SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 427/2016.

Sucre, 15 de noviembre de 2016.  

Expediente:SC-SA.SAII-OR.169/2016

Distrito: Oruro.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

VISTOS: El recurso de nulidad (casación en el fondo) de fs. 154 a 158 interpuesto por la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional, representado por Mauro Vargas Calvimonte, contra el Auto de Vista AV-SECCASA-38/2016 de 24 de marzo, corriente a fs. 129 a 132, pronunciado por la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social - Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso contencioso tributario que sigue la Agencia Despachante de Aduana “PIRAMIDE” contra la entidad recurrente; el Auto de fs. 161 que concedió el recurso; el Auto Supremo Nº 175/2016-A de 3 de junio, de fs. 175 y vta., que declaró admisible la casación; los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I

I.1. Antecedentes del Proceso

I.1.1 Sentencia

Tramitado el proceso, el Juez de Partido Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de Oruro, pronunció la Sentencia Nº 014/2015 de 03 de agosto de 2015, de fs. 91 a 98 vta., declarando PROBADA la demanda contenciosa tributaria interpuesta por la Agencia Despachante de Aduana “PIRAMIDE” contra la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional, en consecuencia declara la NULIDAD TOTAL de la Resolución Sancionatoria Nº AN-GROGR-ULEOR Nº 0119/2013 hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional GRORU UFIOR Nº 003/2011, dejando sin efecto la sanción por concepto de Contravención Aduanera.

I.1.2. Auto de Vista

En grado de apelación  planteada por el representante de la entidad demandada conforme fluye de fs. 101 a 103 vta., fue resuelto por la Sala


Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social - Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro mediante Auto de Vista AV-SECCASA-38/2016 de 24 de marzo de 2016, corriente a fs. 129 a 132, que confirmó totalmente la sentencia apelada.

I.2. Motivos del recurso de casación

Contra el auto de vista, la entidad demandada, representada por Mauro Vargas Calvimonte, por memorial de fs. 154 a 158, opone recurso de casación en el fondo, señalando en síntesis lo siguiente:

1.2.1. Infracción del art. 168.II de la Ley Nº 2492.

Indica que según el auto de vista, ahora impugnado, el Juez a quo, habría establecido que el incumplimiento de los plazos procesales en la emisión de la Resolución Sancionatoria, habría dejado en absoluta indefensión al sujeto pasivo, conculcando el debido proceso; asimismo, que la resolución ahora impugnada, habría señalado que la sentencia habría sido ejercitada en justicia “por lo previsto en el numeral III del art. 36 de la Ley 2341, por el simple transcurso del tiempo no considerada en la instancia administrativa al emitir la Resolución Sancionatoria”.

Al respecto, arguye el recurrente, que en ningún momento se dejó en indefensión, porque tuvo la oportunidad de presentar pruebas para la emisión de la Resolución Sancionatoria; y, que no existe un tiempo fatal y que la nulidad debe ser expresa y establecida en la ley. Arguye que la norma infringida es el art. 168.II de la Ley Nº 2492.

Indica que el auto de vista estableció la aplicación del art. 36 de la Ley Nº 2341, en referencia a la anulabilidad del Acto (parágrafo IIII) cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Asimismo hace referencia al art. 168.II de la Ley Nº 2492, indicando que este artículo no establece la nulidad, mucho menos la anulabilidad del acto administrativo, haciendo referencia posteriormente a “la emisión extemporánea de la Resolución Sancionatoria”.

Después de hacer alusión a Art. 35.I.c) de la Ley Nº 2341 (LPA), art. 201 de la Ley Nº 3092, arguye que sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo; y que en ese sentido, siendo que el Código Tributario Boliviano no sanciona de forma expresa con nulidad la emisión fuera de plazo de la Resolución Sancionatoria y al no existir vacíos legales en esta materia, no existe nulidad o anulabilidad del acto administrativo.

También señala que las Disposiciones Transitorias de la Ley Nº 2492, en su parte segunda, señalaría que “los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales iniciados a partir de la vigencia plena de este Código, serán sustanciados y resueltos bajo este Código”.

Refiere que el auto de vista señala otra sentencia, la “ 0141/2015 y que la correcta es “014/2015; y concluye señalando que las contravenciones aduaneras tipificadas en el art. 168.II de la Ley Nº 2492 y sancionada en los arts. 186.f) y 187 de la Ley Nº 1990, en relación a la clasificación arancelaria referida a la mercadería consignada en la DUI 2008/432//C-10462 de 19/09/2018, sólo serán aplicadas la normativa tributaria y no la normativa citada en el auto de vista impugnado, haciendo alusión, en formato de transcripción, a una parte de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0295/2012 de 7 de mayo de 2012.

