SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 356/2016.

Sucre, 30 de Septiembre de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-LP.035/2016.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 129 a 130 vta., interpuesto por Celia Jenny Blanco Duran, representante legal de la empresa INTERTRADE COURIER BOLIVIA S.R.L., contra el Auto de Vista Nº 90/14 de 20 de agosto de 2015, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cursante de fs. 126 a 127, dentro de la demanda Contencioso Tributario, seguido por la empresa recurrente contra la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto Nº 325 de 24 de diciembre de 2015, que concedió el recurso a fs. 131; los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Resolución de primera instancia:

Que, Víctor Hugo Maldonado Peña, presentó demanda Contencioso Tributaria de fs. 1 a 6, la cual mediante providenciada de 20 de enero de 2014, cursante a fs. 8, se instruyó que previo a la admisión de la demanda, se subsane la misma, debiendo adjuntarse documentos varios, proveído que fue notificado el 28 de enero de 2014 a horas 17:50, cursante a fs. 8 vta.; por lo que mediante memorial con fecha de recepción de 5 de febrero de 2014, de horas 18:15 cursante a fs. 117, el demandante subsano lo observado; memorial que mereció el pronunciamiento del Juez Segundo de Partido Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de La Paz, mediante Auto de 6 de febrero de 2014, que determinó, que dicha subsanación a la demanda fue presentada extemporáneamente, por lo que en aplicación del art. 229 del Código Tributario, se dio por no presentada la demanda, instruyendo el desglose y devolución de la documentación presentada por el demandante.


I.1.2. Auto de Vista:

Notificada con el Auto de 6 de febrero de 2014, Celia Jenny Blanco Duran, representante legal de la empresa INTERTRADE COURIER BOLIVIA S.R.L., interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación por memorial de fs. 119 a 120 vta., dicho recurso en primera instancia fue resuelto por Auto de 5 de septiembre de 2014 de fs. 121 y vta., pronunciado por la Juez Segundo de Partido Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de La Paz, que declaró no ha lugar a la reposición y CONCEDIÓ el recurso de apelación en el efecto devolutivo; posteriormente la apelación fue resuelta por Auto de Vista 90/14 de 20 de agosto de 2015, de fs. 125 a 126, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmando el auto recurrido. Fundamentando el mismo con igual criterio que el Juez a quo.

Contra el referido auto de vista, Celia Jenny Blanco Duran, representante legal de la empresa INTERTRADE COURIER BOLIVIA S.R.L., interpuso recurso de casación en el fondo cursante de fs. 129 a 130 vta., expresando en síntesis los siguientes argumentos:

I.2. Motivos del recurso de casación en el fondo

       Acusa que, el auto de vista impugnado se emitió prescindiendo de la argumentación jurídica legal, toda vez que los vocales habrían realizado una escueta relación de los hechos acontecidos carentes de una valoración idónea de las leyes enmarcadas para el caso y que no habrían realizado una revisión minuciosa de las mismas, violando así el principio de congruencia, el derecho a la defensa y a una decisión jurisdiccional razonada y fundamentada, preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado.

       Que, en el segundo considerando del Auto de Vista Nº 90/14, expresó como uno de sus fundamentos para confirmar el Auto de 6 de febrero de 2015, que el art. 299 de la Ley 1340, refiere que: “…Si la demanda fuese insuficiente y obscura, la Sala deberá prevenir al actor la complete y aclare dentro del plazo improrrogable de seis días…” -textual-, sin interpretar de forma adecuada las normas que deben ser utilizadas para el computo de plazos. Que, en ese sentido la misma autoridad cito el art. 4 de la Ley 2492, para explicar que los plazos son perentorios, entendiendo con ello que no se debe  exceder del plazo fijado; -continuó refiriendo que- esta es una interpretación sesgada y antojadiza de la norma puesto que, el numeral 2 del art. 4 de la Ley Nº 2492, dispone que los plazos corren siempre en días hábiles administrativos cuando estos no exceden los 10 días, por lo que queda manifiesto que la interpretación del tribunal de alzada, fue errónea e insuficiente para resolver de manera adecuada el recurso de apelación; además que no se efectuó una interpretación integral del art. 4 de la Ley citada, que establece que los días hábiles administrativos son aquellos en los que la Administración cumple sus funciones; por lo que en conclusión refiere que el memorial de subsanación de la demanda presentado a fs. 117, fue interpuesto dentro del plazo de seis días hábiles e improrrogables concedidos por el art. 229 de la Ley Nº 1340.

       En ese marco, el recurrente prosiguió refiriendo que, el tribunal de alzada baso también su decisión en la inaplicabilidad del Código Procesal Civil al presente caso, pretendiendo hacer creer que se invocó esa norma para la aplicación al caso o como si el demandante hubiese señalado que el código referido es supletorio y de estricto cumplimiento, cuando en realidad se citó el Código de Procesal Civil, solo con el fin de avalar la interpretación del cómputo de plazos que hace el art. 4.2 de la Ley 2492.      

Petitorio: Concluyó el memorial del recurso casación, refiriendo: “…tengo a bien PRESENTAR RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO contra el Auto de Vista Nº 90/2014 de fecha 20 de agosto de 2015, cursante a fs. 126 a 127 de obrados…” (sic), sin precisar un petitorio claro y concreto; pero además con olvido que dentro el proceso no se resolvió aún nada en el fondo, pues ni siquiera se admitió la demanda, por lo que no correspondía en este estado la casación en el fondo sino solo en la forma.

