SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA




Auto Supremo Nº391/2016.

Sucre, 17 de octubre de 2016.  

Expediente:SC-SA.SAII-OR.121/2016

Distrito: Oruro.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 241 a 243, interpuesto por la Empresa Minera de Huanuni representada legalmente por Daniel Augusto Careaga Garrón, contra el Auto de Vista Nº AV-SSA 003/2016 de 12 de enero, de fs. 205 a 207 vta., emitido por la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Social - Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso de reincorporación que sigue Filomena Calle Janco contra la empresa recurrente; la respuesta de fs. 246 y vta., el Auto de fs. 248 que concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 79/2016-A de 25 de abril de fs. 254 y vta., que admitió la casación; los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del Proceso

Que tramitado el proceso, el Juez de Partido Mixto Liquidador y de Sentencia y Público de la Niñez y Adolescencia de Huanuni de Oruro, emitió la Sentencia Nº 003/2015 de 8 de mayo, de fs. 174 a 180 vta., declarando probada la demanda de fs. 29 y vta., corregida por memorial de fs. 48, por haberse procedido con la rescisión ilegal del contrato laboral de la actora, e improbada la excepción perentoria de prescripción interpuesta a fs. 50, por el demandado; por lo que dispuso la reincorporación de la trabajadora Filomena Calle Janco al puesto de trabajo que tenía en la empresa minera Huanuni, con el mismo nivel salarial que tenía antes de su retiro ilegal, más el pago de sus salarios devengados y beneficios sociales que le correspondan entre la fecha de su retiro y su reincorporación, siempre que no haya percibido remuneraciones por otros conceptos en ese tiempo. Con costas a favor del demandante.



I.1.2 Auto de Vista

En grado de apelación interpuesto de fs. 190 a 191  vta., por la empresa Minera Huanuni a través de su representante legal, la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Social - Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, pronunció el Auto de Vista Nº AV-SSA-003/2016 de 12 de enero, de fs. 205 a 207 vta., confirmando la sentencia Nº 03/2015 de 08 de mayo, cursante de fs. 174 a 180 vta.

I.2 Motivos del recurso de casación

Contra el referido fallo, la empresa Minera Huanuni a través de su representante legal, interpuso el recurso de casación en el fondo de fs. 241 a 243, quien denuncia los siguientes hechos:

Señala que el Auto de Vista realiza una incorrecta apreciación de la norma, con relación al art. 202 del Código Procesal del Trabajo, ya que la Sentencia no cumplió con lo establecido por inciso a) del artículo referido, al no dar las razones o fundamentos legales en relación  a la prueba aportada, incumpliendo de igual manera con el art. 158 del Código Procesal del Trabajo, al no establecer el valor probatorio y de qué manera se establece el despido injustificado, añade que el Tribunal de Apelación no valora el hecho de que la prueba relativa a la afiliación a la Caja Nacional de Salud en su condición de palliri de la Cooperativa Minera Nueva Karazapato, hace referencia a otra institución que no es la empresa demandada, manifestando que no se valoró que vincula a otra empresa, y que la misma ha sido tomada en cuenta para declarar probada la demanda.

Refiere que el auto de vista recurrido omite pronunciarse de forma fundamentada referente a la imposición del pago de sueldos devengados, violándose el principio a la seguridad jurídica, así como la garantía al debido proceso, ya que su pago se encuentra supeditado al hecho que desde que fueron despedidos hasta su reincorporación efectiva no hubiesen percibido remuneración; en relación a lo señalado en el art. 9 del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985.

En ese sentido manifiesta que la confesión provocada de la actora cursante a fs. 157 y vta., admitió haber generado recursos económicos en ese tiempo como lavandera y vendiendo mineral por lo que no se hace necesario aplicar el pago de sueldos devengados. Añade que el Tribunal de Apelación se limita a señalar la definición de salario, y de forma genérica señala que al ser despedida injustificadamente la trabajadora le corresponde el pago de sueldos devengados, sin una debida fundamentación, violándose de esta forma el principio de seguridad jurídica así como la garantía al debido proceso.

I.2.1 Petitorio

Concluye solicitando se case en el fondo el auto de vista recurrido y se declare improbada la demanda principal, con costas.

I.3 Respuesta al del recurso de casación

Por memorial de fs. 146 y vta. Filomena Calle Janco, responde al memorial de recurso de casación, y luego de fundamentar el mismo, solicita se declare infundado el recurso de casación en el fondo y confirme el auto de vista, con imposición de costas.

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo, se coligen los siguientes aspectos para su resolución.

Inicialmente y antes de ingresar en el análisis de la Litis, se debe dejar constancia que el memorial del recurso de casación interpuesto, si bien cita disposiciones legales, es simple en su planteamiento y falta de pericia procesal.

En relación a la acusación que el auto de vista recurrido, no valoró la prueba cursante en obrados, incumpliendo lo dispuesto por el inc. a) del art. 202 y 158 del Código Procesal del Trabajo, no es evidente, ya que si bien el juez de primera instancia hace referencia a la prueba cursante a fs. 7 de obrados, lo hace simplemente como un antecedente, al expresar: “Que Filomena Calle Janko estuvo igualmente afiliada a la Caja Nacional de Salud en su condición de palliri de la Cooperativa Minera Nueva Karazapato Ltda (…)” sic. En ese contexto, es necesario dejar claramente establecido que el Juzgador valora toda la comunidad de pruebas dentro de los postulados del derecho laboral.

