SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 430/2016.

Sucre, 5 de diciembre de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-PDO.504/2016.

Distrito: Pando.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.


VISTOS: El recurso de compulsa de fs. 36 a 37 vta., interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, representado por Luis Gatty Ribeiro Roca, dentro de la demanda social por pago de beneficios sociales y otros, seguido por Riselva Rapo Rodríguez contra la entidad compulsante, los antecedentes del legajo, el informe del Magistrado Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas, presidente de Sala, y 

CONSIDERANDO I: Que, por memorial de fs. 36 a 37 vta., el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, formalizó recurso de compulsa, expresando que, mediante Auto Nº 217/16 de 27 de septiembre de 2016, cursante a fs. 12 se concedió el recurso de casación planteado por la entidad compulsante, estableciéndose en el mismo que la entidad recurrente debe cumplir con los gastos de envió en el plazo de 10 días, bajo la pena de declararse la caducidad del recurso, posteriormente el 29 de septiembre de 2016, se colgó en el tablero judicial una representación emitida por la Auxiliar de la Sala Penal y Administrativa (Edith Rodríguez Mariscal), en suplencia de la Sala en cuestión, cuya representación no cursa dentro del expediente.

Agrega que, el 29 de septiembre de 2016, se notificó con el Auto Nº 217/16, en la que supuestamente se conminó a la entidad recurrente, para que provea los recaudos de ley, para que la causa se remita ante el Tribunal Supremo de Justicia; sin embargo, el tribunal departamental argumentó que el plazo se habría vencido, haciendo prevalecer la conminatoria del 29 de septiembre de 2016. Además que el 3 de noviembre de 2016, se incurre en error, al determinar que se declare ejecutoriado el auto de vista, por la supuesta no provisión de recaudos, ya que la DAF no puede correr con esos gastos, lo cual es atentatorio al debido proceso y la celeridad de la justicia.

Por esta razón señaló que, conforme establecen los arts. 298 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y 58 del Código Procesal del Trabajo (CPT), las instituciones públicas están libres de proveer recaudos, timbres o valorados, por lo que debió de remitirse de oficio el recurso de casación en el fondo impetrado por la entidad recurrente.

PETITORIO.- Concluyo solicitando que, se “declare probado” el recurso de compulsa, por la negativa indebida de concederse el recurso de casación por el supuesto vencimiento de plazo en la provisión de recaudos. 

CONSIDERANDO II: Que, conforme establece el art. 283.3 del CPC, el recurso de compulsa procede contra la negativa indebida del recurso de casación.

En el caso sub lite, el tribunal de apelación por Auto Nº 217/16 de 27 de septiembre de 2016, concedió el recurso de casación en el fondo, interpuesto por la entidad demandada, otorgando el plazo de 10 días para proveer los gastos de remisión; posteriormente, por Auto Nº 260/16 de 3 de noviembre de 2016, el mismo tribunal declaró caducado su derecho al citado recurso por no haber proveído los recaudos de ley y declaró ejecutoriado el Auto de Vista; por consiguiente corresponde establecer si este rechazo tiene o no sustento legal, de donde se concluye lo siguiente:

       En la especie, el compulsante manifestó que se le notificó el 29 de septiembre de 2016 con el Auto Nº 217/16, que contiene la conminatoria a la entidad demandada para que provea los recaudos de ley. Sobre este punto, cabe señalar que de la revisión del legajo, se puede afirmar que en el Auto Nº 217/16, se dispuso la concesión del recurso y además se estableció que: “Los gastos de remisión correrán por la parte recurrente de acuerdo al Art. 212 del mismo cuerpo legal, en el plazo de 10 días bajo pena de declararse la caducidad del recurso y la ejecutoria del Auto de Vista.”, texto del cual este Tribunal considera que el recurrente sabía que tenía que proveer los recaudos de ley, motivo por el cual, el ahora compulsante, trata de confundir a este Tribunal señalando que: “se le notificó el 29 de septiembre de 2016, con el Auto Nº 217/16, en el cual supuestamente se estaba conminando a que provea los gastos de remisión”           -textual- por lo que se concluye que la entidad demandada, desde el principio tenía conocimiento del plazo que tenía (10 días), para cumplir con dicha provisión. En ese sentido, el compulsante, en casi todo el contexto de su recurso manifestó que, la auxiliar le habría notificado de una manera extraña, por el supuesto parentesco con la demandante, hecho que es completamente insustancial, y que no fue comprobado.

       En ese sentido, el art. 283 del CPC, establece que el recurso de compulsa procede en los siguientes casos: 1) Por negativa indebida del recurso de apelación; 2) Por haberse concedido la apelación sólo en el efecto devolutivo, debiendo ser en el suspensivo; y, 3) Por negativa indebida del recurso de casación.

