SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 310/2016.

Sucre, 20 de septiembre de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.427/2016.

Distrito: Santa Cruz de la Sierra.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 245 a 246, interpuesto por José Ernesto Arnez Caldardo, en representación de la Empresa de Servicios de Maquinarias Pesadas Gutiérrez SRL. (SERGUT SRL.), contra el Auto de Vista Nº 04 de 9 de septiembre de 2015, cursante de fs. 239 a 240 vta., pronunciado por la Sala Social Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales, seguido por Esther Vaca Vany en representación legal de Juan Carlos Quispe Castillo, Esteban Quispe Castillo, Faustino Chari Rojas, Abner Condori Mancilla y Gery Wilmer Zeballos Terán, contra la empresa ahora recurrente, la respuesta de fs. 253 a 254 vta., el Auto a fs. 255 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Sentencia: Que, Esther Vaca Vany en representación legal de los trabajadores citados precedentemente, interpuso demanda exigiendo el pago de beneficios sociales de fs. 55 a 58 vta., contra SERGUT SRL., tramitado el proceso laboral señalado, el Juez Tercero de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 72 de 5 de mayo de 2015 de fs. 214 a 217 vta., declarando probada en parte la demanda, sin costas y ordenando que la empresa demandada pague al tercer día de su legal notificación a sus ex trabajadores Esteban Quispe Castillo la suma total de Bs. 13.912,01.- (trece mil novecientos doce 01/100 bolivianos); Juan Carlos Quispe Castillo, Bs.13.912,01.-; a Abner Condori Mancilla, Bs.12.327,96.- (doce mil trescientos veintisiete 96/100); y, finalmente a Gery Wilmer Zeballos Terán, Bs. 10.805,58.- (diez mil ochocientos cinco 58/100 bolivianos), montos de dinero a cancelar por desahucio, indemnización y aguinaldo, más el 30% por la multa establecida en el Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.  

I.1.2. Auto de Vista.

Notificada con la Sentencia Nº 72, ambas partes presentaron recurso de apelación contra la citada sentencia, mediante memoriales de fs. 220 a 221, y de 224 a 225, recursos que fueron resueltos por Auto de Vista Nº 04 de 9 de septiembre de 2015, pronunciado por la Sala Social Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, confirmó parcialmente la sentencia impugnada, dejando firme y subsistentes los derechos y beneficios sociales reconocidos a favor de los demandantes y modificando en el pago doble de aguinaldo a favor de los demandantes.

I.2.        Motivos del recurso de casación en el fondo

Contra el referido auto de vista, José Ernesto Arnez Caldardo, en representación de la empresa SERGUT SRL., interpuso recurso de casación en el fondo de fs. 220 a 221, quien en síntesis manifestó los siguientes argumentos:

I.2.1. Que, en el auto de vista impugnado, se incurrió en error y falta de apreciación a las pruebas de descargo, cometiendo error de hecho y de derecho, ya que de las pruebas documentales cursante de fs. 89, 91, 100, 102, 140, 149, 156 y 162 y de los memorándums de finalización de ítem cursantes de fs. 90, 92, 101, 137, 145 y 153, se puede verificar incontrastable, que los actores fueron contratados por ítems de obra y que a la conclusión de ésta quedaría extinguida la relación laboral. Además que no valoraron que la cláusula segunda de los contratos de los demandantes establecía que, se contrataba los servicios del trabajador por fase o actividad y que tales servicios concluirán de acuerdo al cronograma y programa de trabajo, es mas en dicha cláusula el propio trabajador reconoce que, el desahucio queda excluido porque termina sus labores encomendadas.

En ese sentido continuó refiriendo que: “…no es necesario que la obra en su totalidad concluya como de forma errónea interpreto este tribunal, sino que dentro de la obra existen fases, actividades o trabajos específicos que concluyen antes de la totalidad de la obra…”, modalidad contractual que se encuentra establecida en el art. 3 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979, que en ese sentido, la contratación por obra o tarea específica, no obedece a un capricho de la empresa, sino se da a consecuencia de la propia naturaleza misma de las actividades que cumplen; por lo que los tribunales de instancia no debieron haber interpretado que hubo despido por el simple hecho que así lo digan los demandantes.

Por otra parte refirió que, con relación a la multa impuesta del 30% la misma no corresponde, dado que los derechos sociales consistentes en indemnización por tiempo de servicios y aguinaldo, siempre estuvieron a disposición de los ex trabajadores, lo cual no recibieron, con el afán de obtener más de lo que les corresponde.

Petitorio: Concluyó el recurso de casación, solicitando al Tribunal Supremo de Justicia que, una vez revisados los errores advertidos o señalados en que incurrió el tribunal de alzada CASE “los puntos recurridos de nuestras parte” -textual-; sin precisar un petitorio claro y concreto.

CONSIDERANDO II.

