaudito que se beneficie la actitud temeraria de la actora.

Asimismo no se tomó en cuenta la prueba de descargo consistente en planillas de pago de aguinaldo y sueldos donde se encuentra glosado el sueldo básico, bono de antigüedad, horas extras de lunes a sábado, como tampoco se consideró la reposición salarial y el incremento salarial, toda vez que estos han sido acreditados con el pago del 8% en la planilla de pago de enero a julio de 2012.

Concluyó solicitando se anulen obrados o se case el auto de vista de fs. 129 a 131 y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda social y probada la excepción de pago, o en su caso se proceda a realizar un adecuado cálculo del monto demandado y se disminuya los pagos efectuados en fondos en custodia de la Jefatura de Trabajo de fs. 22 a 23.

CONSIDERANDO II: Que, así expuesto los fundamentos del recurso de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

1.- Recurso de Casación en la Forma:

Previamente se debe tener presente, que conforme el art. 254.4) y 7) del CPC, permiten el recurso de casación en la forma por haberse violado formas esenciales del proceso, concordantes con el parágrafo I del art. 251 del código adjetivo civil que dispone “…ningún trámite o acto judicial será declarado NULO si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la ley”, por lo que a fin de establecer si corresponde la nulidad acusada por la recurrente; la jurisprudencia sentada por este Tribunal, ha establecido que la nulidad o reposición de obrados constituye una medida de última ratio y subordinada a la concurrencia de determinados principios procedimentales, por consiguiente para dar cabida a la nulidad, deberá verificarse fundamentalmente si: a) El vicio procedimental se encuentra expresamente sancionado con nulidad (principio de especificidad) contenido en el mencionado art. 251.I del CPC, que establece que toda nulidad debe estar expresamente determinada en la ley. Este principio sustenta que las nulidades, por su trascendencia, deben ser declaradas únicamente en los casos en que sean estrictamente indispensables y cuando así lo determine la ley, con el objeto de impedir las frecuentes pretensiones indebidas de los litigantes, propensos a encontrar motivos de nulidad sin sustento legal alguno; b) Si el error procedimental tuvo trascendencia (principio de trascendencia), tanto sobre las garantías procesales como en el resultado del fallo, de modo que resulte un evidente perjuicio, es decir, se impone para enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación del proceso y que supongan la restricción de las garantías a las que tienen derecho los litigantes, respondiendo a "no hay nulidad sin perjuicio"; y c) El principio de protección, que establece que la nulidad sólo puede hacerse valer cuando, a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante. Sin ese ataque al derecho, la nulidad no tiene por qué reclamarse y su declaración carece de sentido.

Así establecidos estos principios en los que se sustenta la nulidad procesal, contrastando con el fundamento expuesto en el recurso de casación en la forma, se llega a la conclusión que en el recurso planteado no han concurrido los principios procedimentales señalados supra, toda vez que la recurrente confunde aspectos de fondo con los de forma, a más de limitarse a mencionar supuestas vulneraciones al art. 236 del CPC, relativo a la pertinencia, así como al derecho al debido proceso y el principio de seguridad jurídica previstos en los arts. 115.II y 178.I de la CPE, el art. 202 del CPT, señalando que se encontraría en presencia de un fallo ultra petita o citra petita e incumplimiento del principio procesal universal “tantum devolutum quantum apellatum” conocido como principio de congruencia; sin embargo, esto no es evidente al ser el auto de vista claro y preciso en cada una de las respuestas al recurso de apelación interpuesto por la recurrente, a mas que se debe considerar que si bien el mismo no es ampuloso en su fundamentación, sin embargo expresa a cabalidad su motivación, no existiendo de ninguna manera un fallo ultra o citra petita, pues claramente está establecida en nuestra Carta Magna la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, por lo que no se evidencia motivo de nulidad alguna.

2.- Recurso de Casación en el Fondo:

En relación a que el tribunal ad quem incurrió en interpretación errónea y aplicación indebida, al considerar las aportaciones como una rebaja de sueldo al trabajador, cuando estos pagos irán en beneficio del mismo y son pagos mensuales obligatorios por lo que solo se cumplió la ley, y por ende esto se consideró como causal de despido.

Al respecto cabe aclarar a la recurrente que, de la revisión del auto de vista impugnado, el tribunal ad quem razonó que la decisión de la a quo no solo se basó a raíz de la disminución del monto que por concepto de sueldo o salario se le cancelaba a la trabajadora, sino sobre todo en el incumplimiento de obligaciones sociales en que incurría la empleadora, al existir diferencias entre la documental de cargo y de descargo presentadas, por lo que en base al principio de favorabilidad del trabajador, se evidencia que existió retiro indirecto, por lo que el argumento de que el descuento para los aportes a las AFPs, no fue considerado en ese sentido como producto del retiro sino como una parte del incumplimiento de la recurrente con su trabajadora provocando la inestabilidad laboral a la misma, igualmente de la documental tantas veces mencionada de fs. 21 la misma si bien refiere a un retiro voluntario de Laura Hidalgo, sin embargo en ésta no consta firma de la demandante sino de Jorge Huanca, que por cierto en ningún momento la recurrente demuestra vínculo alguno con la actora, así como tampoco consta la fecha de la misma que acredite el supuesto retiro, por lo que no es aceptable para su consideración, y conforme a los criterios esbozados en el auto de vista, corresponde el pago por retiro indirecto del desahucio al no haberse desvirtuado el mismo y toda vez que el Juez de primera instancia podrá condenar al pago de sumas mayores que las pedidas en la demanda, cuando en el proceso se establezca que éstos son inferiores a las que corresponden al demandante de conformidad con la ley, en base a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, consecuentemente la acusación vertida deviene en infundada.

