SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y                                                                         ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 411/2016.

Sucre, 31 de octubre de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-PDO.150/2016.

Distrito: Pando

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano. 

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 104 a 106, interpuesto por Jerónimo Pinheiro Laura, Jacinto Condori Tórrez y Griselda Cueto Mereles, en representación legal de Luis Gatty Riveiro Roca, H. Alcalde Municipal de Cobija-Pando, contra el Auto de Vista Nº 32/2016 de 15 de febrero, cursante de fs. 99 a 102, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso laboral, seguido por Adela Marisol Quispe Chambi, contra la institución demandada, el auto de fs. 114 vta. que concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 107/2016-A de fs. 120 que declaró admisible la casación; los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I:

I. 1.Antecedentes del proceso

I.1.1 Sentencia

Tramitado el proceso de referencia, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Cobija-Pando, emitió la Sentencia Nº 220/2015 de 11 de diciembre de fs. 79 a 82, declarando probada en parte la demanda de fs. 45 a 46, sin costas, disponiendo que la entidad demandada, cancele a favor de la actora el monto de Bs. 51.033.- (cincuenta y un mil treinta y tres 00/100 bolivianos), por concepto de desahucio, indemnización, vacación, aguinaldo, salario devengado y subsidio de frontera.

I.1.2 Auto de Vista

En grado de apelación deducida por los representantes del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija cursante de fs. 84 a 86, la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Auto de Vista Nº 32/2016 de 15 de febrero de fs. 99 a 102, confirmó la sentencia cursante de fs. 79 a 82 de 11 de diciembre de 2015, sin costas.

I.2 Motivos del recurso de casación

El referido auto de vista, motivó a la institución demandada a interponer el recurso de casación en el fondo de fs. 104 a 106, manifestando en síntesis:

Violación de los arts. 4 y 5 de la Ley Nº 2042 y Decreto Supremo (DS) Nº 28421 modificado por DS Nº 29565, señalando que la ley les está prohibiendo gastos fuera de lo presupuestado y el tribunal ad quem “al disponer en su resolución”, (sic), han desconocido tales artículos, expresando que la actora está dentro del ámbito laboral, sin justificación alguna y aplicando erróneamente las disposiciones legales insertas en la Ley Nº 321 y DS Nº 110, infringiendo los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 2027.

Incorrecta aplicación de los arts. 3. j) y 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT), al reconocer en el auto de vista recurrido, que la actora no está dentro de los alcances  de la Ley Nº 321 y el DS Nº 110, porque estas disposiciones son para trabajadores sujetos a la Ley General del Trabajo, sin embargo, la demandante es servidora pública como establece el art. 233 de la CPE, porque estaba sujeta a contrato que es ley entre partes.

Por tal razón manifestó que se interpretó erróneamente los arts. 1, 2 y 3 del DS Nº 110, para el pago de desahucio e indemnización, al confirmar la sentencia de primera instancia, puesto que era su deber y obligación, velar por los intereses del Estado, extremo que no sucedió en el caso presente.

Denunció indebida aplicación del DS Nº 110 citado, porque dicho decreto es para los trabajadores que se hicieron incorporar a la Ley Nº 321 quienes están sujetos a la Ley General del Trabajo; sin embargo, la demandante, es servidora pública, no asalariada, ni permanente o de planta, por ende sujeta a contrato y a las Leyes 2027 y 1178, al DS Nº 26115, por lo que no corresponde ningún desahucio e indemnización.

Señaló indebida aplicación de la Ley Nº 321, al confirmar la sentencia emitida por el juez de la causa, que va en contra de los intereses económicos de la institución demandada, al respecto, transcribe el texto del art. 1 de la citada ley; aduciendo que tal disposición es clara y contundente al indicar que se incorpora a la Ley General del Trabajo, a las trabajadoras y trabajadores asalariados permanentes y no así a los eventuales o no permanentes como el caso de la actora, quien estaba sujeta a contrato eventual a plazo fijo, por lo que mal puede imponer o enmarcar que los derechos de la demandante están dentro de la ley 321 y el DS Nº 110.

Por otra parte, denunció la violación a los arts. 127. b) del CPT y 1510. 2) del CC, manifestando que l excepción de prescripción aún puede oponerse en ejecución de sentencia, señalando que el tribunal ad quem, no tomó en cuenta la prescripción como una figura jurídica dentro del campo laboral, al indicar que los derechos no ejercitados ni exigidos dentro del campo laboral civil prescriben a los dos años de haber nacido; en el presente caso, la actora no reclamó sus derechos dentro del plazo establecido por ley, por tanto todos sus derechos han prescrito.

También denunció violación al punto II inciso b) del DS Nº 28421 de 2005, modificado por el DS Nº 29565 de 2008, que en sus disposiciones al expresar las competencias de los municipios del país dice: que de manera de poder generar empleo con recursos de IDH, en donde no expresa que debe cancelar a las trabajadoras y trabajadores asalariados permanentes que desempeñan funciones en servicios manuales de los Gobiernos Autónomos Municipales con tales recursos.                                   

