SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 308/2016.

Sucre, 20 de septiembre de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.422/2015.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 369 a 371, interpuesto por Wilmer Sanjinés Lineo, en representación legal de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista N° 113/2015 de 8 de julio, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba de fs. 365 vta. a 367, dentro del trámite de renta única de viudedad, seguido por Ninfa Ramos de Jiménez, viuda de Santos Jiménez Choque, contra el recurrente, el Auto de concesión del recurso a fs. 376, los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso administrativo, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, pronunció la Resolución N° 014478 de 1 de noviembre de 2004 de fs. 54 a 55, resolviendo desestimar la solicitud de renta básica por riesgo profesional interpuesta por Santos Jiménez Choque, con el fundamento que el solicitante no cumplía con la densidad mínima de aportes requerida a la fecha de presentación de su solicitud (28 de octubre de 1999), habiendo transcurrido desde la última cotización realizada en Octubre de 1987 a la fecha de presentación de su trámite 12 años.

Formulado el recurso de reclamación por Santos Jiménez Choque de fs. 88 a 89, la Comisión de Reclamación del SENASIR, dictó la Resolución N° 60405 de 29 de noviembre de 2005 de fs. 113 a 114, revocando la Resolución N° 014478 de 1 de noviembre de 2004, pronunciada por la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, disponiendo se otorgue al solicitante la prestación que corresponda a partir de abril de 2004, en consideración a que cumple con los requisitos establecidos en la Resolución Administrativa N° 003 del Viceministerio de Pensiones y Seguros de 4 de marzo de 2004, concordante con el art. 16 del Manual de Prestaciones. Esta resolución fue ejecutoriada conforme el auto de 25 de enero de 2006 al no haber interpuesto el interesado recurso de apelación a fs. 128.

Acaecida la muerte de Santos Jiménez Choque el 11 de abril de 2007, acreditada por el certificado de defunción que discurre a fs. 162, Marcelina Castro Sánchez viuda de Jiménez, mediante nota fechada en 4 de septiembre de 2007 a fs. 163, solicita renta por derechohabiente, manifestando ser conviviente del fallecido por más de once años, habiendo procreado un hijo, que a la fecha de solicitud, contaba con 10 años de edad, adjuntando al efecto el certificado de nacimiento de Cesar Adolfo Jiménez Castro, hijo de Santos Jiménez Choque y Marcelina Castro Sánchez a fs. 195.

Que, a consecuencia de la solicitud de Renta de viudedad por Convivencia y Orfandad, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, pronunció la Resolución N° 0001834 de 2 de marzo de 2012, resolviendo: Primero. Desestimar la solicitud de renta de viudedad a la Sra. Marcelina Castro Sánchez, en virtud a que el titular de la renta no gozaba de libertad de estado, "habiendo contraído matrimonio con la Sra. Ninfa" (sic), Segundo. Otorgar renta única de orfandad en favor del menor Cesar Adolfo Jiménez Castro a ser cancelada a partir del mes de abril de 2007, por haberse acreditado su condición de hijo del titular de la renta.

CONSIDERANDO II.- Que, mediante oficio fechado en 11 de febrero de 2009, Ninfa Ramos de Jiménez, solicitó "Pago del beneficio de viudedad para Derechohabiente" (fs. 178), argumentando que éste es un derecho que le corresponde al ser la viuda de Santos Jiménez Choque, adjuntando el certificado de matrimonio celebrado con éste y la solicitante, que se encuentra registrado en el Libro 2-71 L-748, Partida N° 2, Folio N° 30 de la Oficialía de Registro Civil N° 400 de la localidad de LLallagua, Provincia Bustillos del Departamento de Potosí, celebrado el 4 de enero de 1972 a fs. 175.

La Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR pronunció la Resolución N° 0002134 de 9 de marzo de 2012, resolviendo Desestimar la solicitud de renta de viudedad formulada por Ninfa Ramos de Jiménez, por no haber convivido los dos últimos años a la muerte del causante de conformidad a lo señalado por el art. 32 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición.

Formulado el Recurso de Reclamación por Ninfa Ramos viuda de Jiménez de fs. 323 a 324, la Comisión de Reclamación del SENASIR, pronunció la Resolución N° 00573/13 de 19 de agosto de 2013, confirmando la Resolución denegatoria de la renta de viudedad ratificándose en los fundamentos esgrimidos en ella.

En recurso de apelación de fs. 354 a 355 promovido por la interesada, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, el 8 de julio de 2015, pronunció el Auto de Vista N° 113/2015 de fs. 364 vta. a 367, que revocó la Resolución N° 00573/13 de 19 de agosto de 2013 pronunciada por la Comisión de Reclamación del SENASIR, disponiendo se proceda al cálculo y pago de las Renta Única de Viudedad a favor de Ninfa Ramos de Jiménez, como cónyuge supérstite al fallecimiento del asegurado Sangos Jiménez Choque.

