SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 311/2016.

Sucre, 20 de septiembre de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-TJA.429/2015.

Distrito: Tarija.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 261 a 265, interpuesto por Felipe Anagua Cariño contra el Auto de Vista Nº 224/2015 de 9 de noviembre, cursante de fs. 249 a 256 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso social por cobro de beneficios sociales instaurado por el recurrente contra la H. Alcaldía Municipal de la Ciudad de Tarija, la respuesta de fs. 267 a 269, el Auto de fs. 269 vta. a 270 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso social, la Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Tarija, emitió la Sentencia Nº 20/2011 de 21 de febrero de 2011 de fs. 198 a 200 vta., declarando probada en parte la demanda de fs. 39 a 41, con costas, disponiendo que la H. Alcaldía Municipal de la ciudad de Tarija representada por el Alcalde Municipal Lic. Omar Gerardo Montes cancele al demandante la suma de Bs.61.779.- (sesenta y un mil setecientos setenta y nueve 00/100 bolivianos), por concepto de indemnización, aguinaldo, vacación, bono de antigüedad, recargo de trabajo nocturno, bono municipal, incremento salarial.

En grado de apelación formulada por la institución demandada de fs. 205 a 207 vta., la contestación al traslado de fs. 212 a 213, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Auto de Vista Nº. 106/2011 de 3 de agosto, anuló de oficio y dispuso reponer obrados hasta el ingreso a despacho que consta de fs. 222 y vta., debiendo la jueza de mérito dictar resolución en el indicado entendimiento, sin necesidad de turno, sin responsabilidad por el cambio de línea jurisprudencial.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo interpuesto por el trabajador, con  la respuesta de fs. 230 a 231 vta., la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, por Auto Supremo N° 698 de 28 de septiembre del 2015, anuló el Auto de Vista de N° 106/2011 de 03 de agosto de fs. 222 y vta., disponiendo que el tribunal de alzada pronuncie nuevo Auto de Vista, enmarcándose a lo dispuesto por el art. 236 del CPC, sin espera de turno ni dilación alguna, previo sorteo de causa.

Que, en cumplimiento del Auto Supremo anulatorio, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Auto de Vista Nº 224/2015 de 9 de noviembre, cursante de fs.249 a 256 vta., revoca parcialmente la sentencia, saliente de fs. 198 a 200 vta., con las modificaciones por conceptos de vacaciones, bono de antigüedad, disponiendo el total a pagar de Bs.2.082,77.- (dos mil ochenta y dos 77/100 bolivianos).

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo interpuesto por el trabajador conforme a los siguientes fundamentos:

Refiere que, el tribunal de apelación incurrió en violación, interpretación errónea y aplicación indebida de las normas legales que fundamentan el auto de vista impugnado, e incurrió en error de hecho y de derecho, así como en errónea apreciación de las pruebas de cargo y de descargo propuestas por ambas partes; fundamentos establecidos en el art. 253.1 y 3 del Código de Procedimiento Civil (CPC). Por lo que, interpone recurso de casación al amparo del art. 258 de la citada norma adjetiva civil.

Que, los de instancia al revocar parcialmente la sentencia y afirmar que la relación que mantuvo con la Alcaldía Municipal de Tarija estuvo regida por la Ley N° 2027, asignándole la calidad de funcionario público por cuya razón únicamente tendría derecho al pago de Bs.1.471,35.- (un mil cuatrocientos setenta y uno 35/100 bolivianos) por concepto de vacaciones de la gestión 2008 y duodécimas de la gestión 2009,  bono de antigüedad por un año, siete meses y veintidós días, argumentando que estos conceptos constituyen derechos adquiridos en su favor, refiere que el ad quem incurrió, interpretó y aplicó indebidamente las normas jurídicas y principios básicos que rigen el ordenamiento jurídico vigente en materia laboral, como también incurrieron en error de hecho y de derecho en la valoración de las pruebas de cargo y de descargo; aspectos que hace constar en base a los siguientes fundamentos:

Acusa interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley (art. 253.1 del CPC).

Que, el auto de vista efectúa el análisis sobre la calidad de servidor público en el Considerando IV punto 4.1, que toma como único medio de prueba para determinar el inicio de la relación laboral el contrato de prestación de servicios, ofrecido con la finalidad de demostrar que la entidad demandada pretendió adecuar sus irregularidades en la contratación del personal eventual al Decreto Supremo (DS) N° 28699 de 1 de mayo de 2006, en lo referente a los trabajadores eventuales de las instituciones públicas.

Que, al haberse establecido el inicio de la relación laboral el año 2006, se interpretó erróneamente la Ley N° 2027 y se vulneró los principios protectores que rigen en la Constitución Política del Estado (CPE).

