SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 341/2016.

Sucre, 30 de septiembre de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-PDO.005/2016.

Distrito: Pando.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: Los recursos de casación en la forma y en el fondo de fs. 157 a 162 vta., interpuesto por Lidia Rosmery Corani Álvarez en representación legal del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) Pando; y, el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 166 a 167 vta., y mejorado de fs. 170 a 171 vta., plateado por el demandante, ambos recursos contra el Auto de Vista Nº 152/15 de 23 de octubre de 2015, cursante de fs. 150 a 152, pronunciado por la Sala Civil, Social, Familia, de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso por pago de beneficios sociales y pago de bono de frontera, seguido por Elvis Fernández Fernández contra SENASAG, el Auto 132/15 de 10 de diciembre de 2015, a fs. 174 vta., que concedió los recursos; los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia:

Que, Elvis Fernández Fernández, interpuso demanda por pago de beneficios sociales y pago de frontera, de fs. 46 a 48, contra el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) Pando, tramitado el proceso, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cobija Pando, mediante Sentencia Nº 133 15 de 20 de agosto de 2015, de fs. 124 a 126 vta., declaró probada en parte la demanda, disponiendo que la entidad demandada cancele la suma total de Bs. 53.703.- (cincuenta y tres mil setecientos tres 00/100 bolivianos), por el pago de subsidio de frontera de la gestión 2009 hasta la gestión 2014, más 4 meses de la gestión 2015 y las vacaciones de 5 meses, monto total que deberá ser cancelado al tercero día de ejecutoriada la sentencia.

I.1.2. Auto de Vista:

Notificados con la Sentencia Nº 133 15, ambas partes interpusieron recurso de apelación, cursantes de fs. 129 a 134 vta., y a fs. 137 y vta., recursos que fueron resueltos por el Auto de Vista Nº 152/15 de 23 de octubre de 2015, de fs. 150 a 152, pronunciado por la Sala Civil, Social, Familia, de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que confirmó la sentencia recurrida, por considerar que la sentencia fue dispuesta de acuerdo con los antecedentes que corren en el expediente.

I.2. Motivos del primer recurso de casación en la forma y en el fondo

Contra el referido auto de vista, Lidia Rosmery Corani Alvarez en representación legal de SENASAG, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, de fs. 157 a 163, manifestando en síntesis los siguientes argumentos:

I.2.1. Motivos del recurso de casación en el fondo

En el recurso de casación en el fondo, la recurrente realizó una copia textual del art. 1 de la Ley General del Trabajo (LGT), para luego manifestar cual es el sector de trabajadores que está comprendida y cual se encuentra excluida de la ley citada, complementando que el demandante no está incluido dentro de la citada norma, reclamo que no habría merecido pronunciamiento alguno de parte de los tribunales de instancia, cuando se fundamentó la diferencia entre los servidores públicos y funcionarios eventuales; siendo que, Elvis Fernández Fernández, como personal eventual sujeto a contrato a plazo fijo ha estado dentro de la categoría de funcionarios eventuales, cuyas divergencias y obligaciones, debieron ser atendidos dentro los parámetros expresamente establecidos en los contratos eventuales suscritos entre las partes, ahora en demanda.

Que el tribunal de alzada incurrió en error de derecho, porque la entidad recurrente aporto pruebas como ser contratos eventuales y boletas de pago del demandante cursante de fs. 69 a 90 de obrados, a efectos de sustentar la eventualidad de los servicios que prestó, lo que el Juez a quo no considero, ni le dio la tasa legal que la propia ley le otorga, y tampoco el Juez ad quem se pronunció al respecto, siendo que el ad quem pudo subsanar la falta de pronunciamiento del a quo. Puntualizando la entidad recurrente al respecto, refirió que el juzgador debe circunscribir su decisión en la valoración de medios probatorios en su conjunto (tanto pruebas de cargo y de descargo), tomando en cuenta lo que establece el art. 3 del Código Procesal del Trabajo (CPT), que determina la libre apreciación de la prueba, lo que le da un amplio margen de libertad de acuerdo a la sana lógica, apreciando además de ellos los indicios de forma conjunta, destacando su gravedad.

