SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 336/2016. 

Sucre, 20 de septiembre de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-TJA.448/2015.

Distrito: Tarija.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 68 a 70, interpuesto por Roger Antonio Almazán Farfán, en representación de la Empresa Tarijeña del Gas (EMTAGAS), contra el Auto de Vista N° 217/2015, de 28 de octubre de 2015 de fs. 56 a 62 pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso laboral, seguido por Gonzalo Romero Garay contra EMTAGAS, el auto de fs. 73 a 73 vta., que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I:

1.1.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

1.1.1-SENTENCIA:

Que tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Bermejo - Tarija, emitió Sentencia el 17 de febrero de 2012, de fs. 37 a 39, declarando probada en parte la demanda, sin costas, disponiendo que la empresa demandada, cancele a favor del actor la suma de Bs. 29.395.63.- (veintinueve mil trescientos noventa y cinco 63/100 bolivianos), por concepto de desahucio, indemnización, subsidio de frontera y viáticos, más la multa del 30%, en aplicación de los arts. 9. II y 12. I del Decreto Supremo (D.S.) N° 28699 de 1 de mayo de 2006, sobre el saldo liquidado por despido y no cancelar todos los derechos laborales dentro del término previsto en el DS N° 23381 de 29 de diciembre de 1992, a determinarse en ejecución de sentencia.

1.1.2.        - AUTO DE VISTA:

En grado de apelación formulada por ambos sujetos procesales de fs. 40 y 42 a 44 respectivamente, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitió el Auto de Vista N° 217/2015 de 28 de octubre de 2015 de fs. 56 a 62 vta., confirmando parcialmente la sentencia apelada de 17 de febrero de 2012 de fs. 37 a 39, disponiendo que la empresa demandada, pague a favor del actor la suma de Bs. 33.967.27.-, por concepto de desahucio, indemnización, subsidio de frontera, viáticos, bono de frontera y la multa del 30%, sin costas.

I.2.- MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO:

Contra esta determinación,el representante de EMTAGAS, Roger Antonio Almazán Farfán, interpuso recurso de casación en el fondo de fs. 68 a 70, manifestando en síntesis:

1).- Con relación al bono de frontera, en el auto de vista se sostuvo que no se incluyó dicho bono, cuando consta en los contratos de trabajo suscritos entre partes, en la cláusula tercera, se reconoció una remuneración mensual de Bs.1.625.00.-,(que después se le subió a Bs. 2.240.-, donde se encuentra incluido el bono de frontera, contrato que tiene fuerza de ley conforme establece el art. 519 del Código Civil (C.C.) y que no fue declarado nulo, suscrito de pleno acuerdo, por lo que, no se pude incluir nuevamente este bono, al sueldo promedio indemnizable.

2).- Sobre el bono de antigüedad, citó lo previsto en la parte resolutiva tercera de la Resolución Ministerial (R.M.) N° 632 de 7 de diciembre de 2007, señalando que EMTAGAS, es una empresa pública de servicios descentralizada, por lo que existió interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, al disponer que la empresa demandada, pague a favor del actor, el bono de antigüedad, sin contar que el trabajador nunca presentó su calificación de años de servicios, siendo el propio funcionario quien incurrió en negligencia al no haber presentado dicha solicitud en su momento para su pago.

Indicó que, no se puede hacer uso del D.S. N° 28699 de 1 de mayo de 2006, citando su art. 4. I, referente al principio in dubio pro operario, señalando que no existe duda sobre la interpretación de una norma, y más bien, es clara y contundente al establecer la RM N° 632 de 7 de diciembre de 2007, los requisitos para que un servidor público perciba el pago de este derecho de una empresa pública.

En consecuencia, no correspondía disponer la reliquidación del desahucio, indemnización, subsidio de frontera, aguinaldo y refrigerio, calculados erróneamente sobre el nuevo salario indemnizable, incluyendo el bono de antigüedad, como equivocadamente expresó el auto de vista, a diferencia del juez a quo, que si realizó un análisis e interpretación correcta de la ley, al disponer que no correspondía el pago del bono de antigüedad, por no presentar el actor su certificado de calificación de años de servicios, citando al respecto jurisprudencia sentada en el Auto de Vista N° 219/2105 de 30 de octubre.

