SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 412/2016.

Sucre, 31 de octubre de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-PDO.151/2016.

Distrito: Pando.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 138 a 139, interpuesto por Jaconto Condori Tórrez, en representación de Luis  Gatty Ribeiro Roca, H. Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, contra el Auto de Vista Nº 41/2016 de 17 de febrero, corriente a fs. 133 a 135, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, de la Niña, Niño y Adolescente del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso que por pago de beneficios sociales que sigue Teófilo Mora Peláez contra la entidad recurrente; el Auto de 12 de abril de 2016, cursante a fs. 142 vta., que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I

I.1. Antecedentes del Proceso

I.1.1 Sentencia

Tramitado el proceso, el Juez de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cobija-Pando, pronunció Sentencia Nº 212- 015 de 9 de diciembre de 2015, de fs. 118 a 120, declarando improbada la demanda de fs. 22, sin costas.

I.1.2. Auto de Vista

En conocimiento del precitado fallo, el demandante opuso recurso de apelación conforme fluye de fs. 124 y vta., que fue resuelto por Auto de Vista Nº 41/2016 de 17 de febrero, corriente a fs. 133 a 135, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, de la Niña, Niño y Adolescente del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que revocó parcialmente la Sentencia y la declaró probada en parte, determinando el pago de Subsidio de Frontera a favor del demandante en la suma de Bs.37.482.- (treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y dos 00/100 bolivianos), que deberá cancelarse dentro de tercero día de ejecutoriada dicha resolución.


Luego, de oficio la misma Sala dispuso mediante Auto Complementario Nº 16/16 de 24 de febrero a fs. 136, la modificación de la suma correcta que debe ser cancelada al actor el monto de Bs. 43.740.-

I.2. Motivos de los recursos de casación

Contra estas resoluciones, la entidad municipal demandada por intermedio del abogado apoderado, Jacinto Condori Tórrez, opone recurso de casación en el fondo, señalando en síntesis lo siguiente:

a) Violación a los arts. 4 y 5 de la Ley 2042 y D.S. 28421 modificado por el D.S. 29565, porque el tribunal de alzada desconoció artículos de la Ley Nº 2042; y que habría expresado que el demandante se encuentra dentro del ámbito laboral, sin justificación alguna y aplicando erróneamente las disposiciones insertas en la Ley 321 y D.S. 110.

b) Incorrecta aplicación del art. 12 del D.S. 21137, porque el tribunal de apelación habría dispuesto el pago del subsidio de frontera, basándose en la mencionada disposición legal; y, también indica que el demandante prestó servicios bajo “contrato de servicios de consultoría en línea” en algunas gestiones; y, aludiendo a la “Ley Nº 065”, indica que los consultores no tienen derecho a percibir ningún beneficio, menos subsidio de frontera.

c) Violación del inc. c) del art. 127 del Código Procesal del Trabajo y art. 1510.2 del Código Civil, porque el tribunal de alzada no tomó en cuenta la prescripción que en el ámbito laboral, los derechos prescriben en dos años.

d) No aplicación del D.S. 181 de las Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios, porque el tribunal de alzada no tomó en cuenta las pruebas literales en la que se encuentra el contrato de servicios de consultoría en línea, y que “no debían liquidar y disponer el pago de subsidio de frontera”.

e) Violación del punto II COMPETENCIAS, inc. b) del DS 28421 “de 2005”, modificado por el DS 29565 “de 2008”, señalando que en sus disposiciones expresa las competencias de los municipios del país, para concluir indicando que “NO expresa que se debe cancelar a los trabajadores y trabajadoras asalariados permanentes que desempeñan funciones en servicios manuales de los Gobiernos Autónomos Municipales con recursos de I.D.H.”.

II.2.1. Petitorio

La entidad recurrente, solicita se emita Auto Supremo, casando o modificando el Auto de Vista recurrido.


CONSIDERANDO II

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

  1. Respecto al primer motivo, el recurrente se limitó citar el art. 5 de la Ley Nº 2042, alegando que el tribunal de alzada lo desconoció, porque habría referido que el demandante se encuentra dentro del ámbito laboral sin justificación alguna; sin embargo, no realizó mayor fundamentación del porqué el tribunal de apelación habría infringido esta disposición legal y a través de qué argumentos, toda vez que la mencionada disposición, sólo indica “Las entidades públicas no podrán comprometer ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados”; a ello, es de considerar que el tema presupuestario, es un aspecto interno de cada institución, misma que debe prever obligaciones que legalmente debe cumplirlas; además que la referida disposición no establece con claridad quienes se encuentran o no en el ámbito laboral.

Por otra parte, no fundamenta qué artículos y de qué manera el tribunal de apelación  infringió el DS Nº 28421, modificado por el DS Nº 29565.

  1. Respecto al segundo motivo, el art. 46 en sus parágrafos I. y II. de la Constitución Política del Estado, señala que: I. Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna; 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias; II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. Por otra parte, el art. 48, en sus parágrafos I. al III. del mismo cuerpo de normas fundamentales señala que: I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio; II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador; III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.

Asimismo, el art. 12 del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, establece que “Se sustituyen los bonos de frontera, zona o región, con un (Subsidio de frontera), cuyo monto será el veinte por ciento (20%) del salario mensual; que se beneficiarán con este subsidio, solamente los funcionarios y trabajadores del Sector Público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales. Esta disposición regirá también para las empresas privadas”. 

