SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 307/2016.

Sucre, 20 de septiembre de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.420/2015.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 152 a 154 vta., interpuesto por Fernando Saavedra Rubí en representación de Liliana Rubí Amas contra el Auto de Vista Nº 239/2014 de 22 de octubre, cursante de fs. 143 a 146, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de beneficios sociales instaurado por Jhenny Jessy Quiñones Molina contra la recurrente, la respuesta de fs. 158 a 160, el auto de fs. 161 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso social, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social N° 3 de la ciudad de Cochabamba, emitió la Sentencia Nº 144 de 2 de febrero de 2012 de fs. 118 a 123, declarando probada parcialmente la demanda, sin costas, disponiendo que Liliana Rubí Amas Notaria de Fe Publica de Primera Clase N° 28 del Distrito Judicial de Cochabamba pague a la demandante Jhenny Jessy Quiñones Molina los beneficios sociales que la ley acuerda en la suma de Bs.7.647,70.-(siete mil seiscientos cuarenta y siete 70/100 bolivianos) por concepto desahucio, indemnización, aguinaldo, vacación, bono de antigüedad.

En grado de apelación formulada por la demandada de fs. 126 a 128, el traslado de fs. 131 a 133 vta., la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista Nro. 239/2014 de 22 de octubre confirmó, la Sentencia Nº 144. Con costas en ambas instancias.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo  de fs. 152 a 154, interpuesto Fernando Saavedra Rubí en representación de Liliana Rubí Amas, manifestando en síntesis:

Refiere que, el auto de vista infringió derechos consagrados en la Constitución Política del Estado (CPE) y demás normas legales en actual vigencia, por lo que, interpone recurso de casación en el fondo, solicitando  se case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda en todas sus partes, conforme a la siguiente fundamentación legal:

Plantea recurso de casación en el fondo, arguyendo que, el auto de vista establece que se configuró el retiro forzoso de la demandante en fecha 8 de enero de 2011, sin que exista causa justificada; extremo establecido por la supuesta falta de prueba de la renuncia voluntaria de la demandante, no  obstante que esta situación habría sido demostrada con las declaraciones testificales de cargo y descargo, mismas que harían fe probatoria conforme al art. 169 del Código Procesal de Trabajo (CPT), empero el auto de vista recurrido habría realizado una errónea valoración de la prueba, del principio de proteccionismo y del art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT); toda vez que, no existe duda respecto a la renuncia voluntaria de la demandante y al haberse determinado en sentencia el supuesto retiro forzoso se provoca a su mandante indefensión y perjuicio económico al obligarle a pagar ilegalmente desahucio.

Aduce que, es necesario hacer constar la actitud maliciosa de la actora en cuanto a la presentación tardía de su carta de retiro después de más de cuatro meses de ocurrido el supuesto despido intempestivo.

Que, el a quo le otorgó fe probatoria a la declaración de la testigo Eva Pacoricona Rodríguez en contravención al art. 169 del CPT, debiendo haber sido declarada la misma como indicio de conformidad al art. 178 del CPT con relación a la premeditación de la demandante en cuanto al retiro voluntario de su trabajo.

Que, el a quo no habría dado curso a las certificaciones solicitadas sobre los mensajes que la demandante enviaba desde su celular a la demandada, en los que admite haberse retirado voluntariamente, sin previa presentación de preaviso de ley.

Que, se vulneró el derecho a la defensa y a los arts. 183, 184 y 185 del CPT, al  negar a la demandada  señalamiento de la audiencia de inspección, por lo que, solicita se reponga el daño ocasionado.

Que, se determinó erróneamente la existencia de retiro forzoso y la imposición del pago de desahucio en favor de la demandante, pues en el caso de autos no se debió aplicar el art. 13 de la LGT sino el art. 16.f) del citado cuerpo de leyes, por lo que, solicita se declare improbada la demanda.