I.2.1 Petitorio

Concluyó solicitando se dicte resolución anulando obrados o casando o modificando el auto de vista recurrido.

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo.

En el caso objeto de examen, la parte recurrente cuestiona el fallo del tribunal de segunda instancia, por haber confirmado la sentencia emitida por el juez a quo, en la que se reconoció en parte, los derechos y beneficios sociales demandados a favor de la actora, los cuales según la institución demanda no le corresponden, toda vez que la demandante desempeño sus funciones en calidad de funcionaria pública municipal provisoria y/o eventual, bajo los alcances de la Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público, por lo tanto, no se encontraría amparada por la Ley General del Trabajo, como erróneamente determinaron los juzgadores de instancia.

Sobre el tema, debe tenerse presente de inicio, que por la importancia de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, se elevaron a rango constitucional, los principios informadores de la interpretación de las normas laborales, pues, los principios suelen  cumplir la función fundamentadora, interpretativa y supletoria del orden jurídico vigente, en el caso particular, las normas del derecho laboral, no sólo deben ser fundamentadas, interpretadas o suplidas por los principios insertos en la Constitución Política del Estado, sino que, todo acervo normativo de la materia, debe descansar sobre la base de tales principios, porque se constituyen en pilares, bases y lógicas sobre las que se erigen las normas del derecho laboral; así es menester resaltar que, el obrero o empleado, por su propia naturaleza y condición, se encuentra sometido a un vínculo de dependencia en relación al empleador, situación que de manera inexorable, provoca la desigualdad entre ambos, de ahí que surge la necesidad de implementar la protección al más débil; por lo tanto, en el ámbito del derecho laboral, el principio objeto de análisis, tiene a su vez estrecha relación con el principio “favor debilis”, cuya comprensión permite sostener que, ante circunstancias o situaciones en que los derechos fundamentales entran en conflicto, el derecho del más débil, debe tener especial consideración, por su condición de inferioridad y no igualdad frente a otro. El entendimiento anterior, es la esencia misma del origen del derecho al trabajo, lo cual es la necesidad de proteger al trabajador. En ese sentido, se estableció en la Sentencia Constitucional Nº 1680/2013 de 7 de octubre.          

Ahora bien, sobre el tema central, el art. 1 de la Ley Nº 321 de 18 de diciembre de 2012 señala: I. “Se incorpora al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, a las trabajadoras y los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo de los Gobiernos Municipales de las Capitales de Departamento y de El Alto de La Paz, quienes gozarán de los derechos y beneficios que la Ley General del Trabajo y sus normas complementarias confieren, a partir de la promulgación de la presente Ley, sin carácter retroactivo”.

II. “Se exceptúa a las servidoras y los servidores públicos electos y de libre nombramiento, así como quienes en la estructura de cargos de los Gobiernos Autónomos Municipales, ocupen cargos de: 1. Dirección, 2. Secretarias Generales y Ejecutivas, 3. Jefatura, 4. Asesor, y 5. Profesional”.

En el caso presente, analizado los antecedentes procesales, se evidencia que la actora en su demanda cursante de fs. 45 a 47, señala que ingresó a trabajar en el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija-Pando,  a partir del 2 de enero de 2008, hasta el 15 de septiembre de 2015, ocupando el cargo de Guardia Municipal dependiente del Municipio de Cobija, sin embargo por un supuesto recorte de presupuesto fue retirada de su fuente laboral sin tomar en cuenta que fue funcionaria permanente, vulnerando sus derechos laborales, toda vez que los funcionarios técnicos, operativos del Departamento, gozan de los derechos y beneficios que la Ley General del Trabajo y sus normas complementarias confieren de acuerdo a lo que establece la Ley Nº 321 de 20 de diciembre de 2012.  

En virtud de tales apreciaciones, se puede advertir con verosimilitud que, en la institución demandada, la actora desempeño sus funciones en el cargo de Guardia Municipal dependiente de la Intendencia Municipal de Cobija, por lo tanto, al no encontrarse dentro de las excepciones previstas en el art. 1. II de la Ley Nº 321 de 18 de diciembre de 2012, se encuentra amparada por la Ley General del Trabajo, por lo que, al haberse demostrado la existencia de una relación laboral, con las características esenciales previstas en los arts. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993 y 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, corresponde el pago de los derechos y beneficios sociales consignados en la sentencia de primera instancia y confirmados en el auto de vista recurrido, quienes para arribar a la decisión asumida, valoraron de forma correcta y acertada la prueba aportada durante la tramitación de la causa, conforme la facultan los arts. 3. j), 158 y 200 del Código Procesal del Trabajo (CPT), ya que la parte demandada no logro desvirtuar los extremos alegados por la parte actora, como era su obligación hacerlo, según lo previsto en los arts. 3. h), 66 y 150 del CPT, puesto que las pruebas aportadas por la parte recurrente, son insuficientes para desvirtuar o alegado por la parte demandante, además para privar a los trabajadores de los beneficios sociales que reconocen las leyes, debe existir prueba suficiente que permita al juzgador formar un claro y amplio criterio sobre las causales de retiro en que hubiera incurrido el trabajador; las simples aseveraciones, sin que se hallen respaldadas por prueba fehaciente, no constituyen factor determinante para no reconocerles a las trabajadoras y a los trabajadores, los derechos y beneficios sociales que por ley les corresponde, no siendo por tanto evidente las infracciones y violaciones acusadas por la parte recurrente.

