SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 350/2016.

Sucre, 30 septiembre de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-BNI.023/2016.

Distrito: Beni.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: Los recursos de casación en el fondo y en la forma de fs. 184 a 185, interpuesto por la Universidad Privada del Valle S.A., representado por Miguel Ángel Añez Sameshima; y, en el fondo de fs. 189 a 191 presentado por la actora Martha Suarez de Yáñez, contra el Auto de Vista Nº 63/2015 de 20 de noviembre, corriente a fs. 177 a 182, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, dentro del proceso por pago de beneficios sociales que sigue Martha Suarez Vejarano de Yáñez contra la Universidad Privada del Valle S.A.; el Auto Nº 146 de 30 de diciembre, cursante a fs. 193 que concedió ambos recursos; los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I

I.1. Antecedentes del Proceso

I.1.1 Sentencia

Tramitado el proceso, el Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Trinidad Beni, pronunció Sentencia Nº 54/2015 de 14 de mayo, de fs. 153 a 159, declarando probada en parte la demanda de fs. 22 a 23 y probada en parte la excepción de prescripción interpuesta por la institución demandada, ordenando a la Universidad Privada del Valle S.A., pague en favor de Martha Suarez Vejarano de Yáñez, sus beneficios sociales conforme a la liquidación inserta el total Bs.42.634,37 (cuarenta y dos mil seiscientos treinta y cuatro 37/100 Bolivianos), por concepto de desahucio, indemnización, primas y aguinaldos, más actualización en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda y multa del 30% a liquidarse en ejecución de Sentencia.

I.1.2. Auto de Vista

En conocimiento del precitado fallo, las partes, demandado y demandante opusieron recurso de apelación conforme fluye de fs. 161 a 162 y de 164 a 165 vta., respectivamente, mismos que fueron resueltos por el Auto de Vista Nº 63/2015 de 20 de noviembre, corriente a fs. 177 a 182 pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, que determinó confirmar totalmente la Sentencia apelada, con costas.

I.2. Motivos de los recursos de casación

I.2.1. Recurso de casación interpuesto por la Universidad Privada del Valle S.A.

Contra aquel Fallo, la entidad demandada representado por Fernando Molina Rivera, por memorial de fs. 184 a 185, formula recurso de casación en el fondo y la forma, señalando:

a) En el fondo, que hubo error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba, ya que la prueba de descargo aportada consiste en contratos a plazo fijo que tienen inicio y fecha de expiración; y, que entre cada uno de ellos existe interrupción. Añade asimismo que la extinción de la relación laboral, fue porque la materia de Inglés, del cual la demandante era docente, fue eliminada mediante Resolución Ministerial Nº 092/2011 de fecha “01/03/2011”; consiguientemente tanto el Auto de Vista recurrido como la Sentencia, hicieron interpretación errónea del art. 12 de la Ley General del Trabajo respecto al “pago de desahucio”, por cuanto el vencimiento del plazo de contratación se encontraba pre estipulado y era de conocimiento de la demandante, por lo que no corresponde el preaviso en contratos temporales a plazo fijo y tampoco se aplica la conversión del plazo indefinido establecido por el art. 2 del DS Nº 16187que se produce cuando en contratos a plazo fijo el trabajador continúa prestando sus servicios.

b) En la forma, expresa que en la apelación que planteó, solicitó la revocación total de la sentencia por haberse dictado fuera del plazo establecido en el “art. 79 del C.P.T.” y que el Auto de Vista ahora impugnado, no se pronunció al respecto, por lo que solicita se anule obrados, y que el Tribunal de Apelación dicte nuevo Auto de Vista.

I.2.1.1. Petitorio

La entidad recurrente, solicita se case parcialmente el Auto de Vista recurrido o en su caso anular obrados hasta que se dicte nuevo Auto de Vista.

I.2.2. Recurso de casación interpuesto por Martha Suarez de Yáñez.

Por su parte, la demandante, por escrito de fs. 189 a 191 interpone recurso de casación en el fondo señalando:

Que, la sentencia de primera instancia, confirmada por tribunal a quo, le reconoce 16 años y seis días de trabajo continuo y no los 18 años o 36 semestres que trabajó como docente en la Universidad del Valle. También indica que la indemnización estipula el reconocimiento de un salario por cada año de trabajo, en la Sentencia sólo le reconoce una indemnización parcial siendo este un derecho adquirido. Por otra parte, señala que respecto a las Primas Anuales, tampoco la sentencia de primera instancia y el Auto de Vista objeto del Recurso de Casación, no hacen una valoración legal, con respecto a la participación del trabajador en las utilidades de las empresas a razón de dos sueldos por año. Asimismo señala que la Sentencia y el Auto de Vista, no valoraron los 72 sueldos devengados acumulados de a cuatro por año y que fue negada por la parte empleadora, ello bajo el criterio del derecho al trabajo y una remuneración a salario justo, a no realizar trabajo sin justa remuneración y a que el salario es proporcional al trabajo previstos en los arts. 46-I.1., 46-II y 52 in fine, respectivamente de la Ley General del Trabajo.