CONSIDERANDO II.

II.1. ESTUDIO DEL CASO Y JUSTIFICACIÓN DEL FALLO

II.2. Fundamentos Jurídicos del Fallo

Que, de la revisión de oficio de todo lo obrado, con carácter previo, corresponde tener presente que, en ejercicio de la facultad conferida en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, este Tribunal tiene facultad de revisar de oficio los antecedentes del proceso, a objeto de verificar el cumplimiento de los plazos y leyes que regulan su correcta tramitación y conclusión, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, la nulidad de oficio, conforme establece el art. 252 del Código de Procedimiento Civil.

En ese sentido, primeramente debemos señalar que la controversia en sí, es que el tribunal de alzada confirmó el Auto de 6 de febrero de 2014, mediante el cual se dio por no presentada la demanda, considerando al igual que el juez de primera instancia, que el memorial de subsanación a la demanda se presentó extemporáneamente; es decir, con el razonamiento de que se habría presentado después de seis días, lo cual según su criterio habría vulnerado la disposición establecida en el art. 299 de la Ley 1340 y el art. 4 de la Ley Nº 2492.

En ese marco, debemos señalar que, el art. 229 de la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 (Código Tributario Derogado), establece que: “Si la demanda fuese insuficiente u obscura, la Sala deberá prevenir al actor la complete y aclare, dentro del plazo improrrogable de seis días; si así no lo hiciere, la demanda será rechazada debiendo el Tribunal declarar la ejecutoria de la resolución o acto demandados.”, norma de la cual se extrae que el demandante tiene el plazo de seis días para subsanar la demanda, caso contrario se rechaza la misma.

Bajo ese entendimiento, el art. 4 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003 (nuevo Código Tributario Boliviano) dispone: “(Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son perentorios y se computarán en la siguiente forma: 1. Los plazos en meses se computan de fecha a fecha y si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente, se entiende que el plazo acaba el último día del mes. Si el plazo se fija en años, se entenderán siempre como años calendario. 2. Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no disponga expresamente lo contrario, se entenderán siempre referidos a días hábiles administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más extensos se computarán por días corridos. 3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última hora del día de su vencimiento. En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre prorrogado al primer día hábil siguiente. 4. Se entienden por momentos y días hábiles administrativos, aquellos en los que la Administración Tributaria correspondiente cumple sus funciones, por consiguiente, los plazos que vencieren en día inhábil para la Administración Tributaria, se entenderán prorrogados hasta el día hábil siguiente. En el cómputo de plazos y términos previstos en este Código, no surte efecto el término de la distancia.” (las negrillas fueron agregadas por este Supremo Tribunal).

En ese contexto, se debe referir que la norma jurídica aplicable al presente caso, es la señalada precedentemente, la cual es completamente clara al establecer el cómputo del plazo en 6 días, cuando no excedan de 10 días se entenderán siempre en días hábiles administrativos (lunes a viernes), además que, el plazo comienza a correr al día siguiente de la notificación, y que dicho plazo concluye al final de la última hora del día de su vencimiento (18:30 horas). De lo cual, este Supremo Tribunal considera que si la representante de la empresa demandante fue notificada el 28 de enero de 2014, con el proveído que le instruye la subsanación de la demanda, en el término de 6 días, de acuerdo al art. 229 de la Ley 1340, comenzó a correr el plazo desde el día 29 del mismo mes y año, tomando en cuenta los días hábiles, el plazo fenecía el 5 de febrero de 2014, a las 18:30 horas, momento en que la Administración Tributaria cumple con sus funciones. Por lo que, se deduce que, sí la demandante presentó el memorial de subsanación de la demanda el 5 de febrero de 2014 a horas 18:15, actuado que fue recepcionada por la auxiliar del Juzgado que conoció la causa, cursante a fs. 117 vta., entonces queda claro que la presentación de dicho memorial se efectuó dentro del plazo establecido en la norma jurídica citada precedentemente. En consecuencia, el Auto de 6 de febrero de 2014 a fs. 118, fue emitido contraviniendo el computo de plazos procesales previsto en el art. 90, que por imposición de las Disposiciones Transitoria Segunda, ambos del nuevo Código Procesal Civil de aplicación anticipada, ya estuvo en vigencia desde el 13 de noviembre de 2013.

Por lo expuesto, preservando el derecho de acceso a la justicia, el debido proceso, así como evitar la indefensión de la recurrente, al advertir que los tribunales de instancia incurrieron en interpretación incorrecta del cómputo legal del plazo aplicable al presente caso, se impone anular obrados de oficio, en aplicación del art. 17.1 de la Ley del Órgano Judicial, concordante con los arts. 3.1, 90.II y 252 todos del Código de Procedimiento Civil de 1975, aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 214 y 297.II de la Ley Nº 1340 y 74.2 de la Ley Nº 2492.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado, 17.I y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta el Auto de 6 de febrero de 2014, cursante a fs. 118 del expediente, (inclusive) disponiendo que el Juez a quo bajo responsabilidad administrativa, pronuncie resolución observando los lineamientos establecidos en el presente Auto Supremo.

No siendo excusable, se impone multa de un día de haber al juez de primera instancia y a los vocales firmantes del auto de vista recurrido, que deberán ser descontados de sus haberes por habilitación.

Remítase copia de la presente decisión al Concejo de la Magistratura en cumplimiento a lo previsto por el art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.