SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA



Auto Supremo Nº 263/2016.

Sucre, 23 de agosto de 2016. 

Expediente: SC-CA.SAII-LP.393/2015.

Distrito: La Paz.

Magistrado Relator: Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 553 a 557 vta., interpuesto por Teodoro Moya Arce, contra el Auto de Vista Nº 96/2015 SSA-I de 26 de junio, cursante de fs. 546 a 547 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso laboral, seguido por el recurrente contra la empresa International Mining Company (IMCO S.A.), la respuesta de fs. 568 a 573, el Auto a fs. 574, que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

I.1. Antecedentes del proceso

I.1.1 Sentencia.

Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Tercero de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 215/2014 de 13 de noviembre de fs. 507 a 512 vta., declarando improbada la demanda, y sin lugar al pago de las prestaciones contenidas en la demanda.

I.1.2 Auto de Vista

En grado de apelación deducida por el demandante de fs. 514 a 516 vta., la Sala Social y Administrativa Primera, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de vista Nº 96/2015-SSA-I de 26 de junio, de fs. 546 a 547 vta., confirmó la Sentencia Nº 215/2014 de 13 de noviembre, cursante de fs. 507 a 512 vta., sin costas.

I.2 Motivos del recurso de casación

El referido auto de vista, motivo al actor a interponer el recurso de casación en el fondo de fs. 553 a 557 vta., argumentando en síntesis:

Que, de fs. 83 a 86 de obrados, cursa el convenio suscrito entre la empresa demandada y el Sindicato de trabajadores de la Mina Chojlla, considerando como principal fundamento del auto de vista recurrido, para justificar que no existió relación laboral de subordinación y dependencia en el presente proceso, sin embargo, esta documental es una fotocopia simple, aspecto que no fue considerado en ninguna instancia, desconociendo lo dispuesto por los arts. 161 de Código Procesal del Trabajo (CPT) y 1311 del Código Civil (CC).

Sostuvo que, el citado convenio fue suscrito el 28 de febrero de 1991 y feneció el 28 de febrero de 2001, por lo que la presente causa ha sido sustanciada en base a un convenio fenecido, sin efecto legal alguno para los trabajadores que ingresaron a trabajar después del año 2001, como es el caso del recurrente, por lo que las autoridades judiciales incumplieron lo dispuesto en el art. 155 del CPT.

Por otra parte, la empresa al imponer sus condiciones a un trabajador, como se evidencia en la cláusula cuarta del convenio, genero una relación de subordinación y dependencia, además, en su parte final, se estableció que, el mismo es suscrito con miembros del sindicato mixto de trabajadores de la Mina Chojlla, de manera, taxativa y sin equivocaciones, la empresa demandada ha reconocido su existencia, citando al respecto lo previsto en el art. 129 y sgts. Del Decreto Reglamentario a la Ley General del Trabajo (DR-LGT), puesto que en ningún momento se demostró que el sindicato haya sido disuelto, señalando también lo previsto en el art. 124 del DR-LGT.

Sostuvo que, la empresa demandada, menciono que no fue el convenio el que rompió la relación laboral, sino el pago de beneficios sociales, aduciendo que, en ningún momento se demostró que dichos beneficios hayan sido cancelados.

Que, en el auto de vista recurrido se manifestó que no existió vínculo laboral, por no haber concurrido los presupuestos que señala el art. 2 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699, aduciendo que, el tribunal ad quem, no consideró lo previsto en el art. 5 del citado DS, consecuentemente, si la empresa demandada pretende hacer ver la presente relación como de orden comercial, esta no surte efecto alguno, en aplicación de la norma citada ut supra, además no se tomó en cuenta lo estatuido en el art. 6 del aludido DS.

Señaló que el tribunal ad quem, no aplico lo previsto en el art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), al haber previsto que no existió vínculo laboral, que en los hechos si existió, la cual se encuentra hábilmente camuflada.

Que, no se consideró que el convenio de fs. 82 como la Resolución que lo homologa, fueron ofreció en calidad de prueba documental, en fotocopias simples, que no tienen valor legal, por lo que no debió ser considerado como fundamento por los juzgadores de instancia.

