SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 268/2016.

Sucre, 23 de agosto de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.400/2015.

Distrito: Cochabamba.

Magistrado Relator: Dr. Fidel Marcos Tordoya Rivas.

VISTOS: El recurso de casación o nulidad de fs. 184 a 186 vta., interpuesto por Verónica Rosario Villarroel Terrazas en su condición de Gerente Regional de la Empresa de Correos de Bolivia, contra el Auto de Vista Nº 031/2015 de 11 de febrero, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso laboral por cobro de beneficios sociales, seguido por Girmian Gil Muebo contra la institución recurrente, el memorial de respuesta de fs. 188 a 189 vta., el Auto a fs. 190 que concedió el recurso los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso social, el Juez de Partido Tercero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, emitió Sentencia el 5 de abril de 2012 de fs. 159 a 162 vta., declarando probada en parte la demanda, sin costas, disponiendo que la institución demandada a través de su Gerente Regional Sra. Verónica Rosario Villarroel Terrazas, pague en favor de la actora la suma de Bs.51.272,74.- por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo y vacación; sin perjuicio de la actualización y la multa prevista en el Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

En grado de apelación de fs. 165 a 166, formulada por la institución demandada a través de su representante legal, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante auto de vista, confirmó la sentencia apelada. Con costas en ambas instancias.

Dicho fallo motivó el recurso de casación o nulidad interpuesto la Gerente Regional de la institución recurrente, manifestando en síntesis:

Acusó que el auto de vista al confirmar la sentencia alegó el art. 127.b) del Código Procesal del Trabajo (CPT), bajo la inferencia que al no haberse opuesto la excepción, no considera, que el tribunal aplica de oficio, de esta forma otorga un privilegio indebido en el proceso, tan solo de forma adjetiva, dando privilegio al Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DRLGT), colocando en inferioridad jerárquica, que la prescripción tiene origen en norma sustantiva.

Sostiene, que el tribunal ad quem, no habría observado las normas del bloque de constitucionalidad previstas en el art. 410.I, numerales 1 al 4 de la Constitución Política del Estado (CPE), sosteniendo que no se plantea de oficio dicha prescripción, en su criterio dicho derecho se encuentra en tercer lugar de la pirámide de Kelsen, es decir que la Ley General del Trabajo (LGT) tiene preferencia frente a su DRLGT, por lo que se habría incurrido en aplicación indebida de la ley sustantiva.

Refiere, que el ad quem, entre sus argumentos el referido al proceso de exoneración de la demandante de fuente laboral en el primer periodo, donde habría sido demostrada con prueba de descargo en sumario administrativo interno. Que los beneficios sociales y el quinquenio, no le correspondería a la actora en el primer periodo, al habérsele exonerado de sus funciones, de conformidad a la prueba de descargo que habría adjuntado, y que no se habría valorado el art. 119 de la CPE, concordante con el art. 3 de Código de Procedimiento Civil (CPC) que garantiza la igualdad de partes.

Que, el ad quem al beneficiarle con el pago de beneficios sociales, y quinquenios, no habría tomado en cuenta el art. 112 de la CPE, respecto de la imprescriptibilidad, y que la demandante fue sometido a procedimiento administrativo al haber infringido los art. 89.g), 90 y 96.e) del Reglamento Interno de la Institución demandada por tenencia de dinero y abuso de confianza.

Expresa que, la relación contractual entre el actor con la empresa a través de su mediador laboral, debe ser interpretado como ley entre las partes, empero la actora incumplió el contrato, razón por la que fue sometido a sumario administrativo interno, observándose que el deber incumplido de la trabajadora respecto a la empresa se sujeta también a un típico acto de corrupción así descrito por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, estableciéndose una actividad voluntaria de deslealtad para con la empresa en aplicación de los arts. 16 de la LGT, 3,5,24,26 y 27 de la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010; sin embargo de manera forzada el ad quem confirma la sentencia bajo el fundamento de derechos adquiridos, omitiendo que estos emergen de una infracción administrativa y corrupta del actor cuando desempeñaba funciones.

Aduce, en referencia al segundo periodo de trabajo y concretamente al memorándum de pre aviso Cite N° 0446/2010 de 08/11/2010, notificado la actora en fecha 17/11/2010, se observa que la empresa demandada en sujeción al art. 12 de la LGT cumplió con las formalidades establecidas en el Código Sustantivo al determinar el agradecimiento de servicios de la demandante y el mismo para obtener ventaja decidió permanecer sin el consentimiento expreso de la empresa; decisión que no afecta la formalidad establecida en el preaviso dada su naturaleza de notificación positiva de cumplimiento obligatorio.

