SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 299/2016.

Sucre, 9 de septiembre de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-LP.175/2014.

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano. 

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 616 a 622 interpuesto por María Wilma Morales Espinoza contra el Auto de Vista Nº 03/2013 de 11 de enero, cursante de fs. 609 a 611, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso coactivo fiscal seguido por la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) contra la recurrente en forma solidaria con Hilarión Portillo Quiroga, el auto de fs. 664 que concedió el recurso, la Sentencia Constitucional Nº 0617/2015-S1 de fecha 15 de junio, cursante de fs. 728 a 755, los antecedentes del proceso, y;  

CONSIDERANDO I:

I. 1.Antecedentes del proceso

I.1.1 Sentencia

Que tramitado el proceso coactivo fiscal, la Juez Segundo de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 20/2012 de 23 de febrero de 2012, de fs. 564 a 575, declarando probada en la demanda de fs. 490 a 491  presentada por la COMIBOL, y dejando sin efecto la Nota de Cargo Nº 17/09 (siendo el correcto 19/09) girada contra María Wilma Morales Espinoza y levantó las medidas precautorias dispuestas por Auto Interlocutorio Nº 07/2009. Asimismo dispuso girar pliego de cargo contra el coactivado Hilarión Portillo Quiroga y en consecuencia mantener las medidas precautorias dispuestas en su contra.

  I.1.2 Auto de Vista

En grado de apelación interpuesta por la entidad coactivante de fs. 583 a 586, la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 03/13 de 11 de enero de 2013 cursante de fs. 609 a 611, revocando en parte la Sentencia Nº 20/2012 de 23 de febrero, disponiendo mantener firme y subsistente la Nota de Cargo Nº 19/09 en contra de María Wilma Morales Espinoza  así como las medidas precautorias dispuestas en su contra en el Auto Interlocutorio Nº 07/2009 de fecha 15 de enero de 2009, debiendo girarse en consecuencia, el correspondiente Pliego de Cargo en su contra, por el monto coactivado, quedando firmes y subsistentes los demás aspectos de la sentencia apelada, sin costas.

I.2 Motivos del recurso de casación

Dicho fallo motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por la coactivada María Wilma Morales Espinoza  de fs. 616 a 622, resuelto por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de justicia, mediante Auto Supremo Nº 175/2014 de 23 de julio, de fs. 676 a 681 vta., que declaró infundado el recurso.

La referida resolución fue objeto de amparo constitucional interpuesto por la  coactivada María Wilma Morales Espinoza, resuelto mediante Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0617/2015-S1 de 15 de junio, de fs. 728 a 755, que concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Supremo Nº 175/2014 de 23 de julio.

En cumplimiento a la Sentencia Constitucional se pasa a considerar los argumentos expuestos en el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 616 a 622, que en síntesis, señala lo siguiente:

En la forma

Acusó violación del art. 254 inc. 7 del Código de Procedimiento Civil (CPC), en el auto de vista por no efectuar la evolución fundamentada de la prueba, y que el mismo sustenta la ilegal revocatoria de la sentencia de primera instancia, sin considerar la prueba cursante en los anexos anillados adjuntos al expediente.

Que pese a que haber admitido que el Código de Procedimiento Civil permite un periodo de prueba que posibilita la evaluación de ésta en segunda instancia, el tribunal ad quem señala que su derecho habría precluido, sin tener en cuenta que conforme señala el art. 300 del CPC, esta puede ser propuesta indicando el lugar donde se encontrare, y que se demoro en su presentación al encontrarse la prueba en otro proceso, en consecuencia se debió evaluar la prueba que no solo trataba de los informes de auditoría sino también de otros documentos como la sesión ordinaria de directorio de la COMIBOL que aprobó la contratación de las comisiones.

Asimismo, aduce violación del debido proceso en su elemento de presentación de pruebas y el derecho de defensa previsto por el art.  115.I y II de la CPE, toda vez que las autoridades judiciales tienen el deber de velar por el ejercicio de los derechos que en materia probatoria conlleva la obligación de su valoración con la finalidad de la verdad  material y 0en cumplimiento de las garantías procesales establecidas en el art. 3, num. 11 de la Ley 003/2006 del Órgano Judicial.

Que en el auto de vista impugnado se desconoció de manera expresa las pruebas de fs. 1 a 562 en anexos, y en franca violación de las normas constitucionales, se revoca la sentencia, imponiéndole cargos en infracción del art. 192 num. 2) y art. 254. inc. 7 del C.P.C.

