SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 287/2016.

Sucre, 1 de septiembre de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.419/2015.

Distrito: Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano. 

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en la fondo de fs. 117 a 122  vta., interpuesto por Evelin Castellon Veliz, en representación de la empresa V.S.B. Visual Security Bolivia, contra el Auto de Vista Nº 242/2014 de 29 de octubre de fs. 110 a 113 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso por beneficios sociales seguido por Aide Cabrera Rocha y Jhenny Larico Mamani, contra la empresa que representa la recurrente, el auto que concedió el recurso de a 125; los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I:

I.1.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

I.1.1- SENTENCIA:

Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido Tercero del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, emitió Sentencia el 12 de enero de 2012 de fs. 90 a 93, declarando probada en parte la demanda de fs. 11 a 14 vta., sin costas, disponiendo que la empresa demandada cancele a favor de las demandantes por los conceptos de sueldo, indemnización, desahucio, salarios domingos y feriados, para Aide Cabrera Rocha la suma de Bs. 10.083.33.- (Diez mil ochenta y tres 33/100 bolivianos) y Jhenny Larico Mamani la suma de Bs. 3.350.- (Tres mil trescientos cincuenta 00/100 bolivianos), conforme a la liquidación de la sentencia.

I.1.2.- AUTO DE VISTA:

En grado de apelación de fs. 96 a 97, planteada por el representante de la empresa demandada, por Auto de Vista Nº 242/2014 de fs. 110 a 113 vta., la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, confirmó la Sentencia de fs. 90 a 93, con costas en ambas instancias.

I.2.- MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Dicho fallo motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 117 a 122 vta., interpuesto por Evelin Castellon Veliz, en representación de la empresa V.S.B. Visual Security Bolivia, acusando en síntesis lo siguiente:

I.2.1. RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA.-

Denuncia  que, se han violado las formas esenciales del proceso ya que existe pérdida de competencia como prevé el art. 254. 6 del Código de Procedimiento Civil (CPC), debido a una serie de incongruencias observadas, es así que a fs. 105, cursa el decreto de 17 de octubre de 2014, mediante el cual dispuso “Autos para resolución” y a fs. 105 vta., tres días después cursa sello impuesto por la secretaria de cámara, que evidencia que el proceso ha sido sorteado el 20 de octubre de 2014; a fs. 108 cursa memorial de apersonamiento y acompañamiento de prueba de reciente obtención, a fs. 108 vta. cursan dos sellos el primero corresponde a la presentación del memorial de 24 de noviembre de 2014 a la PAUE, y el segundo se refiere a la nota de entrega de dicho memorial de fecha 25 de noviembre de 2014; así también hace notar que a fs. 109 cursa decreto de 26 de noviembre de 2014 y a fs. 110 a 113 cursa el auto de vista recurrido; por lo que indica que es humanamente imposible que el tribunal ad quem, hubiese emitido la resolución impugnada.

Asimismo, continua señalando que el auto de vista recurrido fue pronunciado después de nueve días que fue sorteado y registrado el mismo día, sin embargo por diligencia de fs. 114 se demuestra que fueron notificados el 30 de septiembre de 2015, es decir después de once meses y un día, lo que demostraría la falsedad de la fecha de emisión del auto de vista, habiéndose violado las formas esenciales del proceso debido a que se dictó la resolución con absoluta perdida de competencia. Por otro lado menciona que se ha violado el art. 236 del CPC, ya que el auto de vista debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubiesen sido objeto de la apelación y que el tribunal de alzada debió pronunciarse con relación al hecho de que el a quo basó su determinación del supuesto retiro intempestivo de las actoras en las presunciones previstas en los incs. c) y d) del art. 182 del Código Procesal del Trabajo (CPT), pero que la autoridad no consideró que en la demanda que la actora Jhenny Larico Mamani, indicó que fue despedida en fecha 6 de mayo de 2011, sin embargo la actora estuvo trabajando hasta el 10 de mayo de 2011; tal como se evidencia en la denuncia ante la jefatura del trabajo de fs. 35 y vta, y tampoco valoro la prueba ofrecida a fs. 33 por lo que seria procedente el recurso de casación en la forma.