II.1. ESTUDIO DEL CASO Y JUSTIFICACIÓN DEL FALLO

       II.2. Fundamentos Jurídicos del Fallo

Realizada la revisión del expediente y habiéndose efectuado el análisis del caso en estudio, pasamos a resolver las supuestas transgresiones que se denunciaron en el memorial del recurso, estableciendo lo siguiente:

II.2.1. Que, el recurrente refirió que en el auto de vista, se incurrió en error y falta de apreciación de las pruebas de descargo, cometiendo error de hecho y de derecho, ya que de las pruebas documentales cursante de fs. 89, 91, 100, 102, 140, 149, 156 y 162 y de los memorándums de finalización de ítem cursantes de fs. 90, 92, 101, 137, 145 y 153, se puede evidenciar que los actores fueron contratados por ítems de obra y que a la conclusión de esta quedaría extinguida la relación; de lo señalado, con el afán de aclarar lo referido al respecto del error de hecho y de derecho, podemos señalar entre tantos Autos Supremos emitidos por la extinta Corte Suprema, como del Tribunal Supremo de Justicia, el Auto Supremo Nº 293/2013 de 7 de junio, que señala: “Se entiende por error de hecho cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente, error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro; en cambio el error de derecho tiene relación con la otorgación del valor probatorio determinado en ley, es otorgar o negar el valor probatorio que la ley le ha asignado a un medio de prueba” (las negrillas son nuestras) de lo que se concluye que la valoración de la prueba es una facultad privativa de los Jueces de grado, y ésta es incensurable en casación, salvo que se acredite violación de una regla de criterio legal, acusando error de hecho o de derecho, conforme establece el art. 253.3 del Código de Procedimiento Civil (CPC), para que el Tribunal de Casación aperture su competencia y realice el examen sobre el error denunciado, lo que en el presente caso, se pudo evidenciar que los Jueces de instancia procedieron a realizar una correcta valoración de la prueba, ya que de la prueba documental cursante en obrados, se tiene que el contrato de trabajo en controversia en su cláusula segunda es ambigua al referir que: “El presente contrato que es temporal, bajo la modalidad de realización de obra, fase o actividad…”, de lo que se tiene que el mismo no especifica con claridad si se trata de un contrato de obra, fase o actividad, motivo por el cual en aplicación de lo establecido en el art. 297 del Código de Procedimiento Civil, que refiere: “I. Las pruebas producidas en la causa serán apreciadas por el Juez de acuerdo a la valoración que les otorgare la ley; pero si ésta no determinare otra cosa, podrá apreciarlas conforme a su prudente criterio o sana crítica.” (las negrillas son agregadas), lo cual encuentra su respaldo dentro nuestra normativa en lo previsto por el art. 1286 del Código Civil, que a la letra dice: "Las pruebas producidas serán apreciadas por el Juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio", por lo que los Jueces de instancia asumiendo sus atribuciones referidas en las normas citadas, bajo su prudente criterio y su sana critica, consideraron que el contrato de trabajo fue efectuado bajo la modalidad de realización de obra, y al no haber concluida la misma o haber demostrado esa situación la empresa recurrente, este Tribunal deduce que el tribunal de alzada no cometió ninguna vulneración respecto a la valoración de la prueba aportada dentro del proceso, no habiendo cometido ningún error de hecho y de derecho.

En ese marco, la empresa recurrente denuncia la incorrecta interpretación del art. 3 DL 16187, en el sentido, de que la contratación por obra o tarea específica, no obedece a un capricho de la empresa, sino se da a consecuencia de la propia naturaleza de las actividades que cumplen, en ese sentido la norma citada refiere que: “En los contratos de trabajo de las empresas de consultoría y de construcción, el plazo del contrato de trabajo será hasta la terminación de la obra y/o de los trabajos específicos.”, de lo que es evidente que lo referido por el recurrente es cierto; empero, tomando en cuenta que los jueces de instancia en resguardo del principio de la sana critica, consideraron que los contratos de los actores eran por obra, se tiene que tampoco se infringió este artículo, ya que como se citó precedentemente, al no haber concluido la misma, el retiro con la llamada finalización de ítem, fue un despido intempestivo.

En ese contexto, con relación a la multa impuesta del 30%, la misma que según el criterio de la empresa recurrente no correspondería, dado que los derechos sociales consistentes en indemnización por tiempo de servicios y aguinaldo, siempre estuvieron a disposición de los ex trabajadores, se tiene que tal como refiere el recurrente siempre estuvieron a disposición; pero se tiene que tomar en cuenta que la simple afirmación de que siempre se tuvo a disposición, no hace el cumplimiento en sí de la obligación, de lo que el art. 9 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, refiere que: “I. En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFVs, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito. II. En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor”, (las negrillas fueron agregadas), de lo que es evidente que al no haberse cancelado los beneficios sociales de los trabajadores en el plazo de 15 días, no se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo señalado, por lo que corresponde la multa del 30% del monto total a cancelar, incluyendo el mantenimiento del valor.

De lo expuesto precedentemente, esta Sala concluye que no son evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación de fs. 245 a 246, al carecer de sustento fáctico y jurídico; lo que conlleva a afirmar que el tribunal de alzada realizó adecuada apreciación y valoración de los antecedentes del proceso, no incurriendo en transgresión de norma alguna, correspondiendo en tal circunstancia resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el artículo 252 del CPT.

POR TANTO:La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 245 a 246, interpuesto por José Ernesto Arnez Caldardo, en representación de la Empresa de Servicios de Maquinarias Pesadas Gutiérrez SRL. (SERGUT SRL.), por consiguiente se mantiene firme y subsistente el Auto de Vista Nº 04, de 9 de septiembre de 2014, cursante de fs. 239 a 240 vta., de obrados. Con costas.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.