SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y                                                                         ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 300/2016.

Sucre, 9 de septiembre de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-LP.104/2016.

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo  de fs. 273 a 274 vta., interpuesto por Emigdio Bernal Solares, contra el Auto de Vista Nº 161/2015 de 03 de noviembre, cursante a fs. 271 y vta., emitido por la Sala Social y Administrativa, Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales seguido por Elena Mamani Mendoza contra el recurrente, la respuesta de fs. 276 a 277, el auto de fs. 278, que concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 62/2016-A de 19 de abril de fs. 284 y vta. que declaró admisible la casación; los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I:

I.1.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

I.1.1- SENTENCIA:

Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 20/2015 en fecha 15 de enero, cursante de fs. 252 a 257, declarando probada en parte la demanda de fs. 9 a 13, de obrados, debiendo en consecuencia el Sr. Emigdio Bernal Solares cancelar a favor de la demandante la suma de Bs. 15.664,72.- (quince mil seiscientos sesenta y cuatro 72/100 bolivianos), por beneficios sociales que serán actualizados en ejecución de sentencia conforme establece el Decreto Supremo (DS) Nº 28699.

I.1.2.- AUTO DE VISTA:

Que, en grado de apelación, promovida el demandado de fs. 259 a 260,  la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº 161/2015 de 3 de noviembre, cursante a fs. 271 y vta.,  confirmó la Sentencia Nº 20/2015 de fecha 15 de enero, con las formalidades de ley.


I.2.- MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Dicho fallo motivó el recurso de casación de fs. 273 a 274 vta., interpuesto por Emigdio Bernal Solares, en base a los fundamentos que se sintetizan a continuación:

1.- Denuncio error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, por en el transcurso del proceso demostró que no contrato a la demandante Elena Mamani Mendoza, pero este extremo no ha sido considerado ni tomado en cuenta por el tribunal ad quem, al emitir el auto de vista, como la valoración de las pruebas testificales presentadas, reclamando un justo análisis con referencia a la relación laboral  con la demandante, ante todo las reglas del correcto entendimiento humano, interfieren las reglas de la sana critica, regla de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez, una y otras contribuyen de igual manera a que el juzgador pueda analizar la prueba con arreglo a la razón y a un conocimiento experimental de los casos; del análisis se tiene que en el proceso no fue analizado, ni se realizó una correcta valoración y/o revisión de los antecedentes peor aún de los pruebas de descargos, por cuanto en lo que se refiere a la prueba testifical ofrecida.

2.- Denuncio que el tribunal ad quem, restó valor probatorio a las declaraciones testificales de descargo, desconociendo lo establecido en el art. 169 del Código Procesal del Trabajo (CPT), que textualmente dice: “hacen fe probatoria las declaraciones de dos o más testigos que concuerden en personas cosas, hecho, tiempo y lugares” por lo que se tenía que valorar las pruebas esenciales y decisivas, incurriendo en error de derecho por la falta en la valoración de los medios de prueba, ya que la prueba propuesta es admisible, debiendo apreciar considerando la credibilidad personal de los testigos, la circunstancias y la eficacia probatoria suficiente que de sus declaraciones sobre los hechos pueda resultar.     

I.2.1.- Petitorio

Concluyó solicitando al tribunal de apelación que concedan el recurso de casación en el fondo, ante el superior en grado con la respectiva remisión de obrados, sin precisar un petitorio claro y concreto sobre la pretensión con el recurso.

