SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 06/2016.

Sucre, 4 de febrero de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.201/2015.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 115 a 117, interpuesto por la Compañía Industrial Azucarera “San Aurelio” S.A., representada por Ramón Aurelio Gutiérrez Sosa, contra el Auto de Vista Nº 355 de 1 de diciembre de 2014, cursante de fs. 107 a 109, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Santa Cruz, dentro del proceso social, seguido por Andrés Cabello Castro contra la empresa recurrente, la respuesta de fs. 120 a 121, el auto de fs. 122 que concede el recurso, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Jueza Cuarto de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, dictó la Sentencia Nº 58 de 23 de septiembre de 2013, cursante de fs. 74 a 76, declarando probada la demanda interpuesta por Andrés Cabello Castro, con costas, ordenando a la empresa demandada, pague a tercero día a favor de su ex trabajador la suma de Bs.40.953,52.- (cuarenta mil novecientos cincuenta y tres 52/100 bolivianos), por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldos, vacación, bono de antigüedad, domingos y feriados, más la multa del 30%, y en caso contrario con las actualizaciones y reajustes dispuestos por ley. Luego a solicitud de la empresa demandada, por auto de fs. 79 se declaró no ha lugar a la aclaración o complementación.

En grado de apelación de fs. 83 a 84, interpuesto por la empresa recurrente, por Auto de Vista Nº 355 de 1 de diciembre de 2014 de fs. 107 a 109, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Santa Cruz, confirmó el Auto Nº 239 de 28 de marzo de 2014 y declaró la validez de obrados y continuidad procesal. Asimismo confirma en todas sus partes lo determinado en la Sentencia Nº 58 de fecha 23 de septiembre de 2013, cursante de fs. 74 a 76, dictado por el juez a quo, en aplicación del art. 4 de la Ley General del Trabajo (LGT) y arts. 56 y 59 del Código Procesal del Trabajo (CPT) y art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE) y arts. 3 y 5 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

Que, contra el referido auto de vista, la empresa demandada, interpuso recurso de casación de fs. 115 a 117, expresando en síntesis los siguientes argumentos:

Acusó error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba testifical de descargo, al señalar que las mismas estarían comprendidas dentro del art. 446.II del Código de Procedimiento Civil (CPC), sin embargo solo procede la aplicación del mismo cuando es opuesta la tacha por la parte interesada, lo que no ocurrió en el caso de autos, ya que conforme sale de los actuados de fs. 31 a 36 la demandante no opuso tacha alguna y por ende dicho derecho caducó, incurriendo el tribunal ad quem en error de derecho al no compulsar la prueba testifical de descargo, declaraciones que son uniformes en tiempos, hechos y lugares cuando afirman que el demandante nunca fue trabajador de la empresa, lo que en aplicación del art. 169 del CPT hace plena prueba.

Que el tribunal de alzada, también incurrió en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba documental de descargo, al no considerar la certificación de fs. 42 expedida por Derechos Reales, que demuestra que la propiedad donde dice haber trabajado el actor no pertenece a la empresa, y por ende es imposible que haya existido relación laboral.

Que, existió error de derecho en la prueba documental de cargo, al señalar que las mismas respaldan las pretensiones del actor, cuando de fs. 1 a 5, son documentos unilaterales; que los informes de la comunidad y otros no pueden ser consideradas ya que como se manifestó el inmueble sobre el que trabajó el actor no pertenece a la empresa; que las certificaciones emitidas de fs. 47 a 51, no indican ni menos demuestran la personería de la institución por lo que no pueden ser admitidas como prueba y son nulas de pleno derecho.

Concluyó solicitando que se case parcialmente el auto de vista y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda y probada la excepción opuesta, en consecuencia no ha lugar al pago de beneficios sociales que sin derecho reclama el demandante.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

Con carácter previo al análisis de los argumentos del recurso, se debe dejar establecido que dicho recurso no contiene una verdadera crítica legal al auto de vista impugnado, tratando más bien de descalificar su contenido, en lugar de realizar un análisis técnico jurídico que desvirtúe de manera razonada y razonable los fundamentos que lo sostienen, sin embargo, no obstante estas observaciones, se ingresa al fondo a objeto de resolver la causa, y analizando el recurso se tiene:

Cabe aclarar que, el objeto de la litis radica en determinar si entre el actor y la empresa recurrente existió o no relación laboral; en ese entendido la LGT, en su art. 6 establece: “El contrato de trabajo puede celebrarse verbalmente o por escrito, y su existencia se acreditará por todos los medios legales de prueba…”, que por lo manifestado del análisis de las pruebas aportadas tanto de cargo como de descargo, conforme sale de los informes y certificaciones emitidas por la Comunidad Pampa el Coscal, Cantón Florida, cursantes de fs. 47 a 51, el actor era conocido en dicha comunidad como un trabajador de la empresa San Aurelio, por lo que se acredita que el demandante prestó sus servicios en calidad de sereno a favor del recurrente, y en observancia a los principios de primacía de la realidad, de proteccionismo e inversión de la prueba en materia laboral se puede evidenciar claramente existió una relación laboral entre el actor y la empresa demandada, aun cuando no hubiese existido contrato escrito, aspecto que no fue desvirtuado en ningún momento por el recurrente, quien en el recurso interpuesto se avocó a negar el vínculo laboral que existió entre su persona y el actor, pretendiendo evadir el pago de los beneficios sociales del mismo, sin considerar que todo trabajador goza del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por los arts. 162 de la CPE (1967) y 4 de la LGT que de manera clara y precisa prescribe: "Los derechos y beneficios reconocidos a favor de los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos", y art. 48.I, II y III de la CPE (2009), que dispone: "I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral. III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”, por lo que no se evidencia que se haya vulnerado norma alguna.

Ahora bien, en relación al error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba testifical y documental de descargo, la misma que demostraría que el actor jamás trabajó para la empresa recurrente y por ende es imposible que haya existido relación laboral; sobre este particular se debe tener presente, que todas las pruebas presentadas fueron valoradas por el juez de primera instancia y el tribunal de alzada dentro de los marcos y reglas de la sana crítica, a mas de que el recurrente debe tener presente que la apreciación y valoración de la prueba es facultad privativa de los juzgadores de instancia, siendo incensurable en casación, y que solo excepcionalmente podrá revisarse o revalorase la prueba, en la medida que el recurrente acuse y demuestre error de hecho o de derecho en las condiciones que señala el inciso 3) del art. 253 del CPC, lo que en la especie no sucedió, deviniendo en consecuencia los motivos del recurso en infundados.

Por otro lado, es importante señalar que nuestra legislación laboral dispone que el Juez no se encuentra sujeto a la tarifa legal de las pruebas, y por tanto formará libremente su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informa la crítica de la prueba, atendiendo las circunstancias que resaltan por su relevancia dentro del proceso, así como la conducta procesal observada por las partes, tal cual lo establece el art. 158 del CPT en relación con el art. 3.j) del mismo cuerpo legal, y que en materia laboral el Juez goza de autonomía, en cambio los argumentos efectuados por el recurrente constituyen una simple afirmación, sin fundamento ni respaldo legal, como ha sido manifestado supra.

Por todo lo expuesto, corresponde resolver el proceso conforme prescriben los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación deducido de fs. 115 a 117.

Se regula honorario profesional para el abogado en la suma de Bs.500,00.- que mandará a pagar el tribunal de alzada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.