Que, existiría error en cuanto a la determinación de vacaciones, pues se habría demostrado sin margen de error que la demandante gozó de todas sus vacaciones. Arguye que, la multa concedida en sentencia en favor de la demandante no le corresponde debido a que el Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, establece que la multa será procedente cuando se configure el retiro intempestivo al trabajador y no así para el caso de retiro voluntario, como se suscitó en el caso de autos. Agrega que tampoco le corresponde el reintegro del aguinaldo de la gestión 2010, bono de antigüedad, el salario indemnizable; toda vez que, todos los beneficios sociales ya fueron cancelados a la demandante.

Concluye, solicitando se case el auto de vista impugnado para que deliberando en el fondo se determine improbada la demanda por existir violación a los arts. 13, 16, 169, 178, 187 y 185 del CPT, DS Nº 28699 y demás normas legales contenidas en el recurso de casación.

CONSIDERANDO II:

II.1. Fundamentos jurídicos del fallo

Expuesto así el fundamento del recurso de casación en el fondo, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

Con referencia a la error de hecho y error de derecho, que a criterio del recurrente habría incurrido el tribunal ad quem, al haber otorgado el pago del desahucio, sin considerar las declaraciones testificales, y el retiro voluntario expuestos en los puntos 1, 2 y 3 del recuso.

Ahora bien, es preciso referir que el desahucio fue instituido por el legislador como sanción impuesta al empleador por el incumplimiento del preaviso de retiro al trabajador, o dicho de otro modo, el incumplimiento del preaviso por parte del empleador deriva en el pago del desahucio, cuya finalidad es cubrir el tiempo considerado como prudencial para que el trabajador busque una nueva fuente laboral a efectos de tener una subsistencia digna.

Al respecto, el DS Nº 110 de 01 de mayo de 2009, en su art. 2, establece: "Corresponde el pago del desahucio a la trabajadora o al trabajador que sea retirado intempestivamente. No corresponde el pago del desahucio a las trabajadoras o trabajadores que se retiren voluntariamente de su fuente laboral". En los hechos la demandada no demostró con prueba fehaciente que se trató de retiro voluntario, al contrario teniendo el deber de desvirtuar las pretensiones de la trabajadora mostro una conducta pasiva. Por su parte el juez a quo a fs. 20 de obrados, emitió el auto de fecha 4 de julio de 2011, para que Liliana Rubí Amas pruebe y demuestre- “d) que el actor renuncio voluntariamente a su trabajo y de ninguna manera se le obligo a firmar su carta de renuncia”, imponiéndosele la carga de la prueba, para desvirtuar por todos los medios dicha pretensión, sin embargo; no ejercito dicha facultad, teniendo a su alcance y disposición los medios.

Por otro lado, conforme se evidencia a fs. 85, cursa el acta en el que se evidencia que la empleadora elaboro la carta de retiro voluntario, supuestamente con el consentimiento de la trabajadora, aspecto que se constituye en prueba irrefutable de conformidad al art. 56 del DL N° 16998 de 2 de agosto de 1979, con valor de prueba pre constituida, otorgando presunción de certeza sobre el hostigamiento ejercido en la trabajadora, por parte de la empleadora, corroboración periférica que el a quo, obtuvo de testifical de cargo, observada debidamente ratificada por el ad quem, aplicando correctamente la presunción legal instituida por el legislador, ante la inactividad pasiva de la empleadora.

Al respecto el art. 48.I y II de CPE, establece que “las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio y que las mismas se interpretaran y aplicaran bajo los principios de protección de los trabajadores y trabajadoras…”. Así mismo, en su parágrafo III señala: “el Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado…” concordante con el art. 4 de la LGT.

En consecuencia, no queda duda alguna bajo esta presunción que la empleadora no dio aviso previo de despido a la trabajadora conforme dispone el art. 12 de la LGT, concordante con el art. 13 del mismo cuerpo legal y el art. 8 de su DR; produciéndose de esa forma el despido intempestivo o retiro forzoso, corresponde el pago del desahucio a favor de la actora; en cuyo mérito y luego de valorar en su conjunto las pruebas aportadas y producidas por las partes, entre ellas las literales, testificales, el tribunal ad quem confirmó correctamente la Sentencia, en la que se estableció el pago de dicho beneficio, disponiendo en consecuencia el pago del desahucio de forma correcta, no siendo evidente la acusación sostenida.

