SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 316/2016. 

Sucre, 20 de septiembre de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.439/2015.

Distrito: Santa Cruz de la Sierra.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 494 a 497 vta., interpuesto por Walter Saavedra Bejarano, contra el Auto de Vista Nº 215 de 27 de marzo de 2015, cursante de fs. 488 a 491, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso por pago de reintegros de beneficios sociales, seguido por el recurrente contra el Colegio Particular La Salle de Santa Cruz, la respuesta de fs. 499 a 500 vta., el Auto a fs. 503 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia:

Que, Walter Saavedra Bejarano, interpuso demanda por pago de reintegros de derechos y beneficios sociales de fs. 246 a 252, contra el Colegio la Salle de Santa Cruz, tramitado el proceso laboral, la Juez Segundo de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 48/14 de 18 de agosto de 2014, de fs. 444 a 449, declarando probada en parte la demanda, disponiendo lo siguiente: 1) En cuanto al derecho al reintegro de la indemnización por los últimos 17 años, desde el mes de enero de 1993 hasta el 14 de diciembre de 2010, previo descuento de los montos recibidos, con costas; 2) Declara improbada la demanda en cuanto al derecho al reintegro de los beneficios sociales en la primera etapa comprendida desde el 3 de enero de 1968 al 8 de diciembre de “1889” -textual-, por haber sido pagados en su integridad los derechos correspondientes, conforme a la normativa vigente establecida en el art. 2 del Decreto Ley (DL) 2941 de 29 de febrero de 1952; 3) Declara probada la excepción de pago documentado, por el tiempo trabajado comprendido entre el 3 de enero de 1968 al 8 de diciembre de 1989, al haberse cumplido con el decreto ley citado; 4) Probada la excepción de prescripción en parte en cuanto a la primera etapa de la relación; y, 5) Ordena al Colegio La Salle de Santa Cruz, representado por su Director General, Luis Antonio Boza Fernández, para que al tercer día de su legal notificación pague al demandante la reliquidación de sus beneficios sociales siguientes: Indemnización por 17 años, menos los pagos a cuenta sumando el saldo por cancelar y multa del 30% que asciende al total de Bs. 80.616,00.- (ochenta mil seiscientos dieseis 00/100 bolivianos), sin lugar a recalculo de la multa por cuanto ha sido incluida en la liquidación final, si la actualización de UFVs a calcular en ejecución de la sentencia.

Por Auto a fs. 457, se rechazó la solicitud de complementación y aclaración del apoderado legal del Colegio demandado.

I.1.2. Auto de Vista:

Notificada con la Sentencia Nº 48/14, ambas partes presentaron apelación contra la citada sentencia, mediante memoriales de fs. 458 a 461, y de 464 a 469, recurso que fue resuelto por el Auto de Vista Nº 215 de 27 de marzo de 2015, cursante de fs. 488 a 491 pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que revocando en parte la sentencia impugnada, declaró improbada la demanda en cuanto al derecho de reintegro por los últimos 17 años, y así como declaró probada totalmente la excepción de pago de documento, por haberse demostrado el pago oportuno de sus beneficios sociales desde 1968 hasta el mes de diciembre de 2010, por tanto no corresponde ningún tipo de reintegro o reliquidación que pretende el demandante.

Contra el referido auto de vista, Walter Saavedra Bejarano, interpuso recurso de casación en el fondo de fs. 494 a 497 vta., manifestando en síntesis los siguientes argumentos:

I.2. Motivos del recurso de casación en el fondo

Que, el auto de vista impugnado, incurrió en aplicación indebida de los arts. 2 y 4 del Decreto Ley (DL) Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, e interpretación errónea de las pruebas de cargo.

Acusa sobre el periodo de vacaciones para maestros, que en establecimientos particulares, les corresponde 10 meses de haberes, 2 vacaciones y 1 aguinaldo, el art. 2 del DL de 29 de enero de 1952, refiere categóricamente primero al periodo de vacaciones y, la segunda a que no está permitido suscribir más de dos contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes como el caso del Colegio La Salle, y el art. 4 de la misma disposición refiere que: “Las indemnizaciones por tiempo de servicios pagados por terminación de contrato suscritos a plazo fijo para ocupaciones permanentes, se reputaran como anticipo de liquidación final”.