Que por lo referido, el ad quem no debió alegar que la trabajadora fue despedida intempestivamente dada la obligatoriedad del preaviso establecido en el art. 12 de la LGT, empero al haber ratificado la sentencia infringió las normas laborales.

Concluyó, solicitando a este Supremo Tribunal, case el auto de vista recurrido, dejando sin efecto las cuantías por concepto de beneficios sociales o en su defecto se anule el auto de vista recurrido por las evidentes infracciones a la ley, con costas, daños y perjuicios. 

CONSIDERANDO II: Que, del examen del recurso de casación o nulidad, el auto de vista recurrido, los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se tiene lo siguiente:        

De la revisión de antecedentes procesales, se evidencia que la principal controversia en el caso presente, radica si existió: errónea aplicación de la ley; errónea interpretación de la ley; error de hecho.

Con referencia a la aplicación indebida de la ley, que a criterio de la recurrente el ad quem habría incurrido al considerar que la prescripción no opera de oficio, sin considerar la jerarquía normativa y lo previsto por el art. 410 de la CPE.

Al respecto cabe señalar previamente que, la prescripción, es entendida por Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual como la “…consolidación de una situación Jurídica por efecto del transcurso del tiempo (…) ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad…”, refiriendo además que la prescripción de acción debe ser entendida como la: “…caducidad de los derechos en cuanto a su eficacia procesal, por haber dejado transcurrir determinado tiempo sin ejercerlos o demandarlos…”.(Tomo VI pág. 374). En ese sentido, queda claro que la inactividad del ejercicio de un derecho o beneficio por el periodo de un tiempo, que debe estar regulado por ley, conduce a su pérdida.

Ahora bien, corresponde precisar que la prescripción debe ser diferenciada en cuanto a su tratamiento conforme a la naturaleza de la materia en la que es aplicada; de tal forma, es que aquella operada en el derecho civil obedece, en base a las características propias que hacen a dicha materia, a adquirir un derecho o liberarse de una obligación; donde el adquirir un derecho a criterio del autor mencionado precedentemente, se traduce en el derecho por el cual el poseedor de una cosa, adquiere la propiedad de ella por la continuidad de la posesión durante el tiempo fijado por ley; y la liberación de una obligación se constituye en una excepción para repeler una acción, por el sólo hecho de que quien la entabla ha dejado durante cierto tiempo de intentarla, o de ejercer el derecho al cual se refiere; sin embargo, en materia laboral, asiste el resguardo de un tratamiento diferente, toda vez que “…existe un interés social en no prolongar por demás una situación de incertidumbre…”(Cabanellas, pág. 532); este tratamiento, debe insertarse elementos que hacen a la relación laboral, traducidos en principios protectivos de la trabajadora y del trabajador, en función a su evidente desventaja con su empleador; debiendo además de ello, recordar su contenido con factores propios de desarrollo, al ser una materia perfectamente delimitada en la realidad social, donde el estado tiene el poder y el deber de realizar protección especial y reforzada para ese fin diseño normas adjetivas y sustantivas especiales para que el trabajador alcance la igualdad real.

Es en ese sentido, el derecho procesal contempla la posibilidad de oponer excepciones, evitando las consecuencias de un proceso indebido, por existir ciertas circunstancias que impiden la constitución de la relación procesal, por razones de economía, estabilidad y regularidad procesal.

De tal manera, el legislador en resguardo de dichos derechos, y en obediencia al mandato del constituyente, que le asisten al empleador, la normativa laboral especial aplicable para la interposición de dichas excepciones diferenciándolas en previas y perentorias, disponiendo y delimitando el periodo en el cual deberán ser interpuestas, conforme se tiene de los arts. 127 al 135 del CPT; señalando de manera expresa, y en el caso que atañe, en sus arts. 127.b) la facultad de oponer la excepción perentoria de prescripción, preceptuando: “…Perentorias: de pago, prescripción y cosa juzgada…”, y 133: “…Las excepciones perentorias serán resueltas juntamente con la causa principal. En ejecución de sentencia sólo podrán oponerse las excepciones perentorias sobrevinientes y fundadas en documentos preconstituidos…”; todo ello, en concordancia con los arts. 120 de la LGT y 163 del  DRLGT; infiriéndose de tal forma que dicha excepción debe ser resuelta con la causa principal; es decir, en Sentencia, y de manera extraordinaria las sobrevinientes y fundadas en documentación preconstituida en Ejecución de Sentencia; bajo estos elementos protectivos prevalentes que rigen en materia laboral reconocidos constitucionalmente como Principios, la normativa especial, delimita que el periodo de tiempo transcurrido para la pérdida de los derechos y beneficios que asisten al trabajador y operarse la prescripción, sea reclamado en sede jurisdiccional, ante su real existencia y de pleno conocimiento del empleador hasta la resolución de primera Instancia; siendo solamente ante el conocimiento sobreviniente del empleador, pueda ser reclamado en ejecución de sentencia.