Aduce que no fueron calculados “en éstas resoluciones” por concepto de sueldos devengados, desahucio, indemnización, pago de días feriados, bono de antigüedad no pagado, incrementos de sueldos aprobados por el Estado en todas las gestiones, aguinaldos, vacaciones, trabajo nocturno, entre otros conceptos laborales, conforme a los arts. 46-I y 48-II de la Constitución Política del Estado, arts. 13, 19, 41, 44, 46, 52 y 55 de la Ley General del Trabajo, arts. 6, 12, 20 y 41 del Decreto Regalmentario de la L.G.T., la Ley de 9 de noviembre de 1940, el DS Nº 1592 de 19 de abril de 1940, el art. Único del DS Nº 03641 de 11 de febrero de 1954, el art. 1º de la Ley de 23 de noviembre de 1944, el DL Nº 11950 de 9 de noviembre de 1974, el DS Nº 17222 de 13 de febrero de 1980, el DS Nº 14260 de 30 de diciembre de 1976, el DS Nº 1258 de 24 de diciembre de 1974, el art. 60 del DS Nº 21060, la Ley de 18 de diciembre de 1944, la Ley de 8 de diciembre de 1942, el art. 1º de la Ley de 3 de noviembre de 1944, el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, el DS Nº 07850 de 1 de noviembre de 1966, los arts. 67, 68 y 69 del DS Nº 2106 de 29 de agosto de 1985, el DS Nº 17288 de 18 de marzo de 1980; y, el DS Nº 12059 de 24 de diciembre de 1974.

I.2.2.1. Petitorio

La recurrente, pide se case parcialmente el auto de vista recurrido, ordenando se realice la cancelación de los Beneficios Sociales demandados como ser indemnización por 18 años trabajados, desahucio, vacaciones, primas anuales, pago de sueldos devengados, multa de 30% y otros conceptos laborales, en base al finiquito presentado con la demanda principal.

CONSIDERANDO II

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo

II.1.1. En relación al recurso de casación interpuesto por la Universidad Privada del Valle S.A.

  1. Respecto al recurso de casación en el fondo.

El recurrente, arguye que no se habría realizado la correspondiente valoración de las pruebas de descargo, principalmente con el argumento de que no fue considerado la existencia de contratos a plazo fijo que tienen un inicio y una fecha de conclusión o expiración, impugnando consiguientemente el Auto de Vista ahora recurrido.

De la revisión de la Resolución recurrida, se advierte que el Tribunal de Apelación hizo el análisis correspondiente respecto a este aspecto, realizando su fundamentación, concretamente en el Considerando IV, haciendo alusión a las tareas propias y permanentes vinculadas al “giro habitual” o principal actividad económica de la empresa; y, que esta situación se daría en el caso de Autos.

Al respecto, el art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, señaló que de conformidad al art. 1 de la Ley General del Trabajo que determina, de modo general, los derechos y obligaciones emergentes de trabajo asalariado, constituyen características esenciales de la relación laboral, la relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador, la prestación de trabajo por cuenta ajena; y, la percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación; consideraciones que se encuentran acordes a lo dispuesto en el art. 2 del DS Nº 28699 de 1º de mayo de 2006.

En el caso de autos, se advierte que la demandante, desarrolló sus actividades con sujeción a un empleador, consiguientemente, por cuenta ajena bajo una continua y permanente dependencia, de subordinación, así como a la percepción de un sueldo o salario, ajustándose esta realidad, a las características propias señaladas en las disposiciones legales señaladas en párrafo precedente; y, conforme o lo debidamente fundamentado en Sentencia de fs. 153 a 159, la demandante trabajó de manera continua desde el 7 de agosto de 1996 hasta el 13 de agosto de 2012, efectuando en consecuencia el Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Trinidad Beni, la liquidación correspondiente de sus beneficios sociales que le correspondieron considerando este tiempo de trabajo realizado por Martha Suarez de Yáñez; sentencia que fue confirmada mediante auto de vista de fs. 177 a 182.