Manifiesta que, en cuanto al cómputo de antigüedad para efectos sociales, prevista en el art. 3 del Decreto Supremo (DS) Nº 07850 de 1 de noviembre de 1966, refiere que el trabajador conservará su antigüedad desde la fecha de contratación original, aunque haya recibido una o más indemnizaciones, para efectos del bono de antigüedad y vacaciones, hecho que significa que se mantiene la antigüedad original y vacaciones, hecho que el tribunal de alzada no considero, conculcando el art. 1 de la Ley de 3 de septiembre de 1944; señala que para efectos del pago de beneficios sociales se computa desde la fecha original de ingreso al trabajo, incluyendo el termino de prueba. Por lo que, en cuanto a la indemnización por tiempo de servicios pagados por terminación de contratos suscritos a plazo fijo en ocupaciones permanentes que se reputan a cuenta de la liquidación final, al respecto el artículo único del DS 21431 de 10 de noviembre de 1986 refiere que: “Se aclara que las disposiciones del D.L. 16187 de 16 de febrero del año 1979, son de aplicación exclusiva a los contratos y relaciones de trabajo a plazo fijo” -continua refiriendo- lo que significa que las indemnizaciones recibidas se consideran a cuenta de la liquidación final al terminar la relación contractual.

Acusa que, como prueba de cargo se presentó los contratos de trabajo a plazo fijo, suscritos de forma anual entre el demandante y el Colegio La Salle; y, la prueba de descargo consiste en los contratos anuales y finiquitos de pagos de vencimiento de contratos anuales, por lo que el tribunal de alzada al declarar improbada señala que: “se ha incurrido en error de derecho y de hecho, al hacer una mala apreciación de las pruebas de cargo, prerrogativa establecida en el inciso 2) del Art. 253 del Código de Procedimiento Civil, que constituye causal suficiente para interponer el Recurso de Casación en el Fondo…” -textual-.

Que, en cuanto al finiquito de 14 de diciembre de 2010, acompañado como prueba de cargo y los finiquitos adjuntados como prueba de descargo por parte del Colegio La Salle, se demuestra que se trata de indemnizaciones anuales y por consiguiente conforme establece el art. 2 y 4 del DL Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, los pagos indicados de indemnizaciones se consideran a cuenta de la liquidación final, por lo que al haber declarado improbada la demanda y probada las excepciones de pago se violó el espíritu de los artículos citados.

       Por último, refirió textualmente que cuanto a la: “jurisprudencia de recurso de casación en el fondo el Tribunal Supremo determinó que el recurso de casación en el fondo, es una nueva demanda de puro derecho, la misma que tiene por objeto acreditar la existencia de errores In Iudicando, de forma tal que es imperativo y esencial para el recurrente el cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 258.2 del CPC.” (sic).

Petitorio: Concluyó el recurso de casación, solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, que CASE el auto de vista que motivó el recurso de casación en el fondo y deliberando en el fondo ordene el pago del reintegro de sus beneficios sociales, con actualización y multa establecida en el art. 9 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006.

CONSIDERANDO II.

II.1. ESTUDIO DEL CASO Y JUSTIFICACIÓN DEL FALLO

II.2. Fundamentos Jurídicos del Fallo

Que, de la revisión del expediente, al haberse efectuado el análisis del caso en estudio, se pasa a resolver las supuestas transgresiones que se denunciaron en el recurso, estableciendo lo siguiente:

1.- En cuanto a lo señalado por el recurrente que, en el auto de vista impugnado se incurrió a una aplicación indebida de los arts. 2 y 4 del DL 16187 y una interpretación errónea del mismo, al mismo tiempo que en los establecimientos particulares le corresponde 10 meses de haberes, 2 meses de vacaciones y 1 aguinaldo según el art. 2 del DL de 29 de enero de 1952; sobre este primer punto, el art. 2 del DL 16187, establece: “No está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo. Tampoco están permitidos contratos a plazo en tareas propias y permanentes de la Empresa. En caso de evidenciarse la infracción de estas prohibiciones por el empleador, se dispondrá que el contrato a plazo fijo se convierta en contrato de tiempo indefinido.”, y el art. 4 de la misma norma señala: “Las indemnizaciones por tiempo de servicios pagados por terminación de contrato suscritos a plazo fijo para ocupaciones permanentes, se reputaran como anticipo de liquidación final.”, artículos que en su momento ya fueron analizados por la Juez de primera instancia refiriendo que: “…al encontrase sujeto a una normativa especial como son las normas señaladas anteriormente, es decir el Art. 2 del D.L. 2941 del 29 de enero de 1.952 y el convenio de ANDECOP, lo que determina que no es aplicable al caso lo previsto por el Art. 4 del D.L. 16187 del 16 de febrero del año 1.979 (…) por cuanto EXISTE UNA NORMA ESPECIAL QUE RIGE AL PERSONAL DOCENTE EN COLEGIOS PARTICULARES.”, por lo que, al existir una norma especial (DL Nº 2941 de 29 de enero de 1952) y coexistir un convenio suscrito entre el Ministerio de Trabajo y la Asociación Nacional de Colegios Particulares (ANDECOP), cursante de fs. 380 a 381, y al haber tenido el recurrente más de dos contratos consecutivos a plazo fijo, automáticamente su contrato se convirtió en uno de tiempo indefinido, por lo cual los pagos que recibió cada fin de año, no pueden ser considerados como anticipo de liquidación final, hecho que fue analizado y definido en el Auto Supremo Nº 174 de 23 de octubre de 1995, que establece: “…al haber sido derogado las Resoluciones Ministeriales 254/80 y 575/82 que disponían que los pagos realizados en virtud al D.L. 16187 de 16 de febrero de 1979, no es procedente determinar pagos repetidos de indemnización bajo concepto de reintegros, hecho que contribuirá al enriquecimiento ilícito…”.

En cuanto a los pagos anuales que recibía el recurrente, se tiene que el mismo, en la confesión provocada cursante de fs. 413 a 414, reconoció que recibía 14 pagas anuales señalando: “Al año recibíamos todos los profesores 13 sueldos y una indemnización que es un beneficio…”, lo cual va acorde al convenio suscrito entre el Ministerio de Trabajo y la ANDECOP citado con anterioridad, por lo que no se habría vulnerado norma alguna al respecto. En ese contexto, debemos señalar que el convenio suscrito entre el Ministerio de Trabajo y ANDECOP, cursante de fs. 380 a 381 de obrados, estableció de conformidad a las normas legales lo siguiente, en el primer punto señala que: “En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 2 del Decreto Ley de 29 de enero de 1952, así como el art. 13 de la Ley General del Trabajo, todos los establecimientos de educación privada estarán obligados a pagar a los docentes catorce sueldos anuales distribuidos de la siguiente manera, diez por trabajo efectivo, dos por vacaciones uno por aguinaldo y uno por indemnización anual.”, texto del cual se concluye que el colegio La Salle dio estricto cumplimiento con el convenio regulador, puesto que tal como se estableció precedentemente, el colegio demandado canceló 14 salarios anuales al actor. Además se debe tomar en cuenta que, a la finalización de la relación laboral entre el actor y el colegio demandado, el recurrente recibió su finiquito cursante de fs. 296 y vta., de fecha 14 de diciembre de 2010, por el monto total de Bs. 64.593,39 (sesenta y cuatro mil, quinientos noventa y tres 39/100 bolivianos), documento que se encuentra visado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