Complementariamente a lo anotado, el Tribunal de Apelación, solo puede negar el recurso de casación o nulidad, en los casos previstos por el art. 262.1, 2 y 3 del Adjetivo Civil, modificados por el art. 26 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar; es decir: 1) Cuando se hubiere interpuesto el recurso, después de vencido el término; 2) Cuando pudiendo haber apelado, no se hubiere hecho uso de este recurso ordinario; y, 3) Cuando el recurso no se encuentre previsto en los casos señalados en el art. 255 del CPC.

En el caso de autos, se presenta un caso distinto al establecido en las normas citadas y glosadas supra, pues, el recurso de casación intentado por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, conforme se refirió de los antecedentes, fue debidamente concedido y se dispuso la remisión de los antecedentes ante el Tribunal Supremo de Justicia, disponiéndose además que la parte recurrente provea el porte correspondiente para dicha remisión y, ante la falta de esta provisión, se determinó la ejecutoria del auto de vista recurrido. Entonces se concluye que el recurso de compulsa se plantea contra el auto que declara la ejecutoria de la resolución recurrida y no por una indebida negativa del recurso de casación.

En efecto, el recurso de compulsa, está referida concretamente al caso en que el recurrente no cumplió con la provisión del porte para la remisión, al respecto, el art. 260 del CPC dispone: “Devuelto el proceso con o sin la respuesta al recurso de casación, éste siendo procedente, será admitido mediante auto y se ordenará la remisión del expediente ante el juez o tribunal de casación en el plazo máximo de quince días, previa notificación a las partes. Los gastos de esta remisión correrán por cuenta de la parte recurrente  (negrillas y subrayado son añadidas). Queda claro entonces que, una vez concedido el recurso, subsiste la obligación para el recurrente la carga procesal de proveer los gastos de la remisión al Tribunal que conocerá y resolverá el recurso de casación.

A su vez, el art. 261 de la citada norma adjetiva civil, complementa: Si el recurrente no proveyere el importe de los gastos de remisión del expediente, en el plazo establecido en el artículo anterior, se declarará de oficio la caducidad del recurso y la ejecutoria de la sentencia o auto recurrido” (negrillas son añadidas). Disposición legal, que impone sanción al recurrente negligente que no provea el importe de los gastos de remisión, que acarrea dos consecuencias a saber: a) la caducidad del recurso, b) la ejecutoria de la sentencia o auto recurrido.

En autos, el Tribunal Ad quem, habiendo concedido el recurso de casación y dispuesto la remisión ante el Superior en Grado, ante la falta de provisión del importe para la remisión del expediente, declaró “desierto” el  recurso y  la consiguiente ejecutoria del auto de vista, que resolvió el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado.

Nótese que la exención establecida en favor de las entidades públicas existe, está relacionada con el pago de gastos y costas judiciales como honorarios profesionales, así lo establece el art. 39 de la Ley 1178, conceptos diferentes al gasto del importe de envió del expediente al Tribunal de Casación, es decir, contempla la exención del   pago   de   tasas   o   derechos establecidos para los registros públicos nacionales, departamentales y municipales, así como de valores judiciales. En  presente proceso, el compulsante no debía cancelar ningún valor judicial, sino proveer el importe del envió del expediente a este Tribunal, que solo constituye una carga procesal, gasto que no podía ser suplido y asumido de oficio por el Tribunal Departamental de Justicia de Pando, menos por el Tribunal Supremo de Justicia, siendo de absoluta responsabilidad del recurrente el cumplir con la remisión del asunto que sea de su interés, máxime si los representantes de la entidad demandada son los Asesores legales de la misma, que no pueden invocar a su favor desconocimiento de las disposiciones legales, menos pretender fundar su negligencia en disposiciones legales atinentes, negligencia que merece ser sancionada con la caducidad del recurso ya concedido. 

A mayor abundamiento, deber tenerse presente la disposición del art. 212 del CPT, que señala: “Cuando el recurrente no provea el porte para la remisión del expediente al Tribunal Supremo en el término de 10 días desde su notificación con el auto que la concede se declarará desierto el recurso y ejecutoriado el auto de vista”, norma también de observancia y cumplimiento obligatorio, pues, el recurso en estudio deviene de un proceso laboral y se constituye en norma específica para el caso.

Por lo expuesto, está claro que el Tribunal compulsado ha obrado correctamente y aplicado adecuadamente la previsión contenida en el art. 212 de la norma procesal laboral, cuando en el Auto N° 260/16 de 3 de noviembre de 2016, declaró la caducidad del recurso interpuesto y la ejecutoria del Auto de Vista N° 461/16, de 18 de agosto de 2016, cursante de fs. 5 a 7 del legajo; sin haber incurrido en ninguna infracción señalada en el recurso de compulsa, motivo por el cual, se concluye que el tribunal de apelación actuó correctamente.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por el art. 42.4 de la Nueva Ley del Órgano Judicial, declara ILEGAL, el recurso de compulsa interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija.

No corresponde la aplicación del art. 296 del Código de Procedimiento Civil, por ser la entidad compulsante una entidad pública dependiente del Estado Boliviano, conforme disposición del art. 39 de la Ley 1178.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-