SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 362/2016. 

Sucre, 30 de septiembre de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-PDO.006/2016.

Distrito: Pando.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 123 a 124 vta., interpuesto por Edgar Limpias López, en su calidad de Alcalde Municipal de Santa Rosa del Abuna, contra el Auto de Vista N° 153/2015 de 23 de octubre, de fs. 12 a 113 vta., pronunciado por la Sala Civil, Social, Familiar, de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso social seguido por Alexander Alvarado Castedo contra el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Rosa del Abuna, el auto que concedió el recurso ce fs. 127 vta.; los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I:

I.1.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

I.1.1-SENTENCIA:

Que tramitado el proceso laboral, el Juez del Trabajo y Seguridad Social de Cobija - Pando, emitió la Sentencia N° 138/15 de 3 de septiembre de 2015 de fs. 99 a 100, declarando probada en parte la demanda de fs. 39. Sin costas. En consecuencia la entidad obligada deberá pagar la suma de Bs. 20.400 (veinte mil cuatrocientos 00/100 bolivianos), por concepto de subsidio de frontera, que deberá ser cancelado dentro del tercero día de ejecutoriada la resolución.

I.1.2.        - AUTO DE VISTA:

En grado de apelación formulada por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Rosa del Abuna de fs. 102 a 104, la Sala Civil, Social, Familiar, de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, emitió el Auto de Vista N° 153/2015 de fs. 112 a 113 vta., confirmando la Sentencia N° 138/15 de fs. 99 a 100. Sin costas.

I.2.- MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO:

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 123 a 124 vta., interpuesto por la entidad demandada acusando en síntesis lo siguiente:


Señaló que en ambas instancias hizo conocer que al asumir el cargo como Alcalde Municipal de Santa Rosa del Abuna, en fecha 1 de junio de 2015, las autoridades salientes no entregaron las planillas de sueldos, razón por la cual se encontraba en completa indefensión; en consecuencia al no contar con planillas de la anterior administración presentó el envió de reporte dirigido al Director General de Programación y Operaciones del Tesoro del Ministerio de Economía y Finanza Públicas, que son las planillas de pago de febrero, marzo y abril de 2015, donde se evidencia el haber básico de la ex Alcaldesa Soledad Antezana Medina en la suma de Bs. 5.000.- y también el sueldo del demandante en la suma de Bs. 6.000.-, los mismos que se encuentran en franca violación de la Ley del Presupuesto General del Estado en su art. 20 inc. c), aspecto que no fue valorado en ninguna de las dos instancias procesales.

Continuó manifestando que las pruebas cursantes de fs. 62 a 88 acreditan que en la anterior administración la alcaldesa pagaba indistintamente los haberes mensuales de los servidores públicos, toda vez que en unas describe el concepto de haber básico y demás derechos y en otras solamente consigna un monto to'al del haber pagado, hecho que demuestra que el pago contemplaba genéricamente todos los derechos laborales; sin embargo, el demandante en su calidad de Asesor Jurídico nunca hizo notar a la autoridad el pago de subsidio de frontera, como era su obligación, por lo que advertidos de estos errores se procedió a partir del 1 de junio de 2015, a mencionar descriptivamente el concepto de los pagos y derechos de cada servidor público, conforme sale de fs. 38.

Asimismo indica que a raíz de las elecciones municipales de ese año, existieron dos administraciones totalmente distintas, y si bien en la anterior administración no se detalló el concepto de subsidio de frontera no significa que no se hubiera pagado, más al contrario existe una aceptación tácita de pago acordado, y que para evitar este tipo de confusiones en la administración actual se acordó describir este concepto en la boleta de pago, aspectos que no fueron valorados pues el demandante actúo de mala fe queriendo sacar provecho de las arcas del Estado, al preparar la prueba a su favor.


I.2.1.        - Petitorio

Concluyó solicitando que se case el Auto de Vista N° 153/15 de 23 de octubre de 2015 y sea con las formalidades de ley; sin precisar un petitorio claro y concreto.