Acusó nulidad de obrados por violación de las normas y principios de pertinencia y motivación, toda vez que el auto de vista recurrido desestimó la prueba sin enumerarla ni fundamentar con claridad los motivos por los cuales revocó la sentencia, a demás de no realizar una correcta valoración de los informes de los confortantes de las comisiones, de los asesores técnicos y legales de la sesión ordinaria 26/2000, cuando esta información es relevante para el caso, provocando  indefensión en su contra, ya que las mismas deberían tener el carácter de prueba preconstituida.

Finalmente solicita se anule el Auto de Vista impugnado y se dicte una nueva resolución valorando toda la prueba producida.

En el fondo

Acusó que el auto de vista es incongruente cuando señala que las disposiciones del art. 33 de la Ley 1178 y el 63 del DS. 23381-A no se hubieran cumplido, sin considerar que lo que no se ha observado y se ha obviado es que la decisión de conformación de las comisiones no se haber realizado por su persona sino por el Directorio de la Corporación Minera en fecha 12 de agosto de 2000, y que si bien su persona fungía como gerente de la empresa Metalúrgica Vinto pidió que se evalúe ese trabajo no habiendo incurrido en ese aspecto el auto de vista en error de hecho y de derecho, ya que la prueba de fs. 1 a 562 demostró el pago observado por la entidad demandante y que los documentos entre ellos el acta de directorio de COMIBOL de fecha 10 de agosto de 2000, hace prueba plena conforme establece el art. 1296 del Código Civil (CC), sin embargo esta norma fue vulnerada.

Agrega que el auto de vista es incongruente, porque si bien considera la representación como preponderante para justificar el art. 33 de la Ley Nº 1178, no se realizó el análisis debido respecto al contenido de la Sesión Ordinaria 26/2000 incurriendo en una situación de injusticia contra la parte desfavorecida lesionado la garantía del debido proceso, puesto que no puede emitirse un fallo en el que no se consideren los puntos de hecho o pretensiones jurídicas de derecho expuestas por las partes; asimismo señala que el A.S. Nº 546 de 28 de octubre de 2010, estableció que para determinar la responsabilidad civil, es preciso demostrar la intencionalidad culpa o negligencia del coactivado en sus funciones, en el caso no recae culpa, negligencia o intencionalidad de ir contra los fondos públicos, al contrario se recuperaron para el Estado más de $us. 17.000,000, como se sostuvo en el plan presentado al Directorio de la COMIBOL.

Indica que el auto de vista incurrió en interpretación errónea y aplicación indebida del art. 31 inc. c) de la Ley Nº 1178 en la determinación de responsabilidad civil, ya que dicha norma señala que será civilmente responsable el superior que autorizó el uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado; que en el caso de autos  correspondía disponer la corresponsabilidad del Directorio de la COMIBOL, en las contrataciones de las comisiones y que la recurrente en su calidad de dependiente solo cumplió lo dispuesto por las autoridades superiores, surgiendo la autonomía de su caso para ser excluida.

Asimismo acuso interpretación errónea y aplicación indebida del art. 63 del DS 23318-A, toda vez que el auto de vista aplicó dicha norma de forma indebida, ya que su persona sólo viabilizó la ejecución de una decisión tomada por COMIBOL, siendo dicha entidad la encargada de determinar las estrategias en el ámbito de la minería y al encontrarse en liquidación, fue la Sesión Ordinaria Nº 26/2000 la que define que el Directorio sea los que conformen las comisiones con cargo a la Empresa Metalúrgica Vinto y que el trabajo fue desempeñado con resultados objetivos y ha sido beneficioso para la empresa, siendo atentatorio no valorar las auditorias presentadas bajo el argumento de que fueran impertinentes al objeto de la causa, cuando la regla de la auditoria es reflejar entre el debe y el haber, y en consecuencia se demostró que su persona procuro el mayor beneficio y resguardo de los bienes de la entidad, dentro de los riesgos propios de la operación y que incidido en el resultado final de la operación.

Que de igual forma acusa interpretación errónea y aplicación indebida del art. 77 inc. h) de la Ley 1178, por cuanto el hecho del que emerge la responsabilidad civil es la autorización de contrataciones  de comisiones que como fue demostrado no fue una disposición ordenada por ella ni hubo disposición arbitraria de los bienes del Estado, y por el contrario ha existido buenos beneficios para el Estado por el trabajo desarrollado en el desempeño de sus funciones y en cumplimiento del deber a lo dispuesto por el Directorio de la COMIBOL.