El fallo referido precedentemente, motivo la interposición del recurso de casación en el fondo por la entidad demandada de fs. 369 a 371 en el que expresa en síntesis lo siguiente:

1.- Realizando una relación de antecedentes, manifiesta que el Auto de Vista basa su decisión en normas del Código de Familia, que no pueden ser aplicadas al caso de autos, en vista que la normativa aplicable del SENASIR es especial, no existiendo la analogía legis entre ambos cuerpos normativos. Por ello, afirma el recurrente, el Código de Seguridad Social (CSS) y el Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA) que corresponden al ámbito del Derecho Público Interno regulan las relaciones de los particulares con el Estado, mientras que el Derecho de Familia corresponde al ámbito del Derecho Privado Interno, regulando las relaciones de los particulares entre sí.

2.- Argumenta que las Resoluciones del SENASIR tienen su fundamento en el art. 34 del MPRCPA, aprobado por Resolución Secretarial N° 10.0.087/97 de 21 de julio de 1997 y en la Resolución Administrativa 255-10 de 30 de septiembre de 2010 que aprueba el Procedimiento de Derechohabiente y Trabajo Social, tomándose en cuenta el trabajo realizado por el Área Social en casos de requerir mayor información a los fines de otorgar las prestaciones que se solicitan.

3.- Finalmente, transcribiendo los arts. 52 del CSS, 97 del Código de Familia (CF) y 180 de la CPE, señala que la solicitante de la renta de viudedad por haber infringido estas disposiciones legales no tendría derecho a dicha renta. Señala que, por el fundamento resumido precedentemente, se infringieron además de las citadas, las siguientes disposiciones legales: art. 34 del MPRCPA,                La RA 255.10 de 30 de septiembre de 2010 que aprueba el procedimiento de derechohabiente y trabajo social.

Solicita se dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista N° 113/2015 de 8 de julio.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación de fs. 94 vta. a 98, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

El recurso motivo del presente análisis, en síntesis señala dos aspectos puntuales a saber: 1.- Que, las resoluciones del SENASIR fueron pronunciadas en cumplimiento a las normas del CSS y el MPRCPA; 2.- Que, al caso de autos no pueden aplicarse las disposiciones del Código de Familia por corresponder al ámbito del Derecho Privado Interno y que regula las relaciones de los particulares entre sí, habida cuenta que las relaciones en el proceso son entre el particular y la entidad del estado SENASIR.

Ingresando a la resolución del recurso corresponde efectuar las siguientes consideraciones:

PRIMERA- Conforme a lo relacionado hasta este acápite, el SENASIR a través de la Resolución N° 60405 de 29 de noviembre de 2005 concedió a favor de Santos Jiménez renta básica por riesgo profesional a partir de abril de 2004. A su fallecimiento, el SENASIR pronunció la Resolución N° 0001834 de 2 de marzo de 2012, desestimando la solicitud de renta de viudedad de la Sra. Marcelina Castro Sánchez, en virtud a que el titular de la renta no gozaba de libertad de estado, "habiendo contraído matrimonio con la Sra. Ninfa" (sic), otorgando renta única de orfandad en favor del menor Cesar Adolfo Jiménez Castro a ser cancelada a partir del mes de abril de 2007, por haberse acreditado su condición de hijo del titular de la renta ya que a la solicitante de la renta de viudedad le fue negada.

SEGUNDA.- El SENASIR mediante Resolución N° 0002134 de 9 de marzo de 2012, resolvió Desestimar la solicitud de renta de viudedad formulada por Ninfa Ramos de Jiménez, esposa supérstite de Santos Jiménez, aduciendo que pese a ostentar el estado civil de viuda, no convivió con el titular de la renta los dos últimos años anteriores a su muerte de conformidad a lo señalado por el art. 32 del MPRCPA. En recurso de reclamación, la Resolución N° 00573/13 de 19 de agosto de 2013, confirmó la Resolución denegatoria de la renta de viudedad, resolución que al ser apelada, fue revocada por el Auto de Vista N° 113/2015 de 8 de julio, determinando que el SENASIR proceda al cálculo y pago de la renta única de viudedad a favor de Ninfa Ramos de Jiménez.

Ahora bien, los datos del expediente informan que el SENASIR fundó su decisión de negar la renta de viudedad a la esposa supérstite del titular, amparando su decisión en el art. 32 del MPRCPA, con el argumento que el Informe Social N° 06/10 de 12 de febrero de 2010, da cuenta que "(...) si hubo una convivencia los dos últimos años con la Sra. Ninfa Ramos, empero el asegurado realizaba viajes constantes a la localidad de Uncía por motivos laborales donde tenía un cuarto y su domicilio principal se encontraba en la ciudad de Cochabamba (...)", fundamento que más adelante continúa señalando que "Del Informe Social N° 05 de 2 de agosto de 2010, se tiene que el matrimonio con la Sra. Ninfa culminó hace años atrás y se desconoce porque no hubo sentencia de divorcio (...)", es decir que el SENASIR, funda su decisión sobre todo en un Informe Social que ni siquiera establece con absoluta certeza el momento en que habría "Culminado" el matrimonio y utilizando las propias palabras de dicho Informe Social, desconociendo porque no hubo sentencia de divorcio, cuando el único acto jurídico que desvincula la relación matrimonial es precisamente una sentencia de divorcio pronunciada por Juez competente y pasada en autoridad de cosa juzgada.