Bajo dicho marco jurídico, de la exhaustiva revisión de los antecedentes de la presente causa, se advierte en la especie que el empleador pese a las notificaciones practicadas respondió a la demanda planteando otras excepciones, menos la excepción de  prescripción, conforme evidencia de fs. 58 a 60 de obrados. En el caso específico, la demandada ahora recurrente, además, no aludió ni reclamó en su primer actuado procesal, la concurrencia de la prescripción; no pudiendo de manera extemporánea y habiendo precluído su derecho, pretender validar la interposición de su excepción de prescripción bajo entendimientos jurisprudenciales, que conforme a la aplicación efectiva de la normativa que rige en materia laboral, dadas sus características propias, y resguardadas bajo Principios establecidos constitucionalmente y conforme a la legislación internacional, fueron debidamente moduladas en el marco de la CPE vigente, conforme se tiene de la Jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia mediante los Autos Supremos Nº 85 y 253 de 10 de abril de 2012 y 14 de mayo de 2013 respectivamente, entre otros.

De otro lado, en relación a haber operado la prescripción y la vulneración de la normativa al respecto; no obstante del análisis efectuado precedentemente, atendiendo el sentido amplio del derecho a la defensa, corresponde referir el tratamiento que en materia laboral rige para la prescripción a partir de la vigencia de la CPE en fecha 9 de febrero de 2009; debiéndose señalar previamente, que producida la desvinculación entre la trabajadora y su empleador de forma anterior a la vigencia de la actual Constitución, independientemente que dicha desvinculación se haya originado de forma intempestiva por despido o por retiro voluntario del trabajador, queda aperturado el cómputo del plazo de 2 años establecido por el art. 120 de la LGT, en concordancia con el art. 163 del DRLGT, para reclamar las acciones y derechos fruto de la relación laboral.

Sin embargo, si el cómputo del plazo de los 2 años no llegó a su término antes de la vigencia de la CPE de 9 de febrero de 2009, dicho plazo se interrumpe en cumplimiento a lo dispuesto por el parágrafo IV de su art. 48, que dispone “…los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles…”, es decir que por mandato de la Ley Suprema del ordenamiento jurídico boliviano, siendo que la misma goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, al encontrar contradicción en cuanto a la prescripción de los derechos laborales con lo señalado por el artículo 120 de la  LGT y 163 de su DR, debe darse aplicación preferente a lo establecido por la CPE.

En la especie, de la revisión de los datos del proceso y tal cual afirma la parte demandada en su recurso de casación, se observa que la desvinculación de la trabajadora, se produjo el 31 de enero de 2008, y la CPE actual entró en vigencia el 7 de febrero de 2009, es decir, 1 año y 6 días de haberse producido la desvinculación laboral, por lo que se interrumpió el cómputo de la prescripción. En sujeción tal cuál se señaló precedentemente a lo dispuesto por el artículo 48. IV de la CPE, no operando lo dispuesto por los artículos 120 de la LGT y 163 de su DR; por lo que la demanda no se encuentra prescrita.

Al respecto y para un mejor entendimiento, se aclara que sólo en el caso de que el cómputo de los 2 años se haya producido antes de la vigencia de la CPE de 9 de febrero de 2009, se aplica lo dispuesto por el artículo 120 de la LGT y 163 de su DR, guardando de tal forma relación con el artículo 123 de la CPE, en cuanto a la retroactividad de la ley, conforme lo ha establecido la amplia jurisprudencia que ha sentado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en base a los Autos Supremos (AS) Nº 85, 224, 197 de 10 de abril y 3 de julio de 2012 y 24 de abril de 2013 respectivamente, de lo que se infiere que el a quo y ad quem, no incurrieron en aplicación indebida de le ley sustantiva o adjetiva alguna como acusa la recurrente.

Con referencia a la errónea interpretación de la ley, que habría incurrido el ad quem al no tomar cuenta que la actora habría sido exonerado de sus funciones no correspondiéndole  pago alguno en su primer periodo, así también, no se habría interpretado contenido del art. 112 de la CPE, el art. 3.3 del CPC, su reglamento interno y el proceso administrativo que se le instauró.

