SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 425 /2016.

Sucre, 15 de noviembre de 2016.  

Expediente:SC-SA.SAII-SCZ.165/2016

Distrito: Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 438 a 440 vta., interpuesto por Humberto Mendez Mendez y Alejandro Vaca Rosa por sí en representación de Luis Fernando Soliz Ledezma, Ysmael Negrete Zambrana., Miguel Tito Becerra Montaño y otros, contra el Auto de Vista Nº 58 de 17 de noviembre de 2015, cursante de fs. 427 a 435 vta., emitido por la Sala Social, Contencioso Tributario  y Contenciosos Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral por pago de beneficios sociales seguido por Humberto Mendez Mendez y Alejandro Vaca Roda por sí y en representación de Luis Fernando Soliz Ledezma, Ysmael Negrete Zambrana, Miguel Tito Becerra Montaño, Jose Carlos Rodas Cabello, Ruben Dario Almendra Duran, Henry Rodriguez Peñaranda, Marcelo Rivera Chavez, Carlos Jose Pardo Gonzales, Wilson Mariscal Bruno , Bismark Castro Severiche, Vicente Abdel Kerin Felipe Roca, Eloy Cristobal Mamani Quispe, Victor Carballo Flores contra la empresa Consorcio Minerva-Cruceña, el Auto de fs. 444 que concedió el recurso, el Auto Supremo N° 121/2016-A de 3 de junio de fs. 151 y vta., que declaro admisible la casación; los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes

I.1.1. Sentencia

Que tramitado el proceso, el Juez Sexto de Partido de Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 06/15 de 20 de abril de 2015 de fs. 382 a 396, declarando probada en parte la excepción perentoria de pago planteada contra Abdel Vicente Felippe Roca, Ysmael Negrete Zambrana, Eloy Cristobal Mamani Quispe, Miguel Tito Becerra Montaño y Luis Fernando Soliz Ledezma, debiéndose descontar del monto calculado, los conceptos cancelados con anterioridad a la demanda, y declarando probada en parte la demanda principal, por haberse probado la relación laboral entre Humberto Mendez Mendez, Alejandro Vaca Roda, Luis Fernando Soliz Ledezma, Ysmael Negrete Zambrana, Miguel Tito Becerra Montaño, Victor Carballo Flores, Bismark Castro Severiche, José Carlos Rodas Cabello, Henry Rodriguez Peñaranda, Marcelo Ribera Chavez, Carlos José Pardo Gonzales, Eloy Cristobal Mamani Quispe, Wilson Mariscal Bruno, Nestor Omar Perez Chila, Vicente Abdel Kerin Felippe Roca y Ruben Dario Almendras Duran, ordenando a la empresa constructora CONSORCIO ”MINERVA-CRUCEÑA”, a través de su representante legal pagar a favor de los demandantes: 1) Humberto Mendez Mendez Bs. 18.636; 2) Alejandro Vaca Roda Bs. 35.974; 3) Luis Fernando Soliz Ledezma Bs. 16.661; 4.) Ysmael Negrete Zambrana Bs. 37.561,4; 5) Miguel Tito Becerra Montaño Bs. 18.696; 6) Victor Carballo Flores Bs. 60.147,1; 7) Bismarck Castro Severiche Bs. 25.299,3; 8) José Carlos Rodas Cabello Bs. 29.538,1; 9) Henry Rodriguez Peñaranda Bs. 17.084,9; 10) Marcelo Ribera Chavez Bs. 46.380; 11) Carlos José Pardo Gonzales Bs. 51.053; 12) Eloy Cristóbal Mamani Quispe Bs.  20.315,5; 13) Wilson Mariscal Bruno Bs. 23.858,2; 14) Nelson Omar Perez Chila Bs. 19.040; 15) Vicente Abdel Kerin Felippe Roca Bs. 8.806,2;  16) Rubén Dario Almendras Duran        Bs. 7.571,2. Total adeudado Bs. 436.621,9 más multa y actualización establecida por el art. 9 del DS Nº 28699.