Por otra parte, entre la amplia jurisprudencia relacionada a este tema, se tiene el Auto Supremo Nº 29/2016 de 4 de febrero de 2016, que determinó: “…el subsidio o bono de frontera, cumple dos requisitos de procedibilidad. El primero, referido a la condición de funcionario público; el segundo, alusivo al lugar de trabajo; es decir, dentro de los 50 km. lineales de las fronteras internacionales, previsto por mandato imperativo del art. 12 del DS N° 21137 de 30 de noviembre de 1985”; y, posteriormente, después de hacer alusión a la mencionada disposición legal del DS Nº 21137, concluye señalando: “Normativa que establece que para beneficiarse del subsidio de frontera, la única condición es que los trabajadores presten sus servicios en un área comprendida en los 50 kilómetros linéales con las fronteras internacionales, sin hacer mención o distinción sobre la naturaleza de los trabajos a realizarse o, los tipos de contratos que puedan suscribirse; es decir, si son eventuales, indefinidos, a plazo fijo, etc.; por lo que, el reconocimiento efectuado por los de instancia respecto a este derecho, es correcto y se encuentra fundado en derecho”.

En mérito a las disposiciones legales citadas y la jurisprudencia establecida, misma que establece fundamentos de carácter legal; resulta que en el caso de autos, el recurrente se limitó a señalar que el demandante prestó trabajos en el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija bajo Contrato de Servicios de Consultoría en Línea y que los consultores no tienen derecho a percibir ningún beneficio, menos subsidio de frontera, sin realizar mayor fundamentación jurídica al respecto.

Consiguientemente los fundamentos legales para la aplicación del subsidio de frontera expuestos en la jurisprudencia establecida por este Tribunal, como se tiene expuesto en párrafo precedente, es aplicable al caso de autos, toda vez que el demandante cumplió con los dos requisitos para su procedibilidad: El primero, referido a la condición de funcionario público; y, el segundo, alusivo al lugar de trabajo; es decir, dentro de los 50 km. lineales de las fronteras internacionales, previsto por mandato imperativo del art. 12 del DS N° 21137 de 30 de noviembre de 1985.

  1. Respecto al tercer motivo, que refiere violación del inc. c) del art. 127 del Código Procesal del Trabajo y art. 1510.2 del Código Civil, el recurrente, se limitó a señalar que el tribunal de alzada no tomó en cuenta la prescripción que en el ámbito laboral, los derechos prescriben en dos años; además que no fundamenta si planteó o no la excepción de prescripción; para el supuesto caso de haberlo planteado, no señala en qué etapa del proceso lo planteó; y, para el supuesto caso de no haberlo planteado, no puede alegar en sentido de que el tribunal de alzada no tomó en cuenta la prescripción en el ámbito laboral, más aun considerando que este tribunal, tiene la obligación de pronunciarse solo sobre los aspectos impugnados en recurso de apelación y no pronunciarse de manera ultra petita, sobre aspectos no puestos a su consideración; consiguientemente, el recurso de casación respecto a este motivo, carece de fundamento. Y, para el supuesto caso de que recién lo plantea, en el presente recurso, aspecto que tampoco lo precisa, menos fundamenta las razones fácticas y jurídicas para su pretensión.
  2. En relación al cuarto motivo, el recurrente se limitó a referir que el tribunal de alzada no habría dado cumplimiento al DS Nº 181, porque no tomó en cuenta las pruebas literales en la que se encuentra el contrato de servicios de consultoría en línea, y que no debían liquidar y disponer el pago de subsidio de frontera; sin embargo, no fundamenta que artículos del mencionado Decreto Supremo, no habría sido considerado por el tribunal de Apelación, menos realizó fundamentación jurídica y fáctica que precise los aspectos que supuestamente fueron vulnerados, más aun cuando el inc. 2) del art. 258 del Código de Procedimiento Civil, establece entre los requisitos del recurso (de casación), que se deberá citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurriere, su folio dentro del expediente, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos; y, que estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente. Consiguientemente, el presente motivo carece de fundamento.
  3. Respecto al quinto motivo de casación, se advierte que el recurso sólo refiere violación al punto II. inc. b) del DS Nº 28421 de 2005, modificado por el DS Nº 29565 de 2008, alegando que no expresa que se debe cancelar a los trabajadores y trabajadoras asalariados permanentes que desempeñan funciones en servicios manuales de los Gobiernos Autónomos Municipales con recursos de I.D.H.; sin embargo, de la revisión del Auto de Vista impugnado, no estableció en parte alguna que la entidad demandada deba hacer uso de dichos recursos. Por otra parte, se advierte que el recurrente, tampoco cumplió con los requisitos señalados en el inc. 2) del art. 258 del Código de Procedimiento Civil, al no haber realizado una debida fundamentación que especifiqué y explique la violación, falsedad o error y demás aspectos especificados en la citada disposición legal y precisada en inciso precedente; no siendo suficiente las afirmaciones sin que el recurrente demuestre fáctica y jurídicamente lo que afirma.

En mérito a lo expuesto, se concluye que la entidad recurrente no demostró las supuestas vulneraciones a disposiciones legales que alega, en consecuencia corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicable por permisión del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ; y, en aplicación de los arts. 271. 2 y 273 ambos del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT, declara INFUNDADO, el recurso de casación cursante de fs. 138 a 139, interpuesto por entidad municipal demandada.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 (SAFCO).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.