I.2.2 RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO.-

Que, el auto de vista recurrido es carente de fundamentación y motivación, lo que infringe la “ratio desidendi” de la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) N° 0682/2014 de 10 de abril; además reclama que no le ha dado el valor legal a todas las pruebas aportadas por el recurrente, porque de fs. 151 a 159 cursa la copia del libro de asistencia, demuestra que Jhenny Larico Mamani se encontraba trabajando hasta el 10 de mayo del 2011, al respecto expresa que el auto de vista contiene violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley.

Que, en cuanto a la actora Ayde Cabrera Rocha, se tiene que el a quo como el ad quem, establecieron que no existe prueba alguna que acredite que este haya incumplido la cláusula sexta del contrato que cursa de fs. 9 a 10 de obrados, sin embargo en la mencionada cláusula se establecieron las obligaciones de la demandante, entre ellas la de realizar cualquier comunicación en forma escrita pero no lo hizo, asimismo indica que existió un caso de hurto que fue descubierto por sus cámaras y que no fue comunicado, sin embargo no se le dio el valor legal a las pruebas aportadas y, en esta parte el auto de vista contiene también violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley.

Que, en el punto 2) del segundo considerando del auto de vista cuestionado, el tribunal de alzada ha confirmado la determinación del a quo, con relación al pago de salarios de los días domingos y feriados, con el argumento que no se acompañó ninguna prueba que demuestre que las actoras no trabajaron los días mencionados, pero señala contradictoriamente que a fs. 32 el recurrente habría acompañado dos fotocopias simples presentadas a partir del 17 de abril del 2011, cuando ya no existe un domingo en dicho mes para verificar si trabajaron esos días, presentando la asistencia del mes de mayo a partir del día 3 de mayo de 2011, cuando las actoras prestaron servicios hasta el 6 de mayo de 2011, ignorando deliberadamente que Jhenny Larico Mamani se encontraba trabajando hasta el 10 de mayo de 2011; asimismo menciona que de fs. 7 a 10 cursan los contratos escritos como prueba de cargo, suscritos entre las actoras y la empresa, indicando en síntesis que no se habría cumplido con la cláusula tercera del contrato.

Que, el tribunal de alzada no consideró la excepción prevista en el segundo párrafo del art. 42 de la Ley General del Trabajo (LGT), que en su parte pertinente dispone “se exceptúa de la disposición precedente, el caso de las empresas en que no puedan suspenderse el trabajo por razones de interés público o por la naturaleza misma de la labor. En este caso, los trabajadores tendrán descanso de dos horas a la mitad del feriado”, esto con relación al trabajo realizado en días feriados.

Que, el recurrente hace notar que las empresas de seguridad prestan servicios los 7 días de la semana y las 24 horas del día, constando en la prueba de fs. 32 y 33.

Que, se presento prueba de reciente obtención y conocimiento cursante de fs. 106 a 107 de obrados, donde consta la declaración espontánea de Aide Cabrera Rocha en otro proceso y en ese indica que ella se retiró de la empresa, pero que por comentarios de trabajadores de la aduana se enteró que ganaban bien, sin embargo esto no fue valorado por el tribunal de apelación generando un perjuicio para la empresa.

I.2.3.- Petitorio

Culminó solicitando que previos los tramites procedimentales este Tribunal resuelva el recurso de casación en la forma anulando obrados por perdida de competencia del ad quem, o en su caso al tratar el recurso de casación en el fondo case el auto de vista revocándolo de acuerdo a sus argumentos.

