SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 07/2016.

Sucre, 4 de febrero de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.202/2015.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 135 a 137, interpuesto por la empresa Limpieza Industrial URRUTIBEHETY Ltda., representada por su Gerente General María Roxana Knez Alpire, contra el del Auto de Vista Nº 42 de 20 de febrero de 2015, cursante de fs. 131 a 133, emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social por cobro de beneficios sociales seguido por Victoria Herbas Zambrana contra la Empresa recurrente, el memorial de respuesta de fs. 141 a 142, el auto de fs. 143 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Primero de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 89 el 18 de junio de 2014 cursante de fs. 118 a 120, declarando probado el derecho demandado con costas, ordenando que la empresa Sociedad de Responsabilidad Ltda. URRUTIBHETY, a través de su representante pague a tercero día de su notificación, los beneficios sociales a la demandante en la suma de Bs.27.516,12.- correspondiente a desahucio, indemnización, duodécimas de aguinaldo, vacación, sueldos pendientes, horas extras y la multa del 30% según el art. 9 del Decreto Supremo Nº 28699.

En grado de apelación de fs. 122 a 123 formulado por la empresa demandada, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista Nº 42 de 20 de febrero de 2015 (fs. 131 a 133), confirmando en todas sus partes la Sentencia Nº 89 de 18 de junio de 2014 cursante de fs. 118 a 120, con costas.

Contra ésta resolución, la empresa demandada a través de su Gerente General formuló de fs. 135 a 137, recurso de casación en la forma y en el fondo, en el que esgrime los siguientes fundamentos:

En el recurso de casación en la forma, expresa que del estudio del art. 90 del Código de Procedimiento Civil (CPC), se desprende que todas las normas son de carácter público y por tanto su cumplimiento es obligatorio, además de que el tribunal superior en grado tiene la obligación de revisar de oficio todo el cuaderno de apelación, expresando de manera clara esta obligatoriedad, los arts. 227 y 236 del CPC.

Indica que en el presente caso el Tribunal se ha limitado a mencionar que la demanda no ha sido contestada dentro del plazo del art. 124 del Código Procesal del Trabajo (CPT), sin considerar la contestación que corre de fs. 63 a 64, y que, sin embargo de ello el juez a quo a fs. 65 le declaró rebelde mencionando la diligencia de fs. 62, causándole agravios en cuanto al art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 124 del CPT, por lo que el Tribunal de apelación debió anular obrados hasta fs. 65.

Señala como segundo agravio, que el Juez expresó en la sentencia que constituye un grave indicio en contra de la demandada, el no haber contestado la demanda en tiempo hábil, declarando probada en sentencia la demanda, no habiendo valorado el tribunal ad quem los agravios en cuanto al art. 115, 202 y 124 del CPT, por lo que solicita se anule obrados hasta el auto que le declara rebelde de fs. 65.

Concluye solicitando la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta fs. 65, con costas y demás condenaciones.

En el fondo, expresa que con relación a las horas extras, el Tribunal de apelación no valoró que la demandante en su confesión de fs. 7, señaló que trabajaba con un grupo de personas como supervisora, causando agravios en la parte sustantiva del art. 46 parte segunda de la Ley General del Trabajo (LGT), al no valorar tal confesión.

Culmina solicitando se case el auto de vista recurrido respecto a las horas extras.

CONSIDERANDO II: Que, analizados los fundamentos del recurso de casación en el fondo y en la forma, se realiza las siguientes consideraciones para resolución:

Respecto al recurso de casación en la forma, es preciso puntualizar que la observación efectuada resulta inconsistente e imprecisa, debido a que la parte recurrente no la enmarcó con certeza dentro de una de las causales previstas en el art. 254 del CPC, relacionadas esencialmente a “errores in procedendo”, ni fundamentó conforme dispone el art. 258.2) del código adjetivo mencionado.

Sin embargo, considerando la acusación de vulneración al debido proceso (art. 115 de la CPE), en razón a que no valoraron que con el auto dictado a fs. 65 se le causa indefensión; cabe señalar que de la revisión minuciosa del Auto de Vista Nº 42 recurrido, se advierte que fue pronunciado con la pertinencia dispuesta en el art. 236 del CPC, resolviendo precisamente los agravios esgrimidos en el recurso de apelación de fs. 122 a 123, con la debida motivación y fundamentación exigida por ley, pronunciándose respecto a lo extrañado por el recurrente, en el Tercer Considerando donde se fundamenta en relación a la contestación presentada por la parte demandada fuera del plazo establecido por el art. 124 del CPT, habiéndosele declarado rebelde, sin embargo este hecho no limita a la parte a presentar pruebas durante la etapa de apertura de las mismas a efectos de desvirtuar las pretensiones de la demanda por cuanto rige en materia laboral el principio de inversión de la prueba conforme establece el art. 66 concordante con el art. 3.h) del CPT.

