SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 347/2016.

Sucre, 30 de septiembre de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-PDO.017/2016.

Distrito: Pando.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 75 a 77, interpuesto por Tatiana Mónica Sejas Condori en su condición de Directora General Ejecutivo de la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija “ZOFRACOBIJA”, contra el Auto de Vista Nº 172/15 de 2 de diciembre de 2015, cursante de fs. 71 a 72, pronunciado por la Sala Civil y Social Familia de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso social de pago de subsidio de frontera seguido por Orlando Mercado Zabala contra la entidad recurrente, el responde de fs. 79 a 80, el Auto a fs. 81 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO: Que, tramitado el proceso social de beneficios sociales, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Cobija Pando, pronunció la Sentencia 148 015  de 11 de septiembre de 2015 de fs. 54 a 56, declarando probada en parte la demanda a fs. 19, sin costas, a cuyo efecto la entidad demandada debe cancelar la suma de Bs.6.080.- (seis mil ochenta 00/100 bolivianos), por concepto de subsidio de frontera por los periodos 2013, 2014 y 2015, dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia.

En grado de apelación, deducido por José Ailton Suarez Reboso en su condición de Director General Ejecutiva “ZOFRACOBIJA”  de fs. 60 a 61, la Sala Civil Social Familia de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, pronunció el Auto de Vista Nº 172/15, confirmando la sentencia N° 148/015, sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS. N° 23215 de 22 de julio de 1992.

La resolución de apelación motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 75 a 77, interpuesto por Tatiana Mónica Sejas Condori en su condición de Directora General Ejecutivo de la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija “ZOFRACOBIJA”, quien en lo fundamental sostiene:

Que, el auto pronunciado resultaría lesivo desestimando la legítima pretensión de la institución, causándoles agravios y perjuicios, como contratante de funcionarios públicos. Que, interpone el recurso de casación en el fondo, porque la sentencia contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley y disposiciones contradictorias, que en la apreciación de la prueba se hubiere incurrido en error de hecho, error de derecho, violaciones omisiones, sin tomar en cuenta la prueba documental presentada.

Fundamenta agravios, perjuicios y normas que se habrían conculcado, el juez a quo y el tribunal de alzada incurriendo en una errónea, apartada y contradictoria interpretación de leyes.

Que, los señores vocales no habrían tomado en cuenta la calidad del funcionario público, mediante la suscripción de un contrato de prestación de servicio eventual regulada por la Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público (EFP).

Que, la naturaleza institucional estaría establecida por el Decreto Supremo (DS) N° 25933 y modificado por el DS N° 29744 que su art. 42 determinaría su naturaleza de entidad pública, descentralizadas, derecho público y estabilidad bajo la presión del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Que, la institución estaría bajo el régimen de la Ley 2027 y no así, bajo el régimen de normas laborales, de la misma forma el demandante.

Que, el subsidio de frontera, al haber sido contratado el demandante mediante un contrato de prestación de servicios de personal eventual, habría adquirido la calidad de funcionario público, y para su cancelación se efectivizaría con los recursos provenientes de la partida 12000, al contrario de la interpretación que se habría efectuado. Refiere que debido a los contratos no podría cobrarse suma adicional a ellos. Que, el DS N° 27327 modificado por el DS N° 27375 en su art. 5 establecería las modificaciones referidas al personal eventual.

Refiere, que toda contratación bajo esa partida no debe generar pago de aguinaldo, ni esta clase de beneficio adicional bajo cualquier denominación, las remuneraciones del personal contratado bajo la partida 12000, tendrían que ser establecidas considerando la equivalencia de sus funciones y remuneraciones que percibe el personal en línea.

Arguye, que el DS estaría relacionado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y mediante cite habría regulado la privación del bono de frontera, bono de antigüedad bajo la partida 12000.

Que, el Ministerio de Trabajo y Empleo y Previsión Social, mediante oficio, también habría establecido que bajo la partida 12000, no debería generarse pago de aguinaldo ni otra clase de beneficios adicional bajo cualquier denominación.

Señala, que esas afirmaciones no habrían sido consideradas por el juez a quo ni por el tribunal de alzada, por lo tanto no sería aplicable al caso de autos el art. 12 del DS N° 21187 de 30 de noviembre de 1985, para otorgar el pago del subsidio de frontera, que no correspondería, refiere que tampoco es aplicable el artículo único del DS N° 12058 de fecha 24 de diciembre de 1974 para el pago  en dinero de las vacaciones. Agrega que no habrían considerado los dictámenes generales emitidos por la Procuraduría General del Estado, que estarían orientados a la protección de los intereses patrimoniales del Estado, haciendo justicia a costa y detrimento del Estado.

Concluye, solicitando se case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda en todas sus partes y sea con condenación de costas en ambas instancias.