Que, el tribunal de alzada desconoce que los derechos otorgados a las trabajadoras y trabajadores son irrenunciables, en virtud de la desigualdad en que se encuentran los trabajadores frente a los empleadores;  medida que requiere mayor aplicabilidad especialmente cuando quieren vulnerar derechos laborales realizando contratos laborales simulados como civiles.

Que, el auto de vista interpretó erróneamente los arts. 13 y 48.II  de la CPE, que disponen la aplicación de principios que fueron vulnerados por el tribunal de alzada a tiempo de pronunciar el auto de vista.

Acusa que el auto de vista recurrido incurre en error de derecho y de hecho en la apreciación de toda a prueba de cargo y descargo, violando el art. 253.3 del CPC.

Que, en la tramitación del proceso en la sentencia la a quo valoró correctamente las pruebas cursantes de fs. 181 a 182 de obrados, estableciendo como hecho probado la fecha de inicio de la relación laboral y tiempo de duración, empero el auto de vista efectuó incorrecta valoración de la prueba documental de descargo, al determinar la condición de contratista y establecer erróneamente la inexistencia de relación laboral.

Que, la relación obrero patronal bajo dependencia de la Dirección de Ornato Público se prolongó hasta el momento de ruptura de la relación laboral, adquiriendo validez las presunciones que prescribe el art. 182.a), c) y d) del CPT; aseveración respaldada por las documentales y declaraciones testificales de cargo cursantes en obrados estipuladas en el marco del art. 3.j) del mismo cuerpo de leyes  y desarrollado en los arts. 66 y 150 de la misma norma laboral.

Concluye, solicitando se case el auto de vista impugnado y se mantenga firme y subsistente la sentencia pronunciada por la a quo, con la imposición de costas procesales.

CONSIDERANDO II:

Que, así expuesto los fundamentos del recurso de casación, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

De la revisión de antecedentes procesales, se evidencia que la principal controversia en el caso presente, radica si existió: interpretación errónea; aplicación indebida de la ley; error de hecho; error de derecho; violación de las leyes N° 2027; el DS 28699, los arts. 13, 48 de la CPE, que en criterio del recurrente habría incurrido el tribunal de alzada.

II.1. Al respecto se tiene, que para que el tribunal ad quem incurra en interpretación errónea, es necesario que exista: violación de leyes sustantivas por haber interpretado erróneamente sus preceptos; haber aplicado erradamente el concepto normativo contenido en la ley; haber dado un sentido equivocado a sus preceptos.

En referencia a la aplicación indebida de la ley, el tribunal de alzada tendría que haber incurrido en: aplicación de esos preceptos a hechos no regulados por aquellas; aplicación de la ley a supuestos de hechos distintos a los previstos en la norma; violación de leyes sustantivas por haberse aplicado sus preceptos de hechos no regulados por aquellas.

En referencia a la violación de la ley, para que proceda esta causal es menester la  aplicación incorrecta de las normas sustantivas.

De la revisión minuciosa del expediente, no se avizora ninguna de las causales descritas en la que haya incurrido el tribunal ad quem al dictar el auto de vista, al contrario, es plenamente aplicable al caso la previsión normativa contenida en el art. 2 del DS Nº 8125 de 30 de octubre de 1967, que señala: “Todo funcionario que reciba sus remuneraciones con fondos provenientes del Tesoro Nacional o Gobierno Central, cualquiera sea la institución en la que se presente servicios será considerado para fines de derechos de orden social como funcionario público y por lo tanto sujeto al régimen establecido por el Decreto Ley 7375 de fecha 5 de noviembre de 1965”; de modo que, la normativa sustantiva a ser aplicada para el caso concreto, no es la prevista en el ámbito de la LGT, sino la prevista para los servidores públicos, como es el caso de la Ley Nº 2027 de 27 de octubre de 1999, del Estatuto del Funcionario Público; la Ley 1178 de 9 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamentales; el DS Nº 26115 de 16 de marzo de 2001, Normas Básicas de Administración de Personal.

