SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y                                                                         ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 305/2016.

Sucre, 9 de septiembre de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-LP.115/2016.

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano. 

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 507 a 511, interpuesto por Luís Felipe Hartman Luzio, en representación legal de la Compañía Minera Colquiri, contra el Auto de Vista Nº 106/2015 de 14 de octubre, cursante de fs. 484 a 485 vta., pronunciado por la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso laboral, seguido por Julio Marca Bautista contra la Compañía Minera Colquiri S.A., la respuesta de fs. 513 a 515, el auto de fs. 516, que concedió el recurso, el Auto Supremo N° 73/2016-A de 25 de abril, de fs. 522 y vta., los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I:

I. 1.Antecedentes del proceso

I.1.1 Sentencia

Tramitado el proceso de referencia, la Juez Quinto de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió la Sentencia Nº 130/2009 de 19 de diciembre de fs. 381 a 387, declarando probada en parte la demanda de fs. 1 a 2 de obrados, subsanada a fs. 5, y probada en parte la excepción de prescripción, disponiendo que la Compañía Minera Colquiri S.A., a través de su representante legal, pague a favor del actor, el monto de Bs. 37.683.06.- (treinta y siete mil seiscientos ochenta y tres 06/100 bolivianos), por concepto de indemnización, desahucio, aguinaldo, primas, vacación, bono de antigüedad y multa del 30%, conforme determina el Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

  I.1.2 Auto de Vista

En grado de apelación deducido por ambos sujetos procesales cursantes de fs. 390 a 392 y 403 a 407 respectivamente, en cumplimiento del Auto Supremo Anulatorio N° 136 de 19 de marzo de 2015 de fs. 470 a 471 vta., la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 106/2015, confirmó la Sentencia Nº 130/2009, disponiendo que se pague a favor del actor la suma de Bs. 48.805,87.- (cuarenta y ocho mil ochocientos cinco 87/100 bolivianos), por concepto de indemnización, desahucio, aguinaldo, prima, vacación, bono de antigüedad y multa del 30%.

I.2 Motivos del recurso de casación

Que, el referido auto de vista, motivó a la sociedad minera demandada a interponer recurso de casación en el fondo de fs. 507 a 511, denunciando en síntesis:

Aplicación indebida de la ley, incorrecta apreciación de pruebas y errónea aplicación del principio de primacía de la realidad y de la normativa laboral, tributaria y civil, señalando que, la Sentencia Nº 130/2009 de 19 de diciembre, erróneamente declaró la existencia de un vínculo trabajador empleador, siendo confirmada por el auto de vista recurrido, en incorrecta aplicación del art. 2 de la Ley General del Trabajo (LGT) y lo determinado en el DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, al haber fundamentado en apelación que no corresponde declarar la existencia de un vínculo laboral entre el actor y Colquiri, puesto que el demandante tenía suscrito contratos de naturaleza civil de prestación de servicios, enmarcado en las disposiciones del art. 732 del Código Civil (CC), con el fin de que desempeñe actividades temporales y no del giro de la empresa, habiendo el actor, emitido las correspondientes facturas que cursan de fs. 131 a 178 de obrados.

Agrega que, el auto de vista recurrido, al confirmar la sentencia de primera instancia, realizó errónea aplicación del principio de primacía de la realidad, respecto al supuesto tiempo que hubiera trabajado el actor, puesto que los de instancia establecieron un tiempo de servicios de 7 años, 8 meses y 10 días, cuando en realidad el demandante nunca tuvo relación laboral alguna con la empresa, extremo demostrado en el periodo de prueba, conforme a los contratos de naturaleza civil, suscritos entre partes, Padrón de Contribuyentes, emisión de facturas, confesión judicial provocada y declaraciones testificales.

En este sentido sostuvo que, en el fallo de segunda instancia, no se realizó una correcta valoración de los contratos, demostrando que en los años 2004 a 2008, no existió vínculo laboral sino netamente civil, por lo que no puede el juzgador, a título del principio de primacía de la realidad, desconocer precisamente la realidad reflejada en los documentos presentados como prueba de un vínculo contractual civil.

Que, el auto de vista erróneamente confirmó como sueldo promedio indemnizable los tres últimos pagos, como si fuera el pago de un sueldo mensual, existiendo error de aplicación del art. 19 de la LGT y del principio de primacía de la realidad, al no valorar las facturas de los tres últimos meses de vigencia de los contratos que cursan de fs. 131 a 178; que tampoco valoró la confesión provocada de fs. 365 a 368, donde el actor señaló que subcontrató a terceras personas para poder cumplir sus obligaciones asumidas, situación que demuestra que los pagos no eran por sueldos o salarios.