En referencia a la errónea aplicación del principio protector, acusada por el recurrente, al respecto se tiene que este principio es considerado como el principio básico y fundamental del Derecho del Trabajo con sus tres reglas o criterios: a) El in dubio pro operario que se explica en el sentido de que cuando una norma se presta a más de una interpretación, debe aplicarse la que resulte más favorable al trabajador; b) La regla de la normativa favorable, según la cual aparecerán dos o más normas aplicables a la misma situación jurídica, se aplicará la que resulte más favorable al trabajador; c) La regla de la condición más beneficiosa según la cual, ninguna norma debe aplicarse si esta tiende a desmejorar las condiciones en que se encuentra el trabajador, pues la idea es de que en materia laboral las nuevas normas o reformas, deben tender a mejorar las condiciones de trabajo y no a la inversa.

De acuerdo a este principio tiene base en la desigualdad económica que existe entre los sujetos de la relación laboral, el Derecho al Trabajo debe otorgar una tutela jurídica preferente a la trabajadora con la finalidad de precautelar su personalidad humana en las relaciones de trabajo y no sea objeto de abuso o arbitrariedades por parte de la empleadora.

De lo expuesto, se advierte que ninguno de los criterios, referidos ut supra, fueron identificados y fundamentados por el recurrente en el caso presente para afirmar errónea aplicación del principio de proteccionismo, es decir, no se identificó cuál o cuáles normas se prestaron a más de una interpretación, qué normas eran aplicables de manera simultánea a la misma situación y cuál la norma aplicada que tiende a desmejorar las condiciones en las que se encontraba.

Más aún, cuando de antecedentes se advierte que fue la propia empleadora quien voluntariamente se puso en situación de desventaja frente a la trabajadora al no desvirtuar mediante prueba idónea que demuestre que el retiro fue voluntario, teniendo amplia libertad para ejercitar, no siendo evidente que se la haya causado indefensión.

En referencia a la supuesta contravención al art. 169 del CPT, tampoco resulta evidente, toda vez, que dicha atestación, por sí sola, no fue la determinante para conducir al decisum, al contrario, simplemente se trató de una corroboración periférica, que dio mayor consistencia, que sirvió de hilo racional que conduce de forma lógica, razonable y en conjunción armónica con el resto del elenco probatorio conduciendo al decisorio.

En referencia a la  falta del pre aviso por parte de la trabajadora para con la empleadora, sus aseveraciones recaen en especulaciones al no ponerse en evidencia por medios de prueba en tiempos y ante los de instancia, cuando tuvo su oportunidad, habiendo precluido su derecho, incensurable en casación, toda vez que no se avizora vulneración de derecho o estado de indefensión absoluta como refiere.

Respecto de la indefensión debido a la negación de la audiencia de inspección solicitada por la empleadora, y en criterio del recurrente se habría vulnerado los arts. 183, 184 y 185 del CPT, se tiene que no se evidencia aplicación incorrecta de dichos preceptos legales, o se observe una actitud tomada por el juez que contradiga el contenido de dichos preceptos, con el entendido que el legislador al insertar el término “los jueces podrán”,  dispuso de forma facultativa  para que el juzgador decida. Cuando el juez considere que existe el nexo causal del objeto del proceso y los hechos que se pretenden probar, decida en forma afirmativa la solicitud, de lo contrario la rechaza, por lo tanto no es un imperativo categórico con carácter de regla que su negativa se constituya en indefensión como acusa el recurrente.

En referencia a las vacaciones, multa, aguinaldo y el bono de antigüedad el recurrente no fundamenta su agravio en términos claros, precisos, en que consiste su falsedad, error, incensurable en esta instancia.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, se concluye que no se han violado, interpretado o aplicado normas legales, tampoco existe error de hecho, derecho, invocadas en el recurso, al contrario el tribunal ad quem con acertado criterio jurídico, ha ajustado la resolución a las normas legales en vigencia, por lo que corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2 y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo. 

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 152 a 154 vta. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.