SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 286/2016. 

Sucre, 1 de septiembre de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-PDO.417/2015.

Distrito: Pando.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación y/o nulidad de fs. 115 a 118 vta., interpuesto por Gunar David Zeballos Buezo y Miguel Ángel Vaca Vásquez, apoderados del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, contra el Auto de Vista N° 146/15 de 21 de octubre de 2015 de fs. 112 a 113, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña Niño y Adolescente del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso laboral seguido por Juan José Mamani Zarate, contra la institución demandada, la respuesta a fs. 121, el auto a fs. 122 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso; y

CONSIDERANDO: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad de la ciudad de Cobija-Pando, emitió la Sentencia N° 119 015 de 24 de julio de 2015 de fs. 95 a 97 vta., declarando probada en parte la demanda a fs. 27, improbada la excepción de pago documentado, sin costas, disponiendo que la institución demandada cancele a favor del actor, la suma de Bs. 18.815 (dieciocho mil ochocientos quince 00/100 bolivianos).-, por concepto subsidio de frontera.

En grado de apelación deducida por la parte demandada de fs.101 a 102, por Auto de Vista N° 146/15, la sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, del Tribunal Departamental de Justicia de Cobija-Pando, confirmó totalmente la Sentencia N° 119 015, sin costas.

Este fallo motivó el recurso de casación y o nulidad de fs. 115 a 118 vta, interpuesto por Gunar David Zeballos Buezo y Miguel Ángel Vaca Vásquez, apoderados del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, manifestando en síntesis:

En el fondo, que el tribunal de alzada incurrió en una errónea, apartada y contradictoria interpretación de las leyes, citando los arts. 6 del Estatuto del Funcionario Público, 60 del DS N° 26115 de 16 de marzo de 2001.

Respecto al subsidio de frontera, sostuvo que no le corresponde porque el actor, fue contratado mediante contratos administrativos de acuerdo al art. 6 citado ut supra, los cuales se encuentran en el cuaderno de control jurisdiccional, dejando establecido en sus cláusulas el ámbito de aplicación, ahora el actor pretende realizar un cobro indebido, conociendo los términos del contrato que suscribió.

En este sentido citó lo previsto en los arts. 5. II del DS N° 27375 de 17 de febrero de 2004, aduciendo que no correspondía el pago del subsidio de frontera de las gestiones exigidas por el demandante, por la naturaleza del contrato de prestación de servicios, conforme el art. 6 de la Ley N° 2027, también señaló lo estatuido en el art. 519 del CC, en ese entendido, el demandante reclama el pago del subsidio de frontera cuando no estaba estipulado dentro de los contratos que firmó.

En ese sentido, el Gobierno Autónomo Departamental de Pando, estando bajo la Ley N° 331 y en vigencia de su Estatuto Fundamental del que transcribe su art. 1, aduciendo que dicha institución teniendo el principio de autodeterminación, realiza sus contrataciones de personal eventual.

Por tal motivo, acusó que, el tribunal de alzada en el auto de vista recurrido, interpretó erróneamente los alcances del art. 5. II del DS N° 273 5 de 17 de febrero de 2004, al señalar que los contratos suscritos son para el desempeño de funciones administrativas, señalando que no se cumplió con la condición básica que impone el art. 12 del DS N° 21137, puesto que no correspondía el pago del bono de frontera.

Acusó la violación al art. 197 del CPC, aduciendo que todas las sentencias dictadas contra el Estado, necesariamente deben ser consultadas al superior en grado, así dar cumplimiento obligatorio de las normas jurídicas como indican los arts. 90 y 91 del citado código.

Acusó falta de fundamentación y motivación del auto de vista recurrido, citando al respecto lo previsto en los arts. 256, 115. II, 117 y 180 de la CPE, refiriéndose al principio del debido proceso y al derecho a la debida motivación y fundamentación de las sentencias, señalando sobre el tema lo estatuido en los arts. 14 de PIDP y 8 de la CADH, manifestando jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana sobre el contenido del art. 8. I citado, relacionado con el deber de motivación como garantía del debido proceso previsto en los arts. 115 y 117 de la CPE, establecida también en las SSCC Nos. 112/2010-R de 10 de mayo, 1471/2012 de 24 de septiembre y 487/2014 de 25 de febrero.

Concluyó solicitando que, el Tribunal Supremo de Justicia, case el auto de vista recurrido, con costas.

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso de casación, ingresando a su análisis en relación a los datos del proceso se establece lo siguiente:

Al respecto, revisado el contenido textual del recurso, se advierte que el mismo contiene aspectos de forma y de fondo, sin embargo en su petitorio solicita se case el auto de vista recurrido, además que no lo hace de forma separada, advirtiéndose falta de pericia en su planteamiento, no obstante de ello, al existir hechos controvertidos que deben ser dilucidas, se ingresa a su análisis.