3).- Con relación a la multa del 30%, no corresponde, toda vez que se canceló su finiquito el 10 de febrero de 2011, es decir, dentro del término de 15 días previsto en el DS N° 28699 de 1 de mayo de 2006, citando también lo previsto en el art. 1 del DS N° 23381 de 29 de diciembre de 1992, además sostuvo que, los subsidios de frontera y bono de antigüedad, no son beneficios sociales, sino derechos adquiridos sujetos a cancelación mensual, por lo que no corresponde la cancelación de dicha multa, para estos conceptos, sin dejar de lado que los citados derechos, uno ya fue cancelado y el otro no corresponde.

I.2.1.- Petitorio

Concluyó solicitando que el tribunal supremo, case el auto de vista recurrido, sin precisar un petitorio claro y concreto.

CONSIDERANDO II:

II.1.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, así planteado el recurso, ingresando a su análisis en relación a los datos del proceso, se tiene lo siguiente:

II.1.1.- Sobre el subsidio de frontera

Con relación al subsidio de frontera, que según la parte recurrente no corresponde su pago, por estar incluido en el sueldo promedio indemnizable.

Al respecto, la parte recurrente manifiesta que, en los contratos de fs. 52 a 54 de obrados del anexo 1, suscritos entre EMTAGAS y Gonzalo Romero Garay, en la cláusula tercera, referente a la remuneración, se estableció que EMTAGAS, reconocerá al contratado, por sus servicios prestados, una remuneración mensual de Bs. 1.625,00.-, (que después se incrementó a        Bs. 2.240.-), donde se encontraría incluido el subsidio de frontera; sin embargo, en el cuaderno de antecedentes, en el anexo 1, de fs. 1 a 41, cursan las papeletas de pago originales emitidas por la Empresa Tarijeña del Gas “EMTAGAS”, correspondientes al demandante Gonzalo Romero Garay, en las cuales no se encuentra incluido el subsidio de frontera, como erradamente sostiene la parte recurrente, motivo por el cual, al evidenciarse que el actor trabajó como ayudante de fusionista y chofer en la ciudad fronteriza de Bermejo, corresponde su cancelación conforme determina el art. 12 del D.S. N° 21137 de 30 de noviembre de 1985, y su correspondiente inclusión en el sueldo promedio indemnizable, como acertadamente determinaron los juzgadores de instancia, en sus fallos emitidos a su turno, quienes para arribar a la conclusión asumida, valoraron correctamente la prueba adjuntada durante la tramitación de la causa, conforme faculta los arts. 3. j), 158 y 200 del Código Procesal del Trabajo (C.P.T.), no siendo por tanto evidente lo alegado sobre este punto.

II.1.2.- Sobre el bono de antigüedad

En cuanto al bono de antigüedad, que según la parte recurrente no correspondería el pago de este concepto a favor del actor, por no haber presentado su calificación de años de servicios (CAS).

Al respecto, dicho bono fue regulado en los arts. 58 del D.S. N° 21060, 13 del D.S. N° 21137, DDSS Nos. 23113, 23474, 24067 y 24468, establecido como una remuneración de carácter adicional al sueldo o salario que se encuentra supeditado al tiempo de servicios prestados por el trabajador, constituye por su naturaleza, un reconocimiento inherente y propio al desarrollo de la fuerza laboral del trabajador que, por su permanencia en su fuente de trabajo, se instituye como un derecho consolidado a favor del mismo, obligándose de tal forma a todo empleador a asumir su pago, en función a la naturaleza de la relación laboral y conforme a los presupuestos establecidos por ley.

