SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 278/2016.

Sucre, 29 de agosto de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.416/2015.

Distrito: Santa Cruz de la Sierra.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 149 a 153 vta., interpuesto por Pedro Pablo Hinojosa Flores en su condición de representante legal de la Empresa BOLIVIAN OIL SERVICES LTDA (BOLSER LTDA), contra el Auto de Vista Nº 142 de 23 de abril de 2015, cursante de fs. 145 a 146, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral por cobro de beneficios sociales, seguido por Selva Saucedo de Fernández en representación de Gaby Patricia Rivera Prado contra la empresa recurrente, el memorial de respuesta de fs. 155 a 158, el Auto a fs. 161 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y

       CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso social, la Juez Cuarto de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 59 de 25 de septiembre de 2013 de fs. 78 a 80, declarando probada en todas sus partes la demanda, con costas, disponiendo que la empresa demandada BOLSER LTDA, a través de su representante Pedro Pablo Hinojosa Flores, pague en favor de la actora la suma de Bs.130.603,2 (ciento treinta mil seiscientos tres 2/100 bolivianos), por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo, vacación, sueldo pendiente, más la multa del 30%.

       En grado de apelación formulada por la empresa demandada a través de su representante legal de fs. 128 a 129, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 142, confirmó la Sentencia apelada. Con costas.

       Dicho fallo motivó el recurso de casación o nulidad interpuesto de fs. 149 a 153 vta., el representante legal de la empresa recurrente, manifestando en síntesis:

Refiere que la nueva normativa civil en consonancia con la doctrina contemporánea sobre recursos de apelación de sentencias o autos definitivos, constituye el único medio para impugnar, enseñando que la autoridad a cuyo conocimiento es sometida una causa, er la que se denuncia preceptos laborales con el propósito de lograr su revisión, puesto que las sentencias o autos definitivos deberán ser fundamentados expresando los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba; fundamentación que no podrá ser reemplazada por simple relación de los documentos de las partes, debiendo circunscribir sus actos a la resolución de los puntos que constituyen el fundamento del recurso.

Aduce que actuar de forma contraria implica la vulneración de las normas del debido proceso, en sus componentes del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, mediante fallos de segunda opinión que resuelva la pretensión de los afectados con la resolución.

Expresa que, al amparo de los arts. 250, 252, 254.4, 255.5 del Código de Procedimiento Civil (CPC), formula recurso de casación en la forma contra el auto de vista impugnado, bajo los siguientes fundamentos:

Que, el ad quem habría vulnerado lo previsto en el art. 236 en relación al art. 227 del CPC, resultando el auto de vista minus petita al no haberse pronunciado sobre todos los agravios expuestos en la apelación contra la sentencia; apelación en la que señala que expuso que no fue notificado legalmente con la demanda en su domicilio real conforme al art. 12 del CPC; por otra parte, infiere que el a quo dispuso que pague en tercero día la suma de Bs. 130.603,02, sin convalidar las nulidades procesales en cuanto a la citación con la demanda, el mismo que constituye el pre aviso al trabajador contemplado en el art. 12 de la Ley General del Trabajo (LGT); asimismo, expresa que no corresponde el pago de primas por cuanto fue la actora quien reconoció el estado de ¡liquidez de la empresa demandada.

Refiere que, la empresa BOLSER no se pronunció respecto a la citación que debía corresponder conforme al art. 128 del Código Procedimiento Civil de 1975 (CPC de 1975), determinando que el auto de vista es carente de motivación fáctica porque no le asigna ningún valor probatorio y tampoco expuso las normas que sustentan su decisión. Menciona los Autos Supremos (AASS) Nos. 104 de 28 de mayo de 1984 y el 71 de 25 de marzo de 1983.

Expresa que la sentencia adolece de nulidades procesales; toda vez que, se violó los arts. 123 del CPT, el debido proceso, dejándole en indefensión; toda vez que, el informe del oficial de diligencias cursante a fs. 19 no establece quien recibió el supuesto aviso judicial ocasionando daño económico a la empresa.

Enfatiza en los arts. 120, 128 del CPC y 1286 del Código Civil (CC), y manifiesta que era deber del tribunal de alzada exponer las razones de su decisión para interponer recurso de casación de conformidad al art. 253.3 del CPC y al haber omitido este requisito esencial incurre en nulidad expresa por falta de motivación, constituyéndose el auto de vista en minus petita e incurriendo en la causal de casación prevista por el art. 254.4 del CPC. Expone como agravio la falta de citación en su domicilio real.