2.- Sobre el cómputo de antigüedad que refiere el recurrente, aludiendo que, dichos cómputos se encuentra previstos en el art. 3 del DS Nº 07850, al señalar que el trabajador conservará su antigüedad desde la fecha de contratación original, aunque haya recibido una o más indemnizaciones, para efectos del bono de antigüedad y vacaciones, y que por lo tanto la indemnización por tiempo de servicios pagados por terminación de contratos suscritos a plazo fijo en ocupaciones permanentes que se reputan a cuenta de la liquidación final, controversia que retrotrayendo lo ya mencionado ut supra, se tiene que, el Auto Supremo Nº 174 de 23 de octubre de 1995, establece que: “…al haber sido derogado las Resoluciones Ministeriales 254/80 y 575/82 que disponían que los pagos realizados en virtud al D.L. 16187 de 16 de febrero de 1979, no es procedente determinar pagos repetidos de indemnización bajo concepto de reintegros, hecho que contribuirá al enriquecimiento ilícito…”. En cuanto a la antigüedad que pretende hacer reconocer el recurrente, se debe señalar que en el auto de vista impugnado se determinó, que hubo un corte en la relación laboral, desde el año 1989 hasta el mes de septiembre de 1992, lo que hace efectiva la interrupción laboral, ya que el actor cumplió las funciones de Juez en el Órgano Judicial, por lo que no se puede mantener la continuidad laboral que pretende el actor.

3.- En cuanto a la valoración de la prueba por parte del tribunal de alzada, se tiene que el recurrente, lo único que hace es acusar que se presentó como prueba de cargo los contratos de trabajo a plazo fijo, suscritos de forma anual entre el demandante y el Colegio la Salle de Santa Cruz; y,  que de la misma manera se presentó la prueba de descargo consiste en los contratos anuales y finiquitos de pagos de vencimiento de contratos anuales, y refiere que el Tribunal de Alzada al declarar improbada la demanda: “ha incurrido en error de derecho y de hecho, al hacer una mala apreciación de las pruebas de cargo, prerrogativa establecida en el inciso 2) del Art. 253 del Código de Procedimiento Civil, que constituye causal suficiente para interponer el Recurso de Casación en el Fondo…” -textual-, de lo que se evidencia que el recurrente, no demuestra de qué manera el tribunal de alzada habría efectuado una valoración incorrecta de la prueba presentada en el proceso, con lo cual se habría incurrido en un error de hecho y de derecho; no habiendo realizado el recurrente una correcta motivación y fundamentación de por qué considera que está prueba no habría sido valorada ya sea positiva o negativamente. En ese sentido, con el afán de dilucidar esta supuesta transgresión, se debe señalar que, este Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre este tema, entre tantas resoluciones, como en el Auto Supremo 293/2013 de 7 de junio, estableciendo que: “Se entiende por error de hecho cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente, error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro; en cambio el error de derecho tiene relación con la otorgación del valor probatorio determinado en ley, es otorgar o negar el valor probatorio que la ley le ha asignado a un medio de prueba” (las negrillas son nuestras) de lo que se concluye que la valoración de la prueba es una facultad privativa de los Jueces de grado, y ésta es incensurable en casación, salvo que se acredite violación de una regla de criterio legal, acusando error de hecho o de derecho, conforme establece el art. 253.3 del Código de Procedimiento Civil (CPC), para que el Tribunal de Casación aperture su competencia y realice el examen sobre el error denunciado, lo que en el presente caso no ocurrió.

En ese marco, esta Sala concluye que no son evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación de fs. 494 a 497 vta., al carecer de sustento fáctico y jurídico; lo que conlleva a afirmar que el tribunal de alzada realizó una adecuada apreciación y valoración de los antecedentes del proceso, no incurriendo en transgresión de norma alguna, correspondiendo en tal circunstancia resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, cursante de fs. 494 a 497 vta., interpuesto por Walter Saavedra Bejarano; contra el Auto de Vista Nº 215 de 27 de marzo de 2015, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz cursante de fs. 488 a 491, en consecuencia se mantiene firme y subsistente el Auto de Vista impugnado. Con costas.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.