1.2.2. Errónea aplicación del art. 59 de la Ley Nº 2492.

Indica que otro agravio, está referido a la Prescripción, haciendo referencia a lo que señalaría la Resolución ahora impugnada, alegando que el Auto de Vista hizo alusión a la prescripción y que supuestamente el Juzgador habría establecido la veracidad de los hechos, que según el recurrente, no es así.

Refiere que la decisión asumida, se traduce en el desconocimiento de la normativa tributaria, arguyendo que el art. 59 de la Ley Nº 2492, fue erróneamente aplicada por el Juez a quo y el tribunal de apelación, que es causal de nulidad, porque primeramente, la citada disposición legal fue modificado por Ley Nº 291, que en su parágrafo I,  estableció un régimen diferenciado por gestiones; y, también hace alusión a la Ley Nº 317, refiriendo que la misma señalaría el término de prescripción que en dicha gestión, se incrementaría a cinco años.

Señala que el cómputo de prescripción en relación a las contravenciones aduaneras tipificadas en los arts. 168.II de la Ley Nº 2492 y sancionada en los arts. 186.f) y 187 de la Ley Nº 1990 (Ley General de Aduanas), en relación a la clasificación arancelaria referida a la mercancía consignada en la “DUI 2008/432//C-10462 DE 19/09/2009, se extiende hasta la gestión 2013 porque la norma (no describe cual) establece que las acciones de la Administración Tributaria prescribirá a los 5 años en la gestión 2013, por lo que “la Administración Aduanera ejerció sus facultades sancionatorias dentro de los plazos a fs. 157; consiguientemente; el tribunal de alzada no habría aplicado la norma tributaria. Indica que al respecto, existe precedente administrativo, haciendo alusión a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1679/2013 de 17 de septiembre de 2013.

II.2.1. Petitorio

La entidad recurrente, refiere que interpone “RECURSO DE NULIDAD en el fondo del Auto de Vista (sic) ahora impugnado; y que se CASE totalmente la referida Resolución recurrida, se declare improbada la demanda principal y se disponga mantenerse firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN GROGR ULEOR-RS Nº 119/2013 de 21/11/2013.

CONSIDERANDO II

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

En principio, se advierte que el objeto de controversia, radica en determinar si el tribunal de alzada, al haber confirmado la sentencia, habría o no infringido el art. 168.II de la Ley Nº 2492, toda vez que esta disposición legal, no establece sanción por el incumplimiento del plazo para la emisión de la resolución final, alegando asimismo que no existe una ley expresa que sancione con nulidad el mencionado incumplimiento y que sólo a falta de disposición expresa, se aplicaría supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo; y, por otra parte, que tanto el Juez a quo como el tribunal de apelación, habrían aplicado erróneamente el art. 59 de la Ley Nº 2492, respecto a la prescripción de la sanción.

De la revisión de antecedentes, se advierte que el Juez de Partido Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de Oruro, pronunció sentencia de fs. 91 a 98 vta., declarando la NULIDAD TOTAL de la Resolución Sancionatoria Nº AN-GROGR-ULEOR Nº 0119/2013 y hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional GRORU UFIOR Nº 003/2011, dejando sin efecto la sanción por concepto de Contravención Aduanera, con el argumento de la Administración Aduanera habría incumplido con los plazos en el “acto administrativo dictado a fs. 98, incurriendo en nulidad de pleno derecho prevista en el art. 35 de la “LPA, se entiende Ley de Procedimiento Administrativo, haciendo alusión a la causal establecida en el inc. c), además de que debe cumplir “los términos (como final de los plazos) claramente fijados en materia tributaria con la característica de perentorios y con el detalle de otras prescripciones anotadas en el art. 4 del Cdgo. Tributario, por lo que la Aduana habría afectado lo determinado en el art. 36.III. de la LPA como causal de anulabilidad del acto.

Por su parte, el tribunal de alzada, mediante auto de vista corriente de fs. 129 a 132, confirmó totalmente la sentencia apelada, con los argumentos de que el Juez a quo tuvo la oportunidad de establecer la veracidad de los hechos en apego al principio de verdad material y el debido proceso, y que en ese sentido, la Resolución Sancionatoria Nº 119/2013, no estuvo enmarcado al procedimiento administrativo, porque la misma habría vulnerado los derechos del sujeto pasivo por el incumplimiento de los plazos procesales en la emisión de la Resolución Sancionatoria, lo que habría dejado en indefensión al sujeto pasivo, haciendo posteriormente alusión al art. 36.III. de la Ley Nº 2341. Por otra parte, también refiere que en la fecha que se emitió la Resolución Sancionatoria, el 21 de noviembre de 2013, estuvo vigente la Ley Nº 2492, que en cuanto al régimen de prescripción en materia de imposición de sanciones administrativas y que su art. 59 habría establecido un nuevo sistema de cómputo y en el art. 60.I, un plazo más breve de cuatro años, correspondiendo su aplicación por previsión del art. 150 de la citada norma legal.