En ese sentido también, el art. 7.III del Estatuto del Funcionario Público (EFP), refiere: “(DERECHOS) (…) III. Los derechos reconocidos para los servidores públicos en el presente Estatuto y su régimen jurídico, excluyen otros derechos establecidos en la Ley General del Trabajo y otras disposiciones del régimen laboral que rigen únicamente para los trabajadores.“. Así, el EFP, estableciendo un marco normativo que regula la relación del Estado con sus servidores públicos, garantizan el desarrollo de la carrera administrativa, es decir, la permanencia y estabilidad en el cargo, así como asegurando la dignidad, transparencia, eficacia y vocación de servicio a la colectividad en el ejercicio de la función pública, la promoción de su eficiente desempeño y productividad, estableció también principios generales, el ámbito de aplicación, los derechos y deberes de los servidores públicos, así como el régimen de la carrera administrativa; en síntesis, se estableció para este grupo de personas, un conjunto de deberes particulares con el Estado y es cierto, con derechos igualmente determinados y reducidos por la ley frente al resto de la población; siendo cuestión distinta lo regulado constitucionalmente respecto al régimen social para los trabajadores, que no comprende a los servidores públicos, estando sujeto a ley especial.

Bajo ese contexto, el demandante tampoco era personal institucionalizado, por no haber ingresado a la entidad demandada mediante concurso de méritos y examen de competencia; es decir, que su ingreso como chofer, albañil, sereno, no obedece a la incorporación y permanencia que se ajusta a las disposiciones de la carrera administrativa establecidas en el Estatuto del Funcionario Público, ni mucho menos a un proceso de convocatoria interna o externa, conforme establece las Normas Básicas de Administración de Personal aprobado mediante DS Nº 26115, concordante con el art. 36 del DS Nº 23968 de 24 de febrero de 1995; sino que, al margen de haber estado, sujeto a contratos temporales, cuyas condiciones estaban sujetas tanto a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, como a las normas del Estatuto del Funcionario Público, así se concluye por los contratos cursantes en obrados; concluyendo en consecuencia que, se trata de un funcionario público provisorio, tal cual se refirió anteriormente; es decir, su ingreso no siguió un proceso de selección de personal mediante convocatoria interna o externa; por ende, no goza del derecho a la estabilidad laboral previsto por la Constitución Política del Estado y el Estatuto del Funcionario Público, el DS 28699, no siendo evidente que exista violación, errónea interpretación, errónea aplicación, de la normativa denunciada como acusa el recurrente.

II.2. Con referencia al error de hecho, acusado por el recurrente, sin embargo; en obrados no se observa que se tenga como probado un hecho en virtud de un medio que no existe ni obra en el proceso; el recurrente para acreditar este error, debió  evidenciar por documentos o actos auténticos demostrativos la equivocación manifiesta del tribunal ad quem; o en su caso haber demostrado el quebrantamiento de las reglas del criterio legal en la apreciación de la pruebas.

Las documentales de fs. 30 a 31, 34 a 35, 47 a 117, 149, 153, 128 a 129 y 118 a 144, demuestran hechos existentes en el proceso, demuestran actos auténticos, el ad quem no incurrió en error al apreciarlas, al contrario realizo una compulsa de forma correcta. 

En referencia al error de derecho, denunciado, de obrados no se observa que el tribunal de alzada hubiere asignado a una prueba un valor que la ley no le da; o desconocido el que la ley le asigna; atribuido a una prueba legal un valor diverso del que le otorga la ley. Las documentales tienen prevalencia ante las presunciones, y las testificales no operan por sí mismas, se constituyen en corroboraciones periféricas.

Por otro lado, siendo la valoración y compulsa de las pruebas, una atribución privativa de los Juzgadores de instancia e incensurable en casación, a menos que se demuestre fehacientemente la existencia de error de hecho en la apreciación de las pruebas que se da cuando se considera que no hay prueba suficiente sobre un hecho determinado, o que se hubiere cometido error de derecho que recaiga sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica, o en su caso que los Juzgadores de instancia ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le hubieran asignado un valor distinto, aspectos que en la especie no concurrieron en la tramitación de la causa, al evidenciarse que el tribunal ad quem valoró correctamente las pruebas aportadas por las partes conforme a la facultad conferida por los arts. 3.j), 158 y 200 del CPT, en virtud a la cual no se encuentra sujeto a la tarifa legal de la prueba y por lo tanto puede formar libremente su convencimiento, claro está, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias; de lo que se infiere que, el tribunal de alzada realizó correcta valoración de la prueba, no siendo evidente el error de hecho y error de derecho acusado por el recurrente.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, se concluye que no se han violado, interpretado o aplicado normas legales, tampoco existe error de hecho, derecho, invocadas en el recurso, al contrario el tribunal ad quem con acertado criterio jurídico, ha ajustado la resolución a las normas legales en vigencia, por lo que corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma remisiva contenida en el artículo 252 del Código Procesal del Trabajo. 

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los artículos 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 261 a 265. Sin costas, En sujeción al art. 29 de la ley 1178 (SAFCO).                                                                                                   

Regístrese, notifíquese, y devuélvase.