SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 353/2016.

Sucre, 30 de Septiembre de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.029/2016.

Distrito: Santa Cruz.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 119 a 121, interpuesto por Olga Duran Uribe y Brenda Erika Siñani Rojas, en su condición de apoderadas de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo a.i. del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 104, de 23 de marzo de 2015, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, cursante de fs. 114 a 116, dentro del proceso Social de Compensación de Cotizaciones, seguido por Héctor Fernando Quiroga Justiniano contra la entidad recurrente, la respuesta de fs. 127 a 129, el Auto Nº 445 de 19 de noviembre de 2015 que concedió el recurso de fs. 132 y vta., los antecedentes del proceso, y; 

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Resoluciones en vía administrativa:

Que, iniciado el trámite de Compensación de Cotizaciones, la Comisión de Calificaciones de Rentas del Servicio Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, mediante Auto Nº 0000669 de 24 de febrero de 2014, a fs. 57, desestimo la solicitud de Compensación de Cotizaciones de Héctor Fernando Quiroga Justiniano.

Contra el Auto Nº 0000669, Héctor Fernando Quiroga Justiniano, presentó recurso de reclamación de fs. 61 a 63, el mismo que fue resuelto por Resolución Nº 618/14 de 25 de septiembre de 2014, de fs. 70 a 72, emitido por la Comisión de Reclamación del SENASIR, confirmando la resolución recurrida.

I.1.2. Auto de Vista:

Notificado con la Resolución Nº 618/14, Héctor Fernando Quiroga Justiniano, interpuso recurso de apelación, por escrito de fs. 98 a 101, que fue resuelta por el Auto de Vista Nº 104 de 23 de marzo de 2015, de fs. 114 a 116, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que Revocó totalmente el Auto Nº 0000669 de 24 de febrero de 2014 y la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 618/14 de 25 de septiembre de 2014; y, deliberando en el fondo ordenó al SENASIR reconocer a Héctor Fernando Quiroga Justiniano, una densidad de aportes por servicios prestados en el Banco de la Nación de Argentina, desde el 4 de julio de 1978 hasta el 13 de septiembre de 1984, reconociéndole el salario cotizable del mes de agosto de 1984 actualizado a la fecha, sin costas.


I.2. Motivos del recurso de casación en el fondo

Contra el referido auto de vista, Olga Duran Uribe y Brenda Erika Siñani Rojas, en su condición de apoderadas de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo a.i. del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), interpusieron recurso de casación en el fondo de fs. 119 a 121, en el que en síntesis manifiestan los siguientes argumentos:


Acusan que, en la parte considerativa del Auto de Vista recurrido, refiere que analizado el expediente se evidenció que 17 de julio de 2013, el asegurado inició su trámite de Compensación de Cotizaciones por procedimiento manual adjuntando para este cometido: finiquito de fs. 1 a 3, certificado de trabajo a fs. 4, boleta de pago del mes de agosto de 1984 a fs. 5, cálculo de reservas técnicas del Fondo de empleados del Banco de la Nación Argentina de fs. 74 a 91, certificación de aportes a fs. 92, por el cual demuestra haber trabajado en el Banco de la Nación Argentina desde el 4 de julio de 1978 hasta el 13 de septiembre de 1984.


Que, en el Auto de Vista se agregó, que para el tratamiento extraordinario para la certificación de aportes al Sistema de Reparto, corresponde el Decreto Supremo (DS) Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, y que dicho auto consideró la aplicación del art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, respecto a la aplicación supletoria de documentos en concordancia con los arts. 13, 15, 16 y 18 del DS Nº 27543. De lo referido, la entidad recurrente consideró que el Auto de Vista Nº 104, no efectuó una valoración objetiva de la norma que regula el tratamiento del Sector de la Banca Privada, puesto que de la documentación cursante de fs. 51 a 52 de obrados, el Asegurado no figura en el Estudio Matemático Actuarial, por lo que no sería posible considerar como documentación supletoria los documentos presentados de fs. 1 a 5, aplicando de manera indebida el tribunal de alzada el art. 14 del DS Nº 27543, al no considerar que conforme lo dispone la Resolución Ministerial (RM) Nº 498 de 7 de septiembre de 2005, no procede la aplicación de los arts. 13 y 14 del DS Nº 27543, para los periodos que comprenden dichos estudios actuariales, disposición que violo el tribunal de apelación, más aun si se considera que el presente tramite de Compensación de Cotizaciones, fue dado en base al art. 14 del decreto supremo citado, que refiere: “En caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos de SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificara los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tamtum…”, en tal sentido conforme dispone el art. 1 y 2 de la Resolución Administrativa (RA) Nº 0774 de 20 de octubre de 1999, el art. 1 de la RA Nº 618 de 6 de noviembre de 2001 y RM Nº 498 de 7 de septiembre de 2005, establecen que la certificación de aportes en el Sector de la Banca Privada a través de los Estudios Matemáticos Actuariales son los únicos documentos válidos para el efecto.