CONSIDERANDO II: Que, en mérito de los antecedentes, revisado minuciosamente el recurso de casación en el fondo, corresponde resolver de acuerdo a las siguientes consideraciones:

De la lectura del memorial del recurso de casación en el fondo y de los puntos cuestionados, se puede establecer que, la controversia central traída en el caso de análisis está sustentada sobre la procedencia de la cancelación del subsidio de frontera.

En lo referente a la denuncia sobre la errónea interpretación de la ley, si bien es cierto que el DS. N° 27327, modificado por el DS. 27375 en sus arts. 5 y 10; el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en CITE: MEFP/VPCF/DGPGP/UOEPED/Nº 1246/12 de 31 de diciembre de 2012; el OF. EXT.JDTP-MTEPS/rgpz Nº 001972013 de fecha 11 de junio de 2013 del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social; los Dictámenes de la Procuraduría General del Estado números 06/2014 de 09 de diciembre y 01/2015 de 30 de enero, otorgan ciertas restricciones; sin embargo, es menos cierto, que las restricciones alcancen al subsidio de frontera, toda vez que aquel tiene la calidad de derecho adquirido, se encuentra revestido de carácter irrenunciable, imprescriptible, en consecuencia son nulas las convenciones que tiendan a burlar sus efectos por mandato imperativo del constituyente.

En el caso en análisis cumple los dos requisitos de procedibilidad. El primero, referido a la calidad de las personas  al tratarse de funcionario público o trabajador del sector público; el segundo, referido al lugar de trabajo dentro de los 50 KM. lineales de las fronteras internacionales, donde se desplego la fuerza de trabajo (Cobija), previsto por mandato imperativo del art. 12 del  DS. N° 21137 de 30 de noviembre de 1985.

Ahora bien, conforme se evidencia de los contratos de prestación de servicios de personal eventual de fs. 32 a 47, en su la cláusula séptima refiere que es un contrato administrativo dentro de la Ley 1178, ligado al servicio que realiza, no existiendo obligación referida a beneficios sociales por la LGT., excepto lo estipulado en el contrato, sin embargo; al no ser un servicio especializado, ajenas al giro de la institución, se convierte en un derecho adquirido, de conformidad al DS. N° 21137 de 30 de noviembre de 1985, entonces al revestirse de los requisitos de procedibilidad, se torna en exigible, al constituirse en una fracción del salario que en última instancia se constituye en un derecho humano, donde los jueces son los garantes efectivos de su gocé en la protección oportuna, frente eventuales conculcaciones de conformidad a lo previsto por los arts. 9.4 y 22; de la Constitución Política del Estado., donde el Estado por intermedio de los jueces tiene el deber de garantizar los valores, principios, derechos, así como la dignidad del trabajador. Los salarios o sueldos devengados son inembargables e imprescriptibles, siendo el subsidio de frontera un fragmento que forma parte del salario debe de ser interpretado en principios de pro persona, en procura de alcanzar su goce efectivo, como establece el art. 48.III).IV) de la CPE.

Del análisis de los antecedentes del proceso se evidencia que, la entidad demandada tiene su sede en la ciudad de Cobija que se encuentra ubicada dentro de los cincuenta kilómetros lineales de frontera, como también dicha entidad no canceló el subsidio de frontera, 3 meses por gestión 2013;  por 6 meses y 11 días de la gestión 2014; 1 mes y 19  días de la gestiones 2015, por ende corresponde la cancelación de dicho derecho adquirido al trabajador. En consecuencia, no resulta evidente lo aseverado por el recurrente.

En lo referente a la denuncia de error de hecho sobre la valoración de la prueba acusada,  al respecto se tiene que,  si bien es cierto que de  fs. 32 a 46 de obrados, se evidencia un contrato de prestación de servicios de personal eventual, con una restricción aparente en su cláusula quinta, para efecto de cobros de sumas adicionales al provenir de la partida 12100; es menos cierto, que conforme a lo previsto por el art. 158 del CPT, el juzgador no está sujeto exclusivamente a la tarifa legal, sino forma libremente su convencimiento de la valoración del conjunto de la prueba aportada al proceso.

En efecto, tanto el a quo como el ad quem, al interpretar y valorar los hechos y el derecho, se observa que valoraron correctamente, las pruebas que están sometidas a la valoración legal y sana crítica y en su caso por las particularidades del caso concreto, en virtud al principio de verdad material y el valor justicia, se apartaron de la tasación legal para resolver conforme la sana crítica efectuando la debida fundamentación de los motivos que le impulsaron a apartarse de la prueba tasada para preservar la seguridad jurídica,  aplicando el valor a la prueba, por lo que no se observa error de hecho, al contrario aplicaron correctamente de conformidad a los arts. 159 del CPT. y 180 de la CPE., por lo que no es evidente lo acusado.

Que, en ese marco legal, se concluye, que tanto la sentencia y el auto de vista impugnados, se ajustan a las normas legales en vigencia, no se observa, interpretación errónea, aplicación indebida de la ley o error de derecho en la apreciación de la prueba, por consiguiente, corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271.2 y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala  Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 75 a 77. Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.