CONSIDERANDO II:

II.1.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, así interpuesto el recurso de casación, de la revisión de los antecedentes procesales, se establece lo siguiente:

Que, en el caso de autos el objeto de la litis consiste en determinar si corresponde el pago de subsidio de frontera al demandante. Al respecto, previamente es menester señalar que mediante Decreto Supremo (DS) N° 20030 de 10 de febrero de 1984, se instituyó el bono de frontera, el mismo que mediante el DS N° 21137 de 30 de noviembre de 1985, se sustituyó este bono con el subsidio de frontera, norma última que en su art. 12 anota: “(Subsidio de frontera). Se sustituyen los bonos de frontera, zona o región, con un (Subsidio de frontera), cuyo monto será el veinte por ciento (20%) del salario mensual. Se beneficiarán con este subsidio, solamente los funcionarios y trabajadores del Sector Público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales. Esta disposición regirá también para las empresas privadas”.

Se advierte entonces que, este precepto establece que el trabajador, independientemente del sector en el que desempeña su labor o la modalidad de su contratación, para beneficiarse de este subsidio, basta que desarrolle sus funciones dentro de un área comprendida en los cincuenta kilómetros lineales con las fronteras internacionales, sin hacer mención o distinción sobre la naturaleza de los trabajos a realizarse o los tipos de contratos suscritos para la prestación de sus servicios.

En ese entendido, el art. 12 del referido DS N° 21137, representa la garantía de la aplicación objetiva de la Ley para todos los trabajadores; por cuanto, las entidades del sector público, como las empresas privadas que desarrollen actividades dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras del país, conocen que tienen la obligación de cancelar a favor de sus empleados y trabajadores, el 20% adicional al salario mensual, por concepto de subsidio de frontera, justamente por encontrarse alejados de las ciudades y centros poblados, siendo deber de toda persona natural o jurídica, pública o privada acatar y cumplir la Constitución y las Leyes; por lo cual, el subsidio de frontera al ser un derecho previsto en un Decreto Supremo que desarrolla el espíritu del derecho laboral y social establecido en la Constitución y en la Ley General del Trabajo, constituye un mandato para que las empresas privadas y entidades públicas dentro de cuyo ámbito se desenvuelvan, cumplan con el reconocimiento de un porcentaje adicional a quienes trabajan dentro de los 50 kilómetros de las fronteras bolivianas.

En la especie, de la revisión del expediente cursa de fs. 63 a 88 planillas de salarios de los meses de enero, febrero y marzo de 2015 correspondientes al personal de apoyo ejecutivo, donde se evidencia que el actor se encuentra con un haber básico de Bs. 6.000.-; ahora bien, en dichas planillas no consta el oago del 20% adicional al salario mensual por concepto de subsidio de frontera, tampoco cursa en obrados otra documental que demuestre que en dicho salario estuviese incluido este concepto.

Por otra parte, conforme el art. 48. I, II y III de la Constitución Política del Estado (2009): "Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral... Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos ", en ese entendido, al estar la Localidad de Santa Rosa del Abuna del Departamento de Pando, ubicada dentro de los cincuenta kilómetros lineales de la frontera internacional con la República de Brasil, corresponde el pago del subsidio de frontera al actor, siendo la decisión del tribunal de apelación, correcta por cuanto se cumplió con la condición básica que impone el art. 12 del DS N° 21137 de 30 de noviembre de 1985.

En cuanto a la obligación que tenía el actor de cómo asesor legal de hacer insertar en las boletas de pagos el concepto de este derecho, y violación de la Ley del Presupuesto General del Estado en su art. 20 inc. c); sobre el particular, dichos aspectos resultan impertinentes al proceso que tiene como objeto determinar si corresponde el pago del subsidio de frontera, a más de que el recurrente se limita a mencionarlos sin ningún fundamento que demuestre de cómo, por qué y de qué manera hubiese vulnerado sus derechos, por lo que no amerita mayor consideración al respecto.

En virtud a lo expresado, resolviendo el fondo de la causa en estricta sujeción a las disposiciones laborales en vigencia, toda vez que las infracciones acusadas en el recurso son infundadas, corresponde fallar conforme los arts.271. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por permisión del art.252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 123 a 124 vta.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de        la Ley N° 1178 de        20 de        julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS N° 23215 de 22de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.