La entidad recurrente, continuó refiriendo que el auto de vista recurrido, determinó un periodo cotizable de 6 años y 1 mes, sobrepasando el límite establecido en el art. 16 del DS 27543 que señala que el máximo de aportes devengados, a ser reconocidos mediante este mecanismo para efectos de certificación será hasta treinta y seis (36), es decir 3 años; violando con esto también lo establecido en la RM Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, el cual establece que SENASIR, procederá a la Certificación de Aportes, mediante la modalidad de documentos acreditables, consistentes en partes de afiliación y baja de las cajas de salud, finiquitos, certificado de trabajo y otros, no pudiendo exceder bajo esta modalidad la cantidad de sesenta (60) cotizaciones, o sea 5 años; por lo que en suma el tribunal de alzada hace una valoración incorrecta de las normas jurídicas señaladas y resuelve solo en base a la documentación presentada por el asegurado omitiendo por completo los aportes en el proceso administrativo efectuados por el SENASIR.    

 

Petitorio: Concluyó el memorial del recurso, solicitando que se conceda el mismo ante la “Excelentísima Corte Suprema de Justicia”, y que deliberando en el fondo case el Auto de Vista Nº 104/2014 de 23 de marzo de 2014 (lo correcto es Auto de Vista Nº 104 de 23 de marzo de 2015).


I.3. Contestación a la demanda

Héctor Fernando Quiroga Justiniano, mediante memorial cursante de fs. 127 a 129, se apersonó y fundamentando su respuesta refiriendo lo establecido en los arts. 13 y 45 de la Constitución Política del Estado (CPE); posteriormente realizó una copia textual de los arts. 13, 14 y 15 del DS Nº 27543, para luego señalar que los artículos citados no pueden ser modificados por resoluciones administrativas, tal como lo pretende hacer valer la entidad recurrente, haciendo notar que el tribunal de apelación se encuentra en estricta observancia del debido proceso, la valoración probatoria y sana critica, en base al principio protector con sus reglas de la condición más beneficiosa, la verdad material, de la primacía de la realidad en materia social y de no discriminación.


En ese sentido continuo refiriendo que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante su línea jurisprudencial consolidó en las SSCCPP 0148/2014 de 10 de enero, 2548/2012 de 21 de octubre, SC 1468/2004-R de 14 de septiembre, que la casación no es una instancia adicional del proceso, sino un recurso extraordinario que tiene por objeto el enjuiciamiento de la sentencia, y no del caso concreto que le dio origen.

Concluyo solicitando que se declare improcedente el presente recurso de casación, quedando firme el auto de vista recurrido.  


CONSIDERANDO II.

II.1. ESTUDIO DEL CASO Y JUSTIFICACIÓN DEL FALLO

II.2. Fundamentos Jurídicos del Fallo

Realizada la revisión del expediente y después de haberse efectuado el análisis correspondiente, pasamos a resolver las supuestas transgresiones que se denunciaron en el memorial del recurso de casación en el fondo, manifestando lo siguiente:


La entidad recurrente refirió que el tribunal de apelación efectuó una incorrecta interpretación del art. 14 del DS Nº 27543, que conforme dispone la RM Nº 498, no procede la aplicación de los arts. 13 y 14 del DS Nº 27543, para los periodos que comprenden dichos estudios actuariales; por lo que en tal sentido los arts. 1 y 2 de la RA Nº 0774, el art. 1 de la RA Nº 618 y RM Nº 498, establecerían que la certificación de aportes en el Sector de la Banca Privada, se demuestra a través de los Estudios Matemáticos Actuariales que son los únicos documentos válidos para el efecto.


Primeramente debemos señalar que el art. 45 de la CPE, instituye que, todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social; asimismo señala que la seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; finalizando en el entendido que su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social.


Estos principios componen no sólo la base en la que se asienta la Seguridad Social en el Estado Plurinacional de Bolivia, sino también constituyen la guía para su materialización y operativización en la lógica de que la Seguridad Social obedece al cumplimiento de un cometido último que el Estado como tal persigue. Esa posición hace que los principios que ordenan y orientan al sistema de Seguridad Social no deban ser tenidos en cuenta de manera aislada, otorgándoseles una aplicación esporádica, sino más bien deben ser empleados de modo preferente por parte de la administración del Estado.