Considerando estos antecedentes, se tiene el siguiente análisis:

II.1.1. En relación al motivo de que se habría infringido el art. 168.II. de la Ley Nº 2492.-

En autos, la norma sujeto a controversia es el art. 168.II. de la Ley Nº 2492 del CTB, que sobre el particular dispone: II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de este Código”. En el caso y conforme a los antecedentes, el Auto Inicial de Sumario Contravencional GRORU UFIOR Nº 003/2011 de 15 de abril de 2011 de fs. 41 a 42, fue notificado el 05 de mayo de 2011 a fs. 40 y a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de notificación, el recurrente tuvo el plazo de veinte (20) días para presentar descargos; y en los siguientes 20 días, dictarse la correspondiente resolución final del sumario. Sin embargo, la Resolución Sancionatoria Nº  AN-GROGR-ULEOR 119/13 recién habría sido emitida de 21 de noviembre de 2013 de fs. 33 a 34 y notificado al sujeto pasivo el 19 de diciembre de 2013 a fs. 35, habiendo sobrepasado los mencionados 20 días estipulados en el referido art. 168.II. de la Ley Nº 2492, aspecto que dio lugar a la nulidad de obrados referidos en párrafos precedentes por parte del Juez de Partido Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de Oruro y confirmado por el tribunal de alzada mediante auto de vista, ahora impugnado.

Sobre el tema, se establece que la causa de nulidad debe ser expresa y  establecida en la Ley, situación que no sucede en el presente caso, toda vez que el art. 168 de la Ley Nº 2492 CTB, no cita expresamente que el incumplimiento del plazo y la extemporaneidad de la emisión de la Resolución impugnada sea sancionado con la nulidad del acto; ahora bien, evidentemente se dictó y notificó la Resolución Sancionatoria, infringiendo la Administración Aduanera los plazos establecidos en la Ley, lo cual conlleva responsabilidad administrativa conforme a la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, consiguientemente, no se generó ninguna nulidad, más aún cuando a fs. 49, se evidencia la existencia del memorial de descargo presentado por parte del sujeto pasivo, con sello de recepción que indica como fecha “27 MAY 2011, además que una vez notificado con la mencionada Resolución Sancionatoria, el sujeto hizo uso del derecho de la interposición de la demanda contenciosa tributaria de fs. 7 a 12 vta., y cumplida la observación realizada mediante memorial a fs. 23 con la documentación que adjunta, fue admitida conforme se evidencia de fs. 24 y vta., habiendo hecho uso de su derecho a la defensa; en consecuencia, no se le causó vulneración de sus derechos constitucionales, por lo tanto, no es viable la nulidad del acto y mucho menos la aplicación del art. 35.c) de la Ley Nº 2341 LPA.

Por otra parte, de conformidad con el art. 74.1 de la Ley Nº 2492 CTB, establece que: “Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el presente Código. lo a falta de disposición expresa, se aplicarásupletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa, disposición que es concordante con el art. 201 de la Ley Nº 3092 del CTB. En este sentido y conforme a los fundamentos precedentemente citados, no estando establecido expresamente que el incumplimiento de términos y plazos por la Administración Tributaria, sea sancionado con la nulidad de los actos administrativos, estableciéndose que no existe vacío legal sobre el tema, por el contrario, la omisión e incumplimiento de plazos administrativos se encuentra sancionado con la responsabilidad administrativa, por lo tanto los argumentos de las resoluciones judiciales impugnadas, no tienen asidero legal alguno.

Asimismo, es de señalar que la jurisprudencia emanada por este Tribunal Supremo de Justicia, saló a través de la Sentencia Nº 203/2014  de 15 de septiembre de 2014, lo siguiente:

conforme a los antecedentes, el Auto Inicial de Sumario Contravencional fue notificado el 6 de marzo de 2006 y a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de notificación, el recurrente tuvo el plazo de veinte (20) días para presentar descargos, cumpliéndose este plazo el 27 de marzo de 2006, a partir del cual son computables los veinte (20) días para que la ATA dicte la resolución correspondiente (17 de abril de 2006); sin embargo, fue emitida el 11 de agosto de 2006 y notificada el 28 de noviembre de 2006, hecho que considera el demandante como un acto nulo.

