SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 276/2016.

Sucre, 23 de agosto de 2016.  

Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.418/2015.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 201 a 203, interpuesto por Wilmer Sanjinez Lineo, en su condición de apoderado de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 110/2015 de 8 de julio, de fs. 196 a 199, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso social de Compensación de Cotizaciones, seguido por Rina Janeth Claure Quiroga, contra la entidad recurrente, el Auto de 14 de octubre de 2015 a fs. 208, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y 

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1. Resolución de la Comisión de Calificación:

Que, Rina Janeth Claure Quiroga, presentó solicitud de compensación de cotización, la que fue resuelta por la Resolución Nº 0009283 de 20 de agosto de 2008, a fs. 39, pronunciado por la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, determinando en la misma, otorgar en favor de la asegurada la constancia de aportes correspondientes al sector fabril, considerando un salario cotizable de Bs. 1.103,22 (un mil ciento tres 22/100 bolivianos) correspondiente a marzo de 1996, y una densidad de aportes de 3 años y 4 meses.

I.1.2. Resolución de la Comisión de Reclamación:

Contra la Resolución Nº 0009283, Rina Janeth Claure Quiroga, planteó recurso de reclamación mediante memorial a fs. 46, siendo resuelto por Resolución de Comisión de Reclamación Nº 291/14 de 8 de abril de 2014, de fs. 165 a 167, que revoco en parte la resolución recurrida, otorgando a la asegurada una densidad de 3 años y 7 meses de aportes (es decir que aumento en 3 meses la densidad de sus aportes), manteniendo firme y subsistente el salario cotizable de Bs. Bs. 1.103,22.- correspondiente al periodo cotizable de marzo de 1996, conforme la certificación del Area de Certificación y Archivo Central CERT-02-2014-1498, de 17 de febrero de 2014, de fs. 155 a 156.

I.1.3. Auto de Vista:

Notificada con la Resolución Nº 291/14, Rina Janeth Claure Quiroga, interpuso recurso de reclamación mediante memorial de fs. 184 a 185, recurso que fue resuelto por Auto de Vista Nº 110/2015 de 8 de julio, cursante de fs. 196 a 199, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que revoco la resolución recurrida, disponiendo que se incluya en el cálculo de compensación de cotizaciones de la asegurada, los periodos de “07/86 a 01/87, 10/90 a 11/90, 05/95 a 07/95 y 04/87 a 04/90” (sic), tomando en cuenta los parámetros y normas referidas en el auto de vista señalado.

Contra el referido auto de vista, Wilmer Sanjinez Lineo, en su condición de apoderado de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo del SENASIR, interpuso recurso de casación en el fondo mediante memorial de fs. 201 a 203, manifestando en síntesis manifiesta los siguientes argumentos:

I.2. Motivos del recurso de casación en el fondo

La entidad recurrente refirió que en el Auto de Vista Nº 110/2015, en el numeral 6 del mismo, señaló que la asegurada al momento de solicitar la compensación de cotizaciones, adjunto pruebas literales que desvirtúan lo afirmado por el SENASIR, al referir que la asegurada no habría desarrollado ninguna función al no figurar en planillas, evidenciándose que tanto la Comisión de Calificación de Rentas, como la Comisión de Reclamación no efectuaron una conveniente valoración de la documentación presentada por la solicitante, en ese sentido continuó refiriendo que este hecho esta fuera de la realidad, ya que son varios los informes que cursan en el expediente que pueden evidenciar que se procedió a varios informes de revisión de la referida documentación.

Por otra parte señaló que, el art. 3 de la Resolución Administrativa (RA) Nº 098/13 de 8 de mayo de 2013, establece que el Área de Certificación de Compensación de Cotizaciones tiene la obligación de certificar la totalidad de aporte y la determinación del salario cotizable, por lo que el SENASIR, procedió en el marco de lo establecido en el art. 5 del Decreto Supremo (DS) Nº 27066 de 6 de junio de 2003 y el art. 46 del Reglamento de la Ley Nº 065, aprobado por el DS Nº 0822, estableciendo la certificación de salarios y densidad de años.

Continuó citando textualmente el art. 14 de la misma norma (sin señalar con claridad a que norma se refiere), para luego concluir que el artículo señalado, no es aplicable al presente caso, siendo que la compensación de cotizaciones es conforme lo dispuesto por el art. 18 del referido decreto (sin volver a referir con exactitud de que norma se trata).

Por otro lado efectuó una copia literal de lo establecido en “La R.A. 213.11 de fecha 26/11/2011 punto 6.1 numeral 8, inciso a)” (sic); el art. 24.I del Reglamento Parcial de la Ley Nº 065; el art. 1 del Reglamento Parcial de la Ley Nº 065 y los arts. 48 y 50 del citado Reglamento.