Respecto a la nulidad del mencionado convenio, adujo que en el auto de vista recurrido, no se efectuó una correcta interpretación y aplicación de los arts. 48. II y III de la CPE y 4 de la Ley General del Trabajo (LGT), ya que en el presente proceso, el aludido convenio, utilizado como argumento para demostrar la ruptura de la relación obrero-patronal, es contrario a los derechos, por otra parte, tampoco se consideró lo establecido en la art. 123 del texto constitucional.

Sobre la prueba de cargo, añadió que, en materia laboral rigen las presunciones conforme al art. 179 y sgts., concretamente en el art. 182 a) y b) del CPT, ya que no es suficiente mencionar que las pruebas no tengan relevancia legal, lo que sucedió en la especie, es haberse efectuado un análisis de dichas pruebas y fundamentar su irrelevancia, conforme prevé el art. 192.2 del Código de Procedimiento Civil (CPC), hecho que no sucedió en el presente caso, en franca violación a las normas citadas; en resumen no se valoró las pruebas de cargo; sin embargo, si consideraron el convenio de 1991, que fue suscrito al margen de las normas que rigen la materia.

Que, el auto de vista no considero lo expuesto en el recurso de apelación sobre los sujetos y actores productivos mineros, sobre el tema cito el art. 369.I de la CPE, concordante con el art. 31 de la Ley Nº 535 de Minería y Metalurgia, puesto que la parte demandante señalo que el recurrente es un trabajador independiente, aspecto ilegal, en virtud a que las normas señaladas, no reconocen, como sujetos y actores mineros, a este tipo de trabajadores, lo que sucede en los hechos, es que existe una relación laboral de los trabajadores con la empresa demandada, aspecto que no fue considerado en el auto de vista.

Manifestó que, en el auto de vista recurrido, no se consideró el acta de fs. 295, suscrita por miembros del sindicato, entre ellos el actor, con la empresa demandada, donde se reconoce la calidad de dirigente sindical del demandante, extremo que demuestra la relación laboral del actor con la empresa, aspecto vital que no se consideró en el fallo de segunda instancia.

Sobre el trabajo por cuenta ajena refirió que, este aspecto no sucedió en el presente caso, ya que la empresa demandada proporcionada a los trabajadores, incluido el actor, los insumos para que se extraiga el mineral, otorgaba viviendas en forma gratuita, pago de servicios entre otros, además la empresa prohibía a los trabajadores efectuar la venta de mineral a otras empresas, de donde se deduce que no existió trabajo por cuenta propia.

Por tal motivo, denunció, que no se aplicó los arts. 1311.I del CC, 155 y 161 del CPT, 129 y sgts. del DR-LGT, no se aplicó los arts. 5 y 6 del DS N° 28699, se violó y aplicó erróneamente, el art. 48.I y II de la CPE, no se consideró los arts. 123 del Texto Constitucional, 179 y sgts. del CPT, que se violó el art. 191.2 del CPC y no se aplicó, ni mencionó el art. 369.I de la CPE, concordante con el art. 31 de la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia.

I.2.1 Petitorio

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el auto de vista recurrido.

I.3 Respuesta al recurso de casación

Por memorial de fs. 568 a 573, el representante legal de la empresa demandada IMCO S.A., respondió al recurso de casación, fundamentando el mismo y solicitando se declare infundado o improcedente el recurso, con costas.

CONSIDERANDO II:

II. 1 Fundamentos jurídicos del fallo.

Que, así interpuesto el recurso de casación, de la revisión de los antecedentes procesales, se establece lo siguiente:

El caso objeto de análisis está referido en dilucidar si entre el actor y la empresa demandada IMCO S.A., existió relación laboral como asegura el demandante, o por el contrario, no existió la misma, como determinaron en sus fallos los juzgadores de instancia.

