SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 414/2016.

Sucre, 31 de octubre de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-PDO.153/2016.

Distrito: Pando.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 82 a 84, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija representada legalmente por Jacinto Condori Torrez, contra el Auto de Vista Nº 33/2016 de 15 de febrero de 2016, de fs. 77 a 80, emitido por la Sala Civil, Social, Familiar, de la Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso que sigue Shirley Tibubay Amutari contra la entidad recurrente, sobre cobro de beneficios sociales; el Auto de fs. 92 y vta., que concedió el recurso, el Auto Supremo N° 110/2016-A de fs. 98 y vta., que declaro admisible la casación,  los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes

I.1.1. Sentencia

Que tramitado el proceso, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de Pando, emitió la Sentencia Nº 227/015 de 16 de diciembre de 2015 de fs. 62 a 65, declarando probada en parte la demanda de fs. 36, debiendo la entidad demandada dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia, cancelar la suma de Bs.52.371.- (cincuenta y dos mil trecientos setenta y uno 00/100 bolivianos) por concepto de desahucio, indemnización, vacación, aguinaldo, salario devengado y bono de frontera.

I.1.2. Auto de Vista

En grado de apelación interpuesto de fs. 67 a 68 vta., por la entidad demandada a través de su representante legal, la Sala Civil, Social, Familiar, de la Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, pronunció el Auto de Vista Nº 33/2016 de 15 de febrero de 2016, de fs. 77 a 80, confirmando la sentencia Nº 227/015 de 16 de diciembre de 2015 cursante de fs. 62 a 65.

Contra el referido fallo, el Gobierno Municipal Autónomo de Cobija a través de su representante legal, interpuso el recurso de casación en el fondo de fs. 82 a 84, quien denuncia los siguientes hechos:

I.2. Fundamentos del recurso de casación

Acusa la violación del art. 4 y 5 de la Ley Nº 2042 y DS Nº 28421 modificado por el DS Nº 29565, que prohíbe a la entidad demandada realizar gastos fuera de lo presupuestado, por lo que el auto de vista desconocen la ley Nº 2042, que la demandante está dentro del ámbito laboral sin justificación alguna y aplicando erróneamente las disposiciones legales insertas en la Ley 321 y DS Nº 110.

Arguye la incorrecta aplicación del art. 3 inc. j) y 158 del Código Procesal del Trabajo, al expresar que la demandada no está dentro de los alcances de la Ley Nº 321 y del DS Nº 110, disposiciones que protegen a trabajadoras y trabajadores que están sujetos a la Ley General del Trabajo; sin percatarse que la actora es servidora pública  sujeta a contrato, como establece el art. 223 de la Constitución Política del  Estado.

Refiere la indebida aplicación del DS Nº 110 de 1 de mayo de 2009, manifestando que la demandante es servidora pública, por lo que no es trabajadora asalariada permanente o de planta como establece el art. 233 de la Constitución Política del Estado, por lo que corresponde otorgar el desahucio e indemnización.

Alega que el auto de vista realiza una indebida aplicación de la Ley Nº 321 y DS Nº 110, ya que la demandante no está alcanzada por la Ley Nº 321, ya que la misma no alcanza a los trabajadores eventuales o no permanentes como es el caso de la actora, ya que la misma estaba sujeto a contrato eventual de consultoría a plazo fijo.

Acusa la violación del inc. b) del art. 127 del Código Procesal del Trabajo y art. 1510.2 del Código Civil, toda vez que el tribunal de apelación no toma en cuenta la prescripción como una figura jurídica dentro del campo laboral al indicar que los derechos no ejercitados ni exigidos en materia laboral civil prescriben a los dos años; en el caso de autos la demandante no reclamo sus derechos sociales dentro del plazo establecido por ley.

Por último, indica la violación del inc. b) del DS Nº 28421, modificado por el DS Nº 29565, normas que expresan que no se debe cancelar a los trabajadores y trabajadores de los Gobiernos Municipales con recursos de IDH.

I.2.1. Petitorio

Concluye el memorial del recurso de casación, solicitando a este Supremo Tribunal emitan Auto Supremo anulando obrados o en su caso casando o modificando el Auto de Vista.