2.2. Sobre el tema, se establece que la causa de nulidad debe ser expresa y  establecida en la Ley, situación que no sucede en el presente caso, toda vez que el art. 168 de la Ley Nº 2492 CTB, no cita expresamente que el incumplimiento del plazo y la extemporaneidad de la emisión de la Resolución impugnada sea sancionado con la nulidad del acto, ahora bien, evidentemente se dictó y notificó la Resolución Administrativa Determinativa fuera del término establecido, infringiendo la ATA los plazos establecidos en la Ley, lo cual conlleva responsabilidad administrativa conforme a la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO), consiguientemente, no se generó ninguna nulidad, más aún considerando que dicho acto no causó indefensión en el contribuyente, quién, el 18 de diciembre de 2006 dentro del término de los 20 computable a partir de la notificación con la Resolución Administrativa Determinativa, presentó Recurso de Alzada ante la Intendencia pertinente, habiendo hecho uso de su derecho a la defensa; en consecuencia, lo expresado por el demandante en sentido de que la emisión y notificación extemporánea con la RAD GROGR ULEOR No. 158/2006 de 11 de agosto de 2006, le causaría vulneración de sus derechos constitucionales, no se ajusta a la realidad de los hechos, por lo tanto, no es viable la nulidad del acto y mucho menos la aplicación del art. 35 inc. c) de la Ley 2341 LPA.

Consiguientemente, en mérito a la fundamentación expuesta y la jurisprudencia señalada precedentemente, se concluye que tanto el auto de vista ahora impugnado, como la Sentencia Nº 014/2015 de 03 de agosto de 2015, no realizaron una correcta valoración de las disposiciones legales a aplicarse al caso de autos.

II.1.2. En relación a que el art. 59 de la Ley Nº 2492, fue erróneamente aplicada.-

De la revisión de antecedentes, se advierte que si bien el ahora recurrente, interpuso recurso de apelación de fs. 101 a 103, contra la sentencia, sin embargo, en la misma, no fue planteada situación alguna que tenga relación con la prescripción de la sanción, además que la sentencia tampoco emitió criterio alguno al respecto.

Por consiguiente, se advierte que el tribunal de alzada en la parte considerativa y de fundamentación del auto de vista ahora impugnado, actuó de manera ultra petita, respecto a un punto que no fue motivo de apelación; consiguientemente, si bien es cierto que el ahora recurrente, impugna los fundamentos del tribunal de apelación respecto a la prescripción de la sanción; sin embargo, también se observa que la parte resolutiva del auto de vista, no determina sobre la procedencia o improcedencia de prescripción de sanción alguna, toda vez que ni la sentencia, menos, el recurso de apelación se refirió a excepción alguna de prescripción de la sanción. Por lo tanto, aún con otros argumentos, se advierte que el tribunal de alzada, al no ser congruente entre los fundamentos del auto de vista con la Resolución emitida, no actuó conforme a derecho, más aún cuando el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, establece que el “auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación a que se refiere el Artículo 227, excepto lo dispuesto en la parte final del Artículo 343, que está relacionada a las excepciones perentorias, que no se da en el caso de autos.

Consiguientemente, considerando lo establecido en la jurisprudencia a través del Auto Supremo Nº 115 de  03 de marzo de 2015 que señaló: “En este sentido ha de recordarse que el principio iura novit curia permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque los litigantes no las hubieren invocado…, habiendo sido impugnado por el recurrente, la parte de la fundamentación del auto de vista en relación a los argumentos de la prescripción, este Tribunal, se pronuncia en relación a este mismo motivo, aunque con otros argumentos en mérito al principio de iura novit curia, en sentido de que el tribunal de alzada, no tenía razones para ingresar a analizar el tema de la prescripción, al no haber sido planteado en recurso alguno, menos referido por el Juez de Partido Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de Oruro, por lo que tampoco en esta instancia corresponde su análisis; al contrario, se determina que el tribunal de alzada, actuó incorrectamente al haber realizado fundamentación sobre aspectos no cuestionados, vulnerando de esta manera lo previsto en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Del análisis precedente, éste Tribunal Supremo de Justicia previa verificación, ejerciendo control de legalidad de los actos realizados por el tribunal de apelación, corresponde aplicar lo previsto en los arts. 271.4 y 274 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social  Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, CASA el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo declara IMPROBADA la demanda de fs. 7 a 12 vta., en tal virtud firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº AN-GROGR-ULEOR 119/13 de 21 de noviembre de 2013.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.