Al respecto se tiene que el a quo, calculó tres quinquenios de forma correcta, además al tratarse de adquiridos e irrenunciables de conformidad al art. 2 del DS Nº 11478 de 16 de mayo de 1974, respecto del proceso administrativo, solo afecta al último periodo, de conformidad al art. 16 de la LGT y su art. 9 del DRLGT; sin embargo por prescripción explicita del art. 2 del DS Nro. 11478 de 16 de mayo de 1974, la perdida “solo se aplicara al quinquenio vigente sin afectar los anteriores”. De lo que se infiere que son 18 años y 15 días de trabajo solo se afecta al último, ósea 3 años y 5 días, el resto se mantiene incólume. El a quo y el ad quem realizaron una correcta interpretación de las leyes, no siendo evidente la acusación de la recurrente.

Con referencia a los puntos 3 y 4 reclamados, sobre la no correspondencia del desahucio, el ad quem, al haber ratificado la sentencia habría infringido la norma de trabajo incurriendo en interpretación errónea.

Al respecto se tiene lo siguiente; la empresa hizo la entrega del memorándum de pre aviso mediante cite 0446/2010 de 8 de noviembre del 2010, en el que comunicó que prescindirá de sus servicios en 90 días, en cumplimiento del art. 12 de la LGT, notificándose a la trabajadora, como se evidencia a fs. 7 y 41 de obrados. Transcurridos los 90 días, el actor continuo trabajando, por periodo de 8 meses y 3 días, ósea hasta 11 julio del 2011, como se videncia del memorándum de agradecimiento de fecha 11 de julio del 2011, cursante a fs. 8 y 42 y las boletas de pago de fs. 9 a 13, aspecto que fue refrendado en corroboraciones periféricas que se desprende de su confesión provocada en la que refirió “que trabajo hasta el 11 de julio del 2011”, aspecto que dejo sin efecto el pre aviso, ante una reconducción tacita.

Al respecto debemos empezar señalando que el art. 48.I y II de CPE, establece que “las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio y que las mismas se interpretaran y aplicaran bajo los principios de protección de los trabajadores y trabajadoras…”.
Así mismo, el art. 48.III de la CPE, señala: “el Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado…” concordante con el art. 4 de la LGT.

Ahora bien el desahucio, es la sanción que se impone al empleador por el incumplimiento del preaviso de retiro al trabajador, o dicho de otro modo, el incumplimiento del preaviso por parte del empleador deriva en el pago del desahucio, cuya finalidad es cubrir el tiempo considerado como prudencial para que el trabajador o trabajadora busque una nueva fuente laboral a efectos de tener una subsistencia digna, si bien en fecha 17 de noviembre del 2010 se notificó con el pre aviso, sin embargo, a partir de febrero, hasta el 11 de julio del 2011, la actora continuó trabajado por un periodo de 5 meses más, dejando sin efecto el primer aviso, que en los hechos implica reconducción tacita. Dentro ese periodo correspondía emitir un nuevo pre aviso, para que la trabajadora tome sus previsiones, sin embargo; fue sorprendida con el memorándum de fecha 11 de julio del 2011, de forma intempestiva. Al respecto el DS Nº 110 de 01 de mayo de 2009, en su art. 2, establece: "Corresponde el pago del desahucio a la trabajadora o al trabajador que sea retirado intempestivamente. No corresponde el pago del desahucio a las trabajadoras o trabajadores que se retiren voluntariamente de su fuente laboral".

Que, en los hechos en ningún momento la recurrente hace referencia al abandono del trabajo y menos a un retiro voluntario. En consecuencia, no queda duda alguna que la empleadora no dio aviso previo de despido a la trabajadora conforme dispone el art. 12 de la LGT, concordante con el art. 13 del mismo cuerpo legal y art. 8 de su DR; produciéndose de esa forma el despido intempestivo o retiro forzoso, correspondiendo el pago del desahucio a favor de la demandante; en cuyo mérito y luego de valorar en su conjunto las pruebas aportadas y producidas por las partes, entre ellas las literales, la confesión provocada, el tribunal ad quem confirmó correctamente la Sentencia, en la que se estableció el pago de dicho beneficio, disponiendo en consecuencia el pago del desahucio de forma correcta, no siendo evidente la acusación sostenida de la recurrente.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, se concluye que no se han violado, interpretado o aplicado normas legales, tampoco existe error de hecho invocadas en el recurso, al contrario el tribunal ad quem con acertado criterio jurídico, ha ajustado la resolución a las normas legales en vigencia, por lo que corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 184 a 186 vta. Con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado de la actora en la suma de Bs.500.- que mandara hacer efectivo su cancelación al tribunal ad quem.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.