I.1.2. Auto de Vista

En grado de apelación interpuesto por los demandantes de fs. 398 a 401 y vta., y por la empresa demandada de fs. 416 y vta., la Sala Social, Contencioso Tributario  y Contencioso Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista Nº 58 de 17 de noviembre de 2015 de fs. 427 a 435 y vta., declara probada en parte la demanda y probada la excepción perentoria de pago en lo que respecta a Vicente Abdel Kerin Felippe Roca, Eloy Cristobal Mamani, Nelson Omar Perez Chila, Luis Fernando Soliz Ledezma y Humberto Méndez Méndez y probada en parte la excepción de pago respecto a Ysmael Negrete Zambrana, Miguel Tito Becerra Montaño, Marcelo Ribera Chavez, Carlos José Pardo Gonzales y Victor Carballo Flores, ordenándose a pagar la suma de Bs. 44.273,69.- a favor de Ysmael Negrete Zambrana; Bs. 25.862,27.- a Miguel Tito Becerra Montaño; Bs. 36.526,69.-  a Carlos José Pardo Gonzales  y, finalmente Bs. 33.864,59.- a favor de Victor Carballo Flores.

Contra el referido fallo, los demandantes a través de su representante legal, interpusieron recurso de casación en el fondo de fs. 438 a 440 y vta., quienes denuncian los siguientes hechos:

I.2 Motivos del recurso de casación

Manifiestan los actores que el auto de vista contiene violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, así como se incurrió en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba.

En relación a Luis Fernando Soliz Ledezma, arguye la violación del art. 4 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 48.III de la Constitución Política del Estado (CPE) al no reconocer el derecho a la indemnización y el derecho a la vacación; asimismo señala que existe violación, interpretación errónea y aplicación indebida de los arts. 13, 19 y 44 de la LGT, así como del art. 1 y 2 del DS Nº 110, en lo que corresponde al pago de la indemnización y vacaciones anuales.

Acusa de igual manera error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba de fs. 139 a 141, documentos que no tiene la firma de autoridad competente que avale su legalidad.

En relación a Ysmael Negrete Zambrana, refiere que no se realiza la liquidación del desahucio con los cinco meses de sueldo devengado que constituye retiro involuntario; y al descontar la suma de Bs. 21.950,64.- existe error de hecho y de derecho en la apreciación y valoración de las pruebas de fs. 130 a 131, ya que fueron firmados aprovechándose la necesidad de los demandantes, violando el principio de que los derechos del trabajador son irrenunciables y cualquier documento en contrario o que pretenda burlar sus efectos son nulos.

Añade que se viola en la liquidación el desahucio, ya que su retiro fue involuntario por lo que solicita la restitución que fueron descontados en el auto de vista sin justificativo alguno.

En relación a Miguel Tito Becerra Montaño, señala que se le niega el desahucio, aguinaldo doble y 16 días de sueldos devengados y se le descuenta pagos inexistentes de Bs. 2.046,06.- incurriéndose en violación e indebida aplicación de los arts. 4, 13 de la LGT y DS Nº 28448 de 22 de noviembre de 2005 en lo referente al aguinaldo.

En relación a Rubén Dario Almendras Duran, el auto de vista no se pronunció sobre el sueldo promedio indemnizable, tomando en cuenta un monto menor de Bs. 2316,6.- por lo que refiere la violación del art. 4 de la LGT y art. 48.III de la CPE, solicitando se realice nueva liquidación en base al promedio indemnizable de Bs. 3.316,62.

En relación a Henry Rodríguez Peñaranda, señala que el Auto de Vista no se pronunció sobre el pago de las pensiones alimenticias, que fueron apeladas, arguyendo de igual manera la violación del art. 4 de la LGT.

En relación a Carlos José Pardo Gonzales, el auto de vista no procedió a la liquidación de 4 meses de sueldos pendientes, que constituye retiro indirecto, solo le otorga el derecho al desahucio, se le niega un año de indemnización, existiendo violación, interpretación errónea e aplicación indebida del art. 4, 13 de la LGT. Agrega que se le descontó la suma de Bs.16.146.-, incurriendo en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba cursante de fs. 218 a 221.

En relación a Wilson Mariscal Bruno, indica que se realizó una sola liquidación mezclando los beneficios de dos contratos, donde se le niega el derecho a cobrar el sueldo devengado de 4 meses, la indemnización del segundo contrato, derecho al aguinaldo, vacaciones, incurriéndose en la violación, interpretación errónea y aplicación indebida del art. 4, 13, 44 y 52 de la LGT.

En relación a Vicente Abdel Kerin Felippe Roca, aduce que se le niega la indemnización violándose lo dispuesto por el art. 4 y 13 de la LGT; asimismo se incurre en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba de fs. 127 a 129.

En relación a Eloy Cristobal Mamani Quispe, indica que se le niega los beneficios sociales de la indemnización, y al aguinaldo doble, conforme dispone el art. 4 y 13 de la LGT.