Por otra parte, el SENASIR olvida que a la luz del Derecho, el matrimonio se constituye en una institución jurídica, base de la sociedad, cuya existencia no puede ser puesta en duda mediante un "Informe Social", más aún si éste, como en el caso de autos, ha sido debidamente probado con el certificado o testimonio de la partida matrimonial inscrita en el libro respectivo del registro civil, conforme exige el art. 73 del Código de Familia. Abundando en lo referido precedentemente, el art. 129 de la misma norma, señala: "El matrimonio se disuelve por la muerte o por la declaración del fallecimiento presunto de uno de los cónyuges" y es el art. 141 siempre del Código de Familia, que determina que la sentencia de divorcio disuelve el matrimonio desde el día en que pasa en autoridad de cosa juzgada.

Ahora bien, respondiendo a uno de los puntos del recurso de casación, en sentido de que las normas del Código de Familia no pueden ser aplicadas en la resolución de los actos administrativos del SENASIR, debe decirse que tal afirmación no tiene ningún asidero legal, habida cuenta que, si bien es cierto que estas normas no regulan las relaciones entre los particulares y las instituciones del Estado, no es menos cierto que no pueden ser soslayadas si de su aplicación ha de depender la validez de un matrimonio celebrado en estricta sujeción de las normas del Código de Familia y precisamente sus incidencias en la solicitud de la renta de viudedad.

Tan evidente resulta lo afirmado precedentemente, que la propia institución SENASIR, reconoce la existencia y validez del matrimonio entre el titular de la renta y la esposa solicitante de la renta de viudedad, que al momento de pronunciar la Resolución N° 0001834 de 2 de marzo de 2012, resolviendo desestimar la solicitud de renta de viudedad a la Sra. Marcelina Castro Sánchez, lo hizo en virtud a que el titular de la renta no gozaba de libertad de estado, "habiendo contraído matrimonio con la Sra. Ninfa", es decir que, cuando niega la renta de viudedad a la supuesta conviviente, lo hace porque el titular se encontraba legalmente casado con Ninfa Ramos de Jiménez, sin embargo cuando ésta ejercita su derecho de cónyuge supérstite, en relación a los derechos relictos a la muerte del titular, el SENASIR pretende desconocer este derecho manifestando que no existió convivencia los dos últimos años anteriores al fallecimiento, basado únicamente en un informe social.

En cuanto al punto del recurso de casación referido a que debían aplicarse únicamente las disposiciones del CSS y el MPARCPA, es precisamente el art. 52 del CSS que prevé que la renta de viudedad se pagará en las condiciones previstas en el art. 51 del mismo cuerpo de leyes, a la esposa o a falta de ésta a la conviviente, no siendo acreedores a tal beneficio la divorciada por sentencia ejecutoriada antes de la fecha del fallecimiento del causante y la esposa que hubiera estado separada dos o más años por su culpa. En el caso de autos, no existe prueba irrefutable primero, de que la esposa haya estado separada de su causante, segundo que, de haber existido la separación haya sido por causa imputable a ella. Nótese que únicamente existe un informe social en el que se pone en duda la existencia de una sentencia de divorcio que en los hechos efectivamente, no existió.

A cerca del art. 32 del MPRCPA, que según el recurrente habría sido infringido por el Tribunal al pronunciar el Auto de Vista ahora impugnado, debe tenerse presente que es precisamente esta disposición administrativa la que determina: "Se concede renta de viudedad a la esposa sobreviviente, a falta de ésta a la conviviente que hubiera estado inscrita en los registros de la Caja de Salud a la que pertenecía el asegurado, por lo menos un año antes de la fecha del fallecimiento del causante, siempre que el asegurado o conviviente no hubiera tenido impedimento legal para contraer matrimonio, vale decir que el causante ostentaba la vida de soltero, viudo o divorciado mediante sentencia ejecutoriada y que la vida en común se hubiera iniciado dos o más años antes del deceso".

Finalmente y como corolario de la presente resolución, debe decirse que el derecho a la Seguridad Social y en este caso el acceso a la renta de viudedad se encuentran consagrados constitucionalmente, cuando los arts. 158 y 162 de la CPE de 1967 consagraba la irrenunciabilidad de los derechos sociales, otorgando al Estado Boliviano la carga de velar por el capital humano, en su labor proteccionista de la salud de la población y sus medios de subsistencia, buscando el mejoramiento del grupo familiar. Criterio que ha sido acogido en los arts. 35 al 55 de la actual CPE.

El fundamento de la presente resolución, las normas legales en las que se funda, permiten a este Tribunal Supremo de Justicia, a través de su Sala Especializada, afirmar categóricamente que el recurrente no posee razón en su pretensión.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en el art. 184.I de la actual C.P.E., y en el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 369 a 371, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto SENASIR.

Regístrese, notifíquese y devuélvase