A saber, la valoración de la prueba corresponde exclusivamente a los de instancia, que consiste en la actividad que se realiza para determinar la efectividad de la actividad probatoria de las partes, es decir, determinar si efectivamente los medios propuestos por las partes fueron idóneos y realmente llevaron a la convicción de ser ciertos los hechos alegados.

La reflexión que realizan tanto el Juez A quo, como el de apelación respecto de la prueba aportada en el proceso, está intrínsecamente relacionada a los enunciados básicos que comprenden o contemplan un conjunto definido de situaciones y que resultan más generales que las normas en el derecho laboral, ya que precisamente sirven para inspirarlas y entenderlas o interponerlas.

Estos enunciados denominados principios de sana crítica y racionalidad, tienen una conexión armónica con la valoración que hace el juzgador en virtud de las pruebas aportadas en el proceso, permitiendo así que el derecho laboral tenga unidad y cohesión interna.

La prueba como tal, es uno de los eslabones importantes de la cadena procesal, y permite al juzgador establecer la certeza de los hechos que han dado origen a la pretensión material, la contestación o defensa del demandado.

Los medios de prueba de manera general son iguales en los distintos procesos como son el Procesal Civil, el laboral, en cuanto a su clasificación y la forma de proponerlos, admitirlos o impugnarlos, no así en referencia a valorarlos, ya que en el proceso laboral, las pruebas aportadas al proceso son valoradas por la autoridad jurisdiccional, sin sujetarse a la prueba tasada, sino que se utiliza una valoración libre en la cual el juzgador utiliza su apreciación razonada, valorando las pruebas a la luz de la sana crítica.

En el caso en análisis se ha realizado una valoración en conjunto de las pruebas aportadas por ambas partes, sin sujetarse al rigorismo del proceso civil, tal como debe ser en lo laboral, en el que no existe ninguna "madre de las pruebas", sino que del conjunto de todas ellas y de las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, el Juzgador llega a establecer la verdad material para poder emitir una resolución apegada a la justicia y equidad, fundamento del derecho laboral.

Respecto a la acusación sobre la falta de fundamentación referente a la imposición del pago de sueldos devengados; por no haber sido tomada en cuenta la confesión provocada de fs. 157 y vta.; de la lectura del recurso de apelación se establece que el mismo, no expresó de manera clara la falta de agravios, sino se refirió de manera general a la falta de valoración de la prueba citando los arts. 202 y 158 del Código Procesal del Trabajo, así como de la falta de valoración de la confesión provocada realizada por la actora.

Que, en ese marco la resolución de Vista hace referencia al art. 10 del DS Nº 28699, para la reincorporación de la actora así como el pago de sueldos devengados al señalar: “(…) se establece que la ahora demandante no ha optado por cobrar los finiquitos, por el contrario impetró su reincorporación a su fuente de trabajo, en ese sentido la resolución emitida por el juzgador ha interpretado correctamente la normativa laboral, en el mismo sentido ha valorado correctamente toda la prueba aportada al proceso en su sano razonamiento (…)”. Ahora bien, el hecho de que la actora haya obtenido recursos económicos tal como refiere la confesión provocada de fs. 157 y vta., no es suficiente para catalogar esa obtención de recursos de manera ocasional, equiparar a una retribución estable que tenga carácter de regularidad en su pago.

Por otro lado, este Tribunal ha expresado en reiterados fallos que es deber primordial del Estado proteger los derechos de los trabajadores, en cumplimiento a los principios de primacía de la realidad, de proteccionismo e inversión de la prueba en materia laboral, por cuanto todo trabajador goza del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por la Constitución Política del Estado, y arts. 4 y 13 de la Ley General del Trabajo.

A mayor abundamiento, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0583/2012 de 20 de julio, ha señalado que: “(…) el Estado tiene la obligación fundamental de garantizar una tutela benéfica a través de mecanismos eficaces para proteger derechos fundamentales en situaciones que merecen especial protección, como es el caso de las trabajadoras y los trabajadores, colocados casi siempre en situación de desventaja frente a las fuerzas del mercado o del poder económico del empleador; por ello, la Constitución Política del Estado reconoce dicha protección, a partir de su art. 46, que dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna.

También prevé el derecho a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, imponiendo para el Estado, la obligación de resguardar el ejercicio del trabajo en todas sus formas. Asimismo, el art. 48.I y II de la CPE, prescribe que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio y que las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. Por su parte, el art. 49.III de la Norma Suprema, constriñe al Estado a salvaguardar la estabilidad laboral y prohíbe expresamente el despido injustificado. En este contexto, el despido laboral injustificado implica la carencia de ingresos para la alimentación y protección del trabajador y su familia, con la consiguiente lesión de bienes jurídicos de primer orden, como la vida, la salud, la educación y otros.”
Finalmente, el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, en su parágrafo I, reza: “Se reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias.” Las disposiciones glosadas precedentemente, expresan el carácter intervencionista del Estado en las relaciones laborales, protegiendo el interés del trabajador, considerado como la parte más débil en esta relación.

Consiguientemente y en mérito a lo expuesto precedentemente, no siendo evidente las violaciones aducidas por la Empresa Minera Huanuni a través de su representante legal en el recurso de casación en el fondo de fs. 241 a 243, corresponde resolver el recurso conforme disponen los arts. 220.II del Código Procesal Civil Ley Nº 439, con la facultad remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los artículos 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I. 1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 241 a 243. Con Costas.

Se regula el honorario del profesional abogado, en la suma de Bs. 500 que mandará pagar el tribunal ad quem

Regístrese, notifíquese y devuélvase.