Continuó refiriendo que, el tribunal de alzada no valoró los agravios expresados en la apelación a la sentencia de primera instancia, como ser que el actor, estuvo sujeto a contrato eventual y por ende no estaba amparado a la Ley General del Trabajo, ni del Estatuto del Funcionario Público, estando sujeto su relación laboral a Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, extremos que son corroborados por el art. 6 del Estatuto del Funcionario Público.

Por otra parte, citó la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1711/2012 de 1 de octubre, la cual establece en resumen que existen personas que prestan servicios al Estado, que no están sometidas al Estatuto del Funcionario Público ni a la Ley General del Trabajo, estando sus derechos y obligaciones regidos por el propio contrato, lo cual según el criterio de la entidad recurrente debió haber sido aplicado por el tribunal ad quem, dado que estos agravios fueron oportunamente reclamados en apelación.

También acusa, error de hecho, porque según su criterio el tribunal de alzada no interpreto los hechos en su verdadero alcance, puesto que se demostró con prueba adjunta que el demandante prestó sus servicios desde el 2 de enero de 2009 (fs. 3)  y no desde el 1 de diciembre de 2008, conforme y equivocadamente sostiene el Juez a quo y que el tribunal ad quem no consideró ni mucho menos fue objeto de motivación.

I.2.2. Motivos del recurso de casación en la forma

En este recurso de casación en la forma el recurrente manifiesta en síntesis que, el tribunal de alzada no se pronunció respecto a las excepciones previas opuestas por la entidad recurrente (haciendo seguidamente un resumen del procedimiento que se llevó en la tramitación y resolución de las excepciones), quebrantando el procedimiento establecido en los arts. 24 y 25 de la Ley 1760 (Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar), ya que por la norma citada, el Juez a quo podría haber concedido la apelación a las excepciones previas opuestas, en el efecto diferido y no en el efecto devolutivo, por lo que claramente se establece una violación flagrante al debido proceso, a la igualdad jurídica, a la defensa, seguridad jurídica y al principio de legalidad, normas establecidas en los arts. 115.II, 119.I y II, 178 y 180.I.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

Continuó citando la SC 0752/2002-R del 25 de junio y la SCP 0092/2012 de 9 de abril, que refieren en resumen sobre la motivación de las resoluciones, siendo este un requisito elemental del derecho al debido proceso, -continuó refiriendo- lo que en el presente caso no ocurrió dado que el Auto de Vista de 23 de octubre de 2015, no se fundamentó, motivo, ni se pronunció sobre cada uno de los agravios que fueron puestos a objeto en apelación; por lo que se infringió lo establecido en los arts. 190, 192 y 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y el art. 202 del CPT.

Por otra parte refirió que, los de instancia vulneraron el art. 379 del CPC; pues el demandante, fue notificado el 13 de julio de 2015, y presentó sus pruebas el 24 del mismo mes y año; es decir fuera de los cinco días, plazo permitido por ley, por lo que al haber permitido este hecho el juez a quo y corroborado el tribunal ad quem, se infringió el derecho al debido proceso a la igualdad jurídica, a la defensa, seguridad jurídica y al principio de legalidad.    

Petitorio: Concluyo el recurso solicitando que: se pronuncie Auto Supremo Anulando el Auto de Vista impugnado, inclusive la sentencia o en su caso de resolver el de casación en el fondo se case el Auto de Vista de 23 de octubre de 2015 de fs. 150 a 152, con condenación de costas.