En relación a Victor Carballo Flores, señala que el auto de vista niega el derecho al desahucio, ya que se argumentó que el motivo del retiro es a conclusión de obra, siendo que el contrato era indefinido, aduciendo interpretación errónea del art. 4 y 13 de la LGT. Agrega que se incurrió en error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas de fs. 235 y 237.

En relación a Nelson Omar Perez Chila, refiere que al existir dos contratos  con sueldos promedios indemnizables diferentes, lo que la liquidación de cada contrato es variable, por lo que el auto de vista recurrido declaró probada en parte la demanda y probada en parte la excepción perentoria de pago, por lo que se requiere realizar una nueva liquidación.

Agrega que se incurrió en error de hecho y de derecho en la apreciación y valoración de la prueba de fs. 127 a 141 y de fs. 211 a 237, documentos que fueron firmados con una serie de promesas y chantajes aprovechándose la necesidad de los demandantes, prometiéndose que una vez firmados iban a ser pagados en 15 días, lo que se demostró en el  proceso que dichos recibos no fueron pagados.

I.3 Petitorio

Concluye el memorial del recurso solicitando a este Tribunal Supremo revoque parcialmente el Auto de Vista de fecha 17 de noviembre de 2015, aplicando correctamente las leyes conculcadas, y declarando probada la demanda y subsistente la sentencia para los demandantes José Carlos Roda Cabello, Humberto Mendez Mendez, Alejandro Vaca Roda, Marcelo Ribera Chavez y Bismark Castro Severiche, imponiendo sanciones al Juez y Tribunal infractor, e imposición de costas.

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos Jurídicos del fallo

Que, expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo, se coligen los siguientes aspectos para su resolución.

Inicialmente, cabe aclarar que siendo el memorial de interposición del recurso reiterativo, repitiéndose en todos los casos elementos de su contenido a  expresar la violación de los arts. 4 y 13 de la LGT y 48.III de la CPE, referidos a la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, se resolverá el mismo tomando en cuenta el conjunto de los argumentos presentados por los recurrentes, siendo aplicables los fundamentos expresados también al conjunto del mismo. Por otra parte, se trata de un memorial simple en su planteamiento y falta de técnica recursiva, pues se limita a la mención de disposiciones y la relación de hechos desarrollados en el curso del proceso; además de un petitorio que no se enmarca a lo que establece el art. 271 del Código de Procedimiento Civil, pues solicita la revocación parcial del auto de vista.

Los incisos 1) y 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, disponen respecto de la procedencia del recurso de casación en el fondo, señalando que esta procederá “Cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley” el primero, y “Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador”, el último.

En relación con lo precedentemente señalado, los recurrentes se limitan a hacer referencia a la violación, al mismo tiempo la interpretación errónea y aplicación indebida del art. 4, 13 de la LGT y 48.III de la CPE, afirmaciones que no las sustentan; como fue expresado líneas arriba, los recurrentes se encuentran obligados a establecer un nexo causal entre el hecho fáctico que denuncia y la norma o normas supuestamente infringidas. Asimismo, se debe dejar claramente establecido que en casación no se resuelven las controversias que pudieran surgir entre las partes, sino la responsabilidad por la aplicación de las normas en relación con sus infractores, a partir de lo cual se concluye que tratándose de cuestiones de derecho, el recurrente tiene el deber de desarrollar una crítica legal de la resolución que impugna, con la precisión que impone el  art. 258.2 del Código de Procedimiento Civil.

En relación con lo anterior, cabe precisar que conforme expresó la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, a través del Auto Supremo Nº 57/2009 de 9 de febrero estableciendo que: “…el recurso de casación por los antecedentes doctrinales y jurisprudenciales existentes, se tiene como una nueva demanda de puro derecho, en la que no se pueden considerar cuestiones de hecho, sino tan solo la correcta o incorrecta aplicación del derecho, por consiguiente, el recurrente necesariamente tiene que especificar los motivos del recurso, con cita de la ley o leyes procesales cuya observancia le cause agravio, o en su caso la cita de las leyes sustantivas ya sea sobre la casación en el fondo, en la forma o en ambas, cuya violación se acuse por uno u otro motivo, indicando necesariamente en que consiste el quebrantamiento de las normas legales impugnadas, con motivación razonada de la forma en que han sido vulneradas y cómo deberían ser aplicadas, de manera que en relación a los puntos impugnados el Supremo Tribunal abra su competencia e ingrese al análisis de fondo de los fallos observados." (Las negrillas son añadidas).