CONSIDERANDO II:

II. 1.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, así planteado el recurso, se establece lo siguiente:

Con relación al recurso de casación en la forma:

Respecto a la alegación de nulidad del auto de vista por haber sido pronunciado con pérdida de competencia, revisados los antecedentes procesales, se evidencia que cursa en obrados el decreto de autos para resolución a fs. 105 de fecha 17 de octubre de 2014, firmada por el Vocal y el Secretario de la Sala pertinente, con las debidas notificaciones, sorteándose el expediente el 20 de octubre de 2014 como sale a fs. 105 vta., y por último que el auto de vista fue emitido en fecha 29 de octubre de 2014.

Como se puede advertir, desde el sorteo hasta la emisión del auto de vista transcurrieron 9 días después de haber ingresado el expediente a despacho; o sea, dentro del término establecido en el art. 79 del CPT, que dispone que el auto de vista será dictado en el plazo máximo de 10 días, aspectos que desvirtúan lo aseverado por el recurrente, por lo que no existe causal de nulidad; extrañándose sin embargo la excesiva demora en la notificación de dicha resolución.

Que, en base a las consideraciones arriba expuestas corresponde dejar claramente establecido que al tenor del art. 251 concordante con el art. 254 ambos del CPC y conforme a la uniforme jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, se tiene que a efectos de la aplicación del instituto de la nulidad, convergen varios principios, entre ellos, el principio de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, es decir "no hay nulidad sin perjuicio"; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fueron observadas en tiempo oportuno, precluyendo su derecho, además que la obligación de concurrir a los tribunales corresponde a ambas partes y, finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante; y hasta este momento procesal no se observa la indefensión de ninguna de las partes; menos aun cuando se refiere a la vulneración del art. 236 del CPC, ya que de la revisión del auto de vista impugnado el mismo ha resuelto cada uno de los puntos apelados motivo por el cual, no resultan evidentes las alegaciones en la forma acusadas por la parte recurrente.

       Respecto al recurso de casación en el fondo.-

La empresa recurrente de casación, como agravio de fondo manifiesta, que el auto de vista es carente de fundamentación y motivación; y que el tribunal ad quem no valoró las pruebas de descargo aportadas como ser los contratos de las demandantes, los mismos que fueron incumplidos y que las trabajadoras no fueron despedidas.

Ahora bien, con referencia a la falta de fundamentación y motivación, se debe tener presente que el Estado garantiza dentro la tramitación del proceso el principio fundamental del debido proceso inserto dentro del art. 115 de la CPE, cual es una obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan las normas legales aplicables, y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas.

La SC 1301/2010-R de 13 de septiembre, ha establecido: “Sobre el derecho fundamental a una resolución judicial motivada, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterada y uniforme en señalar que las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones. Asimismo, ha subrayado que dicha exigencia, se torna aún más relevante cuando el juez o tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores; con mayor razón si un juez o tribunal, a través de sus decisiones judiciales resuelve un problema jurídico donde ha tenido que ingresar a realizar la interpretación de la ley.”

En ese entendido de la revisión al auto vista impugnado, se advierte que el tribunal de apelación a tiempo de emitir el fallo de segunda instancia, ha resuelto el mismo con la debida fundamentación y motivación, circunscribiéndose el mismo a resolver los agravios expuestos en el recurso de apelación cursante a fs. 96 a 97 de obrados, conforme lo previsto en el art. 236 del CPC, por lo que no es evidente lo acusado sobre este punto.

Con referencia a los contratos incumplidos por las actoras y que de acuerdo a la prueba presentada estas no fueron despedidas sino que se retiraron voluntariamente; sobre este punto es menester señalar que el derecho laboral es una rama especial, en la cual en todo juicio incoado por el trabajador la carga de la prueba le corresponde al empleador, conforme lo previsto en los arts. 66 y 150 del CPT, lo que no ocurrió en el caso de autos, limitándose el recurrente a señalar que no le corresponde a las actoras el pago demandado por haber incumplido el contrato de trabajo; sin embargo, no cursa en obrados prueba alguna que demuestre lo afirmado y que enerven en derecho las pretensiones de las demandantes.