I.2. Motivos del segundo recurso de casación en la forma y en el fondo

Notificado con el auto de vista citado precedentemente, Elvis Fernández Fernández, por memorial de fs. 166 a 167 vta., reiterado de fs. 170 a 173 interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma, manifestando en síntesis los siguientes argumentos:

Que, ante la injusta “sentencia Nº 134/2015 de fecha 24 de agosto de 2015 (…) presento CASACION en el fondo y en la forma (…) contra EL AUTO DE VISTA Nº 141/2015, de fecha 22 de octubre de 2015, que cursa de fs. 193 al 195” (sic).

Posteriormente en el subtitulado del punto I refirió: “CASACIÓN EN EL FONDO POR VULNERACIÓN A LOS DERECHOS LABORALES”, en el mismo señaló sobre la fecha de nacimiento y promulgación de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, manteniendo que la misma establece los nuevos parámetros legales dentro del ordenamiento jurídico, la cual cubre los vacíos legales y contradicciones atribuibles a algunos artículos de otras normativas. Por otro lado refirió que cuando existe un vació en la Ley General del Trabajo (LGT), se toma en cuenta la ley de leyes.

Continuó manifestando que, para el presente caso pierde tácitamente la legalidad el art. 1 de la LGT, por considerarse en la actualidad en contra de la carta magna y ser atentatoria a los derechos y garantías de los trabajadores y trabajadoras; y que el Estado según nuestra norma suprema protege y garantiza todos los derechos del trabajador y trabajadoras sin discriminación, puesto que discriminar ahora se convierte en un delito.

En ese sentido refirió que, en la sentencia se le deniega, discriminatoriamente, el pago de liquidación de beneficios sociales, subsidios, desahucio, quinquenio, prima, bono de antigüedad y vacaciones, lo cual el tribunal de alzada no valoró.

A continuación, señaló sobre la estructura universal del derecho constitucional, establecido en la pirámide de “Kelsen”; que la Constitución Política del Estado es la ley que garantiza los derechos dentro de nuestro ordenamiento y marco legal, siendo esta la cabeza de la estructura legislativa de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia; puesto que el Estado garantiza y protege los derechos fundamentales de las personas y trabajadores conforme establecen los arts. 13, 14, 46, 48, 49 de la CPE.

Petitorio: Concluyo el  recurso refiriendo: “presento recurso de CASACION en el fondo y en la forma (…) contra el AUTO DE VISTA Nº 141/2015, de fecha 22 de octubre de 2015, que cursa de fojas, 193 al 195, de obrados, se declare ANULANDO el AUTO de vista impugnado inclusive la Sentencia y en el fondo CASE el Auto de vista de Fecha 2/10/2015” (sic).

Posteriormente mediante el memorial de “MEJORA DE RECURSO DE CASACIÓN” de fs. 170 a 171, volvió a referir los mismos argumentos que en el memorial del recurso de casación en el fondo y en la forma, con la única diferencia que en el subtitulado I, solo refiere como recurso de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II.

II.1. ESTUDIO DEL CASO Y JUSTIFICACIÓN DEL FALLO

II.2. Fundamentos Jurídicos del Fallo del primer recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 157 a 162 vta.

II.2.1. Fundamentos jurídicos del recurso de casación en el fondo

En este recurso, la recurrente refirió que el demandante no está incluido dentro de la Ley General del Trabajo, si no que estuvo sujeto a contrato a plazo fijo, por lo que pasaría a la categoría de funcionario eventual, debiendo ser atendidas las divergencias entre las partes, dentro de los parámetros establecidos en los contratos suscritos entre Elvis Fernández Fernández con el SENASAG; y, que en ese sentido el tribunal de alzada no valoró los agravios expresados en apelación a la sentencia de primera instancia.