Plantea Casación en el fondo: refiriendo que, interpone recurso de casación bajo los siguientes fundamentos:

Que, el ad quem incurrió en error de hecho respecto a la valoración de la prueba, eludiendo analizar el contenido de la prueba presentada, como establece el art. 253.3 del CPC, que debe ser enmendado por el tribunal de casación.

Que, la formalidad de las notificaciones asegura el cumplimiento de los deberes procesales de las partes y realicen seguimiento de sus casos y cita el Auto Supremo (AS) N° 0276/2006-R., atentándose de este modo a su derecho a la defensa, el debido proceso, situación ésta que acarrea la nulidad prevista en los arts. 115, 117.1, 119.1 y 410.11 de la Constitución Política del Estado (CPE) y menciona que se incurre en causal de casación prevista en el art. 254.7 del CPC.

Concluye, señalando que recurre de nulidad contra el auto de vista y casación en el fondo conforme al art. 253.1 y 2 del CPC, solicitando se admita el recurso y se remita el expediente ante el Tribunal Supremo de Justicia; sin precisar un petitorio claro y concreto.

CONSIDERANDO II: Que, del examen del recurso de casación en la forma y en el fondo, contra el auto de vista recurrido, los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se tiene lo siguiente:

1).-En referencia al recurso de casación en la forma, de la revisión de antecedentes procesales, se evidencia que la principal controversia en el caso presente, radica si existió: violación a las formas esenciales del proceso por el auto de vista recurrido, que en criterio del recurrente se habría dictado sin pronunciarse sobre la pretensión denunciada y reclamada oportunamente sobre la falta de notificación con la demanda.

Al respecto la ley exige una estricta correspondencia entre el contenido de la sentencia, auto de vista, Auto Supremo y las pretensiones deducidas por las partes en la demanda, apelación y casación. Ahora bien, el principio de congruencia, que encierra además los elementos: sujeto, objeto y causa, esta figura se concreta cuando se confiere u otorga más de lo pedido 'plus o ultra petita'; cuando se otorga algo distinto a lo pretendido 'extra petita' o, finalmente, cuando se omite o deja de resolver algo de lo pedido 'citra petita', por cuanto la armonía cualitativa de una sentencia está referida precisamente a esa congruencia. Resulta 'citra petita' v 'extra petita. una sentencia cuando se ha dejado de resolver una pretensión o se la ha sustituido con otra no demandada, afectándose seriamente la 'causa petendi'."

Desde la perspectiva constitucional, la incongruencia por exceso adquiere relevancia constitucional cuando constituye lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, se requiere que la desviación o desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder más de lo pedido ultra petítum o algo distinto de lo pedido extra petítum, suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño a las respectivas pretensiones de las partes, de forma que la decisión judicial se haya pronunciado sobre temas o materias no debatidas oportunamente en el proceso del cual las partes no tuvieron la oportunidad de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa, formulando o exponiendo las alegaciones que tuvieran por conveniente en apoyo de sus respectivas posiciones procesales. El tema que nos atinge estaría referido a que se hubiere omitido o dejado de resolver algo de lo pedido "citra petita", en la especie la falta de citación con la demanda.

Ahora bien, de la revisión exhaustiva de obrados se tiene que a fs. 19 cursa informe del Oficial de diligencias, en lo sustancial refiere el funcionario que al no haber sido habido el demandado, el guardia de seguridad de la empresa le habría indicado que Pedro Pablo Hinojosa Flores no se encontraba, ante dicha circunstancia dejo aviso judicial que volvería al día siguiente, cuando volvió, para dar cumplimiento al aviso judicial, se encontró con el mismo guardia quien le volvió a confirmar que no se encontraba; ante dicho acaecimiento, la juez dicto la providencia de fecha 12 de diciembre del 2011, ordenando que se practique mediante cédula. A fs. 20, se evidencia la citación mediante cédula, especificando la dirección exacta y con la intervención de testigo de constancia, luego a petición de parte se declaró la rebeldía, por auto fs. 22 de obrados.

Con la prosecución del trámite a fs. 24 cursa la notificación con el memorial a fs. 21 y el Auto a fs. 22, firmado sellado con la leyenda "BOLSER" de fecha 26 de enero del 2012, en el lugar de funcionamiento de la empresa que describe la diligencia, a fs. 48, se evidencia la notificación con el memorial de fs. 40 a 42 y con el decreto a fs. 43, firmado y sellado con la leyenda BOLSER de fecha 11 de julio del 2012.

