SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 266/2016.

Sucre, 23 de agosto de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-LP.399/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de nulidad y casación de fs. 190 a 191 vta. interpuesto por Sergio Chávez Mena, el Auto de Vista Nº 61/2015 SSA.I  de 17 de mayo de fs. 186 a 187, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de La Paz, dentro del proceso social seguido por Javier Gonzalo Molina Ruiz contra la empresa HANANTEK S.R.L; la respuesta a fs. 194, el Auto a fs. 196 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez  Cuarto de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió la Sentencia Nº 206/2012 de 13 de junio de fs. 139 a 144, declarando probada en parte la demanda de fs. 15 a 16 vta., disponiendo que la empresa demandada cancele a favor del actor, la suma de Bs.20.821.61.- por concepto de indemnización, aguinaldo, vacaciones y sueldos pendientes.

En grado de apelación, deducida tanto por la empresa demandada a fs.145, como por el demandante a fs. 147, en cumplimiento del Auto Supremo Anulatorio Nº 307/2014 de 30 de octubre de fs. 177 a 178, por Auto Nº 61/2015 SSA.I de 17 de mayo de fs. 186 a 187, la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmó en parte la sentencia Nº 206/2012 de fs. 139 a 144, que incluyendo los derechos de desahucio y aguinaldo de la gestión 2008 dispuso que se cancele el monto total de Bs.31.135,16.-.

Este fallo motivó el recurso de nulidad y casación saliente de fs. 190 a 191 vta., interpuesto por Sergio Chávez Mena, acusando en síntesis:

Que, el auto de vista añadió a la liquidación derechos de desahucio y aguinaldo de la gestión 2008 haciendo un total de Bs.31.135,16.-, expresando que la Juez al referirse al aguinaldo se limitó a conceder el derecho del actor sólo duodécimas de la gestión 2009, corrigiendo la omisión y ordenando se cancele el primer año trabajado; en cuanto al desahucio, refirió que la Juez en sentencia en cuanto a la causal de retiro, reconoció que al actor no se le canceló el salario durante varios meses, aspecto que se consideró como retiro voluntario, empero señaló que el salario es el único medio con el que contaba el trabajador, y al no haber demostrado la demandada el pago de los salarios desde abril de 2009, estas circunstancias obligaron al actor a presentar su renuncia, lo que constituyó un retiro indirecto, siendo atribuible al empleador  ante el incumplimiento del pago de salarios al trabajador por lo que reconoció el beneficio del desahucio previsto en el art. 13 de la Ley General del Trabajo (LGT), monto que se adicionó a la liquidación practicada.

Acusa de incorrecta la determinación del pago de desahucio porque consta en obrados la confesión del actor  que presentó renuncia, no siendo admisible que el Tribunal lo considere como retiro forzoso ese retiro voluntario que constituye confesión de parte.

Asimismo acusa que el pago de aguinaldo es correcto que sólo se otorgue duodécimas por la gestión 2009 y no así de 1 año y 8 meses, por la renuncia voluntaria al trabajo que realizó el actor.

Finalmente expresa que el Auto de Vista no se basa específicamente en normativa que sea precisada y obligatoria en materia laboral, por lo que al estar huérfana de esa base legal le hace imposible remitirse a otra normativa que la pueda desvirtuar lo que en buen derecho representa que no se ha considerado el debido proceso, afectando su derecho a la defensa, desconociendo  el principio de preclusión que gobierna el proceso al establecer clara y definitivamente que concluida o cerrada una etapa procesal se abre otra y en el caso concreto de prueba, el termino que establece la norma para la misma no se restringe a su presentación sino a su producción constituyendo una práctica procesal que en muchos casos de apertura de término de prueba sea el mismo tribunal el que recomiende que la prueba sea ofrecida dentro de los cinco primeros días para poder ser producida dentro de los próximos 5 días siguientes y así con la clausura en término legal del plazo probatorio el juez con elementos que le generen convicción pueda dictar la resolución que corresponde.

Concluyó solicitando que el tribunal supremo “revoque el auto de vista” objeto del presente recurso, sin precisar un petitorio claro y concreto.

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso, ingresando a su análisis en relación a los datos del proceso se tiene lo siguiente:

En relación a que no corresponde el pago de desahucio y aguinaldo porque supuestamente el actor se habría retirado de forma voluntaria de su fuente laboral.

Al respecto, analizados los antecedentes procesales se evidencia que el actor a tiempo de interponer su demanda manifestó que ingresó a trabajar el 21 de enero de 2008 hasta el 28 de agosto de 2009 en la institución que ahora demanda, acogiéndose al retiro indirecto por falta oportuna de pago de sueldos desde abril, mayo, junio, julio y agosto de 2009, motivo por el que inició la presente acción, demandando el pago de sus beneficios sociales correspondientes.

En este entendido, corresponde hacer notar que, conforme a la interpretación efectuada por el Tribunal de Alzada, efectivamente la no cancelación de los sueldos del demandante por los meses adeudados constituye retiro indirecto, pues aquella falta oportuna de pago de sueldos conforme instituye la nueva doctrina laboral y la uniforme jurisprudencia en materia social de este Tribunal Supremo de Justicia, constituye despido indirecto, dicho fundamento encuentra sustento jurídico normativo en lo dispuesto por el art. 53 de la LGT señalando que, los periodos de tiempo para el pago de salarios, no podrán exceder de quince días para obreros y treinta días para empleados y domésticos, en el caso presente al no haberles cancelados sus salarios por los meses de abril a agosto de 2009, corresponde al pago del desahucio y aguinaldo de la gestión 2008 conforme determina el art. 13 de la LGT, toda vez que estos aspectos no fueron desvirtuados por la entidad demandada como correspondía hacerlo de conformidad con los artículos 3.h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, referido a la inversión de la prueba, por lo que no son evidentes las violaciones acusadas en el recurso de casación al no encontrarse como cierta la infracción aludida sobre este punto.

Bajo estas premisas, se concluye que el auto de vista objeto del recurso de nulidad y casación, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación a norma legal alguna, correspondiendo resolver el mismo de acuerdo a los arts. 271.2 y 273 del Código de Procesal Civil, aplicables por la permisión del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de nulidad y casación de fs. 190 a 191 vta., con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado en la suma de Bs.500.- que mandará pagar el tribunal ad quem.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.