SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 04/2016.

Sucre, 4 de febrero de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-LP.199/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de nulidad cursante de fs. 186 a 190 interpuesto por Jaime Condori Quispe, en su calidad de Secretario General del Sindicato Mixto de Colectiveros, Micros, Minibuses y Trufibuses “SAN CRISTOBAL”, contra el Auto de Vista Nº 046/2015 de 10 de abril, cursante de fs. 174 a 175, emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso laboral seguido por Elías Claros López, contra la empresa recurrente, la contestación a fs. 193, el auto a fs. 194, que concede el recurso; los antecedentes procesales; y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Sexto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de la Paz, pronunció la Sentencia Nº 105/2014 de 04 de junio, cursante de fs. 139 a 146, declarando probada la demanda de fs. 32 a 33, subsanada a fs. 35 de obrados, disponiendo que la parte demandada, Sindicato de Colectiveros, Micros, Minibuses, Trufis y Taxis San Cristóbal, a través de su representante legal, proceda al pago de beneficios sociales a favor del actor, de acuerdo a la liquidación inserta, la suma de Bs.23.655,52.

En grado de apelación deducida por el representante del Sindicato demandado de fs. 157 a 161, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, emitió Auto de Vista Nº 046/2015 de 10 de abril, de fs. 174 a 175, confirmando la Sentencia Nº 105/2014 de 04 de junio de fs. 139 a 146, con las formalidades de ley.

Dicho fallo motivó el recurso de nulidad de fs. 186 a 190 interpuesto por el Sindicato de Transportes San Cristóbal, a través de su representante legal, quien denunció.

1.- Que, el auto de vista emitido por el tribunal ad quem, vulneró el debido proceso consagrado en el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), ya que el demandante siempre fue socio asalariado, con Registro Nº 0695 con fecha de Afiliación de 10 de marzo de 1993, con Brevet Nº 08345, eso quiere decir que era conductor y dependía del propietario de la movilidad que él conducía, y al ser socio del Sindicato San Cristóbal, jamás fue un trabajador asalariado del sindicato y mucho menos en la fecha que señala, del 3 de marzo de 1986 hasta el 31 de diciembre de 2006, ya que como consta en la documentación adjunta, trabajó en comisión el año 1996 hasta el año 2006, cobrando hoja de ruta y descontándose sus viáticos y ganancias de forma diaria a destajo, además la directiva de aquel entonces le reconocían de manera mensual una asignación de Bs.200.-, que no era considerado como un sueldo.

2.- Continuó indicando que el demandante formalizó demanda en contra de los socios de base Willy Silva y Claudio Márquez, personas que no tenían nada que ver con el directorio del sindicato, es así que el juez mediante decreto de fecha 18 de enero de 2008, de fs. 36 admite la demanda y ordena el traslado de la misma, a fs. 43 el demandante Elías Claros López, mediante memorial pide se declare en rebeldía a los demandados, por lo que el juez de la causa procede a declarar rebelde a los supuestos demandados, en fecha 12 de junio de 2008, a fs. 51 los supuestos demandados se apersonan y piden la nulidad de obrados devolviendo los cedulones de las literales de fs. 45 a 50 de obrados indicando claramente que Remigio Willy Silva Gonzales y Claudio Márquez Macías, no son los representante legales del sindicato San Cristóbal, por lo tanto no tienen la representatividad, por lo que estos actos serian nulos de pleno derecho al carecer de capacidad legal, incidente que es rechazado según Resolución Nº 48/2008 de 21 de julio (fs. 55 a 56), resolución que es recurrida mediante el recurso de reposición bajo alternativa de apelación, que concedida por auto de fs. 64, la misma que luego fue rechazada es rechazada por auto de fs. 75 a 76 por tanto se encuentra debidamente ejecutoriada.

Concluyó solicitando se conceda el recurso de nulidad, ante el Tribunal Supremo de Justicia, para que luego de una correcta y cabal compulsa de los antecedentes, pronuncien auto supremo anulando el Auto de Vista Nº 046/2015 de 10 de abril, que confirma la Sentencia Nº 105/2014.

CONSIDERANDO II: Que, en principio cabe señalar, en cuanto a la solicitud de nulidad es necesario establecer que el recurso de casación en la forma se funda en errores “in procedendo”, referido a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, la nulidad consiste en la ineficacia de los actos procesales que se han realizado con violación de los requisitos de forma o procedimiento que la ley procesal ha previsto para la validez de los mismos, a través de las nulidades se controla la regularidad de la actuación procesal y se garantiza a las partes el derecho al debido proceso, establecido en el art. 115.II de la CPE.