Con respecto a la causal de desvinculación, el auto de vista confirmó la errónea aplicación del art. 13 de la LGT y el principio de primacía de la realidad, al no valorar los contratos que establecen un plazo de duración determinado para en cumplimiento del servicio, como dispone el art. 351 del CC; en el caso presente, se cumplió con el plazo establecido, extinguiendo cualquier relación contractual entre partes, no siendo aplicable el pago del desahucio al no haber vínculo laboral entre partes, como tampoco corresponde el pago de aguinaldo, primas, vacaciones, bono de antigüedad, y la multa del 30%, precisamente porque la relación que existió entre partes, fue de naturaleza netamente civil, al respecto citó jurisprudencia contenida en el A.S. Nº 2 de 27 de enero de 2012.

En este sentido sostuvo que, el auto de vista recurrido, de manera forzosa e incorrectamente, confirmó un vínculo laboral inexistente y demás conceptos, erróneamente establecidos en la sentencia de primera instancia.

Por otra parte señaló, falta de fundamentación, aduciendo que se presentó oportunamente el recurso de apelación, siendo parte los conceptos referentes al vínculo  trabajador empleador, tiempo de servicios, sueldo promedio indemnizable, causal de desvinculación laboral, pago de aguinaldo (doble), pago de vacaciones, primas, bono de antigüedad y multa del 30%, sin embargo, el auto de vista recurrido, no hace explicación  ni fundamentación válida, ni respalda con normas legales por qué confirmó este vínculo y el pago de los demás conceptos, cuando en realidad se probó la existencia de una relación civil.

Por tal razón denuncio como la violación del art. 236 del CPC, señalando al respecto jurisprudencia constitucional sobre la fundamentación de las resoluciones judiciales.

I.2.1 Petitorio

Concluyó solicitando se dicte resolución casando el auto de vista recurrido y se declare improbada la demanda, con costas.

I.3 Respuesta al recurso de casación

Por memorial de fs. 513 a 515, de obrados, el representante legal del actor, dio respuesta al memorial de recurso de casación, fundamentando el mismo y solicitando se remitan obrados al superior en grado, al estar acreditada la relación laboral y los beneficios sociales que le corresponde al trabajador.

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo.

En el caso objeto de análisis, la parte recurrente cuestiona el auto de vista emitido por el tribunal de segunda instancia, por haber confirmado la sentencia emitida por el juez a quo, donde se reconoce en parte a favor del actor los derechos y beneficios sociales demandados, fallo con el que no está de acuerdo, con el fundamento de que entre el actor y la Compañía Minera Colquiri S.A., no existió relación laboral con las características previstas por ley, sino que dicha relación fue de carácter estrictamente civil.

En ese contexto, a fin de determinar si una relación de trabajo tiene las características esenciales laborales, hay que tener en cuenta que todo trabajo es una prestación a favor de otro, por lo que siempre existe la realización de un acto, un servicio o ejecución de obra; la distinción radica en el modo de la relación existente entre quienes lo brindan y lo reciben, a tal fin corresponde observar el papel realizado por cada una de las partes, que ante las exigencias de las reglas impuestas por el empleador, es posible que se pretenda ocultar o encubrir la realidad bajo apariencias de una relación no laboral, por lo que a este fin la doctrina del derecho laboral destaca entre los varios componentes de la relación laboral, el elemento de la dependencia o subordinación, según el cual, quién recibe el trabajo tiene la facultad de dirigirlo e imponer sus reglas, tomando los frutos de ese trabajo, por lo que para determinar la relación se debe recurrir al principio de primacía de la realidad que privilegia los hechos frente a las formalidades y apariencias impuestas por el empleador, principio establecido en el artículo 4. d) del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

En este marco, conforme establece el art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, las características esenciales de la relación laboral son: a) La relación de dependencia y subordinación  del trabajador respecto del empleador, b) La prestación del trabajo por cuenta ajena y c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación, concordante con el art. 2 de la misma norma legal que establece que en las relaciones laborales en las que concurran aquellas características esenciales precedentemente citadas, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo.