CONSIDERANDO II:

II. 1.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, así planteado el recurso, analizando su contenido en base a los antecedentes del proceso, se tiene lo siguiente:

Con relación al error de hecho y de derecho por la falta de apreciación de la prueba testifical, de los datos del proceso se evidencia que dicha acusación no es evidente, toda vez que era obligación del demandado aportar prueba para desvirtuar las aseveraciones de la demanda, porque de obrados se advierte que no acompaño ninguna prueba documental, ante esta situación se impone la aplicación del art. 150 del CPT, que estipula: “En esta materia corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente”. De donde que, el proceso social precautela los derechos del trabajador, donde puede acreditar las pruebas que creyere pertinente, siendo evidente que la carga de la prueba corresponde al empleador, vale decir, que el indicado artículo de manera clara y precisa siguiendo la línea protectiva del derecho social, estipula la obligación del empleador para desvirtuar los extremos demandados por la actora, que en la especie, no fue desvirtuada, en aplicación del inciso h) del art. 3 y 66 del CPT; por consiguiente, del análisis conjunto de las pruebas, el tribunal de alzada realizó la valoración y compulsa adecuada de las mismas.

Que, respecto al reclamo que el tribunal ad quem, restó valor probatorio a las declaraciones testificales de descargo, desconociendo lo establecido en el art. 169 de la norma citada, que textualmente dispone: “hacen fe probatoria las declaraciones de dos o más testigos que concuerden en personas cosas, hechos, tiempo y lugares”; sobre este punto, resulta irrelevante la acusación vertida, toda vez que, las declaraciones testifícales de descargo de fs. 61 a 68, no son suficientes para demostrar la inexistencia de la relación laboral como trabajadora del hogar; la misma no es relevante, a más que, conforme lo dispuesto por los arts. 3. j) y 158 del adjetivo citado, el juez al no encontrarse sujeto a la tarifa legal de la prueba, puede formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, tomando en cuenta para ello el conjunto de pruebas que cursan en el proceso, y que en el caso de autos, se advierte que el tribunal ad quem, luego de analizar las pruebas, estableció acertadamente que la decisión asumida por la juez, fue la correcta.

Que, en base a estos antecedentes, se llega a la convicción que la actora trabajo 4 años, 9 meses y 21 días, aspectos que no fue desvirtuado por el demandado con prueba plena como era su obligación, y la causal de retiro fue de forma intempestiva, sin que hubiese mediado causal alguna, conforme se acredita en la pre liquidación a fs. 2, el pago del desahucio como parte integrante del pago global concernientes a sus beneficios sociales, empero no de acuerdo al sueldo promedio indemnizable de los últimos tres meses, que le correspondería a la actora; razón por la cual, corresponde el pago de los derechos reclamados por la actora en su demanda, como acertadamente determinaron en sus fallos los tribunales de instancia, consignada en la sentencia de primera instancia y confirmado por el tribunal de apelación, de acuerdo a los previsto en los arts. 12 de la Ley General del Trabajo (LGT), art. 1 del DS Nº 110 de 1 de mayo de 2009, y arts. 7 y 17 de la Ley Nº 2450 de 9 de abril de 2003, (vigente durante la relación laboral), “de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar”, toda vez que los derechos reconocidos a favor de las trabajadores son irrenunciables e imprescriptibles, conforme determina el art. 48.III y IV de la Constitución Política del Estado (CPE), concordante con el art. 4 de la LGT.       

A lo señalado, conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los artículos 180. I de la CPE y 30. 11 de la Ley del Órgano Judicial, establecen como un principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.

En ese entendido se concluye, que el auto de vista recurrido se pronunció sobre los aspectos reclamados de manera acertada, en base a la prueba  idónea cursante en obrados, donde se acreditó la relación de la demandante con el empleador; en consecuencia el tribunal ad quem, emitió su resolución, conforme al art. 236 del Código de Procedimiento Civil, resolviendo el fondo de la causa en estricta sujeción a las disposiciones laborales en vigencia.

En virtud a lo expresado, se concluye que no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación, por lo que corresponde dar aplicación a la disposición contenida en los arts. 271 inc. 2) y  273 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la permisión de la norma remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional Boliviano, con la facultad conferida por los artículos 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 273 a 275. Con costas.

Se regula honorario profesional de abogado de la parte actora por  haber respondido el recurso de casación, en la suma de Bs. 500, que mandará hacer efectivo el tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.