Con relación a la acusación de que se incurrió en error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas respecto a la documentación (finiquitos) que no tiene ninguna firma de Autoridad competente. De la lectura del Auto de Vista en su segundo considerando señala que: “(…) habiéndose presentado en el caso de autos prueba que demuestran pagos en favor de los demandantes, lo cual no se puede obviar por ningún motivo ya que se atentaría al debido proceso y a la seguridad jurídica (…)”. En ese marco, la empresa demandada desvirtuó lo solicitado en la demanda por la prueba cursante a fs. 127, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 211, 214, 218, 221, 223, 225, 228, 229 y 231 que refieren pagos a cuenta del finiquito en favor de los actores, la misma que fue producida por la parte demandada en virtud a lo dispuesto por el art. 3 inc. h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, por lo que no existe ninguna constancia que fuera evidente la vulneración acusada, en sentido de que dichos pagos y cartas son falsas y que no tendrían valor legal alguno; más aún cuando los mismos se encuentran suscritos por los actores.

Por otro lado, debe tenerse presente que, la jurisprudencia ha establecido que la apreciación y valoración de la prueba es facultad privativa de los jueces de instancia y es incensurable en casación, a no ser que se hubiere producido error de hecho o de derecho, como dispone el  art. 253.3 del Código de Procedimiento Civil. Sobre el error de derecho, el jurisconsulto Pastor Ortiz Mattos, en su obra “El Recurso de Casación en Bolivia”, expresa que “El error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica. En el caso que nos interesa cuando el juez o tribunal de fondo, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le asigna un valor distinto.” En la especie, el recurrente acusa error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba cursante a fs. 139 a 141, 130 a 131, 218 a 221, 127 a 129, 235  a 237, 127 a 141 y 211 a 237, mas no indica precisamente el valor que la ley le asigna a la prueba que considera no fue adecuadamente valorada, como tampoco establece cuál sería la distinta valoración asignada por el Tribunal de Apelación al emitir el auto de vista.

Adicionalmente, se aclara que en materia laboral se utiliza el término “finiquito”, en referencia al documento por el que se saldan las cuentas debidas al trabajador por diferentes conceptos, entre los que pueden encontrarse salarios devengados, vacaciones no utilizadas, indemnización, desahucio en su caso, y todos los derechos y beneficios que correspondan al trabajador a la conclusión de la relación laboral. El término finiquitar, según el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, de Guillermo Cabanellas, significa “Terminar una operación de dinero o bienes. Saldar una cuenta. Extender recibo o documento extintivo de una obligación. Por extensión, concluir, finalizar una cosa o un asunto.” En la especie, se produjo la expresión de la voluntad del empleador al presentar a los trabajadores despedidos el finiquito, quienes aceptaron su contenido al suscribirlo, y que los demandantes cobraron el monto establecido en dicho documento, momento en el que se produjo su aceptación de conclusión de la relación de trabajo, ya que la liquidación de beneficios sociales expresada en ese documento denominado finiquito, sólo procede en caso de conclusión o extinción de la relación laboral.

Respecto del demandante Ruben Dario Almendras Duran, es evidente que el auto de vista no se pronunció sobre lo expresado en el memorial de apelación respecto al demandante; dicha omisión se considera excusable por la cantidad de trabajadores que demandan. No obstante de la revisión de la Sentencia y de la prueba aportada en el proceso respecto al trabajador, no existe una sola prueba respecto a que el actor tenga un sueldo promedio indemnizable de Bs. 3.316,62. En ese contexto, si bien en materia laboral se aplica el principio de inversión de la carga de la prueba, como disponen el inc. h) del art. 3 y los arts. 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, en razón a que se trata de una relación contractual asimétrica entre el empleador y el trabajador; sin embargo, como señalan los mismos arts., 66 y 150 del Código Adjetivo Laboral, “… sin perjuicio de que aquel (el trabajador) pueda ofrecer las pruebas que estime convenientes. Expresado en otros términos, la aplicación del principio referido, no exime al trabajador su obligación de demostrar sus pretensiones.

Que, en el marco legal descrito, el tribunal de alzada no incurrió en trasgresión, violación o errónea aplicación de normas, ni en la interpretación errónea y aplicación indebida de la ley al dictar el auto de vista recurrido, como se acusó en el recurso de fs. 438 a 440 y vta., correspondiendo, en consecuencia, aplicar el art. 273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los artículos 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 438 a 440 vta., con Costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.