De otra parte, en materia laboral, rige el principio de la realidad, vale decir de la verdad material, que es uno de principios establecidos en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado, aspecto que deja de relieve lo que las partes han contratado formalmente o de manera aparente. Al respecto, la jurisprudencia establecida por este Tribunal Supremo, a través del Auto Supremo Nº 40 de 10 de abril de 2014, indicó que: “rige el principio de la primacía de la realidad en cuya virtud, la interpretación de las relaciones entre empleadores y trabajadores se debe tomar en cuenta, lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que las partes han contratado formalmente o de manera aparente…”; consiguientemente, la realidad laboral existente entre la actora y la entidad demandada, demuestra ajustarse a lo previsto en los decretos supremos mencionados (DS Nº 23570 y DS Nº 28699), por lo tanto, acreedora a los derechos demandados por la misma.

Asimismo, de la revisión del auto de vista impugnado, se advierte que el tribunal de alzada, el mismo se pronunció sobre todos los aspectos impugnados por el recurrente, aspectos que no fueron refutados por la entidad recurrente, tampoco refutó los fundamentos de la resolución impugnada, menos fundamentó agravio alguno conforme a lo dispuesto en el art. 258.2 del CPC, disposición legal que no fue cumplido por el recurrente. A ello, es de considerar que el art. 48.II, de la Constitución Política del Estado, establece que las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y el trabajador; y, que en el caso de autos, se advierte que la entidad demandada, no demostró sus pretensiones señaladas en su recurso.

En mérito a lo expuesto, se concluye que lo planteado por el recurrente en cuanto a recurso de casación de fondo, la Universidad Privada del Valle S.A., no demostró que el tribunal de alzada vulnero disposición legal alguna; consiguientemente, corresponde la aplicación del art. 273 del Código de Procedimiento Civil, por permisión del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

  1. Respecto al recurso de casación en la forma.

En relación al recurso de casación en la forma, el art. 254 del Código de Procedimiento Civil, señala que procederá el recurso de casación por haberse violado las formas esenciales de proceso, cuando la sentencia o auto recurrido hubiere sido dictado por juez o tribunal incompetente, o por tribunal integrado contraviniendo a lo dispuesto por la ley; por un juez o con la concurrencia de un vocal legalmente impedidos o cuya excusa o recusación estuviere pendiente o hubiere sido declarada legal por tribunal competente; por un tribunal con menor número de votos o con menor número de vocales que los requeridos por la ley; otorgando más de lo pedido por las partes o sin haberse pronunciado sobre alguna de las pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente ante los tribunales inferiores; en apelación desistida; en uno de los casos señalados por los artículos 208 y 209; y, faltando a alguna diligencia o trámite declarados esenciales, falta expresamente penada con nulidad por la ley.

En el caso de autos, si bien el recurrente arguye que auto de vista ahora impugnado, no se pronunció respecto a la revocación total de la sentencia por haberse dictado fuera del plazo; sin embargo, no es menos cierto que la referida pretensión, no fue planteado como motivo de apelación en cumplimiento de lo previsto en el art. 227 del Código de Procedimiento Civil, que tenía la obligación de fundamentar el agravio sufrido, haciendo una relación de hechos, con especificación de fechas, folios y otros con la correspondiente fundamentación jurídica, toda vez que de la revisión del memorial de apelación planteado, sólo lo refirió de manera escueta en la parte de su petitorio.

Al respecto el art. 236 del Código de Procedimiento Civil señala que el auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación a que se refiere el art. 227, misma que no fue cumplida por el recurrente, consiguientemente, no se advierte que el tribunal de alzada haya vulnerado disposición alguna.

Sin embargo de lo precedentemente señalado, este Tribunal Supremo, ingresando a analizar lo denunciado por el recurrente respecto a que si es o no evidente que la Sentencia fue dictada fuera de plazo, del examen de antecedentes, se advierte que a fs. 152, la Secretaria del Juzgado Segundo del Trabajo y Seguridad Social informó indicando que el expediente pasó a despacho el 06 de mayo de mayo de 2015; y de fs. 153 a 159, se encuentra la Sentencia, indicándose como fecha del pronunciamiento de la misma, el 14 de mayo de 2015 a fs. 153; consiguientemente, dentro de los 10 días señalados en el art. 79 del Código Procesal del Trabajo, por lo que la denuncia del recurrente no es evidente, respecto a que la sentencia habría sido dictada fuera de plazo.

En conclusión y en mérito a lo expuesto, el recurso de casación tanto en el fondo como en la forma interpuesta por la Universidad Privada del Valle S.A., se advierte que los mismos no fueron justificados en cuanto a una probable infracción a disposiciones legales que presuntamente pudo haber cometido el tribunal de alzada, por lo que en aplicación del art. 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en mérito del art. 252 del Código Procesal del Trabajo, deviene en infundado.