En ese contexto, a fin de determinar si una relación de trabajo tiene las características esenciales laborales, hay que tener en cuenta que todo trabajo es una prestación a favor de otro, por lo que siempre existe la realización de un acto, un servicio o ejecución de obra; la distinción radica en el modo de la relación existente entre quienes lo brindan y lo reciben, a tal fin. corresponde observar el papel realizado por cada una de las partes, que ante las exigencias de las reglas impuestas por el empleador, es posible que se pretenda ocultar o encubrir la realidad bajo apariencias de una relación no laboral, por lo que a este fin la doctrina del derecho laboral destaca entre los varios componentes de la relación laboral, el elemento de la dependencia o subordinación, según el cual, quién recibe el trabajo tiene la facultad de dirigirlo e imponer sus reglas, tomando los frutos de ese trabajo, por lo que para determinar la relación se debe recurrir al principio de primacía de la realidad que privilegia los hechos frente a las formalidades y apariencias impuestas por el empleador.

En tal sentido, si bien la doctrina laboral ha entendido que en el derecho laboral, por su naturaleza protectiva a favor del trabajador, debe aplicarse el criterio de la igualdad entre partes, que permita un razonable equilibrio notoriamente desigual, dada por la diferencia económica y social existente entre el empleador y el trabajador, principio protectivo plasmado en los arts. 46 y 8 de la CPE, 4 de la LGT, 3.g) y 59 del CPT, mantenido en los arts. 46 y 48.III de la Carta Fundamental actual.

En este sentido, tampoco debe perderse de vista que la aplicación de dicho principio debe ser relativo y racional, evitando un absolutismo que pueda dar lugar a la vulneración de los derechos procesales y sustantivos del empleador y menos de soslayar la adecuada apreciación de las pruebas aportadas.

Al respecto, de los datos del proceso se advierte que, el actor en su demanda cursante a fs. 68 a 69 vta., aclarada a fs. 71 y vta. de obrados, manifiesta que el 1 de agosto de 2003, ingresó a trabajar como obrero en la minería denominada “Chojlla”, concesionaria de la Empresa Minera IMCO S.A., trabajo por el cual, recibía una remuneración por producción, hasta el 11 de marzo de 2011, fecha en que fue despedido de manera forzosa, razón que lo motivó a presentar la presente acción demandando el pago de beneficios sociales por el monto de Bs.113.906.00.-, por su parte la empresa demandada niega estos extremos, manifestando que el actor no fue trabajador de la empresa que ahora demanda, y que el trabajo que realizaba el actor, era de forma independiente, vendiendo minerales a la empresa, pero que no habría relación obrero patronal.

En este contexto, de la revisión de antecedentes, se puede advertir, que la relación que existió entre las partes en conflicto, fue como consecuencia del Convenio cursante de fs. 83 a 86 de obrados suscrito entre la empresa ompany IMCO S.A. y el Sindicato Mixto de Trabajadores de Mineros de Chojlla, homologado por el Ministerio de Trabajo, conforme se evidencia a fs. 82 de obrados, el cual en su cláusula primera señala que, a partir del 1 de marzo de 1991, cesa la relación obrero-patronal entre trabajadores y empresa, en tanto que en su cláusula cuarta prevé: “Los ex-trabajadores explotarán los parajes en forma personal o agrupados entre sí durante 10 (diez) años como mínimo, sin tener la facultad de contratar otros trabajadores que dependan de ellos ni de transferir los parajes, y bajo el control técnico de la Empresa a fin de evitar la destrucción del yacimiento, de trabajarlo en forma racional y de precautelar la seguridad…”(sic), y en la cláusula novena sostiene: “Los ex-trabajadores venderán a la Empresa la totalidad de su producción en base a la escala de precios calculada en función de la Ley, de la cotización de los minerales y del tipo de cambio oficial, que se hará conocer según la reglamentación ya referida”(sic).

Por otra parte, de fs. 38 a 59, cursa en obrados recibos de caja chica por compra de mineral entregado por el actor Teodoro Moya, por diferentes montos, de fs. 303 a 397, cursan las planillas de pago de la empresa demandada, en cuyo listado no figura el nombre del actor, a fs. 464 de obrados la testigo propuesta por el propio actor, Susana Ramos Loza, cuando le preguntan si sabe cómo se remuneraba al señor Teodoro Moya por su trabajo, responde: “Es de acuerdo a la persona de acuerdo a su producción de cada trabajador. No es un salario sino de acuerdo a su producción”, extremo corroborado en la audiencia de confesión provocada del propio actor cursante a fs. 480, cuando a la pregunta decima primera del interrogatorio de fs. 478, responde: “Nos pagaba por la entrega del mineral, pesamos el mineral y luego la caja chica prepara la boleta de pago donde indica la fecha de pago…”(sic).

Que, estos antecedentes que nos permiten vislumbrar con verosimilitud que entre el actor y la empresa demandada, en ningún momento existió, subordinación, exclusividad o dependencia, menos un salario mensual, es decir que entre las partes en conflicto, no existió una relación de dependencia y subordinación que cumpla con las exigencias previstas por ley, para que sea acreedor de los beneficios solicitados en su demanda, puesto que ha quedado demostrado que el demandante trabajaba de forma independiente, es decir, por cuenta propia, porque el producto de su trabajo era para su propio beneficio, extremo que demuestra la inexistencia de una relación laboral de dependencia y exclusividad entre el actor y la parte demandada.

En este marco, conforme establece el art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, las características esenciales de la relación laboral son: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador, b) La prestación de trabajo por cuenta ajena y c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación, concordante con el art. 2 de la misma norma legal que establece que en las relaciones laborales en las que concurran aquellas características esenciales precedentemente citadas, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la LGT, figura también contenida en el art. 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, que no se dio en el caso presente, ya que no se evidencia la existencia de ninguna de las características descritas precedentemente, pues en ningún momento el demandante trabajó como dependiente del demandado, única razón que lo obligaría a pagar los beneficios sociales que reclama el actor en su demanda, evidenciándose la inconsistencia de los argumentos esgrimidos por el demandante con relación a su condición de trabajador dependiente de la empresa que ahora demanda; a ello es preciso acotar que la ausencia de papeletas de pago de sueldos o algún documento equivalente, permitieron a los de instancia concluir que nunca existió remuneración mensual y mucho menos relación laboral.

Que, conforme lo expuesto, se llega al convencimiento de que entre el actor y la parte demandada, no existió relación obrero patronal de dependencia, que reúna las características esenciales previstas por las normas citadas precedentemente, como de manera correcta concluyeron los de instancia en base a una adecuada valoración del elenco probatorio adjuntado durante la tramitación del proceso, conforme prevén los arts. 3.j) y 158 del CPT; y que si bien el actor formuló su demanda amparado en los arts. 46, 47 y 48 de la CPE, 4 y 6 de la LGT, por actos considerados como violación a los derechos irrenunciables del trabajador, derechos laborales de los trabajadores que evidentemente se encuentran consagrados en los arts. 46 y 48 de la Carta Fundamental, sin embargo, esta protección tiene su ámbito de aplicación en los casos en que haya existido o se haya comprobado de manera contundente una efectiva relación laboral, situación que en el caso objeto de análisis no aconteció, motivo por el cual no corresponde reconocer a favor del actor los beneficios sociales que demanda, toda vez que no se demostró la existencia de las características de la relación laboral entre el actor y la empresa demandada, única razón que obligaría a pagar beneficios sociales, por cuanto el art. 52 de la LGT señala: “Remuneración o salario es lo que percibe el empleado u obrero en pago de su trabajo…”(sic), extremo que no sucedió en el caso objeto de análisis.

Bajo estos parámetros se concluye que, al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación de fs. 553 a 557 vta., las cuales carecen de sustento legal; ajustándose el auto de vista recurrido a las leyes en vigencia, no observándose violación de norma legal alguna, por lo que corresponde resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO, el recurso de casación en el fondo de fs. 553 a 557 vta. Con costas.

Se regula el honorario de abogado en la suma de Bs.500.-, que mandará pagar el tribunal ad quem.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.