Por lo que, el hecho de haber sido declarado rebelde no es causal de nulidad, ni limita el derecho al debido proceso, pues la parte demandada pudo -luego de emitido el auto de fs. 65, por el cual se le declaró rebelde, y en el que, además se estableció los puntos de hecho a probar para ambas partes-, apersonarse y ofrecer la prueba que considerase necesaria a objeto de desvirtuar la demanda; sin embargo, no presentó memorial alguno al respecto ni hizo reclamo oportuno con relación a su declaratoria de rebeldía, por lo que no correspondía conforme lo expresa acertadamente el auto de vista, retrotraer etapas consumadas, por no haberse verificado irregularidades procesales que violen el derecho a la defensa conforme determina el art. 16 de la Ley Nº 025 de 24 de junio de 2010 (LOJ); de lo que se tiene no ser evidente la acusación efectuada.

Respecto a la aseveración de que el Tribunal de Apelación no valoró “…LOS AGRAVIOS EN CUANTO AL ART. 115 Y 202 DEL CPT DEL TRABAJO Y 124 DE LA CPT…”, al establecer que al no haber contestado la demanda en tiempo hábil, es un grave indicio en contra de la demandada; debe tenerse presente que, el art. 115 del CPT, norma los casos en que procede el litis consorcio, y el art. 202 del mismo cuerpo normativo refiere el contenido y reglas de la sentencia, no teniendo estas dos normas relación con el reclamo efectuado, siendo impertinentes y fuera de contexto, no pudiendo por tanto este Supremo Tribunal de Justicia resolver al respecto. En cuanto al art. 124 del CPT, es precisamente el que sirvió de base al Tribunal de Segunda instancia para afirmar que “La Falta de contestación a la demanda constituye un grave indicio en contra del demandado”, pues refiere la misma al término para la contestación de la demanda.

Que, de lo expuesto se concluye, que la aseveración y acusaciones realizadas en el recurso de casación en la forma, resultan no ser evidentes, y verificándose que el Tribunal de apelación motivó y fundamento adecuadamente al respecto, no se encuentra vulneración al derecho al debido proceso ni causal para la nulidad de obrados.

Resolviendo el recurso de casación en el fondo: respecto a la aseveración que el Tribunal de Apelación no consideró que la demandante confiesa que su cargo era de supervisora, y al no valorar la confesión de la demandante ha causado agravios en la parte sustantiva del art. 46 parte segunda de la LGT; es menester señalar que, la apreciación y valoración de la prueba constituye una atribución privativa de los juzgadores de instancia, incensurable en casación, más aún al tratarse de materia laboral en la que el juez no se encuentra sujeto a la tarifa legal de la misma, sino por el contrario debe formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica en la valoración de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, conforme lo dispone el art. 158 del CPT.

Sin embargo, excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establece el inciso 3) del art. 253 del CPC, que textualmente señala: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador.", lo que en la litis no sucedió, por lo que el tribunal de apelación concluyó adecuadamente al señalar “…que el juez a quo al dictar sentencia ha evaluado correctamente los datos del proceso y se ha enmarcado en lo establecido por el art. 4 del C.P.T.”.

Por otra parte, la recurrente no consideró que, en materia laboral rige el principio de inversión de la prueba, en virtud del cual, la carga de la prueba le corresponde al empleador en el marco de lo previsto en los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT; es decir, que el empleador demandado debe desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente, situación que no se dio en el caso de autos, puesto que no se desvirtuaron los extremos demandados por la actora con prueba suficiente y dentro de los plazos legales, para desvirtuar que no correspondía el pago de horas extras por haber desempeñado el cargo de supervisora.

Por los razonamientos expresados, se concluye que la decisión del tribunal de alzada, es correcta al confirmar la sentencia de primera instancia, advirtiéndose que el Auto de Vista Nº 42 de 20 de febrero de 2015 (fs. 131 a 133) impugnado, se ajusta a las disposiciones legales en vigencia; consiguientemente, al no estar demostrada la existencia de las infracciones denunciadas por el recurrente en el recurso de casación en la forma y en el fondo de 135 a 137, deducido por María Roxana Knez Alpire en representación de la Empresa URRUTIBEHETY, corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la permisión prevista en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 135 a 137, con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs.500.- que mandara a hacer efectivo, el tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.