Ahora bien, establecida la naturaleza del bono de antigüedad y su calidad de derecho consolidado a favor de un trabajador; si bien, la R.M. N° 632 de 7 de diciembre de 2007, en relación al Certificado de Años de Servicios (CAS), en su art. 3 determina que: “El Certificado de Calificación de Años de Servicio, es el único documento oficial y válido a nivel nacional, que acredita el tiempo de servicios prestados por los servidores públicos y sirve para el pago de bono de antigüedad, cómputo de vacaciones, ascensos de categoría, jubilaciones y otros relacionados con los años de servicios calificados”. Sin embargo, esta disposición, no puede ser entendida como una limitante para la otorgación de un derecho consolidado del trabajador; bajo el que entendido -sin desconocer su vigencia-, que debe ser aplicada en función a la circunstancia en la que se reclame el derecho al bono de antigüedad; en este sentido, al haber prestado servicios ante un mismo empleador y en la misma fuente laboral, por más de dos años y, en función de la escala prevista en el art. 60 del D.S. N° 21060 de 29 de agosto de 1985, infiere en el reconocimiento por parte del empleador, de la antigüedad a la que es acreedor el trabajador, no pudiendo supeditar dicho reconocimiento y pago, al hecho de no haberse presentado el aludido certificado de años de servicio, cuando en la realidad de los hechos, sí se efectuó el trabajo por el tiempo establecido por ley, situación que no es la misma, en tanto el trabajador pretenda el reconocimiento automático de su antigüedad de otras fuente laborales y ante un nuevo empleador, contexto en el que si correspondería la presentación del CAS, para el reconocimiento de los años de servicio y consiguiente cálculo del bono de antigüedad, este mismo razonamiento se estableció en la jurisprudencia sentada en el Auto Supremo N° 621 de 8 de octubre de 2013.

En este contexto, corresponde reconocer el bono de antigüedad, como de manera correcta y con mejor criterio que el juez a quo, estableció el tribunal ad quem en el auto de vista recurrido, es decir considerando todos los periodos de servicios prestados, concluyéndose que no es necesario presentar un record de años de servicios por parte del demandante porque trabajó en la misma empresa y por ende, teniendo la institución demandada, registros del inicio y conclusión de la relación laboral, era obligación de la misma, considerar el tiempo real de prestación de servicios para efectos del cálculo correcto del bono de antigüedad, como acertadamente resolvió el tribunal ad quem, no siendo por tanto evidente lo argüido por la parte recurrente sobre este punto.

II.1.3.- Sobre la multa por incumplimiento de pago de beneficios sociales.

Finalmente, en cuanto a la multa del 30%, prevista en el art. 9 del D.S. N° 28699 de 1 de mayo de 2006, que según la parte recurrente no correspondería aplicar al caso de autos, esta normativa fue creada bajo el espíritu de propugnar el resguardo de las garantías y derechos del que gozan las trabajadoras y los trabajadores, frente a la libre contratación y libre rescisión que dio lugar a diferentes excesos en los procesos de contratación obrero-patronales, ocasionando decisiones arbitrarias para despedir a los trabajadores, así como para la adopción de formas de encubrimiento de la verdadera relación laboral, o también, para burlar obligaciones laborales, es en ese sentido que, una de las medidas para garantizar el pago de estos derechos conforme el artículo citado, fue precautelar el pago pronto y oportuno de los derechos y beneficios sociales, una vez producida la desvinculación laboral, sancionando el incumplimiento del pago de los derechos y beneficios sociales fuera de los 15 días previsto por ley, con la multa del 30%, del total de los beneficios y derechos impagos, cualquiera

haya sido la causa o razón de la desvinculación laboral, de esta misma manera refiere el art. 3 del D.S. N° 23381 de 29 de diciembre de 1992.

Este tribunal en casos similares falló de la misma manera como en el Auto Supremo N° 141 de 6 de mayo de 2016.

En este contexto, se advierte que, la multa del 30%, es aplicable ante el incumplimiento del plazo de los 15 días calendario establecidos para cancelar los derechos y beneficios sociales que se reconozcan a favor de una trabajadora o de un trabajador, por lo que al evidenciarse que al actor le correspondía los conceptos reconocidos en el auto de vista recurrido, los cuales no fueron cancelados oportunamente, corresponde imponer la multa al saldo adeudado, por ser irrenunciable conforme lo determina el art. 48. III de la Constitución Política del Estado.

II.2.- CONCLUSIONES

Consiguientemente, no siendo evidente las infracciones acusadas en el recurso, corresponde resolver de acuerdo a lo establecido en los arts. 271. 2) y 273 del C.P.C., aplicables por mandato del art. 252 del C.P.T.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en los artículos 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 68 a 70, interpuesto por el representante legal de EMTAGAS. Con costas.

No se regula honorario profesional por no haber sido contestado el recurso de casación.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.