Respecto a que el auto de vista impugnado incurrió en violación de lo establecido en el art. 159 del CPT, que importa implícitamente vulneración al principio de verdad material consagrado en el art. 180.I de la CPE, toda vez que se debió valorar toda la prueba como son la prueba en fotocopia simple y el testigo de descargo presentados, tomándola en cuenta como una verdad material, que constituye un principio que rige a toda la jurisdicción ordinaria; sobre el particular es preciso señalar que de la revisión de actuados se evidencia que los juzgadores de instancia precisamente en aplicación de dichas normas y principio, han determinado conceder a la trabajadora los conceptos demandados, a más de que en derecho laboral, que en virtud del principio de primacía de la realidad, debe prevalecer la veracidad de los hechos a lo que se pactó o documentó, y por el cual la uniforme jurisprudencia de éste Tribunal Supremo tiene establecido que el juzgador en la formación racional de sus convicciones, además de ponderar la verdad formal de las probanzas, debe escudriñar en todos los aspectos circunscritos a esa verdad formal, para encontrar, en definitiva, la verdad material de los hechos, sobre la que aplicará el derecho, aspectos que fueron considerados, por lo que no se evidencia la vulneración acusada.

En cuanto a que el tribunal ad quem no valoró la prueba de fs. 28 consistente en acta de audiencia de la Jefatura departamental del Trabajo de Chuquisaca y de fs. 29 referente a una certificación de la misma, las mismas que acreditan que solo se le adeudaba a la actora la suma de Bs.2.123.- por horas extras.

Al respecto se debe manifestar que dicha prueba si bien demuestra que por concepto de horas extras se acepta el pago de Bs.2.123.-, sin embargo, conforme establece el art. 48.III de la CPE: “Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”, de lo manifestado al no haberse desvirtuado que dicho pago no era superior al demandado, conforme era la obligación de la empleadora en virtud del art. 150 del Código Procesal del Trabajo, que estipula: “En esta materia corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente”.

De donde se infiere a todas luces que, por ser el proceso social una instancia para precautelar los derechos del trabajador, éste puede acreditar las pruebas que creyere pertinente, siendo evidente que la carga de la prueba corresponde al empleador, vale decir que el indicado artículo del Código Procesal del Trabajo, de manera clara y precisa siguiendo la línea protectiva del derecho social, estipula la obligación del empleador para desvirtuar los extremos demandados por la actora, lo que en la especie no sucedió al encontrarse contradicciones en las pruebas aportadas, por lo que se demuestra que los juzgadores de instancia hicieron una valoración y compulsa adecuada de los actuados al haberse demostrado en el proceso que dicho monto por concepto de horas extras era superior al determinado en la Jefatura de Trabajo.

Ahora bien, respecto a que el tribunal ad quem incurrió en error de hecho en la apreciación de la prueba de descargo consistente en planillas de pago de aguinaldo y sueldos donde se encuentra glosado el sueldo básico, bono de antigüedad, horas extras de lunes a sábado, como tampoco se consideró la reposición salarial y el incremento salarial, toda vez que estos han sido acreditados con el pago del 8% en la planilla de pago de enero a julio de 2012.

Sobre el particular, se debe considerar que de la revisión de obrados la documental adjunta tanto por la demandante como por la empleadora no reflejan de manera clara respecto a los conceptos pagados toda vez que de la prueba de fs. 3 a 5 consistente en boletas de pago las mismas no coinciden en montos con las planillas presentadas de fs. 22 a 23, a más de que la recurrente se limita a presentar solo una parte de sus planillas, las mismas que no constan con el sello respectivo del Ministerio de Trabajo, que acreditan su cumplimiento, tampoco cumple con su obligación de la inversión de la prueba respecto a los incrementos salariales de la gestión 2010 a 2012, al no existir más que una escueta prueba que si fue considerada por la a quo y el tribunal ad quem al determinarse los descuentos en la liquidación de los pagos ya efectuados, por lo que no se puede argüir falta de valoración alguna, más aun si se valoraron correctamente las pruebas aportadas por las partes conforme a la facultad conferida por los arts. 3.j), 158 y 200 del CPT, en virtud a la cual los juzgadores de instancia no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba y por lo tanto puede formar libremente su convencimiento, claro está, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes.

Por consiguiente y en mérito a lo expuesto precedentemente, se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso, el tribunal ad quem realizó una correcta aplicación de la ley, correspondiendo resolver de acuerdo a las previsiones contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, con la facultad remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso deducido de fs. 139 a 145; con costas.

No se regula honorario profesional por no haber sido contestado el recurso de casación.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.