En ese sentido manifestó que, si bien el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, estableció la certificación extraordinaria a través de documentos supletorios, dicha disposición se encuentra establecida para tramites de rentas en curso de adquisición y pago dentro del Sistema de Reparto; que así mismo el art. 18 del decreto supremo señalado refiere sobre la modalidad de certificaciones para fines de compensación de cotizaciones y que para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrá utilizar las modalidades establecidas en los arts. 13, 16 y 17 del DS Nº 27543. Al respecto continuó aludiendo que la Resolución Ministerial (RM) Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, señala en su cláusula segunda que el SENASIR procederá a la certificación de Aportes, mediante la modalidad de documentos acreditables, agregando que el procedimiento señalado en el párrafo precedente procederá únicamente cuando de forma previa el SENASIR, hubiera procedido a la certificación de aportes cumpliendo los procedimientos establecidos en las normas que rigen el sistema de reparto, tales como la verificación de planillas.

Terminó señalando, como normas transgredidas el art. 14, 18 del DS Nº 27543, siendo que estos artículos corroboran sobre la no aplicación del art. 14 en trámites de compensación de cotizaciones, puesto que el procedimiento señalado en el art. 14 del decreto supremo citado, únicamente procede cuando de forma previa el SENASIR hubiera procedido a la certificación de aportes.

Petitorio: Concluyó el recurso de casación, solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, deliberando en el fondo dicte Auto Supremo CASANDO el Auto de Vista Nº 110/2015 de 8 de julio, y se confirme la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 291/14 de 8 de abril de 2014 y la Resolución de la Comisión de Calificación de Rentas Nº 9283 de 20 de agosto de 2008.


CONSIDERANDO II.

II.1. ESTUDIO DEL CASO Y JUSTIFICACIÓN DEL FALLO

II.2. Fundamentos Jurídicos del Fallo

Que así planteado el recurso, ingresando a su análisis, en relación a los datos del proceso y las disposiciones legales, cuya transgresión se acusa, se establece lo siguiente:

Que, analizado el contenido del recurso de casación en el fondo, se advierte que la problemática central versa sobre la supuesta transgresión y mala aplicación que habría efectuado el tribunal de alzada del art. 14 del DS Nº 27543, en el trámite de cálculo de compensación de cotizaciones, puesto que según el criterio de la entidad recurrente lo que correspondía era la aplicación de los arts. 13, 16 y 17 del decreto supremo citado.

Bajo ese entendimiento, debe señalarse que, sobre la aplicación del art. 14 del DS Nº 27543, existen procesos resueltos por la extinta Corte Suprema de Justicia, entre otros, el Auto Supremo Nº 685/2010 de 15 de diciembre, en el que se estableció el ámbito de aplicación del tratamiento extraordinario disponiendo que: “…el Ministerio de Hacienda ejerciendo la tuición que tiene sobre el Servicio Nacional del Sistema de Reparto, en uso de sus atribuciones, revisando las planillas del SENASIR, verificó que muchos asegurados no estaban consignados en las mismas, sin embargo cuentan con documentación que acredita que han prestado servicios en empresas e instituciones sujetas a la seguridad social de largo plazo, por ello, en beneficio de los asegurados del Sistema de Reparto, emitió la R.M. Nº 559 de 3 de octubre de 2005, complementando y ampliando los alcances del art. 14 del D.S. Nº 27543, sin imponer limitaciones sobre alguna de sus determinaciones...”, bajo esa referencia, se tiene que la RM Nº 559 de 3 de octubre de 2005, en su parte in fine de su artículo único establece de manera concreta que se debe dar cumplimiento a las condiciones y procedimientos contenidos en el DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004.

En ese sentido debemos señalar que, la citada línea jurisprudencial ha sido ratificada por este Tribunal Supremo de Justicia en diversos fallos, como ser los Autos Supremos Nº 145 de 11 de abril del 2013 y 275/2013 de 3 de junio, entre otros; en los que se determinó de forma contundente que, el art. 14 del DS Nº 27543, no sólo es aplicable a los trámites realizados en el Sistema de Reparto, sino también a los que corresponden a la Compensación de Cotizaciones, cuando el asegurado acredite la prestación de servicios mediante documentos señalados por la norma ahora cuestionada.

En ese contexto, por imperio del art. 14 del DS Nº 26069 de 9 de febrero de 2001, art. 63 de la Ley Nº 1732 de 29 de noviembre de 1996 (Ley de Pensiones), que prescriben sobre la Compensación de Cotizaciones; disposiciones complementadas por el art. 5.2 de la RM Nº 436 de 12 de junio de 2002, y el art. 18 del DS Nº 27543; los cuales establecen que se utilizan los mismos procedimientos del Sistema de Reparto, tanto para la Certificación de Aportes en la Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual como para el Sistema de Reparto, conforme refiere la parte considerativa de la RM Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, normativa reglamentaria emitida por el Ministerio de Hacienda a fin de efectivizar el derecho a la jubilación como parte integrante del derecho a la Seguridad Social.

En ese marco, la línea jurisprudencial asumida por este Supremo Tribunal, que pretendió y pretende en la actualidad otorgar la máxima eficacia de los derechos a la seguridad social, dentro del parámetro de la irrenunciabilidad de los mismos, conforme al mandato de los arts. 45.II.IV y 48.III.IV de la Norma Fundamental, que establecen la obligación de defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia, para cubrir la vejez entre otras contingencias, que son inembargables, porque constituyen un conjunto de derechos que gozan de proclamación y regulación propia.