Bajo ese entendimiento, se debe señalar que la controversia misma del presente caso, según el criterio de la recurrente, es que el actor debe ser considerado como funcionario eventual y no bajo la protección de la Ley General del Trabajo, argumento que ya fue resuelto por el tribunal de alzada en el auto de vista impugnado, refiriendo en el mismo que: “…es evidente que al demandado no le corresponde el reconocimiento del pago de beneficios sociales, antecedentes por el que en la sentencia no se ha consignado ningún monto por ese aspecto…” -textual- de lo que se entiende que el tribunal de apelación dio por admitido que el demandante no está comprendido dentro de la Ley General del Trabajo, por lo que no le corresponde el pago de los beneficios sociales, porque de contrario se hubiera pronunciado en otro sentido, y no así asintiendo lo manifestado por el Juez de primera instancia; bajo el razonamiento pronunciado, este Tribunal considera que el tribunal de alzada se pronunció correctamente sobre la problemática citada ut supra; además que de la revisión de la prueba cursante en obrados, se pudo evidenciar que el demandante se encuentra dentro del régimen del funcionario público, por lo cual según lo establecido en el art. 1 de la LGT, estos no se encuentran comprendidos dentro de la protección de la Ley General del Trabajo; por ende no le corresponde al actor los beneficios sociales reclamados en la demanda, tal cual lo estableció el Juez a quo y lo revalido el tribunal de alzada.

Por otra parte, la recurrente acusó error de hecho y de derecho, señalando que supuestamente el tribunal de alzada no habría valorado, ni le dio la tasa legal correcta a las pruebas de cargo y de descargo, cursante de fs. 69 a 90 de obrados; al respecto la misma recurrente refirió que: “…tomando en cuenta que conforme prescribe el Art. 3. Inc. j) del Código Adjetivo Laboral que determina la libre apreciación de la prueba, le corresponde valorar las pruebas con un amplio margen de Libertad de acuerdo a la sana lógica, apreciando además de ello los indicios de forma conjunta…” texto del se evidencia el asentimiento de la recurrente, sobre la libertad que le da la ley a los tribunales de instancia en la valoración de la prueba, siendo en el mismo sentido la línea jurisprudencial sentada por este Supremo Tribunal, señalando que, la valoración de la prueba es atribución privativa de los Jueces y Tribunales de grado, siendo incuestionables en casación, toda vez que los de instancia realizan la apreciación y valoración de la prueba producida, de acuerdo al valor que le otorga la ley, y en su caso al criterio prudente y la sana crítica, teniendo presente las que sean esenciales y decisivas al tenor de los arts. 1286 del Código Civil y 397 del CPC. En ese contexto, en el recurso de casación la revisión de la prueba solo es procedente, cuando se demuestra que los de instancia incurrieron en error de derecho o error de hecho, lo que no ocurrió en el presente proceso.

II.2.2. Fundamentos jurídicos del recurso de casación en la forma

En el recurso de casación en la forma el recurrente primeramente manifestó que el tribunal de alzada no se pronunció respecto a las excepciones previas opuestas en la demanda, por lo cual se quebrantó lo establecido en los arts. 24 y 25 de la Ley 1760, que el juez a quo podría haberle concedido la apelación a las excepciones previas opuestas, en el efecto diferido y no en el efecto devolutivo, por lo que se infringió el derecho al debido proceso, a la igualdad jurídica, a la defensa, seguridad jurídica y al principio de legalidad, normas establecidas en los arts. 115.II, 119.I y II, 178 y 180.I.II de la CPE.

De lo señalado en el parágrafo anterior, se colige que el recurrente reclama que el juez a quo debía haber concedido la apelación contra las excepciones opuestas por su parte en el efecto diferido y no en el efecto devolutivo, de lo cual se puede establecer que el recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el máximo Tribunal revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales. En ese contexto este Tribunal considera que, el reclamo planteado por el recurrente es incuestionable en casación, precisamente porque lo resuelto por el tribunal de primera instancia se ajusta a derecho; además debe tomarse en cuenta que si bien hace una exposición ampulosa de leyes y de sentencias constitucionales; empero no demuestra de qué manera los tribunales instancia habrían infringido las citadas normas al no haberle concedido la apelación en el efecto devolutivo y no en el diferido.