Que, de la revisión de la sentencia, en el considerando tercero signado con numeral 1, el juez a quo refiere, que el empleador pese haber sido legalmente citado, no contesto la demanda; luego de conformidad a ley fue declarado rebelde y contumaz. Por otro lado de fs. 125 a 126 el demandado plantea incidente de nulidad de citación, que fue rechazado con costas por la dejadez y abandono atribuido al demandado a pesar de su conocimiento. De la misma forma el tribunal ad quem en el auto de vista en el considerando tercero numeral 1, refiere que, al haberse evidenciado su citación cursante de fs. 19, 20 y 98 en su domicilio procesal del demandado y memorial de fs. 128 a 129, se puso en derecho a la empresa demandada para que active sus mecanismos de defensa dentro el proceso instaurado.

De lo que se infiere, que la notificación cumplió con las formalidades de los arts. 121, 125, 227 y 236 del CPC de 1975, el demandado tubo pleno conocimiento en tres ocasiones, las cuales llevan el sello de recibido con el rotulo BOLSER, bajo este contexto descrito no se generó modificación sustancial del proceso, ni se privó al ejercicio un verdadero debate controvertido al demandado, al constatar que tenía pleno conocimiento de la demanda, podía ejercitar adecuadamente su derecho a la defensa; sin embargo, no lo hizo por decisión propia que obedeció a su fuero interno.

Que, en el estado actual de la sustanciación del proceso, habiendo precluido la etapa procesal, no puede pretenderse retrotraer el proceso en razón a su dejadez o abandono, precisamente porque su reclamo no cumple los principios de relevancia, al dejar precluir su derecho, en virtud de los arts. 3 inc. e) y 57 del Código Procesal del Trabajo.

Se concluye que el juez y los vocales conservaron la armonía cualitativa de congruencia, estructurando de forma racional y razonada lo pedido y lo resuelto en la sentencia y el auto de vista, sin que exista ninguna violación a las formas esenciales del proceso, realizaron una correcta interpretación en referencia a la citación, no siendo evidente la acusación realizada por el recurrente.

2).- En referencia al recurso de casación en el fondo, de la revisión de antecedentes procesales, se evidencia que la principal controversia en el caso presente, radica en establecer si existió: error de hecho, sobre la valoración de la prueba, con relación a la notificación.

Al respecto, doctrinalmente se entiende por error de hecho, cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente; error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro.

Bajo estos parámetros, aparejando un contexto normativo en torno a la apreciación y valoración de la prueba, el CPT establece en sus arts. 3.j) y 158, por la que el Juez valora las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia, no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos. La valoración de la prueba es atribución privativa de los jueces de grado incensurable en casación a menos que se demuestre error de hecho o de derecho como exige el art. 253.3) del CPC de 1975, aspecto no demostrado en el presente caso, toda vez que, del análisis del tercer considerando núm. 1 del auto de vista recurrido, se evidencia, correcta apreciación y valoración de la prueba realizada, al ser claros y sustentados en norma los fundamentos. El Tribunal ad quem determino con precisión de lo afirmado y lo ocurrido, aspecto que tiene mayor correspondencia de los actuados ... que prueban la verdad de los hechos que el demandado fue citado, tuvo conocimiento de la existencia de la demanda laboral y a pesar de ello no asumió defensa por razones que obedecen a su fuero interno.

Que, en la especie, el ad quem determino de forma lógica, racional el paso de las premisas, fácticas, normativas, intelectiva en la apreciación de la documentales de fs. 19, 20, 21, 22, 24, 40, 42, 43, 48, 98, 125, 126, 128 y 129 de obrados, de conformidad a los arts. 3.]) y 158 del CPT, que le llevo a la conclusión que la citación y notificación fue practicada de forma correcta, conteniendo los requisitos formales para su validez plena, obrando en estricto apego a las leyes, no es evidente la infracción acusada por el recurrente.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, se concluye que no se han violado las formas esenciales del proceso al dictar el auto de vista al haberse pronunciado la totalidad de las pretensiones, tampoco existe error de hecho invocadas en el recurso, al contrario el tribunal ad quem con acertado criterio jurídico, ha ajustado la resolución a las normas legales en vigencia, por lo que corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184. núm. 1 de la Constitución Política del Estado y 42 parágrafo I, núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 149 a 153 vta. Con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado de la actora, al haber respondido el recurso, en la suma de Bs. 500, que mandará hacer efectivo el tribunal a quem


Regístrese, notifíquese y devuélvase.