Consiguientemente de la revisión de los antecedentes que sustentan al proceso se establece que, la asegurada al momento de presentar la solicitud de compensación de cotizaciones, adjunto de fs. 1 a 29: alta y baja de la Caja Nacional de Salud por los periodos de 9 de agosto de 1995 al 31 de marzo de 1996; certificado de trabajo otorgado por la empresa VASCAL S.A. legalizado por el Ministerio de Trabajo en el cual consta que la asegurada trabajo desde el 9 de mayo de 1995 al 16 de abril de 1996; alta y baja de la Caja Integral de las Corporaciones de Desarrollo por el periodo de 4 de abril de 1993 a 16 de agosto de 1994; certificado de trabajo del Programa de Desarrollo Alternativo Regional, donde refiere que la asegurada trabajo desde el 1 de noviembre de 1992 al 31 de julio de 1994; calificación de años de servicio Nº 052368 otorgado por el CAS-Cochabamba; alta y baja de la Caja Nacional de Salud de la Promotora de Ventas y Servicios CRISVI, por los periodos de 3 de diciembre de 1990 al 29 de junio de 1991; certificado de trabajo de CRISVI legalizado por el Ministerio de Trabajo; alta y baja de la Caja Nacional de Salud, del trabajo desempañado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quillacollo Ltda., de los periodos de 2 de febrero de 1987 al 23 de agosto de 1990; certificado de trabajo de la Cooperativa señalada que asienta que la asegurada trabajo por 4 años, 1 mes y 21 días; boleta de pago correspondiente a marzo de 1996, legalizado por el Ministerio de Trabajo, extracto de la AFP Previsión; documentación que acredita la densidad de aportes de la asegurada, tal  como  determina el art. 14 del DS Nº 27543, por lo cual este Tribunal Supremo de Justicia considera que la entidad recurrente realizó un análisis incorrecto de la documentación cursante en el expediente, además de una errónea interpretación de las normas aplicables al presente caso, lo cual de forma oportuna fue subsanado por el tribunal de alzada.       

En ese marco, cabe señalar que no obstante los numerosos autos supremos y sentencias constitucionales, que regulan los alcances de la norma cuestionada, este Tribunal Supremo de Justicia continúa observando que los funcionarios del SENASIR, reinciden en desconocer el verdadero sentido y obligación que tiene el Estado de proteger y defender el capital humano, otorgando las prestaciones que establece la ley, derechos que no pueden confiscarse ni privarse en perjuicio de los asegurados, por tratarse de contribuciones o aportes que emergieron de los salarios de los asegurados.

Bajo ese razonamiento, se debe señalar que, los aportes que realizan los trabajadores durante su etapa laboral, son esencialmente para que durante el periodo jubilatorio puedan acceder a una renta de vejez, que les asegure para sí y su familia una vida digna, no siendo por tanto correcto que la institución recurrente con una serie de observaciones, que carecen de fundamento legal, desconociendo el principio de verdad material, que debe prevalecer en base a la realidad objetiva de los hechos, prive de un medio vital de subsistencia a personas que se encuentran dentro de un grupo vulnerable de la tercera edad, retardando injustificadamente trámites, actuando de forma inhumana, porque desconoce que es de vital importancia su atención prioritaria, por su condición y por la finalidad a cumplir del derecho pretendido, que en cumplimiento al mandato constitucional, exige de las autoridades la aplicación de la ley, para la materialización de los derechos fundamentales consagrados en la misma, en tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos.

Por otra parte, la entidad recurrente refirió que se vulneró: “La R.A. 213.11 de fecha 26/11/2011 punto 6.1 numeral 8, inciso a)” (sic); el art. 24.I del Reglamento Parcial de la Ley Nº 065; el art. 1 del Reglamento Parcial de la Ley Nº 065 y los arts. 48 y 50 del citado Reglamento, haciendo una copia literal de los citadas normas, sin fundamentar por qué consideraban que el tribunal de alzada al emitir el auto de vista recurrido habría infringido estos preceptos jurídicos, motivo por el cual este Supremo Tribunal considera que no amerita mayor pronunciamiento al respecto.

De lo expuesto precedentemente, esta Sala concluye que no son evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo cursante de fs. 201 a 203, al carecer de sustento fáctico y jurídico; lo que conlleva a afirmar que el Tribunal ad quem realizó una adecuada apreciación y valoración de los antecedentes del proceso, no incurriendo en transgresión de norma alguna, correspondiendo en tal circunstancia resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2 y 273 del Código Adjetivo Civil, aplicable por disposición de los arts. 633 del RCSS y 15 del MPRCPA aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo cursante de fs. 201 a 203, interpuesto por Wilmer Sanjinez Lineo, en su condición de apoderado de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo del SENASIR; por consiguiente se mantiene firme y subsistente el Auto de Vista Nº 110/2015 de 8 de julio, de fs. 196  a 199 de obrados.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley No 1178 de 20 de julio de 1990 y art. 52 del Decreto Supremo N23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.