Por otra parte, el recurrente refirió que se vulneró el art. 379 del CPC; toda vez que el demandante, fue notificado el 13 de julio de 2015, y presentó sus pruebas el 24 de mismo mes y año; es decir según el criterio del recurrente se habría presentado fuera de los cinco días, plazo establecido en el artículo citado, por lo que los tribunales de instancia habrían quebrantado el derecho al debido proceso, a la igualdad jurídica, a la defensa, seguridad jurídica y al principio de legalidad.

Al respecto, debemos señalar que el art. 149 del Código Procesal del Trabajo, dispone que: “Con la contestación negativa a la demanda se constituye la relación jurídico - procesal, y, en consecuencia, el Juez mediante auto abrirá un período de prueba de diez días comunes y perentorios a las partes, fijando en forma precisa los puntos de hecho a probarse, resultantes de las expresas pretensiones del demandante y de los puntos específicos de la contestación.”, norma jurídica que fue cumplida por el juez de primera instancia, quien actuó correctamente; por cuanto mediante auto interlocutorio de 13 de julio de 2015, cursante a fs. 64 vta., estableció el termino probatorio de diez días, auto que fue notificado al demandante el 14 de julio de 2015 a fs. 65; quien presentó sus pruebas mediante memorial con data de recepción de 24 del mismo mes y año, cursante de fs. 99 a 100 vta., por lo que es indiscutible que el término legal para la presentación de las pruebas era de diez días y que el demandante presentó las mismas dentro del plazo establecido en el art. 149 del CPT; por lo cual no existe vulneración alguna cometida por los tribunales de instancia al respecto.

II.3. Fundamentos Jurídicos del Fallo del segundo recurso de casación el fondo y en la forma de fs. 166 a 167 vta., y fs. 170 a 171 vta.

En cuanto al segundo recurso de casación interpuesto por Elvis Fernández Fernández, es menester señalar al respecto que, por la impericia de sus abogados, el mismo interpuso recurso manifestando primeramente que es un recurso de casación en el fondo y en la forma; empero posteriormente manifiesta las supuestas transgresiones referidas a la casación solo en el fondo, señalando entre tantas incongruencias las siguientes: “sentencia Nº 134/2015 de fecha 24 de agosto de 2015 (…) presento CASACION en el fondo y en la forma (…) contra EL AUTO DE VISTA Nº 141/2015, de fecha 22 de octubre de 2015, que cursa de fs. 193 al 195” (sic).

Del texto citado se extrae primeramente que, el recurrente refiere: “sentencia Nº 134/2015 de fecha 24 de agosto de 2015”  siendo que la resolución que emitió el Juez de primera instancia fue la Sentencia 133 015 de 20 de agosto de 2015, y no así la citada por el recurrente; en segundo lugar refirió que plantea el recurso de casación en el fondo y en la forma, pero a continuación lo subtitula solo en el fondo, sin volver a citar en todo el memorial, sobre el recurso de casación en la forma; y, por ultimo cita un auto de vista inexistente “AUTO DE VISTA Nº 141/2015, de fecha de 22 de octubre de 2015, cursante de fs. 193 al 195 siendo que de la revisión del expediente y de los actuados señalados en el primer recurso de casación se pudo evidenciar que el correcto es el Auto de Vista Nº 152/15 de 23 de octubre de 2015 cursante a fs. 150 a 152.

Por otra parte, el recurrente en su petitorio vuelve a incurrir en el mismo error, refiriendo que: “contra el AUTO DE VISTA Nº 141/2015, de fecha 22 de octubre de 2015, que cursa de fojas, 193 al 195, de obrados, se declare ANULANDO el AUTO de vista impugnado inclusive la Sentencia y en el fondo CASE el Auto de vista de Fecha 2/10/2015” (sic); en este texto además de volver a citar un auto de vista inexistente, en un solo párrafo cambia las fechas del supuesto auto de vista impugnado, refiriendo líneas arriba de 22 de octubre de 2015 y posteriormente haciendo alusión al mismo auto de vista señala que es de fecha 2/10/2015.

Que, el recurrente también manifestó sobre la supremacía de la Constitución Política del Estado, la estructura universal del derecho constitucional como es la pirámide de “Kelsen” ; que, la Constitución Política del Estado es la ley que garantiza los derechos dentro de nuestro ordenamiento y marco legal; puesto que el Estado garantiza y protege los derechos fundamentales de las personas y trabajadores conforme establecen los arts. 13, 14, 46, 48, 49 de la CPE; preceptos jurídicos que simplemente los cita sin fundamentar él porqué de su reclamo en el recurso, es decir, sin señalar de qué manera el tribunal de alzada habría quebrantado los mismos.

Posteriormente refirió de una manera ilógica que, para el presente caso el art. 1 de la LGT, pierde tácitamente la legalidad, por considerar que va en contra de la carta magna y a la vez sería atentatoria a los derechos del trabajador y trabajadoras; de lo señalado precedentemente, se puede establecer el afán de protagonismo del recurrente al señalar que el art. 1 de la LGT, pierde tácitamente la legalidad, sin tomar en cuenta que, para que un determinado artículo, pueda ser considerado inaplicable, debe ser derogado o declarado inconstitucional, en el segundo caso mediante una Sentencia Constitucional Plurinacional.

En cuanto al memorial de “MEJORA DE RECURSO DE CASACIÓN” de fs. 170 a 171, en el que supuestamente tendría que ser la mejora del primer recurso de casación, se comete los mismos errores e incongruencias; por lo cual no merece mayor análisis ni pronunciamiento al respecto. Argumentos de los cuales se infiere que el recurso de casación es absolutamente incongruente y por ende improcedente, al infringir lo establecido en el art. 258.2 del Código Adjetivo Civil.

En ese contexto se debe complementar que, conforme la amplia jurisprudencia desarrollada por este Supremo Tribunal, el recurso de casación se asimila a una nueva demanda de puro derecho, debiendo contener los requisitos enumerados en el art. 258.2 del Código Adjetivo Civil que establece: (Requisitos) El recurso deberá reunir los requisitos siguientes: (…) 2) Deberá citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurriere, su folio dentro del expediente, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.” (las negrillas fueron agregadas); precepto jurídico del cual se extrae que, se debe fundamentar de manera precisa y concreta las causas que motivan la casación, ya sea en la forma, en el fondo o en ambos, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, sino, demostrar en qué consiste la infracción que se acusa; además se tiene que citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto, el cual se está recurriendo, como también el folio en el que cursa en obrados, lo que no se efectuó en el segundo recurso.

De lo precedentemente señalado, esta Sala concluye que no son evidentes las infracciones denunciadas en el primer recurso de casación cursante de fs. 157 a 162 vta., correspondiendo en tal circunstancia resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2 y 273 del CPC; en cuanto al segundo recurso cursante de fs. 166 a 167 vta. y de fs. 170 a 171 vta., se debe señalar que el recurso en cuestión no reúne las condiciones mínimas que exige la técnica recursiva prevista en el código ritual de la materia, lo cual hace inviable su consideración, porque impide a este Tribunal Supremo abrir su competencia para resolver el fondo del litigio, correspondiendo resolver el mismo según lo previsto por los art. 271.1 y 272.2 del CPC, aplicables por mandato del artículo 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara el primer recurso de casación en el fondo y en la forma cursante de fs. 157 a 162 vta. INFUNDADO; y, en cuanto al segundo recurso de casación en el fondo cursante de fs. 166 a 167 vta. y de fs. 170 a 171 vta., declara IMPROCEDENTE, en consecuencia se mantiene firme y subsistente el Auto de Vista Nº 152/15 de 23 de octubre de 2015, cursante de fs. 150 a 152. Sin costas, por ser ambas partes recurrentes.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.