I.2.1 Petitorio

Concluyó solicitando que para el caso, que no se anulen obrados, en virtud de los fundamentos de casación en la forma, se case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se mantenga subsistente la sentencia de primera instancia.

CONSIDERANDO II:

II.1 Fundamentos jurídicos del fallo.

Que, así expuesto los fundamentos del recurso de casación, los antecedentes del proceso, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

Con carácter previo, de los datos del proceso, el recurso de casación y en cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0617/2015-S1 de 15 de junio, de fs. 728 a 755, que concedió la tutela solicitada, se tiene que señalar que este Supremo Tribunal, en aplicación del 17. I de la Ley del Órgano Judicial, debe observar el caso de nulidades el cumplimiento de su mandato, cuyo texto señala: “La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley.” Asimismo dicha disposición legal encuentra relación con el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, que dispone: “El juez o tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público.” A su vez, esta norma tiene concordancia con el artículo 90 del mismo cuerpo legal, que establece: I. Las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio, salvo autorización expresa de la ley. II. Las estipulaciones contrarias a lo dispuesto en este artículo serán nulas.”

Ahora bien, de la revisión del proceso y respecto a los informes de la Contraloría observados, se tiene que el presente proceso coactivo fiscal deviene del Dictamen de Responsabilidad Civil CGR/DCR-004/2008, el mismo que se constituye en documento base de la acción, asimismo de la revisión del mismo este fue realizado conforme los datos de los Informes Preliminares EX/EP22/DO7-R1 y Complementarios EX/EP22/DO7-C1; sin embargo, se evidencia que dichos informes fueron emitidos de manera similar con los primeros Informes anulados EO/EP134/FO3-C1 y EO/EP13/FO3-R1, por no estar acorde con las normas de auditorías gubernamentales aplicables al caso, donde el Controlador General de la República, fundamentando la Resolución CGR-212/2006 de 12 de octubre, expresó que; “…en resguardo de la institucionalidad y credibilidad de la Contraloría General de la Republica, se deja sin efecto los informes preliminares Nº EO/EP13/FO3-RI e informe complementario Nº EO/EP134/FO3-C1, así como el dictamen de Responsabilidad Civil CGR/DGR-004/2006 de fecha 3 de mayo de 2006”, y en la cláusula tercera dispone: “Se instruye a la Sub-Contraloría de Auditoria Externa la realización de una nueva auditoría especial de la empresa Subsidiaria Metalúrgica Vinto, en estricto cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental”, aspecto que pese a que fue ordenado no fue cumplido, y por el contrario al emitir otros informes similares, descalifica el Dictamen de Responsabilidad Civil CGR/DRC-004/2008 de 15 de julio y que no se puede dejar de lado, por ende la autoridad administrativa debió observar el mismo, y de esta manera emitir un Dictamen Fiscal conforme a derecho, por lo que al no haber sido así, se evidencia la vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa de la ahora recurrente, quien a la fecha se encuentra procesada en base a los informes similares que fueron declarados nulos. 

Así también, es preciso manifestar que con relación a la observación realizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional respecto de la citación al otro coactivado Hilarión Portillo Quiroga, el mismo que hubiese fallecido en fecha 28 de noviembre de 2008; sobre el particular este tribunal no puede emitir criterio alguno al no tener dentro de los actuados la documental que demuestre lo señalado ni haber sido motivo de controversia en el proceso, por lo que no amerita realizar mayor pronunciamiento al respecto. 

En conclusión, al evidenciarse vulneración de las normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio conforme instituye el art. 90 del Código de Procedimiento Civil, cuya inobservancia importa la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo.

Consiguientemente y en mérito a lo expuesto, corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en los arts. 252, 271. 3), 275 del CPC y 17 de la Ley del Órgano Judicial, aplicables al caso por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 1 del Procedimiento Coactivo Fiscal D.L. Nº 14933 de 29 de septiembre de 1977, elevado a rango de Ley por el art. 52 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO).

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en los artículos 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, ANULA obrados hasta los Informes Preliminares EX/EP22/D07-R1 y el complementario EX/EP22/D07-C1, en mérito a que se de cumplimiento a la Resolución CGR-212/2006 de 12 de octubre y se emita un nuevo Dictamen de Responsabilidad Civil, conforme los argumentos expuestos.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Por Secretaría de Sala, cúmplase con lo previsto en el art. 17. IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase