SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 265/2016.

Sucre, 23 de agosto de 2016.

Expediente: SC-CA.SAII-TJA.389/2015.

Distrito: Tarija.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 114 a 116, interpuesto por la Empresa Tarijeña de Gas (EMTAGAS), legalmente representada por Roger Antonio Almazán Farfán, contra el Auto de Vista Nº 201/2015 de 05 de octubre, cursante de fs. 104 a 109 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en el proceso laboral seguido por Juan Ramón Lizarazu Alemán contra la empresa recurrente, el Auto N° 44/2015 de 04 de noviembre a fs. 118 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I

I.1 Antecedentes del Proceso

I.1.1 Sentencia

Planteada la demanda por pago por beneficios sociales de fs. 42 a 45, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Bermejo Tarija, pronunció la Sentencia de 1 de diciembre de 2011 de fs. 74 a 76, declarando probada en parte la demanda de fs. 42 a 45, disponiendo que la institución demandada, pague a favor del trabajador, por el concepto de: Indemnización, desahucio, subsidio frontera, aguinaldo, refrigerio la suma de Bs.20.995,75.- En ejecución de sentencia se dará aplicación a la multa del 30% prevista en el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 del 1 de mayo de 2006.

I.1.2. Auto de Vista

Contra la referida sentencia, tanto EMTAGAS, como el demandante interpusieron recurso de apelación de fs. 78 a 79 y 82 a 84, respectivamente, siendo resuelto por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Tarija, que pronunció el Auto de Vista N° 201/2015 de 05 de Octubre de fs. 104 a 109 vta., confirmando parcialmente la sentencia apelada, disponiendo que la empresa demandada pague a favor del actor la suma de Bs.25.088,67.- más la multa del 30% según el art. 9 del DS N° 28699 de 1 de mayo de 2006.

I.2  Motivos del recurso de casación

Dicho fallo motivó el recurso de casación interpuesto por EMTAGAS, con los fundamentos expuestos en el memorial de fs. 114 a 116. Con los siguientes argumentos:

Sostiene la empresa recurrente que, EMTAGAS es empresa pública y descentralizada, que el Auto de Vista N° 201/2015 al confirmar parcialmente la Sentencia, de forma errónea señaló como hecho probado que no se incluyó el bono de frontera, cuando consta en los contratos de trabajo suscritos entre EMTAGAS y el actor la cláusula tercera en la que consta que EMTAGAS  reconocerá al contratado una remuneración mensual de Bs.1.800,00.- “incrementada después a Bs.2.016.- (como consta en el finiquito cancelado)”(sic) donde se encuentra incluido el bono de frontera, categoría, otros bonos y beneficios mensuales, contrato que tiene fuerza de ley entre las partes conforme al art. 519 del Código Civil, por tanto no puede incluirse nuevamente el bono frontera para el salario indemnizable y la reliquidación de beneficios que dispone la sentencia y el Auto de Vista recurrido. Por tanto, dice, no corresponde la reliquidación de beneficios (desahucio, indemnización, subsidio frontera, aguinaldo ni refrigerio) calculados erróneamente sobre el nuevo salario.

Respecto al Bono de Antigüedad, sostiene que la Resolución Ministerial (RM) Nº 632 de fecha 7 de diciembre de 2007 establece en la parte resolutiva tercera que el certificado de calificación de años de servicios es el único documento oficial y valido a nivel Nacional que acredita el tiempo de servicios prestados por los servidores públicos y sirve de base para el pago del bono de antigüedad, por lo que ha existido una errónea interpretación y aplicación indebida de la Ley, al disponer que EMTAGAS cancele a favor del trabajador el Bono de Antigüedad, sin contar que el trabajador nunca presentó su calificación de años de servicios emitido por la Certificación de Años y Servicios (CAS) a la institución y más bien ha sido el propio funcionario quien incurrió en negligencia al no haber presentado dicha solicitud en su momento y con la documentación o requisito correspondiente para su pago, en consecuencia no correspondía disponer la re liquidación del Desahucio, la indemnización, el subsidio de frontera, el aguinaldo y el refrigerio calculados erróneamente sobre el nuevo salario indemnizable, incluyendo el Bono de Antigüedad, como equivocadamente expresa el Auto de Vista Nº 201/2015 de fecha 05 de Octubre. 

Respecto a la multa del 30% sostiene que no corresponde sobre su totalidad toda vez que el DS N° 23381 de 29 de diciembre de 1992 en su art. 1 señala “El plazo para el pago de beneficios sociales adeudados a los trabajadores de las empresas y entidades públicas o privadas, reconocidos por Ley y que no incluyen subsidios adicionales, no podrá exceder de 15 días perentorios, computables desde el último día de trabajo en que concluyó la relación laboral” (sic), en el caso, el subsidio de frontera no es un beneficio social sino un derecho adquirido sujeto a cancelación mensual, por lo que no corresponde la cancelación de la multa por este concepto que además ya fue cancelado.

I.3 Petitorio

Concluye solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el auto de vista recurrido y se establezca el tratamiento establecido por el art. 259 y siguientes del CPC.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, ingresando a su análisis en relación a los datos del proceso, se tiene lo siguiente:

Con relación al subsidio de frontera, que según la parte recurrente no corresponde su pago, por estar incluido en el sueldo promedio indemnizable.

Al respecto, la parte recurrente manifiesta que, en los contratos   suscritos entre EMTAGAS y el Sr. Juan Ramón Lizarazu Alemán, en la cláusula tercerea, referente a la remuneración, se estableció que EMTAGAS, reconocerá al contratado, por sus servicios prestados, una remuneración mensual de Bs. 1625.00.-, (que después se incrementó a Bs.2.016.-), donde se encontraría incluido el subsidio de frontera, sin embargo, de fs. 6 a 38, cursan las papeletas de pago originales emitidas por EMTAGAS, correspondientes al demandante Juan Ramón Lizarazu Alemán, en las cuales no se encuentra incluido el subsidio de frontera, como erradamente sostiene la parte recurrente, motivo por el cual, por lo que, al evidenciarse que el actor trabajó como auxiliar técnico - lecturador de la Oficina Regional Bermejo dentro del Plan Departamental de las instalaciones domiciliarias (Plan Bolivia), corresponde su cancelación conforme determina el art. 12 del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, y su correspondiente inclusión en el sueldo promedio indemnizable, como acertadamente determinaron los juzgadores de instancia, en sus fallos emitidos a su turno, quienes para arribar a la conclusión asumida, valoraron correctamente la prueba adjuntada durante la tramitación de la causa, conforme la faculta los arts. 3.j), 158 y 200 del Código Procesal del Trabajo (CPT), no siendo por tanto evidente lo alegado sobre este punto.

En cuanto al bono de antigüedad, que según la parte recurrente no correspondería el pago de este concepto a favor del actor, por no haber presentado su CAS.

Al respecto, dicho bono fue regulado en los arts. 58 del DS Nº 21060 y 13 de los Decretos Supremos Nº 21137, 23113, 23474, 24067 y 24468, establecido como una remuneración de carácter adicional al sueldo o salario que se encuentra supeditado al tiempo de servicios prestados por el trabajador, constituye por su naturaleza, es un reconocimiento inherente y propio al desarrollo de la fuerza laboral del trabajador que, por su permanencia en su fuente de trabajo, se instituye como un derecho consolidado a favor del mismo, obligándose de tal forma a todo empleador a asumir su pago, en función a la naturaleza de la relación laboral y conforme a los presupuestos establecidos por ley.