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

Que, expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo, se deducen los siguientes aspectos para su resolución.

Previamente a ingresar al análisis del caso de autos, es preciso señalar que el recurso de casación de fs. 82 a 84 carece de la técnica recursiva que exige la formulación de este tipo de recurso extraordinario, limitándose a reiterar los argumentos de la apelación los mismos que han sido compulsados adecuadamente por el tribunal de alzada conforme a lo establecido por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil. Además de contener un petitorio incongruente, al solicitar “emitirán el Auto Supremo anulando obrados o en su defecto casando o modificando el Auto de Vista” (sic), sin embargo pese a la deficiente formulación del recurso, se ingresa al fondo a objeto de resolver. 

Respecto a la violación de los arts. 4 y 5 de la Ley Nº 2042, modificado por DS Nº 29565, no es evidente ya que la problemática principal se circunscribe en establecer, si la actora se encuentra sujeta a la Ley General del Trabajo, o sujeta a las normas del Código Civil, bajo contrato de consultoría. En ese marco los de instancia valorando la prueba aportada al proceso determinaron que la demandante se encuentra amparada por la Ley General del Trabajo, toda vez que la entidad recurrente no desvirtuó con prueba fehaciente que la actora se encontraba sujeta a contrato a plazo fijo con características de una relación enteramente civil; se debe recordar que en materia laboral rige el principio de inversión de la prueba, en virtud del cual, la carga de la prueba le corresponde al empleador en el marco de lo previsto en los arts. 3 inc. h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, fuera de que la parte actora presente las pruebas que estime sean convenientes, de tal forma, en la especie, siendo que el empleador no desvirtuó los puntos planteados en la demanda en función al principio señalado, los jueces de instancia en base a la valoración conjunta de la prueba aportada en el proceso, emitieron correctamente su fallo.

Con relación a la incorrecta aplicación del art. 3 inc. j) y 158 del Código Procesal del Trabajo; es menester recordar que la abundante jurisprudencia desarrollada por la Corte Suprema de Justicia hoy Tribunal Supremo de Justicia, ha expresado que la apreciación y valoración de la prueba corresponde a los juzgadores de instancia, siendo incensurable en casación y que excepcionalmente podrá efectuarse una revaloración de la prueba, en la medida que el recurrente de cumplimiento al inc. 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, que dispone: “Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador”, lo que no sucedió en el caso de autos. Adicionalmente, debe tenerse presente que el juzgador en materia laboral no se encuentra sometido a la tarifa legal de la prueba propia del proceso civil, sino que formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, con arreglo al art. 158 del Código Procesal del Trabajo.


De igual manera, el art. 3 inc. j) del Código Procesal del Trabajo, determina que uno de los principios en los que se debe basar todo procedimiento y trámite en materia laboral es la: “libre apreciación de la prueba, por la que el juez valora las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios enunciados”, debiéndose considerar que, cuando en el recurso de casación se exponen denuncias relacionadas con la apreciación de la prueba, es obligación del recurrente precisar si los Tribunales de instancia incurrieron en errores de hecho o de derecho en el ejercicio de su atribución valorativa, sólo en esta circunstancia se abre la competencia de este Tribunal para realizar una nueva compulsa de la misma, hecho que se extraña en el caso de autos, toda vez que el recurrente no cumplió con la carga procesal atribuible a su parte.


Respecto a la indebida aplicación del DS Nº 110 de 1 de mayo de 2009, de igual manera la entidad recurrente no demostró que la actora se encontraba sujeto a contrato civil como consultora, dentro de los alcances de la Ley Nº 2027, conforme era su deber acreditar que la actora no se halla protegida por la Ley General del Trabajo.