II.1.2. En relación al recurso de casación planteado por Martha Suarez de Yáñez.

El recurso de casación en el fondo interpuesto por la recurrente, alega que la sentencia de primera instancia, confirmada por tribunal a quo, le reconoce 16 años y seis días de trabajo continuo y no los 18 años o 36 semestres que trabajó como docente en la Universidad del Valle.

Sin embargo, de la revisión de Sentencia cursante de fs. 153 a 159, se advierte que las razones por las que se realizó el cómputo de los 16 años y 6 días, se encuentran debidamente fundamentados en el punto 2., del Considerando IV, al señalar que el primer periodo de trabajo se produjo del 7 de marzo de 1994 al 23 de diciembre de 1995, habiéndose posteriormente existido una ausencia de relación laboral, calificada por el juez como “interrupción de más de 3 meses”; y, que en mérito a la excepción de prescripción planteada por la entidad demandada, se produjo la prescripción.

En la fundamentación realizada por el Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Trinidad Beni, y por las razones descrita en párrafo precedente, señaló que el cómputo que realizó, fue a partir del 7 de agosto de 1996 hasta el 13 de agosto de 2012, en que si bien hace referencia a la interrupciones, pero también fundamenta que la “interrupción entre uno y otro contrato no sobrepasaba el término de 3 meses”, para posteriormente señalar la fecha en que la actora se acoge al retiro indirecto por la rebaja de su salario.

Lo cierto es que el auto de vista, confirmó la Sentencia; y, en el recurso de casación planteado por Martha Suarez de Yáñez, no refuta fundadamente los argumentos expuestos por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, menos lo señalado por el Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Trinidad Beni en sentencia, cuyo cálculo o liquidación respecto a la indemnización, es el producto del análisis que realizó respecto al tiempo de trabajo de Martha Suarez Vejarano de Yáñez en la Universidad Privada del Valle S.A., que consideró, del 7 de agosto de 1996 hasta el 13 de agosto de 2012, por lo que al confirmar lo dispuesto en Sentencia, se ajusta a derecho.

De otra parte, lo referido por la recurrente respecto a las Primas Anuales, aduciendo que la sentencia de primera instancia y el Auto de Vista objeto del Recurso de Casación, no hacen una valoración legal, respecto a la participación del trabajador en las utilidades de las empresas a razón de dos sueldos por año; sin embargo, se advierte que la recurrente al respecto, no realiza mayor fundamentación fáctica jurídica que demuestre su pretensión; sin embargo de ello, de la revisión de antecedentes, se advierte que en la Sentencia, se realizó la fundamentación correspondiente, en la que el Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Trinidad Beni, refirió que la Universidad Privada del Valle S.A., presentó balance general de las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010 que establecerían la inexistencia de utilidades, pero que al no encontrarse aprobada por la entidad fiscal conforme al art. 50 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo y art. 2 de la Ley de 22 de noviembre de 1945, la parte demandante se hace acreedora al pago de una prima anual por las gestiones 2007 a 2011, consistentes en un mes de sueldo por cada gestión; aspecto que se ajusta a lo previsto en el art. 2 de la Ley de 22 de noviembre de 1945. Consiguientemente, lo alegado por Martha Suarez Vejarano de Yáñez, no fue demostrado por la misma.

Sin embargo de que el recurso de casación interpuesta por Martha Suarez Vejarano de Yáñez, no se encuentra debidamente fundamentada en una relación fáctica jurídica, se advierte que las actuaciones de las autoridades recurridas se ajusta a derecho, no pudiendo este tribunal ingresar a analizar de manera ultra petita, en aquellos aspectos que no fueron debidamente fundamentados por la recurrente.

En conclusión, se advierte que no habiéndose demostrado lo alegado por la recurrente Martha Suarez Vejarano de Yáñez en el recurso de casación que interpuso, toda vez que, el mismo no debe limitarse a señalar sus pretensiones y enunciar simplemente las disposiciones legales, sin realizar un examen y relación fáctica jurídica debidamente fundamentada, el recurso deviene en infundado.

En mérito a lo expuesto, los recursos interpuestos tanto por la entidad demandada, la Universidad Privada del Valle S.A. y por la demandante Martha Suarez Vejarano de Yáñez, corresponde la aplicación de los arts. 271.2 y 273 ambos del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADOS, los recursos de casación cursante de fs. 184 a 185  y de fs. 189 a 191, interpuesto por la Universidad Privada del Valle S.A. y Martha Suarez Vejarano de Yáñez, respectivamente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.