Al respecto, de la revisión de la documentación adjuntada durante la tramitación del proceso, se evidencia que, entre el actor y la Compañía Minera Colquiri S.A. se suscribieron contratos, bajo el nomen de “Contrato de prestación de servicios de vigilancia y control”, en los cuales se establecieron una serie de condiciones, obligaciones, responsabilidades y prohibiciones, control y supervisión, impuestas al trabajador, las que debía asumir en el desempeño de sus funciones, hechos que demuestran categóricamente la relación de dependencia y subordinación, exclusividad, del actor con la institución demandada además, la existencia de salario o remuneración de acuerdo a lo previsto en el art. 39 del Reglamento de la Ley General del Trabajo, por cuanto dada la naturaleza del trabajo realizado, reúne todas las características exigidas por los arts. 1 del DS Nº 23570 y 2 del DS Nº 28699, razón por la que no puede considerarse como una relación de carácter civil o comercial como erradamente pretende hacer creer el representante legal de la compañía demandada, puesto que la prueba documental con la que la parte demandada pretende justificar que las funciones desempeñadas por el demandante emanaron de un contrato de prestación de servicios enmarcado dentro de la esfera civil-comercial, regulada por disposiciones civiles y no laborales, motivo por la que según el recurrente, no correspondería el pago de los beneficios sociales a favor del actor, no constituyen prueba idónea y contundente que desvirtúe tal afirmación, resultando insuficiente para enervar los fundamentos expuestos por el actor, porque para privar a los trabajadores de los derechos y beneficios sociales que la ley le reconoce, debe existir prueba suficiente que permita al juzgador formar un claro y amplio criterio sobre las causas por las cuales no correspondería reconocer a su favor lo que en derecho reclama; extremo que no aconteció en el presente caso, debiendo tenerse presente además que, de acuerdo al art. 5 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006 “cualquier forma de contrato, civil o comercial, que tienda a encubrir la relación laboral, no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente”, porque determinar en el caso presente que no existió relación de dependencia y subordinación, se estaría convalidando un fraude laboral porque se abriría la posibilidad de realizar contratos de carácter civil, con el objeto de encubrir una relación laboral con el fin de eludir el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, los cuales son irrenunciables de acuerdo a los arts. 48. III de la CPE y 4 de la LGT.

Ahora bien, en cuanto a que durante los periodos 21 abril 2001 al 31 de mayo de 2004, el actor habría sido dependiente o empleado de Susana Mamani Castro, Celia Choque, Martina Mancilla y las Empresas AVIP y SERPRISEC, y que si bien de fs. 53 a 54 de obrados, cursa el contrato de servicios entre la Compañía Minera Colquiri S.A., y Susana Mamani Castro,  pactado por  el tiempo de seis meses, que entró en vigencia a partir del 1 de mayo de 2001, conforme se evidencia en la Cláusula Quinta; sin embargo, a fs. 329 de obrados, cursa la nota de entrega de instalaciones de antena parabólica, que indica. “En fecha 21 de abril de 2001 se hace la recepción de las instalaciones de la antena parabólica ubicada en el cerro Beta Blanca del distrito Minero de Colquiri por parte de la Corporación Minera de Bolivia a la Compañía Minera Colquiri, al mismo tiempo se hace entrega al Señor Julio Marca Bautista operador de los equipos para su control y cuidado de los mismos…”, antecedentes que nos permite apreciar con verosimilitud que el actor, ya se encontraba trabajando bajo dependencia de la Compañía Minera Colquiri S.A., antes de la suscripción y vigencia del contrato con Susana Mamani Castro.

En cuanto a la emisión de facturas por parte del actor, este aspecto deviene precisamente de la firma de los contratos de trabajo, que se constituye en una obligación tributaria que nace como consecuencia de la relación laboral que, en ningún caso puede utilizarse como un elemento que desnaturalice los requisitos previsto en los arts. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993 y 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

Sobre la falta de fundamentación del auto de vista recurrido, este aspecto debió de ser reclamado en el recurso de casación en la forma y no en el recurso de casación en el fondo como erradamente pretende la parte demandada, motivo por el cual no se ingresa en mayores consideraciones sobre el tema.             

Estas guías de orientación llevan al convencimiento de que entre el actor y la institución demandada, existió relación de dependencia y subordinación, es decir, bajo el ámbito de la Ley General del Trabajo y no dentro de la esfera del derecho privado o civil, hecho por el cual corresponde reconocer a favor a su favor, los derechos y beneficios sociales concedidos por los juzgadores de instancia en sus fallos, quienes para arribar a la determinación asumida, valoraron de manera correcta la prueba adjuntada al proceso, conforme la faculta los arts. 3. j), 158 y 200 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

Bajo estas premisas, se concluye que el auto de vista objeto del recurso de casación, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación a norma legal alguna, correspondiendo resolver el mismo de acuerdo a los arts. 271. 2) y 273 del CPC, aplicables por la permisión del artículo 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 507 a 511, interpuesto por el representante legal de la Compañía Minera Colquiri S.A. Con costas.

Se regula el honorario de abogado, en la suma de Bs. 500.-, que mandará pagar el tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.