1.- La empresa recurrente considera que el tribunal de apelación al dictar el auto de vista, vulnero el derecho al debido proceso, atentando el derecho a la defensa consagrado en el art. 115 de la CPE, toda vez, que demandante siempre fue socio asalariado del Sindicato San Cristóbal, acusación que no es evidente, toda vez que en los procesos laborales se resuelven cuestiones propias de la relación del trabajo, hecho probado a través de las pruebas documentales cursantes de fs. 13 a 27, testificales de fs. 122 a 123, pruebas testificales y documentales adjuntas al proceso cuya apreciación integral determina la relación obrero patronal, pues la función de las pruebas es la de verificar la existencia o inexistencia de los hechos manifestados por la parte; por lo tanto se evidencia la existencia de elementos probatorios producido por el actor dentro del proceso.

2.- Sobre la denuncia que el tribunal ad quem, al emitir el auto de vista no consideró que el demandante formalizó demanda en contra de los socios de base Remigio Willy Silva Gonzales y Claudio Márquez Macias, personas que no eran representantes del directorio del sindicato; empero debe tenerse presente que, la demanda fue instaurada contra una persona jurídica, habiendo sido admitida la demanda en contra del Sindicato de Colectivos San Cristóbal, en las personas de sus representantes legales, en cumplimiento de los arts. 112, 117 y 120 del Código Procesal del Trabajo (CPT), y que pueden cambiar de representantes legales, no obstante que la empresa demandada fue notificada en varias oportunidades en su domicilio real situado en la Av. Final Saavedra s/n Miraflores, conforme consta de las diligencias procesales de fs. 57, 65, 66, 78, y 94, por lo tanto conocieron todos los actuados procesales emitidos dentro de la presente casusa.

Que, en el caso de autos, el tribunal de segundo grado, al constituirse en órgano judicial de conocimiento y no así de puro derecho, como es el tribunal de casación, tiene la facultad para analizar y resolver todos los fundamentos de los recursos de alzada, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada durante la tramitación del proceso, no pudiendo soslayarse la resolución de la causa, si en el texto del memorial de la apelación, constan fundamentos y especialmente agravios que deben ser considerados y resueltos sin restricción alguna; porque el juez no está sometido a una tarifa legal de la prueba, sino que formó su convencimiento en función a los arts. 3.j) y 158 del CPT. También se debe tener en cuenta que en materia social rige la…, “inversión de la prueba, principio que desplaza sobre el empleador la obligación de desvirtuar las pretensiones del contrario tal cual lo refieren los arts. 3 inc. h), 66 y 150 del Código Procesal Laboral”…, de donde se concluye que la empresa recurrente en ningún momento presentó pruebas que justifiquen sus afirmaciones; no siendo evidentes las acusaciones vertidas en el recurso de nulidad. Por el contrario, la misma se encuadra en lo previsto en los arts. 48.I, II y III, de la CPE y 19 de la Ley General del Trabajo (LGT).

3- En cuanto a la impetrada nulidad, se concluye que no existe fundamento convincente para que la misma opere merced a que para la procedencia de la nulidad deben concurrir algunos principios que deben ser observados por el juzgador, estos son, los principios de especificidad, trascendencia y protección.

Ahora bien, el principio de especificidad se encuentra previsto en el art. 251.I del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicable por disposición del art. 252 del CPT, mismo que establece que toda nulidad debe estar expresamente determinada en la ley, principio que descansa en el hecho que en materia de nulidad, debe haber un manejo cuidadoso y aplicado únicamente a los casos en que sea estrictamente indispensable y así lo haya determinado la ley.

Por su parte, el principio de trascendencia, en virtud del cual no hay nulidad de forma, si la alteración procesal no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio; es decir, que se impone para enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación del proceso y que suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes. Responde a la máxima "no hay nulidad sin perjuicio"; es decir, que no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte, mediante la infracción, no haya sufrido un gravamen.

Asimismo el principio de protección, que establece que la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella quedan indefensos los intereses del litigante, sin ese ataque al derecho de las partes la nulidad, no tiene porqué reclamarse y su declaración carece de sentido, principio protector consagrado en el art. 3.g) del CPT.

De lo expuesto, la nulidad solicitada no se justifica de manera alguna, puesto que no se adecua al principio de trascendencia antes definido, por no afectar al derecho a la defensa, al debido proceso ni a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, casos en los cuales y de comprobarse una afectación a los sujetos procesales procedería; al margen de ello, tampoco se cumple con los presupuestos relativos al principio de especificidad antes desarrollados.

Por todo lo expuesto corresponde reconocer a favor del actor los beneficios sociales demandados, como acertadamente determino la juez a quo, confirmado por el tribunal de apelación en base a una correcta y adecuada valoración de las pruebas adjuntadas durante la tramitación de la presente causa conforme el art. 4 de la LGT, los derechos de los trabajadores son irrenunciables e imprescriptibles.

Consiguientemente se concluye, al no ser evidentes las infracciones acusadas, puesto que el auto de vista recurrido se ajusta a las normas legales en vigencia, corresponde resolver el recurso de acuerdo a lo establecido por los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables al caso presente con la permisión contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de nulidad de fs. 186 a 190, de obrados, con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado en Bs.500.- que mandará pagar el tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.