En cuanto al tratamiento extraordinario para la certificación de aportes al Sistema de Reparto, se debe tener en cuenta lo establecido en el art. 14 del DS Nº 27543, referente a la utilización de documentos que cursan en el expediente, que señala: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas, record de servicios o calificación de años de servicio,…”; esta  norma, velando por el acceso a una jubilación justa, otorga mayor facilidad para que los beneficiarios puedan acceder al beneficio de las rentas, disponiendo que, cuando por algunos periodos de tiempo, no existieran planillas en archivos del SENASIR, se complemente la verificación de aportes por otros documentos como los finiquitos, certificados de trabajo, avisos de afiliación y de baja del trabajador, etc., norma que debe ser aplicada conforme lo previsto por los arts. 13, 15, 16, 17 y 18 del Decreto Supremo mencionado, así como lo señalado por el art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA). Documentos que el asegurado presentó en su oportunidad y no fueron correctamente valorados por el SENASIR, siendo estos los siguientes: finiquito de fs. 1 a 3, certificado de trabajo a fs. 4, boleta de pago del mes de agosto de 1984 a fs. 5, cálculo de reservas técnicas del Fondo de Empleados del Banco de la Nación Argentina de fs. 74 a 91, certificación de aportes a fs. 92, con los cuales demostró haber trabajado en el Banco de la Nación Argentina desde el 4 de julio de 1978 hasta el 13 de septiembre de 1984, los mismos que fueron reconocidos por la entidad recurrente en su recurso de casación, y compulsados acertadamente por el tribunal de apelación, porque estos acreditan fehacientemente que el actor prestó sus servicios en el Banco de la Nación Argentina desde el mes de julio de 1978 hasta el mes de septiembre de 1984, documentos que tienen todo el valor legal, según el art. 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC), por permisión del art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS), lo cual hace viable el cálculo de la Certificación de Aportes, en aplicación del art. 14 del DS Nº 27543, además del art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA).


En lo referente a la Compensación de Cotizaciones, el art. 24.I de la Ley Nº 065, establece que: “Es el reconocimiento que otorga el Estado Plurinacional de Bolivia, a los Asegurados por los aportes efectuados al Sistema de Reparto vigente hasta el 30 de abril de 1997, que se financia con los recursos del Tesoro General de la Nación”.


En cuanto a lo referido por la entidad recurrente, sobre que el tribunal de apelación no apreció correctamente lo establecido en el art. 1 y 2 de la RA Nº 0774 de 20 de octubre de 1999, el art. 1 de la RA Nº 618 de 6 de noviembre de 2001 y RM Nº 498 de 7 de septiembre de 2005, que establecen que la certificación de aportes en el Sector de la Banca Privada a través de los Estudios Matemáticos Actuariales son los únicos documentos válidos para el efecto.


Problemática del cual, corresponde señalar que si bien las RRAA Nº. 0774 de 20 de octubre de 1999 y 618 de 6 de noviembre de 2001 y el art. 2 de la RM Nº 498 de 7 de septiembre de 2005, establecieron ciertos parámetros para la calificación de las prestaciones jubilatorias y certificaciones de aportes del sector de la banca privada en base a los Estudios Matemáticos Actuariales y sus complementarios; empero, no es menos cierto que el DS Nº 27543, dio la posibilidad de que estas certificaciones sean realizadas en base a documentación supletoria como son los finiquitos, certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de afiliación y baja de las Cajas de Salud respectivas, record de servicios o calificación de años de servicio, contratos de trabajo, entre otros; lo cual se encuentra reafirmado por el art. 18 del decreto supremo aludido que prevé: "Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los arts. 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo.”. De la misma manera el art. 16 del citado decreto supremo enfatiza: "Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al art. 14 del presente Decreto Supremo".


Por otra parte, corresponde aclarar que, si bien es cierto que las RRMM Nº 550 y 089, determinan que mediante el procedimiento supletorio se puede tomar en cuenta hasta un máximo de sesenta periodos aportados, del total de aportes de cada asegurado; sin embargo, este tope que prevén estas normas, no pueden modificar el establecido por el art. 15 del DS Nº 27543, que prevé: "Cuando se utilice las modalidades de certificación señaladas en los arts. 13 y 14 del presente Decreto Supremo, la totalidad de los aportes mensuales certificados para la calificación de la renta única no deberá exceder de ciento ochenta (180)".


En ese contexto, este Supremo Tribunal considera que no son evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo cursante de fs. 119 a 121, al carecer de sustento fáctico y jurídico; lo que conlleva a afirmar que el Tribunal de alzada realizó una adecuada apreciación y valoración de los antecedentes del proceso, no incurriendo en transgresión de norma alguna, correspondiendo en tal circunstancia resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2 y 273 del Código Adjetivo Civil, aplicable por disposición del 633 del RCSS y 15 del MPRCPA aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.


POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 119 a 121, interpuesto por el SENASIR; en consecuencia se mantiene firme y subsistente el Auto de Vista Nº 104 de 23 de marzo de 2015, de fs. 114 a 116.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 (SAFCO).

Regístrese, notifíquese y cúmplase.