En relación a la indebida aplicación de la Ley Nº 321 y el DS Nº 110 a tiempo de dictar el auto de vista, dicha afirmación no es evidente, ya que la Ley 321 dispone la incorporación al ámbito de aplicación de la Ley General del trabajo a las trabajadoras y trabajadores asalariados permanentes y técnico operativo administrativo de los Gobiernos Municipales de Capitales de departamento, que como ya se expresó en párrafos anteriores no se demostró que entre la actora y la entidad recurrente se encuentren bajo un contrato de carácter civil. Por su parte el DS Nº 110 de 1 de mayo de 2009, garantiza el derecho de los trabajadores a los beneficios sociales traducidos en la indemnización y el desahucio ante el despido intempestivo, al expresar en su art. 1 que: “El presente Decreto Supremo tiene por objeto garantizar el pago de indemnización por tiempo de servicios de las trabajadores y trabajadores, luego de haber cumplido más de noventa días de trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de que fueran objeto o presentada su renuncia voluntaria, toda vez que el pago de la indemnización por tiempo de servicios constituye un derecho adquirido”.


En relación a la prescripción alegada por la recurrente, es preciso señalar que el instituto de la prescripción de los derechos sociales del trabajador, difiere por supuesto de la prescripción en el Derecho Civil que, como se verá en el derecho laboral requiere de un estudio y tratamiento especial.


En ese razonamiento, se define a la prescripción liberatoria como la "extinción de la acción emergente de un derecho subjetivo producido por la inacción de su titular durante el tiempo señalado por ley" según (Carlos Alberto Etala, Contrato de Trabajo, Editorial Buenos Aires Astrea, Pag. 256). De esta definición se infiere que la prescripción no afecta el derecho en sí, sino que priva al acreedor de la acción, con lo cual la acción queda relegada a la condición meramente natural, quedando claro que dos son los elementos que requiere la ley para que se configure la prescripción: a) el transcurso del término legal preestablecido y, b) la inacción o silencio voluntario del acreedor durante ese plazo. Además, la prescripción reviste orden público porque las partes no pueden establecer otras causas de suspensión, interrupción, modificar efectos jurídicos reconocidos por la ley, aplicar o reducir el plazo de prescripción, variar el curso del plazo o renunciar anticipadamente a la prescripción.


Al respecto, la legislación nacional en materia laboral, regula este instituto en los arts. 120 de la Ley General del Trabajo, determinando que "las acciones y derechos provenientes de esta ley, se extinguirán en el término de dos años de haber nacido ellas"; por su parte el art. 163 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo establece: " Las acciones y derechos emergentes de la ley que se reglamenta se extinguirán en el término de dos años, a partir de la fecha en que nacieron...". Sin embargo, por mandato del par. III del art. 48 de la Constitución Política del Estado, dispone: “Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”. A su vez el art. 4 de la Ley General del Trabajo, dispone que “Los derechos que esta Ley reconoce a los trabajadores son irrenunciables, y será nula cualquier convención en contrario”; es en alcance de tales principios que la legislación laboral vigente, orienta su sentido proteccionista hacia el trabajador, de donde se establece que el objeto del proceso laboral es el reconocimiento de los derechos consignados a favor del trabajador, en concordancia con el Auto Supremo No. 72 de 18 de mayo de 1982, dispone: “Los derechos y beneficios de los trabajadores son irrenunciables por mandato constitucional y Leyes laborales”; principio que se encuentran establecido en el par. IV del art. 48 de la Norma Suprema del Estado, al señalar: “Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles.”  razón justificada para afirmar que el tribunal de alzada al emitir su resolución impugnada, no ha incurrido en la violación acusada en el memorial de recurso.


En cuanto a la acusación formulada de la violación del inc. b) del DS Nº 28421, éste dispone que tiene por objeto modificar el art. 8 del Decreto Supremo Nº 28223, referido a la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH y asignación de competencias.  En autos no se evidencia de que se manera se violaron dichos Decretos Supremos aludidos; asimismo es oportuno recordar que el recurrente se encuentra obligado a señalar cómo, por qué y de qué manera se produjo la vulneración que acusa, tal como dispone el art. 258.2 del Código Adjetivo Civil.

Consiguientemente y en mérito a lo expuesto precedentemente, no siendo evidente las violaciones aducidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija a través de su representante legal en el recurso de casación en el fondo de fs. 82 a 84, corresponde resolver el recurso conforme disponen los arts. 271. 2 y 273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I. 1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 82 a 84. Con Costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.