Ahora bien, establecida la naturaleza del bono de antigüedad y su calidad de derecho consolidado a favor de un trabajador; si bien, la RM Nº 632 de 7 de diciembre de 2007, en relación al Certificado de Años de Servicios (CAS), en su art. 3 determina que: “El Certificado de Calificación de Años de Servicio, es el único documento oficial y válido a nivel nacional, que acredita el tiempo de servicios prestados por los servidores públicos y sirve para el pago de bono de antigüedad, cómputo de vacaciones, ascensos de categoría, jubilaciones y otros relacionados con los años de servicios calificados”. Sin embargo, esta disposición, no puede ser entendida como una limitante para la otorgación de un derecho consolidado del trabajador; bajo el que entendido -sin desconocer su vigencia, que debe ser aplicada en función a la circunstancia en la que se reclame el derecho al bono de antigüedad; en este sentido, al haber prestado servicios ante un mismo empleador y en la misma fuente laboral, por más de dos años y, en función de la escala prevista en el art. 60 del DS Nº 21060 de 29 de agosto de 1985, infieren reconocimiento por parte del empleador, de la antigüedad a la que es pasible el trabajador, no pudiendo supeditar dicho reconocimiento y pago, al hecho de que se haya presentado el aludido certificado de años de servicio, cuando en la realidad de los hechos , si se efectuó el trabajo por el tiempo establecido por ley, situación que no es la misma, en tanto el trabajador pretenda el reconocimiento automático de su antigüedad en otras fuente laborales y ante un nuevo empleador, contexto en el que si correspondería la presentación del CAS, para el reconocimiento de los años de servicio y consiguiente cálculo del bono de antigüedad, este mismo razonamiento se estableció en la jurisprudencia sentada en el Auto Supremo Nº 621 de 8 de octubre de 2013.

En este contexto, corresponde reconocer el bono de antigüedad, como de manera correcta y con mejor criterio que el juez a quo, estableció el tribunal ad quem en el auto de vista recurrido, es decir considerando todos los periodos de servicios prestados, concluyéndose que no resulta necesario presentar un record de años de servicios por parte del demandante por que se trató de la misma empresa y por ende, teniendo la institución demandada, registros del inicio y conclusión de la relación laboral, era obligación de la misma, considerar el tiempo real de prestación de servicios para efectos del cálculo correcto del bono de antigüedad, como acertadamente resolvió el tribunal ad quem, no siendo por tanto evidente lo argüido por la parte recurrente sobre este punto.

Finalmente, en cuanto a la multa del 30%, prevista en el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, que según la parte recurrente no correspondería aplicar al caso de autos, esta normativa fue creada bajo el espíritu de propugnar el resguardo de las garantías y derechos del que gozan las trabajadoras y los trabajadores, frente a la libre contratación y libre rescisión que dio lugar a diferentes excesos en los procesos de contratación obrero-patronales, ocasionando decisiones arbitrarias para despedir a los trabajadores, así como para la adopción de formas de encubrimiento de la verdadera relación laboral, o también, para burlar obligaciones laborales, en ese sentido, una de las medidas para garantizar estos derechos conforme al artículo citado, fue precautelar el pago pronto y oportuno de los derechos y beneficios sociales, una vez producida la desvinculación laboral, sancionando el incumplimiento del pago de los derechos y beneficios sociales fuera de los 15 días previsto por ley, con la multa del 30%, del total de los beneficios y derechos impagos, cualquiera haya sido la causa o razón de la desvinculación laboral, de esta misma manera refiere el art. 3 del DS Nº 23381de 29 de diciembre de 1992.

Este tribunal en casos similares falló de la misma manera como en el Auto Supremo Nº 141 de 6 de mayo de 2016.

En este contexto, se advierte que, la multa del 30%, es aplicable ante el incumplimiento del plazo de los 15 días calendario establecidos para cancelar los derechos y beneficios sociales que se reconozcan a favor de una trabajadora o de un trabajador, por lo que, al evidenciarse que al actor le correspondía los conceptos reconocidos en el auto de vista recurrido, los cuales no le fueron cancelados oportunamente, corresponde otorgar este derecho, por ser irrenunciable conforme lo determina el art. 48.III de la Constitución Política del estado.

Consiguientemente, no siendo evidente las infracciones acusadas en el recurso, corresponde resolver de acuerdo a lo establecido en los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 114 a 116, interpuesto por el representante legal de la Empresa Tarijeña de Gas. Sin costas.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.