En cuanto a los aspectos de forma, sobre la falta de fundamentación y motivación del auto de vista recurrido, cabe manifestar que revisado el recurso de apelación interpuesto por parte de la institución demandada, se advierte que el único agravio que trae a colación al relacionado al subsidio de frontera, extremo que fue resuelto en el fallo de segunda instancia, conforme lo estatuido en el art. 236 Código de Procedimiento Civil (CPC), no siendo evidente lo acusado sobre este tema, denotándose que lo denunciado sobre este punto, resulta ser solo el reflejo de la disconformidad de la parte recurrente.

Por otra parte, en cuanto a la violación del art. 197 CPC, que establece que todas las sentencias dictadas contra el Estado o entidades públicas en general, serán consultadas de oficio ante el superior en grado sin perjuicio de la apelación que pudiera interponerse, cabe manifestar que este aspecto carece de trascendencia, toda vez que no fue reclamado oportunamente ante los jueces de instancia, sino recién en casación, activándose el principio de preclusión previsto en los arts. 3. h) y 57 del Código Procesal del Trabajo (CPT), porque el trámite del proceso consiste en el desarrollo de las diversas etapas en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, el juez impedirá el regreso a momentos procesales ya extinguidos o consumados, rechazando de oficio toda petición por pérdida de la oportunidad conferida por ley para la realización de un acto procesal, sin necesidad de solicitar informe previo al Secretario ni otro trámite; por su parte el art. 258. 3) prevé: “En el recurso de nulidad no será permitido presentar nuevos documentos ni alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieran reclamado en los tribunales inferiores, salvo los casos que interesaren al orden público para los efectos del artículo 252”. Concluyéndose que las partes no pueden reservar la discusión de este aspecto de acuerdo a las resultas del proceso. En todo caso este hecho de ninguna manera constituye agravio, porque de todas formas la sentencia dictada en primera instancia fue puesta en conocimiento del superior en grado como consecuencia del recurso de apelación de fs. 101 a 102 de obrados, interpuesto por los representantes del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, no siendo por tanto evidente lo expuesto sobre este punto en el recurso de casación.

En cuanto al recurso de casación en el fondo, donde la parte recurrente cuestiona el fallo del tribunal de segunda instancia, por haber confirmado la Sentencia N° 119 015, en la que se reconoció a favor del actor el subsidio de frontera, que según la parte recurrente no le correspondería, por el hecho de que sostuvo que no le corresponde porque el actor, fue contratado mediante contratos administrativos de acuerdo al art. 6 del Estatuto del Funcionario Público Ley N° 2027 de 27 de octubre de 1999.

Sobre el tema, como se podrá advertir, la entidad demandada pretende desconocer este derecho por las razones expuesta ut supra, sin embargo, el subsidio de frontera se encuentra regulado por el art. 58 del Decreto Supremo (DS) N° 21060, como un derecho adicional para los trabajadores del sector público y privado que presten servicios en las fronteras del país, por su parte el art. 12 del (DS) N° 21137 de 30 de noviembre de 1985 al respecto señala: “Se sustituye los bonos de frontera, zona o región con un (subsidio de frontera), cuyo monto será el veinte por ciento (20%) del salario mensual. Se beneficiarán con este subsidio, solamente los funcionarios y trabajadores del Sector Público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros linéales de las fronteras internacionales. Esta disposición regirá también para las empresas privadas”.

Nótese que, para beneficiarse del subsidio de frontera, el único requisito o condición es que los trabajadores presten sus servicios dentro de un área comprendida dentro de cincuenta (50) kilómetros lineales con las fronteras internacionales, sin hacer mención o distinción sobre la naturaleza de los trabajos a realizarse o los tipos de contratos que puedan suscribirse, es decir, si son eventuales, indefinidos, a plazo fijo u otros.

En este entendido, al haberse evidenciado que el actor trabajó como funcionario dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Cobija-Pando, ciudad fronteriza con la República Federativa del Brasil, que se encuentra dentro de los 50 kilómetros previsto en el art. 12 del DS N° 21137 de 30 de noviembre de 1985, por este motivo, al ser los derechos irrenunciables e imprescriptibles conforme determinan los arts. 48. III y IV de la Constitución Política del Estado y 4 de la Ley General del Trabajo, corresponde reconocer a favor del demandante, el subsidio de frontera, concedido en sentencia y ratificado en el auto de vista recurrido, quienes para arribar a la conclusión asumida, valoraron de forma correcta la prueba adjuntada durante la tramitación de la causa, conforme facultan los arts. 3. j) ,158 y 200 del CPT.

Este Tribunal en casos similares, falló de la misma manera en los Autos Supremos N°. 244 de 22 de abril de 2015, AS N° 309 de 13 de mayo 2015 y AS N° 60 de 24 de febrero de 2014, entre otros.

Consiguientemente y en mérito a lo expuesto, no siendo evidente las infracciones acusadas en el recurso, corresponde resolverlo de acuerdo a lo establecido en los arts. 271. 2) y 273 del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación y/o nulidad de fs. 115 a 118 vta, interpuesto por los representantes legales del Gobierno Autónomo Departamental de Cobija-Pando. Sin costas, en aplicación del artículo 39 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del Decreto Supremo N° 23215 de 22 de julio de 1992

Regístrese, notifíquese y devuélvase.