En este contexto, es importante señalar, que el trabajo por constituir la base del orden social y económico de la nación, es un derecho que se encuentra consagrado y protegido por los arts. 46 y 48. II. III de la Constitución Política del Estado, prohibiendo además el art. 49. III de la referida constitución, el despido injustificado y toda forma de acoso laboral, habiéndose emitido en ese marco varias normas que tienden a proteger la estabilidad laboral, entre ellas el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, cuyo artículo 11, protege y reconoce la estabilidad laboral de todos los trabajadores asalariados, claro está cuando estos no incurran en las prohibiciones previstas por ley que den lugar a su despido con justa causa, parámetros protectivos que en el caso no pueden ser desconocidos.

En cuanto a que los derechos laborales de la actora habrían prescrito, cabe señalar previamente, que producida la desvinculación entre la trabajadora y su empleador de forma anterior a la vigencia de la Constitución Política del Estado actual de 7 de febrero de 2009, independientemente que dicha desvinculación se haya originado de forma intempestiva, por despido o por retiro voluntario del trabajador, queda aperturado el cómputo del plazo de 2 años establecido por art. 120 de la LGT, en concordancia con el art. 163 de su Decreto Reglamentario, para reclamar las acciones y derechos fruto de la relación laboral.

Sin embargo, si el cómputo del plazo de los dos años no llegó a su término antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, dicho plazo se interrumpe en cumplimiento a lo dispuesto por el Parágrafo IV de su art. 48, que dispone “…los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles…”, es decir, por mandato de la Ley Suprema del ordenamiento jurídico boliviano, siendo que la misma goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, al encontrar contradicción en cuanto a la prescripción de los derechos laborales con lo señalado por el art. 120 de la LGT y 163 de su Decreto Reglamentario, debe darse aplicación preferente a los establecido en la Constitución Política del Estado.

En la especie, de la revisión de los datos del proceso, se observa que el inicio de la relación laboral entre partes, fue desde el 2 de enero de 2008 hasta el 15 de septiembre de 2015, fecha en que se produjo la desvinculación laboral, afirmación extraída de la demanda cursante de fs. 45 a 47, mientras que la Constitución Política del Estado entró en vigencia el 7 de enero de 2009, es decir, al año y 9 días aproximadamente de haberse producido la relación laboral de la actora con la institución demandada, por lo que se interrumpió el cómputo de la prescripción, con relación a la gestión 2008, no operando lo dispuesto por los arts. 120 de la LGT y 163 de su Decreto Reglamentario, para dicho periodo, debiendo aclarar que los demás periodos, es decir, 2009 a 2015, trabajados por la actora, son imprescriptibles, conforme lo previsto en el art. 48. IV de la CPE.

Al respecto para un mejor entendimiento, se aclara que solo en el caso de que el cómputo de los 2 años se haya producido antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, se aplica lo dispuesto por la LGT y 163 de su Decreto Reglamentario, guardando de tal forma relación con el art. 123 de la Constitución Política en cuanto a la retroactividad de la ley, conforme ha establecido la amplia jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia en base a los Autos Supremos N° 85 y 224 de 10 de abril y 3 de julio de 2012 respectivamente, entre otros.

Además se debe aclarar que la excepción de prescripción no fue opuesta por la entidad demandada, puesto que analizados loa antecedentes procesales, no se evidencia el planteamiento de dicha excepción como medio de defensa previsto por ley, motivo por el cual, no fue objeto de pronunciamiento en la Sentencia N° 220/2015 de 11 de diciembre, cursante de fs. 79 a 82, ya que según lo previsto por el art. 134 del CPT: “Los tribunales laborales no podrán aplicar de oficio la prescripción que no fue invocada por quienes podrían valerse de ella”. No siendo por tanto evidente la infracción acusada sobre este punto.                             

Bajo estas premisas, se concluye que el auto de vista objeto del recurso de casación, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación a norma legal alguna, correspondiendo resolver el mismo de acuerdo a lo previsto en el art. 220. II del nuevo Código Procesal Civil, en concordancia con los art. 271. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la permisión del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los artículos 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 104 a 106 de obrados, interpuesto por los representantes del Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija-Pando.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y art. 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.