Así también, es preciso señalar que el trabajo constituye la base del orden social y económico de la nación, es un derecho que se encuentra consagrado y protegido por los arts. 46 y 48. II. III de la Constitución Política del Estado (CPE), prohibiendo además el art. 49.III de la referida constitución, el despido injustificado y toda forma de acoso laboral, habiéndose emitido en ese marco varias normas que tienden a proteger la estabilidad laboral, entre ellas el Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, cuyo art. 11, protege y reconoce la estabilidad laboral de todos los trabajadores asalariados, claro está cuando estos no incurran en las prohibiciones previstas por ley que den lugar a su despido con justa causa, parámetros protectivos que en el caso no pueden ser desconocidos, en consecuencia no se evidencia la vulneración acusada.

Con relación a que el tribunal ad quem hubiese determinado incorrectamente confirmar el pago de salarios de los días domingos y feriados, con el argumento que no se acompañó ninguna prueba que demuestre que las actoras trabajaron esos días; al respecto cabe mencionar que conforme se manifiesta en el auto de vista impugnado y de los antecedentes del proceso se tiene que evidentemente la empresa demandada no desvirtuó la pretensión de las actoras, limitándose a presentar fotocopias del cuaderno de asistencia de sus trabajadores a partir de la fecha 17 de abril del 2011, por lo que no cumplió con lo establecido en el art. 150 del CPT, que estipula: “En esta materia corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente”. De donde se infiere a todas luces que por ser el proceso social una instancia para precautelar los derechos del trabajador, éste puede acreditar las pruebas que creyere pertinente, siendo evidente que la carga de la prueba corresponde al empleador. Vale decir que el indicado artículo del Código Procesal del Trabajo, de manera clara y precisa siguiendo la línea protectiva del derecho social, estipula la obligación del empleador para desvirtuar los extremos demandados por la actora. En la especie, fue demostrada la relación de dependencia y subordinación de la trabajadora, en aplicación del inciso h) del art. 3 y de los arts. 66 y 150, todos ellos del Código Adjetivo Laboral, sobre la base del principio de inversión de la carga de la prueba; es decir, que el empleador se encuentra obligado a desvirtuar las afirmaciones o pruebas presentadas por la demandante, bajo alternativa de presunción de certidumbre, como dispone la parte in fine del art. 160 del mismo Cuerpo Legal; como consecuencia de lo descrito, se concluye que el tribunal de alzada hizo una valoración y compulsa adecuada de los actuados.

Que, respecto a que el tribunal ad quem no consideró el segundo párrafo del art. 42 de la LGT; que las empresas de seguridad prestan servicios los 7 días de la semana y las 24 horas del día, así como no hubiese valorado la prueba de reciente obtención de fs. 106 a 107; sobre el particular el recurrente no explica en términos claros, concretos y precisos de que manera se incurrió violación falsedad o error, y simplemente hace una mención superficial de estos aspectos; asimismo con relación a la prueba de reciente obtención la misma fue ofrecida en segunda instancia y presentada cuando el expediente se encontraba sorteado, en ese entendido es correcto que no haya merecido valoración alguna, toda vez que no fue puesta a consideración dentro de tiempo hábil, en ese contexto la vulneración acusada deviene en infundada y no amerita mayor pronunciamiento al respecto, correspondiendo reconocer a favor de las trabajadoras, los derechos y beneficios sociales concedidos por los juzgadores de instancia en sus fallos, quienes para arribar a la determinación asumida, valoraron de manera correcta la prueba adjuntada al proceso, conforme la faculta los arts. 3. j), 158 y 200 del CPT.

Bajo estas premisas, se concluye que el auto de vista objeto del recurso de casación, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación a norma legal alguna, correspondiendo resolver el mismo de acuerdo a los arts. 271. 2) y 273 del CPC, aplicables por la permisión del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42 parágrafo I numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 117 a 122 vta., interpuesto por Evelin Castellon Veliz, en representación de la empresa V.S.B. Visual Security Bolivia, con costas.

No se regula el honorario profesional del abogado, por no haber contestado el recurso de casación.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.